Judicial
FGR busca obtener informe pericial que servirá de prueba para establecer desvío de $187 millones durante el gobierno de Sánchez Céren
A través de una audiencia especial en el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) logró la juramentación de siete peritos y que se establecieran los puntos de pericia financiera contable en el proceso penal contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén.
En el caso conocido como “Gastos reservados 2014-2019”, también son procesados el exsecretario privado de la presidencia, Manuel Melgar, y el exdirector ejecutivo, Manuel Ayala y otros 15 incriminados.
Los exfuncionarios y empleados de casa presidencial son procesados por los delitos de peculado y lavado de dinero de activos por desviar un estimado de $187 millones correspondientes a la partida de gastos y donativos provenientes de China Taiwán a cuentas bancarias particulares.
Los hechos se cometieron en el período presidencial del 1 de junio del 2014 al 31 de mayo del 2019.
Cinco de los peritos fueron propuestos por la representación fiscal y tres por la defensa de los imputados.
También, la fiscalía se siente satisfecha porque el juez aceptó todos los puntos de pericia entre ellas, el área presupuestaria, contable y financiera, entre otros.
De acuerdo a uno de los fiscales del Grupo Contra la Impunidad, “el objetivo es que a través de los peritos se obtenga un informe pericial que será una prueba vital para la acusación fiscal que será presentada en su momento”.
El caso contra los exfuncionarios y empleados se encuentra en la etapa de instrucción que es donde se recaba la prueba de cargo y descargo pertinente, que será ofrecida en la audiencia preliminar, donde se decidirá si el caso pasa a juicio.
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
