Judicial
EX FISCAL DIEGO ESCOBAR, SE DEFIENDE EN CASO “ROS”; INVOLUCRANDO A MARIO ACOSTA OERTEL POR LLAMADAS TELEFÓNICAS CON EX FISCAL LUIS MARTÍNEZ
De acuerdo a una fuente relacionada con el Jefe de la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez: Ulises Marinero, que habló con reserva de identidad por temor a señalamientos y represalias, el Juez 7º de Instrucción de San Salvador: Miguel Ángel García Argüello, que está a cargo del juzgamiento del caso mediáticamente conocido como “Venta del ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas)” libró a fines de julio del presente año un oficio dirigido a la Jueza que está en funciones en el Juzgado 4º de instrucción, con el objetivo que le sea enviada la información obtenida en una Pericia de vaciado de datos del teléfono celular incautado al Ex Fiscal General Luis Martínez, particularmente de las comunicaciones entre Martínez y el Ex dirigente del Partido ARENA: Mario Acosta Oertel.
La solicitud surge de una petición como parte de su defensa, efectuada por el Ex Agente Fiscal: Diego Balmore Escobar, quien junto al Ex Presidente de la República: Mauricio Funes y el periodista costarricense-salvadoreño: Lafitte Fernández Rojas, han sido acusados por la Fiscalía por el delito de “Revelación de Hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial“ El proceso penal tiene reserva parcial.
El caso fue judicializado por medio de Requerimiento Fiscal librado por orden del Ex Fiscal General: Douglas Meléndez, a solo unos días que este dejara el cargo. Y se basó principalmente en una publicación efectuada por la Revista Factum, en la que se incluían audios, de una supuesta reunión suscitada entre los Ex Presidentes: Mauricio Funes y Tony Saca, durante el mes de octubre de 2013, en que habrían discutido la forma de contactar al entonces Fiscal: Diego Balmore, para obtener por su medio una copia del ROS. Con ese objetivo según la nota de prensa que fue utilizada como “nota criminal” contactaron a Lafitte Fernández quien se encargó de gestionar y obtenerlo.
Los acusados, han cuestionado la legitimidad y forma en que se filtraron los audios públicamente por medio del artículo elaborado por la Revista Factum, sobre todo por los señalamientos de distintos ex funcionarios y empleados de la Fiscalía que en su momento hicieron advertencias de posible manipulación de los procedimientos de intervención de telecomunicaciones y realización de escuchas sin autorización judicial, promovidas por el Ex Fiscal Meléndez y ejecutadas por el Ex Dirertor del Centro de Ecuchas: Froilán Coto y el Ex Jefe de Crimen Organizado: Wil Walter Ruiz. Además, al conocer que se había librado orden de detención en su contra, el periodista Lafitte Fernández, se pronunció a través de su cuenta de Facebook, manifestando que conocía quién y para qué fin se había creado la Revista Factum.
La divulgación pública del ROS, que la Fiscalía atribuye al Ex Presidente Funes, trajo repercuciones internacionales a El Salvador, especialmente por las sanciones que implicaron la exclusión del país de los beneficios que otorga pertenecer al GAFIC.
En una entrevista brindada por el Sr. Mario Acosta Oertel en el Programa Frente a Frente de TCS a fecha 2 de agosto de 2016, en réplica a señalamientos efectuados por el Ex Presidente Funes, que acusaba a Acosta Oertel de ser quien le había proporcionado el ROS, manifestó: “(…) está ya alguien que le está exigiendo al fiscal general que lo haga, ha presentado un juicio… Ha llegado el momento en que por el bien del país se aclare de una vez por todas… está la oportunidad histórica de revelar quien lo hizo (persona que filtró el ROS al Ex Presidente Funes) y meterlo preso”
Ahora, el imputado Diego Escobar pretende salvarse, a través de inculpar al Sr. Acosta Oertel, por medio de un Dictamen Pericial de una extracción telefónica, que según la fuente consultada no da garantías de legalidad en cuanto a su realización pues la prueba estuvo fuera del control judicial y bajo resguardo de los Fiscales de la Unidad de Crimen Organizado (a cargo de Wil Walter Ruiz) quienes no pudieron acreditar la cadena de custodia de la evidencia; y que han utilizado diversos subterfugios para reproducir la misma prueba con alteraciones y adiciones en distintos procesos penales, uno de ellos el conocido como “Caso Corruptela” que se tramita en el Juzgado 4º de Instrucción, donde se ha solicitado la certificación.
De acuerdo a la fuente de información, en los pasillos judiciales se rumora que la estrategia de la defensa de Diego Escobar la está preparando junto al abogado Mario Calderón Castillo, un profesional a quienes distintos litigantes, colaboradores judiciales y Jueces consideran un sujeto antiético y quien presuntamente al conocer de las manipulaciones que los fiscales han realizado con la prueba pericial, por estar en permanente contacto con el expediente del caso corruptela, donde aparece como víctima, recomendó a Escobar inculpar al Sr. Mario Acosta Oertel. Así, el imputado Diego Escobar, estaría preparando un fraude procesal para sorprender al Juez 7º de Instrucción, utilizando la prueba ilícita de la Pericia, para exculparse y tratando dolosamente de vincular al Sr. Acosta Oertel en actos de corrupción con el Ex Fiscal Martínez.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
