Judicial
FGR logra que mareros sean condenados a penas de hasta 119 años de cárcel
Una estructura de 23 miembros de la MS recibió penas de prisión hasta de 119 años de prisión por Homicidio Agravado, Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y Organizaciones Terroristas.
Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de San Miguel lograron que el grupo de incriminados que operaba en diferentes cantones de los municipios de El Tránsito y San Rafael Oriente, así como en Jucuarán y Concepción Batres del departamento de Usulután, recibieran condenas de 102, 75, 74, 68, 67, 52 y 42 años de cárcel.
Uno de los condenados es Carlos David Romero Cruz condenado a 119 años de prisión por Homicidio Agravado, Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y Organizaciones Terroristas.
También, Fredy Mauricio Girón Calero estará en la cárcel sus próximos 102 años por tres Homicidio Agravados y Organizaciones Terroristas.
Además, a 68 años de prisión fue sentenciado, el marero, Luis Alejandro Díaz Benítez, quien participó en el crimen del agente policial de las Fuerzas Especiales de Reacción de El Salvador, Edwin Gustavo Guerrero Cruz, el 8 de abril del 2017 en el cantón Llano El Coyol de El Tránsito.
La víctima recibió golpes con una almádana mientras dormía, después de haber ingerido bebidas embriagantes. Posteriormente su cuerpo fue llevado a una finca donde los desmembraron y lo enterraron en una fosa clandestina.
Otro integrante del grupo delincuencial, José Antonio Velásquez recibió una condena de 67 años de cárcel por Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y Organizaciones Terroristas.
Otros miembros de esta estructura también recibieron penas de cárcel por estar vinculados a diferentes crímenes.
El juicio en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, se desarrolló entre el 19 de abril y el 2 de mayo, pero el falló fue emitido el pasado 6 de mayo en horas de la tarde.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
