Judicial
Envían a prisión a mujer que creó una cuenta falsa en redes sociales para amenazar a fiscal
Claudia María Zepeda Castaneda fue enviada este día a prisión preventiva por el Juzgado 9° de Paz de San Salvador. La procesada enfrenta los cargos de hurto de identidad y amenazas con agravación especial a través de redes sociales en contra de una fiscal y una empleada judicial.
Según la relación de los hechos el día 11 de mayo de 2018, la señora Zepeda Castaneda realizó amenazas a través de la red social Facebook, a una fiscal y una empleada judicial.
La detenida amenazó con dañar la imagen y honor de las víctimas, sus familiares y amistades cercanas; dando un plazo de treinta días para hacerlas noticias de primera plana en los diferentes medios de comunicación.
Ante de la denuncia de las víctimas la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), inicia la investigación y por medio del uso de las técnicas avanzadas en materia de investigación de delitos informáticos y cibercrimen, se logra establecer que Zepeda Castaneda, hurtó la identidad por medio de un perfil falso y realizando amenazas en nombre de otra persona.
Zepeda Castaneda, enfrentará los cargos en la etapa de instrucción bajo la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos; el articulo 22, de dicha ley establece: “El que suplantare o se apropiare de la identidad de una persona natural o jurídica por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, será sancionada con prisión de tres a cinco años”.
Además el delito de amenazas con agravación especial establecido en el artículo 154 y 155 del Código Penal consigna: “El que amenazare a con producir a él o a su familia, un daño que constituyere delito, en sus personas, libertad, libertad sexual, honor o en su patrimonio, será sancionado con prisión de uno a tres años”, y con la calificación de agravación especial será de tres a seis años de cárcel.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
