Judicial
EX FISCAL DIEGO ESCOBAR, SE DEFIENDE EN CASO “ROS”; INVOLUCRANDO A MARIO ACOSTA OERTEL POR LLAMADAS TELEFÓNICAS CON EX FISCAL LUIS MARTÍNEZ
De acuerdo a una fuente relacionada con el Jefe de la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez: Ulises Marinero, que habló con reserva de identidad por temor a señalamientos y represalias, el Juez 7º de Instrucción de San Salvador: Miguel Ángel García Argüello, que está a cargo del juzgamiento del caso mediáticamente conocido como “Venta del ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas)” libró a fines de julio del presente año un oficio dirigido a la Jueza que está en funciones en el Juzgado 4º de instrucción, con el objetivo que le sea enviada la información obtenida en una Pericia de vaciado de datos del teléfono celular incautado al Ex Fiscal General Luis Martínez, particularmente de las comunicaciones entre Martínez y el Ex dirigente del Partido ARENA: Mario Acosta Oertel.
La solicitud surge de una petición como parte de su defensa, efectuada por el Ex Agente Fiscal: Diego Balmore Escobar, quien junto al Ex Presidente de la República: Mauricio Funes y el periodista costarricense-salvadoreño: Lafitte Fernández Rojas, han sido acusados por la Fiscalía por el delito de “Revelación de Hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial“ El proceso penal tiene reserva parcial.
El caso fue judicializado por medio de Requerimiento Fiscal librado por orden del Ex Fiscal General: Douglas Meléndez, a solo unos días que este dejara el cargo. Y se basó principalmente en una publicación efectuada por la Revista Factum, en la que se incluían audios, de una supuesta reunión suscitada entre los Ex Presidentes: Mauricio Funes y Tony Saca, durante el mes de octubre de 2013, en que habrían discutido la forma de contactar al entonces Fiscal: Diego Balmore, para obtener por su medio una copia del ROS. Con ese objetivo según la nota de prensa que fue utilizada como “nota criminal” contactaron a Lafitte Fernández quien se encargó de gestionar y obtenerlo.
Los acusados, han cuestionado la legitimidad y forma en que se filtraron los audios públicamente por medio del artículo elaborado por la Revista Factum, sobre todo por los señalamientos de distintos ex funcionarios y empleados de la Fiscalía que en su momento hicieron advertencias de posible manipulación de los procedimientos de intervención de telecomunicaciones y realización de escuchas sin autorización judicial, promovidas por el Ex Fiscal Meléndez y ejecutadas por el Ex Dirertor del Centro de Ecuchas: Froilán Coto y el Ex Jefe de Crimen Organizado: Wil Walter Ruiz. Además, al conocer que se había librado orden de detención en su contra, el periodista Lafitte Fernández, se pronunció a través de su cuenta de Facebook, manifestando que conocía quién y para qué fin se había creado la Revista Factum.
La divulgación pública del ROS, que la Fiscalía atribuye al Ex Presidente Funes, trajo repercuciones internacionales a El Salvador, especialmente por las sanciones que implicaron la exclusión del país de los beneficios que otorga pertenecer al GAFIC.
En una entrevista brindada por el Sr. Mario Acosta Oertel en el Programa Frente a Frente de TCS a fecha 2 de agosto de 2016, en réplica a señalamientos efectuados por el Ex Presidente Funes, que acusaba a Acosta Oertel de ser quien le había proporcionado el ROS, manifestó: “(…) está ya alguien que le está exigiendo al fiscal general que lo haga, ha presentado un juicio… Ha llegado el momento en que por el bien del país se aclare de una vez por todas… está la oportunidad histórica de revelar quien lo hizo (persona que filtró el ROS al Ex Presidente Funes) y meterlo preso”
Ahora, el imputado Diego Escobar pretende salvarse, a través de inculpar al Sr. Acosta Oertel, por medio de un Dictamen Pericial de una extracción telefónica, que según la fuente consultada no da garantías de legalidad en cuanto a su realización pues la prueba estuvo fuera del control judicial y bajo resguardo de los Fiscales de la Unidad de Crimen Organizado (a cargo de Wil Walter Ruiz) quienes no pudieron acreditar la cadena de custodia de la evidencia; y que han utilizado diversos subterfugios para reproducir la misma prueba con alteraciones y adiciones en distintos procesos penales, uno de ellos el conocido como “Caso Corruptela” que se tramita en el Juzgado 4º de Instrucción, donde se ha solicitado la certificación.
De acuerdo a la fuente de información, en los pasillos judiciales se rumora que la estrategia de la defensa de Diego Escobar la está preparando junto al abogado Mario Calderón Castillo, un profesional a quienes distintos litigantes, colaboradores judiciales y Jueces consideran un sujeto antiético y quien presuntamente al conocer de las manipulaciones que los fiscales han realizado con la prueba pericial, por estar en permanente contacto con el expediente del caso corruptela, donde aparece como víctima, recomendó a Escobar inculpar al Sr. Mario Acosta Oertel. Así, el imputado Diego Escobar, estaría preparando un fraude procesal para sorprender al Juez 7º de Instrucción, utilizando la prueba ilícita de la Pericia, para exculparse y tratando dolosamente de vincular al Sr. Acosta Oertel en actos de corrupción con el Ex Fiscal Martínez.
Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.
Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.
#CRONIO Este día, el @FiscalGeneralSV ha dado un aviso importante para las víctimas del caso CREDICASH, en el cual, aseguró que los afectados serán contactados directamente por la institución para explicar el proceso de recuperación y devolución de sus fondos.
“Cuando iniciamos… pic.twitter.com/tqc127zjwg
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
#CRONIO Finalmente, el @FiscalGeneralSV reiteró el compromiso de la institución con cada una de las víctimas.
“Seguiremos investigando, procesando a los responsables y trabajando para que la justicia también se traduzca en resultados concretos para los afectados. Las víctimas… pic.twitter.com/c1VnQCQ6uP
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.
Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».
Del proceso y esquema de defraudación
Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.
En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.
«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.
Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.
El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
