Judicial
FGR busca obtener informe pericial que servirá de prueba para establecer desvío de $187 millones durante el gobierno de Sánchez Céren
A través de una audiencia especial en el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) logró la juramentación de siete peritos y que se establecieran los puntos de pericia financiera contable en el proceso penal contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén.
En el caso conocido como “Gastos reservados 2014-2019”, también son procesados el exsecretario privado de la presidencia, Manuel Melgar, y el exdirector ejecutivo, Manuel Ayala y otros 15 incriminados.
Los exfuncionarios y empleados de casa presidencial son procesados por los delitos de peculado y lavado de dinero de activos por desviar un estimado de $187 millones correspondientes a la partida de gastos y donativos provenientes de China Taiwán a cuentas bancarias particulares.
Los hechos se cometieron en el período presidencial del 1 de junio del 2014 al 31 de mayo del 2019.

Cinco de los peritos fueron propuestos por la representación fiscal y tres por la defensa de los imputados.
También, la fiscalía se siente satisfecha porque el juez aceptó todos los puntos de pericia entre ellas, el área presupuestaria, contable y financiera, entre otros.
De acuerdo a uno de los fiscales del Grupo Contra la Impunidad, “el objetivo es que a través de los peritos se obtenga un informe pericial que será una prueba vital para la acusación fiscal que será presentada en su momento”.
El caso contra los exfuncionarios y empleados se encuentra en la etapa de instrucción que es donde se recaba la prueba de cargo y descargo pertinente, que será ofrecida en la audiencia preliminar, donde se decidirá si el caso pasa a juicio.
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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
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15 años de cárcel para dos extorsionistas
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).


