Judicial
EX FISCAL DIEGO ESCOBAR, SE DEFIENDE EN CASO “ROS”; INVOLUCRANDO A MARIO ACOSTA OERTEL POR LLAMADAS TELEFÓNICAS CON EX FISCAL LUIS MARTÍNEZ
De acuerdo a una fuente relacionada con el Jefe de la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez: Ulises Marinero, que habló con reserva de identidad por temor a señalamientos y represalias, el Juez 7º de Instrucción de San Salvador: Miguel Ángel García Argüello, que está a cargo del juzgamiento del caso mediáticamente conocido como “Venta del ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas)” libró a fines de julio del presente año un oficio dirigido a la Jueza que está en funciones en el Juzgado 4º de instrucción, con el objetivo que le sea enviada la información obtenida en una Pericia de vaciado de datos del teléfono celular incautado al Ex Fiscal General Luis Martínez, particularmente de las comunicaciones entre Martínez y el Ex dirigente del Partido ARENA: Mario Acosta Oertel.
La solicitud surge de una petición como parte de su defensa, efectuada por el Ex Agente Fiscal: Diego Balmore Escobar, quien junto al Ex Presidente de la República: Mauricio Funes y el periodista costarricense-salvadoreño: Lafitte Fernández Rojas, han sido acusados por la Fiscalía por el delito de “Revelación de Hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial“ El proceso penal tiene reserva parcial.
El caso fue judicializado por medio de Requerimiento Fiscal librado por orden del Ex Fiscal General: Douglas Meléndez, a solo unos días que este dejara el cargo. Y se basó principalmente en una publicación efectuada por la Revista Factum, en la que se incluían audios, de una supuesta reunión suscitada entre los Ex Presidentes: Mauricio Funes y Tony Saca, durante el mes de octubre de 2013, en que habrían discutido la forma de contactar al entonces Fiscal: Diego Balmore, para obtener por su medio una copia del ROS. Con ese objetivo según la nota de prensa que fue utilizada como “nota criminal” contactaron a Lafitte Fernández quien se encargó de gestionar y obtenerlo.
Los acusados, han cuestionado la legitimidad y forma en que se filtraron los audios públicamente por medio del artículo elaborado por la Revista Factum, sobre todo por los señalamientos de distintos ex funcionarios y empleados de la Fiscalía que en su momento hicieron advertencias de posible manipulación de los procedimientos de intervención de telecomunicaciones y realización de escuchas sin autorización judicial, promovidas por el Ex Fiscal Meléndez y ejecutadas por el Ex Dirertor del Centro de Ecuchas: Froilán Coto y el Ex Jefe de Crimen Organizado: Wil Walter Ruiz. Además, al conocer que se había librado orden de detención en su contra, el periodista Lafitte Fernández, se pronunció a través de su cuenta de Facebook, manifestando que conocía quién y para qué fin se había creado la Revista Factum.
La divulgación pública del ROS, que la Fiscalía atribuye al Ex Presidente Funes, trajo repercuciones internacionales a El Salvador, especialmente por las sanciones que implicaron la exclusión del país de los beneficios que otorga pertenecer al GAFIC.
En una entrevista brindada por el Sr. Mario Acosta Oertel en el Programa Frente a Frente de TCS a fecha 2 de agosto de 2016, en réplica a señalamientos efectuados por el Ex Presidente Funes, que acusaba a Acosta Oertel de ser quien le había proporcionado el ROS, manifestó: “(…) está ya alguien que le está exigiendo al fiscal general que lo haga, ha presentado un juicio… Ha llegado el momento en que por el bien del país se aclare de una vez por todas… está la oportunidad histórica de revelar quien lo hizo (persona que filtró el ROS al Ex Presidente Funes) y meterlo preso”
Ahora, el imputado Diego Escobar pretende salvarse, a través de inculpar al Sr. Acosta Oertel, por medio de un Dictamen Pericial de una extracción telefónica, que según la fuente consultada no da garantías de legalidad en cuanto a su realización pues la prueba estuvo fuera del control judicial y bajo resguardo de los Fiscales de la Unidad de Crimen Organizado (a cargo de Wil Walter Ruiz) quienes no pudieron acreditar la cadena de custodia de la evidencia; y que han utilizado diversos subterfugios para reproducir la misma prueba con alteraciones y adiciones en distintos procesos penales, uno de ellos el conocido como “Caso Corruptela” que se tramita en el Juzgado 4º de Instrucción, donde se ha solicitado la certificación.
De acuerdo a la fuente de información, en los pasillos judiciales se rumora que la estrategia de la defensa de Diego Escobar la está preparando junto al abogado Mario Calderón Castillo, un profesional a quienes distintos litigantes, colaboradores judiciales y Jueces consideran un sujeto antiético y quien presuntamente al conocer de las manipulaciones que los fiscales han realizado con la prueba pericial, por estar en permanente contacto con el expediente del caso corruptela, donde aparece como víctima, recomendó a Escobar inculpar al Sr. Mario Acosta Oertel. Así, el imputado Diego Escobar, estaría preparando un fraude procesal para sorprender al Juez 7º de Instrucción, utilizando la prueba ilícita de la Pericia, para exculparse y tratando dolosamente de vincular al Sr. Acosta Oertel en actos de corrupción con el Ex Fiscal Martínez.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
