Judicial
Hasta 40 años de prisión para sujetos que asesinaron a un joven en Cojutepeque
Penas carcelarias de 30 y 40 años de prisión fueron impuestas por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque en contra de tres sujetos que en enero de 2020 le arrebataron la vida al joven Carlos Fernando García Carpio, asesinándolo cuando asaltaban un microbús del transporte colectivo en esta cabecera departamental.
El jefe de la oficina fiscal de Cojutepeque, Edgardo Paulino, dijo que como institución se sienten sumamente satisfechos con el resultado de la resolución. “Por cuanto con el mismo (fallo) se hace justicia para la víctima y sus familiares, sobre este sonado caso que en su momento causó indignación a nivel nacional por la forma vil en que fue asesinado, justo cuando estaba en la mejor etapa de su vida y con un futuro profesional prometedor por delante”.
La resolución establece la condena de 30 años de prisión para Brayan Ulises Elías García y José Arnulfo Hernández Rivera, por el delito de Homicidio Agravado. En tanto que a Luis Ernesto Elías García la pena fue de 40 años de prisión por haber sido el que disparó.
Asimismo, la resolución del Tribunal contempla una responsabilidad civil de $10,000.00. para los imputados.
Para lograr el fallo favorable la representación fiscal aportó elementos probatorios contundentes entre ellos el testimonio de varios afectados que viajaban en el microbús el día del asalto, así como de los agentes captores pertenecientes a la STO quienes fueron los que capturaron en flagrancia a los dos condenados a 30 años, ya que a Luis Ernesto fue detenido posteriormente mediante orden administrativa girada por la oficina fiscal de esta localidad.
Los hechos ocurrieron la noche del 20 de enero de 2020 en la “Parada del Walter”, Cojutepeque, cuando tres sujetos abordaron un microbús del transporte colectivo de la ruta 113 que hace su recorrido entre Cojutepeque y San Salvador.
Los sujetos abordaron el bus en el municipio de Santa Cruz Michapa y de inmediato a punta de pistola comenzaron a despojar de sus pertenencias a los pasajeros.
Al llegar donde la víctima éste se rehusó a entregar la mochila que portaba, ya que dentro de la misma trasladaba una laptop con importante información relacionada a su carrera de ingeniería en sistemas y su trabajo.
“Al oponerse a entregar sus cosas la respuesta fue un disparo certero que fue suficiente para que terminara con su vida”, dijo Paulino.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
