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Judicial

FGR logra que mareros sean condenados a penas de hasta 119 años de cárcel

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 Una estructura de 23 miembros de la MS recibió penas de prisión hasta de 119 años de prisión por Homicidio Agravado, Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y Organizaciones Terroristas.

Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de San Miguel lograron que el grupo de incriminados que operaba en diferentes cantones de los municipios de El Tránsito y San Rafael Oriente, así como en Jucuarán y Concepción Batres del departamento de Usulután, recibieran condenas de 102, 75, 74, 68, 67, 52 y 42 años de cárcel.

Uno de los condenados es Carlos David Romero Cruz condenado a 119 años de prisión por Homicidio Agravado, Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y Organizaciones Terroristas.

También, Fredy Mauricio Girón Calero estará en la cárcel sus próximos 102 años por tres Homicidio Agravados y Organizaciones Terroristas.

Además, a 68 años de prisión fue sentenciado, el marero, Luis Alejandro Díaz Benítez, quien participó en el crimen del agente policial de las Fuerzas Especiales de Reacción de El Salvador, Edwin Gustavo Guerrero Cruz, el 8 de abril del 2017 en el cantón Llano El Coyol de El Tránsito.

La víctima recibió golpes con una almádana mientras dormía, después de haber ingerido bebidas embriagantes. Posteriormente su cuerpo fue llevado a una finca donde los desmembraron y lo enterraron en una fosa clandestina.

Otro integrante del grupo delincuencial, José Antonio Velásquez recibió una condena de 67 años de cárcel por Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y Organizaciones Terroristas.

Otros miembros de esta estructura también recibieron penas de cárcel por estar vinculados a diferentes crímenes.

El juicio en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, se desarrolló entre el 19 de abril y el 2 de mayo, pero el falló fue emitido el pasado 6 de mayo en horas de la tarde.

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Judicial

Finaliza juicio de exalcalde Ernesto Muyshondt

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El Tribunal Quinto de Sentencia finalizó el juicio que la Fiscalía General de la República le promueve al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios, acusados de retener y apropiarse de $5,492,588.48 de cuotas laborales.

Al dar por cerrados los debates, los jueces convocaron a fiscales y defensores para dar a conocer el fallo, el próximo viernes 21 de febrero a las 9:00 de la mañana.

La Fiscalía General de la República ratificó la solicitud de una sentencia condenatoria para los cuatro imputados.

Para el exalcalde han pedido una condena de 22 años por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.

Al extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, el ministerio público pretende que se le impongan 20 años por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.

En el caso de Francisco José Rivera Chacón, acusado de apropiación indebida de retenciones tributarias, los fiscales solicitaron 16 años y 14 años para el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González.

Son señalados de afectar a 45 trabajadores de la municipalidad, para lo cual presentaron testigos quienes dijeron que hubo constantes pedidos de desembolsos de fondos para pagar cuotas previsionales y de crédito que los empleados tenían en bancos, pero nunca se hizo la transferencia, pese a que se retuvo los descuentos en las planillas.

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Judicial

Prisión para sujeto que agredió a una niña en reiteradas ocasiones

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Por violar y agredir sexualmente a una niña desde que tenía 8 años de edad, Jorge Alberto Alfaro Merino recibió 42 años con 6 meses de prisión. Los abusos los cometió desde el 2010 al 2016 en la jurisdicción de Sacacoyo, La Libertad Oeste.

Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alfaro Merino era vecino y pareja de la madre de la víctima.

Desde el 2010, Merino ingresaba por las noches al cuarto de habitación de la menor, mientras todos dormían y aprovechaba esos espacios para tocarla; posteriormente, cuando la víctima tenía 12 años de edad, el imputado comenzó a violarla cada sábado en momentos que la madre salía de casa a trabajar. El imputado ingresaba a casa y tomaba a la menor por la fuerza.

Cuando la joven cumplió 14 años de edad y a pesar de las amenazas a muerte si contaba sobre los abusos, la víctima decidió marcharse de la casa y buscó refugio con su padre.

Tras 7 años de convivencia con su padre, la victima se armó de valor y decidió denunciar al imputado.

Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se estableció la participación del imputado en los abusos. Merino fue sentenciado a 16 años de cárcel por agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada, y 26 años y 6 meses más por violación en menor e incapaz en modalidad continuada. Totalizando 42 años y 6 meses que el imputado estará en una prisión.

Además de la condena de cárcel impuesta en presencia del imputado, el juez le ordenó el pago de $500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

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Judicial

Confirman condena a Héctor Silva por difamación; deberá pagar $50,000

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El Tribunal Sexto de Sentencia ha condenado al exconcejal Héctor Silva por el delito de difamación y calumnia en contra del diputado Christian Guevara. La sentencia, emitida el 27 de junio de 2024, fue confirmada el 4 de febrero por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.

Como parte de la resolución, Silva deberá indemnizar a Guevara con la suma de $50,000 y ofrecer una disculpa pública por los daños morales causados. Además, el exconcejal deberá pagar al Estado un total de $1,399.24 por cada uno de los delitos cometidos.

Sin embargo, Silva ha manifestado su desacuerdo con la decisión judicial y ha presentado un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La controversia se originó tras declaraciones de Silva en un programa televisivo, donde acusó al diputado Guevara de recibir contratos publicitarios por «cientos de millas de dólares» de la Alcaldía de San Salvador, supuestamente a través de empresas vinculadas al legislador del partido Nuevas Ideas.

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