Judicial
Pandilleros secuestran y abusan de una mujer, y minutos antes de ser descuartizada, es rescatada por la PNC en Usulután
Una mujer fue raptada por cinco pandilleros de un bar y restaurante ubicado en la carretera Litoral, municipio de Concepción Batres, Usulután. El registro judicial indica que el hecho ocurrió el 14 de abril de 2018.
La víctima fue llevada a la fuerza en vehículo hacia San Miguel donde los delincuentes la violaron y hasta la amenazaron que después la iban a descuartizar y que sus restos serían enterrados en una fosa clandestina.
Al día siguiente, los criminales trasladaron a la víctima hasta una zona rural en Usulután, donde también fue violada por otros pandilleros.
Los delincuentes llevaron corvos, piochas y palas para desmembrar y enterrar a la víctima.
Antes de asesinarla, la golpearon en el rostro, la desnudaron, le colocaron una camisa y un saco que cubrió su cabeza.
La mujer comenzó a gritar, pedía ayuda; siguió gritando y lo hacía cada vez más fuerte.
A los pocos minutos, un carro patrulla llegó al sector, varios policías se bajaron y los delincuentes huyeron; uno de los malhechores obligó a la víctima a que corriera con ellos, pero la mujer se negó y el criminal optó por dejarla y escapar.
Finalmente, la joven fue rescatada con vida y relató a los policías todo lo que había pasado con los delincuentes.
Hasta 41 años de cárcel
Por este caso las autoridades capturaron a cinco delincuentes que fueron procesados en los juzgados de San Miguel.
El jueves 23 de enero, los sujetos enfrentaron la justicia en el Juzgado Especializado para una Vida de Libre de Violencia para las Mujeres donde fueron acusados de feminicidio agravado tentado, violación agravada y privación de libertad.
Conociendo el caso, y las pruebas presentadas por la Fiscalía en la vista pública, al juez no le tembló la mano para condenar a los criminales a penas de 38 y 41 años de cárcel.
Los sentenciados fueron Héctor Antonio Amaya Hernández y Daniel Armando Montoya Palacios, (41 años de prisión); Carlos Arturo Márquez Guzmán y Carlos Humberto Argueta Chávez condenados a 38 años.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
