Judicial
Exfiscal Douglas Meléndez es acusado por Hilda Guadalupe Trigueros

Al fiscal general de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, haciendo extensivo el ejercicio de la Defensa Técnica, de la señora Hilda Guadalupe Trigueros Aguillón, injustamente procesada y víctima de las actitudes viles, nefastas y aberrantes dirigidas por el Ex Fiscal General Douglas Meléndez y ejecutadas por su primo hermano Wil Walter Ruiz, Ex Jefe UCCO y por los Agentes Auxiliares Mayra Raquel Guerra, Liliana Jovel Guzmán, Luis Montes Pacheco y Julio César Larrama respetuosamente MANIFIESTO:
- Que están próximos a cumplirse TRES años, desde que el Ex Fiscal General Meléndez, con la finalidad de montar ante la opinión pública y favorecer quién sabe qué oscuros intereses, se inventó una trama de corrupción judicial que llamó “Caso Rais-Martínez”, en el cual vinculó a mi defendida, quien pasó de ser una persona que buscó en el Sistema Judicial tutela y protección por ser víctima de violencia intrafamiliar, a ser doblemente victimizada, acusada de un delito que no cometió y siendo objeto de divulgaciones en medios periodísticos como “EL FARO” y “LA PRENSA GRÁFICA” que afectaron su honor, provocando un menoscabo de su dignidad, utilizando escuchas telefónicas de mi defendida, quien jamás fue intervenida legalmente, ya que no era objeto de investigación alguna.
- Durante todo este tiempo, hemos batallado contra incontables arbitrariedades, la actuación carente de objetividad de los fiscales del caso, quienes han acusado a mi defendida, por medio del uso de escuchas ilegales, de las que no hay garantía de legitimidad ya que se rompió la cadena de custodia de la evidencia, con un Juez 8o de Instrucción de San Salvador tolerante y permisivo que al darse cuenta que los audios con las supuestas escuchas que presentó la FGR, se encontraban “vacíos” o “deteriorados” y no pudieron escucharse, les autoriza, sin ningún control, sin ninguna garantía que nadie va a editar la información, ni de dónde ha salido la misma, que vayan al Servidor del Centro de Escuchas y “extraigan otra copia”, vulnerando toda la legalidad y competencia del Juez autorizante de la supuesta intervención telefónica. Además de las denuncias efectuadas sobre la falsificación y el Fraude Procesal por los Agentes Fiscales Mayra Raquel Guerra y Luis Montes Pacheco, que convierten a un imputados en el testigo criteriado “CLAVE TROYA”, del cual ocultan quién es el juez autorizante del criterio, acto que se realiza fuera del plazo de instrucción y sin convocar al suscrito para que ejerza el control y la defensa de los derechos y garantías de Hilda Trigueros, en una diligencia de esa magnitud.
- Es sumamente preocupante, que desde el día 22 DE MARZO DE 2018, se solicitó por mi parte a la Señora Procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, una Auditoría Específica del Expediente de intervención 8-DIT-2014, para que se pudiera comprobar las graves ilegalidades del mismo, sobre todo que no se dio cumplimiento a la destrucción de las escuchas captadas según el Art. 23 de la Ley de Intervenciones Telefónicas (LEIT), nunca existió autorización judicial respecto a mi defendida o alguno de sus soportes telefónicos; sin embargo Hilda Trigueros, ha sido lesionada en su intimidad, divulgándose en el proceso y públicamente situaciones personales que la afectan en su condición de mujer, y la Procuradora, NADA HA CONTESTADO EN MÁS DE UN AÑO; ¿Esa es la clase de protección a los derechos humanos que nos merecemos en este país?
- Por tal motivo, solicitaré este día, a la ASAMBLEA LEGISLATIVA que se INTERPELE a la Señora Procuradora, a fin que informe por qué no ha actuado dando cumplimiento a lo que le ordena el Art. 33 LEIT en la petición específica solicitada para defensa de los derechos de mi representada; ni se ha ocupado de proteger debidamente los derechos a la intimidad y secretividad de las telecomunicaciones del Art. 24 de nuestra Carta Magna para todos los salvadoreños, al mentir diciendo que ya presentó el Informe de Auditoría al Centro de Escuchas del año 2015 y omitir con negligencia inexcusable los correspondientes a los años 2017 y 2018. Sobre esto mismo, solicito a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que revise la forma en que algunos Jueces y Magistrados de Cámaras están vulnerando los derechos y garantías de los procesados, lo cual va en contra del “Estado de Derecho” y nos está llevando a una violencia social nunca antes vista.
- Y al SEÑOR FISCAL GENERAL RAÚL MELARA, le solicito que verifique las actuaciones de sus Agentes Fiscales, recordando que el Numeral 16 de las Directrices sobre la función de los Fiscales decretadas por la ONU, expresamente manifiestan: “16. Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos que constituyan una violación grave de los derechos humanos del sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes u otros abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier persona, salvo contra quienes hayan empleado esos métodos, o lo informarán a los tribunales, y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables de la utilización de dichos métodos comparezcan ante la justicia.”
LO ÚNICO QUE SOLICITO ES UN JUICIO JUSTO, CON APEGO A LA CONSTITUCIÓN Y DEMÁS LEYES DE LA REPÚBLICA; Y ESPECIALMENTE CON RESPETO A LA DIGNIDAD Y HONRA DE MI DEFENDIDA.
Lic. Sergio Ernesto Portillo Toruño
en representación procesal de
HILDA GUADALUPE TRIGUEROS AGUILLÓN,
Judicial
Discusión entre mujeres en transporte público llega hasta los tribunales de Ilopango

Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
Judicial
Sigfrido Reyes y su red enfrentan audiencia por acusaciones de corrupción

En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas

José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.