Judicial
Pandilleros secuestran y abusan de una mujer, y minutos antes de ser descuartizada, es rescatada por la PNC en Usulután
Una mujer fue raptada por cinco pandilleros de un bar y restaurante ubicado en la carretera Litoral, municipio de Concepción Batres, Usulután. El registro judicial indica que el hecho ocurrió el 14 de abril de 2018.
La víctima fue llevada a la fuerza en vehículo hacia San Miguel donde los delincuentes la violaron y hasta la amenazaron que después la iban a descuartizar y que sus restos serían enterrados en una fosa clandestina.
Al día siguiente, los criminales trasladaron a la víctima hasta una zona rural en Usulután, donde también fue violada por otros pandilleros.
Los delincuentes llevaron corvos, piochas y palas para desmembrar y enterrar a la víctima.
Antes de asesinarla, la golpearon en el rostro, la desnudaron, le colocaron una camisa y un saco que cubrió su cabeza.
La mujer comenzó a gritar, pedía ayuda; siguió gritando y lo hacía cada vez más fuerte.
A los pocos minutos, un carro patrulla llegó al sector, varios policías se bajaron y los delincuentes huyeron; uno de los malhechores obligó a la víctima a que corriera con ellos, pero la mujer se negó y el criminal optó por dejarla y escapar.
Finalmente, la joven fue rescatada con vida y relató a los policías todo lo que había pasado con los delincuentes.
Hasta 41 años de cárcel
Por este caso las autoridades capturaron a cinco delincuentes que fueron procesados en los juzgados de San Miguel.
El jueves 23 de enero, los sujetos enfrentaron la justicia en el Juzgado Especializado para una Vida de Libre de Violencia para las Mujeres donde fueron acusados de feminicidio agravado tentado, violación agravada y privación de libertad.
Conociendo el caso, y las pruebas presentadas por la Fiscalía en la vista pública, al juez no le tembló la mano para condenar a los criminales a penas de 38 y 41 años de cárcel.
Los sentenciados fueron Héctor Antonio Amaya Hernández y Daniel Armando Montoya Palacios, (41 años de prisión); Carlos Arturo Márquez Guzmán y Carlos Humberto Argueta Chávez condenados a 38 años.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.
