Judicial
EX FISCAL DIEGO ESCOBAR, SE DEFIENDE EN CASO “ROS”; INVOLUCRANDO A MARIO ACOSTA OERTEL POR LLAMADAS TELEFÓNICAS CON EX FISCAL LUIS MARTÍNEZ
De acuerdo a una fuente relacionada con el Jefe de la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez: Ulises Marinero, que habló con reserva de identidad por temor a señalamientos y represalias, el Juez 7º de Instrucción de San Salvador: Miguel Ángel García Argüello, que está a cargo del juzgamiento del caso mediáticamente conocido como “Venta del ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas)” libró a fines de julio del presente año un oficio dirigido a la Jueza que está en funciones en el Juzgado 4º de instrucción, con el objetivo que le sea enviada la información obtenida en una Pericia de vaciado de datos del teléfono celular incautado al Ex Fiscal General Luis Martínez, particularmente de las comunicaciones entre Martínez y el Ex dirigente del Partido ARENA: Mario Acosta Oertel.
La solicitud surge de una petición como parte de su defensa, efectuada por el Ex Agente Fiscal: Diego Balmore Escobar, quien junto al Ex Presidente de la República: Mauricio Funes y el periodista costarricense-salvadoreño: Lafitte Fernández Rojas, han sido acusados por la Fiscalía por el delito de “Revelación de Hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial“ El proceso penal tiene reserva parcial.
El caso fue judicializado por medio de Requerimiento Fiscal librado por orden del Ex Fiscal General: Douglas Meléndez, a solo unos días que este dejara el cargo. Y se basó principalmente en una publicación efectuada por la Revista Factum, en la que se incluían audios, de una supuesta reunión suscitada entre los Ex Presidentes: Mauricio Funes y Tony Saca, durante el mes de octubre de 2013, en que habrían discutido la forma de contactar al entonces Fiscal: Diego Balmore, para obtener por su medio una copia del ROS. Con ese objetivo según la nota de prensa que fue utilizada como “nota criminal” contactaron a Lafitte Fernández quien se encargó de gestionar y obtenerlo.
Los acusados, han cuestionado la legitimidad y forma en que se filtraron los audios públicamente por medio del artículo elaborado por la Revista Factum, sobre todo por los señalamientos de distintos ex funcionarios y empleados de la Fiscalía que en su momento hicieron advertencias de posible manipulación de los procedimientos de intervención de telecomunicaciones y realización de escuchas sin autorización judicial, promovidas por el Ex Fiscal Meléndez y ejecutadas por el Ex Dirertor del Centro de Ecuchas: Froilán Coto y el Ex Jefe de Crimen Organizado: Wil Walter Ruiz. Además, al conocer que se había librado orden de detención en su contra, el periodista Lafitte Fernández, se pronunció a través de su cuenta de Facebook, manifestando que conocía quién y para qué fin se había creado la Revista Factum.
La divulgación pública del ROS, que la Fiscalía atribuye al Ex Presidente Funes, trajo repercuciones internacionales a El Salvador, especialmente por las sanciones que implicaron la exclusión del país de los beneficios que otorga pertenecer al GAFIC.
En una entrevista brindada por el Sr. Mario Acosta Oertel en el Programa Frente a Frente de TCS a fecha 2 de agosto de 2016, en réplica a señalamientos efectuados por el Ex Presidente Funes, que acusaba a Acosta Oertel de ser quien le había proporcionado el ROS, manifestó: “(…) está ya alguien que le está exigiendo al fiscal general que lo haga, ha presentado un juicio… Ha llegado el momento en que por el bien del país se aclare de una vez por todas… está la oportunidad histórica de revelar quien lo hizo (persona que filtró el ROS al Ex Presidente Funes) y meterlo preso”
Ahora, el imputado Diego Escobar pretende salvarse, a través de inculpar al Sr. Acosta Oertel, por medio de un Dictamen Pericial de una extracción telefónica, que según la fuente consultada no da garantías de legalidad en cuanto a su realización pues la prueba estuvo fuera del control judicial y bajo resguardo de los Fiscales de la Unidad de Crimen Organizado (a cargo de Wil Walter Ruiz) quienes no pudieron acreditar la cadena de custodia de la evidencia; y que han utilizado diversos subterfugios para reproducir la misma prueba con alteraciones y adiciones en distintos procesos penales, uno de ellos el conocido como “Caso Corruptela” que se tramita en el Juzgado 4º de Instrucción, donde se ha solicitado la certificación.
De acuerdo a la fuente de información, en los pasillos judiciales se rumora que la estrategia de la defensa de Diego Escobar la está preparando junto al abogado Mario Calderón Castillo, un profesional a quienes distintos litigantes, colaboradores judiciales y Jueces consideran un sujeto antiético y quien presuntamente al conocer de las manipulaciones que los fiscales han realizado con la prueba pericial, por estar en permanente contacto con el expediente del caso corruptela, donde aparece como víctima, recomendó a Escobar inculpar al Sr. Mario Acosta Oertel. Así, el imputado Diego Escobar, estaría preparando un fraude procesal para sorprender al Juez 7º de Instrucción, utilizando la prueba ilícita de la Pericia, para exculparse y tratando dolosamente de vincular al Sr. Acosta Oertel en actos de corrupción con el Ex Fiscal Martínez.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
