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Expresidente del BCR, Carlos Acevedo, destaca los tres grandes aciertos económicos del Gobierno
Durante 2022, el Gobierno del presidente Nayib Bukele impulsó distintas iniciativas para hacer frente a los retos provocados por situaciones internacionales y destinó esfuerzos para resolver las deudas que dejaron las administraciones anteriores en materia económica. Para Carlos Acevedo, economista y presidente del Banco Central de Reserva (BCR) en los gobiernos del FMLN, el trabajo de la gestión de Nayib Bukele ha dado frutos, y destacó los tres grandes aciertos que ha tenido esta administración a lo largo del año.
El más relevante, según el exfuncionario, es la reactivación que han tenido los sectores productivos a raíz de la aplicación de la estrategia efectiva de seguridad denominada Plan Control Territorial. «El primero es el tema de seguridad. La reducción de los homicidios a casi cero es muy positiva para la reactivación de la economía. De 1 a 10, le pondría 9 a la gestión en esta materia», dijo.
Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), El Salvador cierra 2022 con más de 170 días sin homicidios, y durante toda la gestión de Nayib Bukele los días sin asesinatos son más de 260, cifras sin precedentes. Esto ha impulsado una mejora en varios sectores económicos. Además, durante 2022, la guerra contra las pandillas permitió capturar y llevar ante la justicia a más de 60,500 mareros y colaboradores, con lo cual se redujeron diversos delitos, principalmente homicidios y extorsiones en más del 95 %, según representantes de empresas, de distribuidores y de transportistas.
Esto ha impulsado una mejora en varios sectores económicos. Por ejemplo, de acuerdo con la Cámara Salvadoreña de la Valuación (CSV), el plan antipandillas ha propiciado un aumento de hasta 20 % en las solicitudes de avalúos de propiedades en las zonas que la banca consideraba rojas. ADECUADA GESTIÓN DE TRIBUTOS Y DEUDA Asimismo, el economista indicó que el segundo punto a favor del actual Gobierno es la gestión fiscal, especialmente en el manejo de pasivos y la recaudación fiscal. «La número dos es la gestión fiscal, sobre todo la gestión de pasivos, gestión de deuda y la administración y gestión tributaria. Creo que el ministro [Alejandro] Zelaya está haciendo un excelente trabajo en estos temas, teniendo en cuenta que se heredó una situación complicadísima, con la pandemia y con la situación internacional», destacó.
«La carga tributaria creo que va a volver a estar arriba del 20 % del PIB en este año, por segunda vez en la historia. El Salvador tiene la probabilidad de volver a ser el líder en América Latina en recaudación. De 1 a 10 yo le pondría 9 a la gestión tributaria», dice Acevedo. pic.twitter.com/Xe9lLQAWOj
— Diario El Salvador (@elsalvador) December 30, 2022
En este apartado, Acevedo elogió las dos recompras de bonos, las cuales dejaron $288 millones en ahorro para las arcas del Estado, y las calificó como «exitosas», e incluso aseveró que han ayudado a la reducción del riesgo-país. Además, consideró que la carga tributaria podría volver a estar arriba del 20 % del PIB en este año, por segunda vez en la historia, teniendo en cuenta que hasta el cierre de noviembre ya se habían superado en $300 millones las proyecciones de recaudación fiscal que tenía Hacienda para todo el año.
«Creo que El Salvador tiene la probabilidad de volver a ser el líder en Latinoamérica en recaudación. Del 1 al 10, yo le pondría 9 a la gestión tributaria», manifestó.
MEJORA DEL SISTEMA PREVISIONAL
Por último, el expresidente del BCR aseveró que las consideraciones de la nueva reforma de pensiones hacen que el sistema previsional ahora sea «mejor» que lo que se tenía en años anteriores. «La reforma de pensiones me parece mejor de lo que teníamos.
Consideraría que la reforma es el tercero de los logros más importantes en materia económica en este año. Del 1 al 10, yo le pongo 8 a la reforma de pensiones», aseguró. «Me parece bien el aumento de la pensión mínima a $400, el recorte de las pensiones vip, el aumento de 30 % en general y la reducción de la comisión del 1.9 % de las AFP [administradoras de fondos de pensiones]», agregó. Especialmente en el tema de la comisión de las AFP, el experto dijo que está en desacuerdo con las voces que señalan que esta reforma continúa beneficiando a estas compañías, pues la legislación reduce las ganancias que obtenían de los seguros.
«Hay gente que dice que se les ha aumentado la comisión a las AFP; técnicamente sí, pero ellos tenían un negocio con combo, de administración y seguro. Reducir de 1.9 % a 1 % sí les afecta», manifestó.
En declaraciones anteriores, el exfuncionario ya había señalado que las empresas administradoras cobraron alrededor de $2,700 millones en comisión y seguros desde que se creó el sistema que las involucró hasta la fecha.
«Eso [cifra de cobro de comisión de las AFP] es más o menos del 20 % de todo lo cotizado. Es decir, el 20 % de lo cotizado ha ido a parar a los bolsillos de las AFP», dijo a finales de noviembre.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
