Judicial
Estafadores quedan libres al aceptar devolver $82 mil a empresa
El Juzgado de Paz de Nuevo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad condenó a Nelson Alejandro Bonilla Acosta, a tres años de prisión por el delito de estafa agravada y uso y tenencia de documentos falsos, sustituidos por trabajo de utilidad pública.
A Bonilla Acosta, se le otorgó el beneficio de procedimiento abreviado por el delito de estafa agravada luego que él admitió ante la juez que cometió el perjuicio económico a la empresa que denunció la estafa.
“Confieso el uso de documento falso para realizar el negocio -estafa- y recibir los cheques, uno en diciembre del año pasado y el otro el 17 de enero de 2022”, dijo Bonilla Acosta ante la juez, quien confirmó el beneficio y que con esa condena se subsume el delito de uso y tenencia de documentos falsos.
Junto a Bonilla Acosta, también fue procesado Yuri Omar Granados Pinto, quien logró un acuerdo conciliatorio con la empresa por un monto de $82,7555.41 dólares.
La víctima, una empresa dedicada a la logística y transporte de Nuevo Cuscatlán, denunció que entregó un monto que asciende a más $80,000.00 dólares como parte del pacto comercial para la importación de mercadería desde España y la compra de un vehículo en subasta; sin embargo ninguno de los dos negocios fueron cumplidos.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
