Judicial
Pandilleros secuestran y abusan de una mujer, y minutos antes de ser descuartizada, es rescatada por la PNC en Usulután
Una mujer fue raptada por cinco pandilleros de un bar y restaurante ubicado en la carretera Litoral, municipio de Concepción Batres, Usulután. El registro judicial indica que el hecho ocurrió el 14 de abril de 2018.
La víctima fue llevada a la fuerza en vehículo hacia San Miguel donde los delincuentes la violaron y hasta la amenazaron que después la iban a descuartizar y que sus restos serían enterrados en una fosa clandestina.
Al día siguiente, los criminales trasladaron a la víctima hasta una zona rural en Usulután, donde también fue violada por otros pandilleros.
Los delincuentes llevaron corvos, piochas y palas para desmembrar y enterrar a la víctima.
Antes de asesinarla, la golpearon en el rostro, la desnudaron, le colocaron una camisa y un saco que cubrió su cabeza.
La mujer comenzó a gritar, pedía ayuda; siguió gritando y lo hacía cada vez más fuerte.
A los pocos minutos, un carro patrulla llegó al sector, varios policías se bajaron y los delincuentes huyeron; uno de los malhechores obligó a la víctima a que corriera con ellos, pero la mujer se negó y el criminal optó por dejarla y escapar.
Finalmente, la joven fue rescatada con vida y relató a los policías todo lo que había pasado con los delincuentes.
Hasta 41 años de cárcel
Por este caso las autoridades capturaron a cinco delincuentes que fueron procesados en los juzgados de San Miguel.
El jueves 23 de enero, los sujetos enfrentaron la justicia en el Juzgado Especializado para una Vida de Libre de Violencia para las Mujeres donde fueron acusados de feminicidio agravado tentado, violación agravada y privación de libertad.
Conociendo el caso, y las pruebas presentadas por la Fiscalía en la vista pública, al juez no le tembló la mano para condenar a los criminales a penas de 38 y 41 años de cárcel.
Los sentenciados fueron Héctor Antonio Amaya Hernández y Daniel Armando Montoya Palacios, (41 años de prisión); Carlos Arturo Márquez Guzmán y Carlos Humberto Argueta Chávez condenados a 38 años.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
