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FOTOS – Escuadrón de francotiradores combatirán a las pandillas en El Salvador
Esta mañana las autoridades de la Policía Nacional Civil, entregaron un lote de 5 fusiles Colt LE 901 a la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP) o fuerzas especiales Jaguares.
El fusil está considerado para uso de francotiradores ó sniper en misiones críticas y de alto riesgo, tales como toma de rehenes, liberación de secuestrados, combate al terrorismo, combate de montaña y combate urbano, afirmó un especialista en armas.
La nueva dotación de armas especializadas proveerá mayores capacidades de combate al momento de enfrentamiento con delincuentes, así como evitar daños a población civil, debido a que con las miras telescópicas se permitirá identificar a los delincuentes a grandes distancias, manifestó un experto de armas consultados por Diario Digital Cronio.
La carabina semiautomática modular Colt LE901 es un desarrollo reciente de la famosa empresa de armas americanas Colt.
Está construido para uso civil y la aplicación de la ley, para proporcionar tiradores con arma que tiene ergonomía y manejo familiares estilo AR-15, pero se puede convertir fácilmente entre dos calibres de rifle más populares – 7,62x51mm / .308 Winchester y 5,56x45mm / .223 Remington.
La opción de calibre 7,62 mm ofrece un mayor alcance y mejor eficacia de terminal a costa de mayor peso, más pronunciado retroceso y menos capacidad de municiones (normalmente 10 o 20 cartuchos).
Una pareja fue sorprendida la noche de este viernes realizando actos indebidos en las inmediaciones del centro comercial Metrocentro, en San Salvador.
Según la denuncia difundida en redes sociales, el hecho ocurrió en un horario de alta afluencia, cuando numerosas personas transitaban por la zona tras salir de cenas, actividades religiosas y reuniones familiares.
La situación generó múltiples reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales comentaron el incidente con referencias al próximo concierto de Shakira programado para este sábado. No obstante, el suceso provocó molestia e indignación entre quienes se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido.
Un menor de edad falleció y al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En el percance estuvieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y un camión, lo que provocó la restricción parcial del paso vehicular en la zona.
Según el reporte oficial, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado su condición de salud.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
