Judicial
Hasta 40 años de prisión para sujetos que asesinaron a un joven en Cojutepeque
Penas carcelarias de 30 y 40 años de prisión fueron impuestas por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque en contra de tres sujetos que en enero de 2020 le arrebataron la vida al joven Carlos Fernando García Carpio, asesinándolo cuando asaltaban un microbús del transporte colectivo en esta cabecera departamental.
El jefe de la oficina fiscal de Cojutepeque, Edgardo Paulino, dijo que como institución se sienten sumamente satisfechos con el resultado de la resolución. “Por cuanto con el mismo (fallo) se hace justicia para la víctima y sus familiares, sobre este sonado caso que en su momento causó indignación a nivel nacional por la forma vil en que fue asesinado, justo cuando estaba en la mejor etapa de su vida y con un futuro profesional prometedor por delante”.
La resolución establece la condena de 30 años de prisión para Brayan Ulises Elías García y José Arnulfo Hernández Rivera, por el delito de Homicidio Agravado. En tanto que a Luis Ernesto Elías García la pena fue de 40 años de prisión por haber sido el que disparó.
Asimismo, la resolución del Tribunal contempla una responsabilidad civil de $10,000.00. para los imputados.
Para lograr el fallo favorable la representación fiscal aportó elementos probatorios contundentes entre ellos el testimonio de varios afectados que viajaban en el microbús el día del asalto, así como de los agentes captores pertenecientes a la STO quienes fueron los que capturaron en flagrancia a los dos condenados a 30 años, ya que a Luis Ernesto fue detenido posteriormente mediante orden administrativa girada por la oficina fiscal de esta localidad.
Los hechos ocurrieron la noche del 20 de enero de 2020 en la “Parada del Walter”, Cojutepeque, cuando tres sujetos abordaron un microbús del transporte colectivo de la ruta 113 que hace su recorrido entre Cojutepeque y San Salvador.
Los sujetos abordaron el bus en el municipio de Santa Cruz Michapa y de inmediato a punta de pistola comenzaron a despojar de sus pertenencias a los pasajeros.
Al llegar donde la víctima éste se rehusó a entregar la mochila que portaba, ya que dentro de la misma trasladaba una laptop con importante información relacionada a su carrera de ingeniería en sistemas y su trabajo.
“Al oponerse a entregar sus cosas la respuesta fue un disparo certero que fue suficiente para que terminara con su vida”, dijo Paulino.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
