Judicial
Exfiscal Douglas Meléndez es acusado por Hilda Guadalupe Trigueros
Al fiscal general de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, haciendo extensivo el ejercicio de la Defensa Técnica, de la señora Hilda Guadalupe Trigueros Aguillón, injustamente procesada y víctima de las actitudes viles, nefastas y aberrantes dirigidas por el Ex Fiscal General Douglas Meléndez y ejecutadas por su primo hermano Wil Walter Ruiz, Ex Jefe UCCO y por los Agentes Auxiliares Mayra Raquel Guerra, Liliana Jovel Guzmán, Luis Montes Pacheco y Julio César Larrama respetuosamente MANIFIESTO:
- Que están próximos a cumplirse TRES años, desde que el Ex Fiscal General Meléndez, con la finalidad de montar ante la opinión pública y favorecer quién sabe qué oscuros intereses, se inventó una trama de corrupción judicial que llamó “Caso Rais-Martínez”, en el cual vinculó a mi defendida, quien pasó de ser una persona que buscó en el Sistema Judicial tutela y protección por ser víctima de violencia intrafamiliar, a ser doblemente victimizada, acusada de un delito que no cometió y siendo objeto de divulgaciones en medios periodísticos como “EL FARO” y “LA PRENSA GRÁFICA” que afectaron su honor, provocando un menoscabo de su dignidad, utilizando escuchas telefónicas de mi defendida, quien jamás fue intervenida legalmente, ya que no era objeto de investigación alguna.
- Durante todo este tiempo, hemos batallado contra incontables arbitrariedades, la actuación carente de objetividad de los fiscales del caso, quienes han acusado a mi defendida, por medio del uso de escuchas ilegales, de las que no hay garantía de legitimidad ya que se rompió la cadena de custodia de la evidencia, con un Juez 8o de Instrucción de San Salvador tolerante y permisivo que al darse cuenta que los audios con las supuestas escuchas que presentó la FGR, se encontraban “vacíos” o “deteriorados” y no pudieron escucharse, les autoriza, sin ningún control, sin ninguna garantía que nadie va a editar la información, ni de dónde ha salido la misma, que vayan al Servidor del Centro de Escuchas y “extraigan otra copia”, vulnerando toda la legalidad y competencia del Juez autorizante de la supuesta intervención telefónica. Además de las denuncias efectuadas sobre la falsificación y el Fraude Procesal por los Agentes Fiscales Mayra Raquel Guerra y Luis Montes Pacheco, que convierten a un imputados en el testigo criteriado “CLAVE TROYA”, del cual ocultan quién es el juez autorizante del criterio, acto que se realiza fuera del plazo de instrucción y sin convocar al suscrito para que ejerza el control y la defensa de los derechos y garantías de Hilda Trigueros, en una diligencia de esa magnitud.
- Es sumamente preocupante, que desde el día 22 DE MARZO DE 2018, se solicitó por mi parte a la Señora Procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, una Auditoría Específica del Expediente de intervención 8-DIT-2014, para que se pudiera comprobar las graves ilegalidades del mismo, sobre todo que no se dio cumplimiento a la destrucción de las escuchas captadas según el Art. 23 de la Ley de Intervenciones Telefónicas (LEIT), nunca existió autorización judicial respecto a mi defendida o alguno de sus soportes telefónicos; sin embargo Hilda Trigueros, ha sido lesionada en su intimidad, divulgándose en el proceso y públicamente situaciones personales que la afectan en su condición de mujer, y la Procuradora, NADA HA CONTESTADO EN MÁS DE UN AÑO; ¿Esa es la clase de protección a los derechos humanos que nos merecemos en este país?
- Por tal motivo, solicitaré este día, a la ASAMBLEA LEGISLATIVA que se INTERPELE a la Señora Procuradora, a fin que informe por qué no ha actuado dando cumplimiento a lo que le ordena el Art. 33 LEIT en la petición específica solicitada para defensa de los derechos de mi representada; ni se ha ocupado de proteger debidamente los derechos a la intimidad y secretividad de las telecomunicaciones del Art. 24 de nuestra Carta Magna para todos los salvadoreños, al mentir diciendo que ya presentó el Informe de Auditoría al Centro de Escuchas del año 2015 y omitir con negligencia inexcusable los correspondientes a los años 2017 y 2018. Sobre esto mismo, solicito a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que revise la forma en que algunos Jueces y Magistrados de Cámaras están vulnerando los derechos y garantías de los procesados, lo cual va en contra del “Estado de Derecho” y nos está llevando a una violencia social nunca antes vista.
- Y al SEÑOR FISCAL GENERAL RAÚL MELARA, le solicito que verifique las actuaciones de sus Agentes Fiscales, recordando que el Numeral 16 de las Directrices sobre la función de los Fiscales decretadas por la ONU, expresamente manifiestan: “16. Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos que constituyan una violación grave de los derechos humanos del sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes u otros abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier persona, salvo contra quienes hayan empleado esos métodos, o lo informarán a los tribunales, y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables de la utilización de dichos métodos comparezcan ante la justicia.”
LO ÚNICO QUE SOLICITO ES UN JUICIO JUSTO, CON APEGO A LA CONSTITUCIÓN Y DEMÁS LEYES DE LA REPÚBLICA; Y ESPECIALMENTE CON RESPETO A LA DIGNIDAD Y HONRA DE MI DEFENDIDA.
Lic. Sergio Ernesto Portillo Toruño
en representación procesal de
HILDA GUADALUPE TRIGUEROS AGUILLÓN,
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
