Judicial
Pandilleros secuestran y abusan de una mujer, y minutos antes de ser descuartizada, es rescatada por la PNC en Usulután
Una mujer fue raptada por cinco pandilleros de un bar y restaurante ubicado en la carretera Litoral, municipio de Concepción Batres, Usulután. El registro judicial indica que el hecho ocurrió el 14 de abril de 2018.
La víctima fue llevada a la fuerza en vehículo hacia San Miguel donde los delincuentes la violaron y hasta la amenazaron que después la iban a descuartizar y que sus restos serían enterrados en una fosa clandestina.
Al día siguiente, los criminales trasladaron a la víctima hasta una zona rural en Usulután, donde también fue violada por otros pandilleros.
Los delincuentes llevaron corvos, piochas y palas para desmembrar y enterrar a la víctima.
Antes de asesinarla, la golpearon en el rostro, la desnudaron, le colocaron una camisa y un saco que cubrió su cabeza.
La mujer comenzó a gritar, pedía ayuda; siguió gritando y lo hacía cada vez más fuerte.
A los pocos minutos, un carro patrulla llegó al sector, varios policías se bajaron y los delincuentes huyeron; uno de los malhechores obligó a la víctima a que corriera con ellos, pero la mujer se negó y el criminal optó por dejarla y escapar.
Finalmente, la joven fue rescatada con vida y relató a los policías todo lo que había pasado con los delincuentes.
Hasta 41 años de cárcel
Por este caso las autoridades capturaron a cinco delincuentes que fueron procesados en los juzgados de San Miguel.
El jueves 23 de enero, los sujetos enfrentaron la justicia en el Juzgado Especializado para una Vida de Libre de Violencia para las Mujeres donde fueron acusados de feminicidio agravado tentado, violación agravada y privación de libertad.
Conociendo el caso, y las pruebas presentadas por la Fiscalía en la vista pública, al juez no le tembló la mano para condenar a los criminales a penas de 38 y 41 años de cárcel.
Los sentenciados fueron Héctor Antonio Amaya Hernández y Daniel Armando Montoya Palacios, (41 años de prisión); Carlos Arturo Márquez Guzmán y Carlos Humberto Argueta Chávez condenados a 38 años.
Este martes se instaló en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María el juicio contra tres ex altos mandos militares salvadoreños, acusados del asesinato de cuatro periodistas holandeses durante una emboscada ocurrida el 17 de marzo de 1982, en plena guerra civil.
Se trata del primer juicio con jurado en el país por crímenes de guerra, y marca un hito en los esfuerzos de justicia transicional en El Salvador.
Los imputados son José Guillermo García, exministro de la Defensa (91 años); Francisco Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda (93); y Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería en Chalatenango (85). Según las investigaciones, los tres habrían tenido participación directa o conocimiento previo del ataque perpetrado en el caserío La Lomona, jurisdicción de Santa Rita.
Las víctimas —Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen— trabajaban para la televisora holandesa Ikon TV. El día de su asesinato se dirigían hacia un campamento guerrillero del FMLN, con el propósito de realizar un reportaje sobre el conflicto armado salvadoreño. Fueron emboscados y ejecutados mientras eran guiados por miembros del movimiento insurgente.
El caso fue reabierto en 2018, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que había protegido durante décadas a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en su informe de 1993, concluyó que el crimen fue resultado de «una emboscada planificada» por el coronel Reyes Mena, con el conocimiento de otros mandos militares.
Durante la apertura del juicio, se leyeron declaraciones de familiares de las víctimas. Saskia ter Laag, hermana de Hans Lodewijk, expresó su esperanza de que, más de cuatro décadas después, finalmente se conozca la verdad:
“Para mí y para mis seres queridos, lo más importante es obtener la respuesta a la pregunta: ¿Por qué motivo tuvieron que ser ejecutados?”, dijo.
El juicio es observado de cerca tanto por organizaciones nacionales como internacionales, que consideran este proceso un paso decisivo para romper la impunidad que ha rodeado los crímenes de la guerra civil salvadoreña.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
