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Esto dijo el Presidente Bukele sobre resolución de la Sala por decreto 661: «Es inconsecuente y un acto político»
El presidente de la República, Nayib Bukele, criticó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia haya resuelto a favor de la Asamblea Legislativa el decreto 661 de la “Ley especial de emergencia por la pandemia Covid-19, atención integral de la vida, la salud y la reapertura económica” el cual establece, entre otras cosas, el inicio de operaciones del transporte público el 7 de junio.
Para el mandatario, lo dispuesto por la Sala es “un contrasentido” por avalar un decreto –que ordena al Ejecutivo sancionarlo– que se deberá publicar en el Diario Oficial con retrasos en la programación de las fases de la reapertura económica.
“¿Declaran constitucional el decreto legislativo que abría el transporte público el 7 de junio? ¿Qué hacemos? ¿Retrocedemos el tiempo?”, fueron los cuestionamientos del mandatario sobre la resolución.
Las fases de la reapertura económica, y por consiguiente el inicio de operaciones del transporte público, fueron pospuestas en dos ocasiones ante el incremento de casos positivos de Covid-19.
Fue el ministro de Salud, Francisco Alabí, quien informó que las condiciones no estaban dadas para la reapertura de la segunda fase ante el incremento de contagios en el país.
Hace unas semanas, la Sala emitió una sentencia que dejó sin efecto el decreto Ejecutivo 33 –que establecía protocolos para la reapertura– y ordenó que sus alcances iban a tener efecto hasta el 23 de agosto, por lo que al siguiente día la reapertura sería total. Esta decisión fue criticada por el Gobierno alegando la exposición al virus a la que estaría los ciudadanos.
Para el presidente Bukele, el 661 ahora solo es “un decreto inconsecuente y un acto político”.
La Asamblea Legislativa será quien haga las reformas pertinentes al decreto para que sean consecuentes los tiempos actuales a los desfasados en el documento.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 57 votos, la ley para el fomento de la expansión de las inversiones, que brinda dos beneficios fiscales a las empresas que ya operan en el país por más de una década y que amplíen su inversión y producción.
Dicha normativa beneficia a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que incrementen sus inversiones con más de $1 millón.
Para ello, el decreto establece una tabla de porcentajes de deducción del impuesto sobre la renta (ISR), calculados sobre la inversión a realizar, de manera que las empresas que consideren invertir entre $1 millón y $10 millones tendrán una deducción del
10 % del ISR; las que inviertan más de $10 millones hasta $20 millones, el 20%; y a las que inviertan más de $20 millones se les deducirá el 30 %.
Este beneficio fiscal podrá ser utilizado en un plazo de 10 años a partir de obtenida la calificación.
Además, el marco legal aprobado por el congreso beneficia a las empresas con la exoneración del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces en aquellos inmuebles que sean adquiridos para la expansión.
El requisito a cumplir es que los beneficiarios utilicen el bien en un plazo mínimo de cinco años y conservarlo en propiedad en ese mismo plazo
Algunos de los requisitos que deberán cumplir los interesados son comprobar la antigüedad de sus operaciones, no estar amparados a otras leyes que brindan incentivos fiscales, presentar la calificación Invest y no tener obligaciones pendientes con Hacienda.
Los beneficiarios no podrán sustituir activos o reducir las operaciones con las que inician el proceso.
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Tribunales han condenado en enero a 17 extranjeros por traficar más de tres toneladas de cocaína
Entre el 12 y 13 de enero, dos tribunales de sentencia de San Salvador condenaron a 17 extranjeros a quienes la Marina Nacional interceptó en alta mar con grandes cargamentos de cocaína.
La droga incautada entre marzo y julio de 2024, ascendió a 3,032 kilogramos valuados en $76,017,000, según las experticias que hizo la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Desde que fueron detenidos en procedimientos efectuados por equipos de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT), el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura ordenó que en los dos expedientes, los mexicanos, guatemaltecos y ecuatorianos sorprendidos transportando la cocaína en lanchas, quedaran en detención.
Cuando los procesos pasaron a juzgados de instrucción de la capital, se ratificó la medida cautelar de prisión y se ordenó que enfrentaran juicios por el delito de tráfico ilícito.
Al realizarse las vistas públicas, fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico acreditaron que los extranjeros participaron en el transporte de la cocaína que procedía desde Suramérica y que el destino final era Estados Unidos.
El pasado lunes, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, condenó a 15 años de cárcel a tres guatemaltecos y seis ecuatorianos detenidos el 19 de marzo de 2024 con 1,482 kg de cocaína valuados en $37,050.000.
Los traficantes de nacionalidad ecuatoriana encontrados responsables por ese caso son: Antony Alexander Castro Mantuano, Jairo Leonardo Lucas Hernández, Víctor Hugo Masillas Castro, Carlos Roberto Cedeño Arsentales, Limber Fabricio Ceballos Loor y Oscar Hernán Mero Sembrán, así como los guatemaltecos Néstor Stiven García Abauta, José Alberto Linares Méndez y Erick Hipólito Centeros Alcántara.
Los extranjeros fueron interceptados por la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) a 490 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo en el Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz, con el cargamento de droga.
Mientras que el martes, el Tribunal Cuarto de Sentencia de la capital, condenó a 14 años de prisión a seis mexicanos y dos ecuatorianos, arrestados con 1,550 kilos de cocaína valuados en $38,967,000.
Los responsables en ese caso son: Vicente Teodoro Vélez García y Jimmy Efrén Bravo Villegas de nacionalidad ecuatoriana, así como los mexicanos, Lisandro Hernández García, Agustín Girón Domínguez, Marcos Agreda Villegas, Santiago López Gutiérrez, Ider Camacho Luján y Jonathan Bartolo Ortiz. A los últimos tres también les impusieron otros tres años por posesión y tenencia; cumplirán en total, 17 años de prisión.
La Marina Nacional los ubicó el 19 de julio 2024, a 445 millas náuticas (824 kilómetros) al sur del estero de Jaltepeque, San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Manuel Rafael Ávalos, por el delito de feminicidio agravado.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente.
En el juicio se estableció que Ávalos fue contratado por la víctima, relación laboral que le permitió generar un vínculo de confianza, conocer sus rutinas y tener acceso a la vivienda familiar. Asimismo, se determinó que Ávalos acosaba de forma reiterada a la víctima mediante llamadas telefónicas, en las que expresaba pretensiones sentimentales que ella rechazó de manera firme.
El 25 de agosto de 2024, la víctima recibió una llamada en la que indicó su ubicación y, en horas de la madrugada del día siguiente, su cuerpo fue localizado sin vida con múltiples lesiones causadas con arma blanca.
El ministerio público detalló que, en el desfile probatorio acreditó que Ávalos realizó la última llamada atendida por la víctima y que estuvo en la zona donde se cometió el hecho. Además, en una declaración previa, el condenado indicó el lugar, donde había enterrado el arma utilizada en el feminicidio.
En otro caso relacionado, en octubre del año pasado, José German Portillo Martínez fue condenado a 18 años de prisión por intento de feminicidio agravado.
El crimen se registró el 13 de septiembre del año 2024, en el distrito de Aguilares, San Salvador Norte, departamento de San Salvador.
Según la investigación fiscal, la víctima tenía medidas de protección y German Portillo se acercó a ella para agredirla con un corvo en una de las calles principales de Aguilares y la agresión fue captada por cámaras de vigilancia de la zona, el cual se viralizó en redes sociales.
Las autoridades actuaron inmediatamente y lograron detener al imputado en el periodo de flagrancia.
