Judicial
Condena de 25 años de cárcel para 6 miembros de estructura terrorista por homicidio en La Paz
Condena de 25 años de prisión deberá cumplir seis miembros de una estructura terrorista, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) logró comprobarles en juicio su participación directa en la muerte violenta de Elsy Antonio Lozano, ocurrido en el mes de noviembre de 2018.
El informe de la Unidad de Vida e integridad Física de la oficina Fiscal de Zacatecoluca describe que los implicados son Adán Alberto Merino Peña, José David Hernández Merino, Franklin Eduardo Rodas Ramos, Moisés Alejandro Vásquez López, Ronal Everts Hernández y Juan José Díaz Salinas.
Los seis delincuentes enfrentaron la vista pública ante el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, por el delito de Homicidio Agravado en perjuicio de Elsy Antonio Lozano, ocurrido el 7 de noviembre de 2018, en Lotificación Santa Cristina, del municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz.
El día de los hechos Elsy Antonio Lozano se encontraba en su casa de habitación cuando llegaron los ahora condenados a bordo de un vehículo del cual se bajaron con armas de fuego y dispararon contra la víctima, quien falleció en el lugar.
Durante el desarrollo de la audiencia, el 26 de enero de 2021, el fiscal del caso presentó abundantes elementos de prueba de tipo documental, pericial y testimonial; toda en su conjunto, logró demostrar de manera detallada las acciones que cada uno cometió al momento de atentar contra la víctima.
Al final del juicio, el juzgador dio validez al planteamiento fiscal y declaró la culpabilidad para los seis sujetos imponiéndoles la pena de 25 años de prisión para cada uno, por Homicidio Agravado delito previsto y sancionado en el artículo 129 del Código Penal.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
