Judicial
Exfiscal Douglas Meléndez es acusado por Hilda Guadalupe Trigueros

Al fiscal general de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, haciendo extensivo el ejercicio de la Defensa Técnica, de la señora Hilda Guadalupe Trigueros Aguillón, injustamente procesada y víctima de las actitudes viles, nefastas y aberrantes dirigidas por el Ex Fiscal General Douglas Meléndez y ejecutadas por su primo hermano Wil Walter Ruiz, Ex Jefe UCCO y por los Agentes Auxiliares Mayra Raquel Guerra, Liliana Jovel Guzmán, Luis Montes Pacheco y Julio César Larrama respetuosamente MANIFIESTO:
- Que están próximos a cumplirse TRES años, desde que el Ex Fiscal General Meléndez, con la finalidad de montar ante la opinión pública y favorecer quién sabe qué oscuros intereses, se inventó una trama de corrupción judicial que llamó “Caso Rais-Martínez”, en el cual vinculó a mi defendida, quien pasó de ser una persona que buscó en el Sistema Judicial tutela y protección por ser víctima de violencia intrafamiliar, a ser doblemente victimizada, acusada de un delito que no cometió y siendo objeto de divulgaciones en medios periodísticos como “EL FARO” y “LA PRENSA GRÁFICA” que afectaron su honor, provocando un menoscabo de su dignidad, utilizando escuchas telefónicas de mi defendida, quien jamás fue intervenida legalmente, ya que no era objeto de investigación alguna.
- Durante todo este tiempo, hemos batallado contra incontables arbitrariedades, la actuación carente de objetividad de los fiscales del caso, quienes han acusado a mi defendida, por medio del uso de escuchas ilegales, de las que no hay garantía de legitimidad ya que se rompió la cadena de custodia de la evidencia, con un Juez 8o de Instrucción de San Salvador tolerante y permisivo que al darse cuenta que los audios con las supuestas escuchas que presentó la FGR, se encontraban “vacíos” o “deteriorados” y no pudieron escucharse, les autoriza, sin ningún control, sin ninguna garantía que nadie va a editar la información, ni de dónde ha salido la misma, que vayan al Servidor del Centro de Escuchas y “extraigan otra copia”, vulnerando toda la legalidad y competencia del Juez autorizante de la supuesta intervención telefónica. Además de las denuncias efectuadas sobre la falsificación y el Fraude Procesal por los Agentes Fiscales Mayra Raquel Guerra y Luis Montes Pacheco, que convierten a un imputados en el testigo criteriado “CLAVE TROYA”, del cual ocultan quién es el juez autorizante del criterio, acto que se realiza fuera del plazo de instrucción y sin convocar al suscrito para que ejerza el control y la defensa de los derechos y garantías de Hilda Trigueros, en una diligencia de esa magnitud.
- Es sumamente preocupante, que desde el día 22 DE MARZO DE 2018, se solicitó por mi parte a la Señora Procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, una Auditoría Específica del Expediente de intervención 8-DIT-2014, para que se pudiera comprobar las graves ilegalidades del mismo, sobre todo que no se dio cumplimiento a la destrucción de las escuchas captadas según el Art. 23 de la Ley de Intervenciones Telefónicas (LEIT), nunca existió autorización judicial respecto a mi defendida o alguno de sus soportes telefónicos; sin embargo Hilda Trigueros, ha sido lesionada en su intimidad, divulgándose en el proceso y públicamente situaciones personales que la afectan en su condición de mujer, y la Procuradora, NADA HA CONTESTADO EN MÁS DE UN AÑO; ¿Esa es la clase de protección a los derechos humanos que nos merecemos en este país?
- Por tal motivo, solicitaré este día, a la ASAMBLEA LEGISLATIVA que se INTERPELE a la Señora Procuradora, a fin que informe por qué no ha actuado dando cumplimiento a lo que le ordena el Art. 33 LEIT en la petición específica solicitada para defensa de los derechos de mi representada; ni se ha ocupado de proteger debidamente los derechos a la intimidad y secretividad de las telecomunicaciones del Art. 24 de nuestra Carta Magna para todos los salvadoreños, al mentir diciendo que ya presentó el Informe de Auditoría al Centro de Escuchas del año 2015 y omitir con negligencia inexcusable los correspondientes a los años 2017 y 2018. Sobre esto mismo, solicito a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que revise la forma en que algunos Jueces y Magistrados de Cámaras están vulnerando los derechos y garantías de los procesados, lo cual va en contra del “Estado de Derecho” y nos está llevando a una violencia social nunca antes vista.
- Y al SEÑOR FISCAL GENERAL RAÚL MELARA, le solicito que verifique las actuaciones de sus Agentes Fiscales, recordando que el Numeral 16 de las Directrices sobre la función de los Fiscales decretadas por la ONU, expresamente manifiestan: “16. Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos que constituyan una violación grave de los derechos humanos del sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes u otros abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier persona, salvo contra quienes hayan empleado esos métodos, o lo informarán a los tribunales, y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables de la utilización de dichos métodos comparezcan ante la justicia.”
LO ÚNICO QUE SOLICITO ES UN JUICIO JUSTO, CON APEGO A LA CONSTITUCIÓN Y DEMÁS LEYES DE LA REPÚBLICA; Y ESPECIALMENTE CON RESPETO A LA DIGNIDAD Y HONRA DE MI DEFENDIDA.
Lic. Sergio Ernesto Portillo Toruño
en representación procesal de
HILDA GUADALUPE TRIGUEROS AGUILLÓN,
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano

Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
Judicial
FGR presenta acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.