Judicial
FGR logra que mareros sean condenados a penas de hasta 119 años de cárcel
Una estructura de 23 miembros de la MS recibió penas de prisión hasta de 119 años de prisión por Homicidio Agravado, Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y Organizaciones Terroristas.
Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de San Miguel lograron que el grupo de incriminados que operaba en diferentes cantones de los municipios de El Tránsito y San Rafael Oriente, así como en Jucuarán y Concepción Batres del departamento de Usulután, recibieran condenas de 102, 75, 74, 68, 67, 52 y 42 años de cárcel.
Uno de los condenados es Carlos David Romero Cruz condenado a 119 años de prisión por Homicidio Agravado, Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y Organizaciones Terroristas.
También, Fredy Mauricio Girón Calero estará en la cárcel sus próximos 102 años por tres Homicidio Agravados y Organizaciones Terroristas.
Además, a 68 años de prisión fue sentenciado, el marero, Luis Alejandro Díaz Benítez, quien participó en el crimen del agente policial de las Fuerzas Especiales de Reacción de El Salvador, Edwin Gustavo Guerrero Cruz, el 8 de abril del 2017 en el cantón Llano El Coyol de El Tránsito.
La víctima recibió golpes con una almádana mientras dormía, después de haber ingerido bebidas embriagantes. Posteriormente su cuerpo fue llevado a una finca donde los desmembraron y lo enterraron en una fosa clandestina.
Otro integrante del grupo delincuencial, José Antonio Velásquez recibió una condena de 67 años de cárcel por Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y Organizaciones Terroristas.
Otros miembros de esta estructura también recibieron penas de cárcel por estar vinculados a diferentes crímenes.
El juicio en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, se desarrolló entre el 19 de abril y el 2 de mayo, pero el falló fue emitido el pasado 6 de mayo en horas de la tarde.
Esta mañana se instaló la audiencia preliminar en contra de Kevin Alexander Miranda Santamaria, a quién las autoridades le acusas de ser narcotraficante.
Según las autoridades fiscales, la Policía Nacional Civil realizó un allanamiento en la vivienda del sujeto a quién le encontraron cocaína, marihuana y anfetaminas, valoradas en $153,992,00.
Así mismo, se le decomisó un arma de fuego sin su respectiva documentación y una cantidad de $20,690.00. en efectivo.
Los delitos que se le atribuyen son: tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y casos especiales de lavado de dinero.
Las autoridades dicen contar con las suficientes pruebas que incriminan al sujeto para que sea enviado a prisión.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
