Nacionales
Emiten Alerta Verde para Chinameca, San Rafael Oriente y San Jorge, por incremento de actividad del Chaparrastique
La Dirección General de Protección Civil emitió este domingo Alerta Verde para los municipios de Chinameca, San Rafael Oriente y San Jorge, ampliando el perímetro de seguridad de 3 a 6 kilómetros alrededor del cráter central.
Basado en el informe especial número 14 del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se mantiene la advertencia el resto de los municipios de los departamentos de San Miguel y Usulután.
El informe indica que “el volcán de San Miguel evoluciona en su actividad iniciando una fase eruptiva de intensidad 1, generando explosiones de mayor intensidad y altura a través de su cráter central; expulsión de rocas calientes en los alrededores del cráter debido a las explosiones; columnas de gases, vapor de agua y cenizas visibles que varían en altura y que hasta la fecha han alcanzado una altura máxima observadas que superan los 1,100 metros, aproximadamente”.
Además, se han presentado vibraciones en laderas que pueden generar caídas de rocas que son inestables, tanto desde el interior de cráter como de sus alrededores.
Las autoridades han instruido a las comisiones departamentales de Protección Civil de San Miguel y Usulután; y municipales de San Miguel y los municipios en mención, mantener estricto monitoreo de la zona de prohibición de actividades agrícolas, turísticas y de otra índole.
Se amplió el perímetro de seguridad “a fin de que podamos intensificar cada una de las acciones de prevención que hemos venido desarrollando desde el pasado 15 de noviembre, cuando inició el proceso de desgasificación del volcán”, subrayó el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.
Desde el inicio de la actividad del volcán Chaparrastique, la cual, según vulcanólogos del MARN es similar a la registrada del 30 de marzo al 5 de abril de 1970, se restringió el paso en ese sector, así como la actividad agrícola y el turismo.
Asimismo, anticipándose a una explosión mayor, en la que se deba evacuar a los pobladores de la zona, el Gobierno ha habilitado 26 albergues en zonas estratégicas de los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán.
El Ministerios de Salud (MINSAL) y Ministerio de Educación (MINED) llevan a cabo jornadas de fumigación en diversos centros escolares del país con el fin de combatir al zancudo Aedes aegypti, principal transmisor del dengue. Además, distribuyen abate para tratar pilas y barriles con agua en las escuelas y evitar la proliferación del mosquito.
El dengue es una enfermedad viral que puede causar síntomas severos en los niños, como dolor muscular, en los ojos, articulaciones y huesos, así como sarpullido, fiebre, vómitos y dolor de cabeza.
El Gobierno enfatiza la importancia de estas acciones preventivas en las escuelas, pero también hace un llamado a las familias para mantener medidas en los hogares, como no dejar recipientes con agua destapada, usar mosquiteros y repelentes, y colocar abate en pilas y barriles.
Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, entre el 1 de enero y la primera semana de julio de 2025, El Salvador ha registrado 146 casos de dengue, 258 de neumonía, 25,845 infecciones respiratorias agudas y 4,224 casos de diarrea y gastroenteritis.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este miércoles 17 de julio el hallazgo de las osamentas del profesor Enrique Peña Aguilar, de 59 años, quien desapareció el 16 de abril en la zona alta del volcán Chinchontepec, en San Vicente.
El rescate fue posible gracias a la labor conjunta de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), Policía Nacional Civil (PNC) y Cuerpo de Bomberos, que utilizaron equipos especializados en rapel para acceder a esta área de difícil terreno.
La FGR detalló que se realizarán estudios forenses para determinar la causa de la muerte.
Peña Aguilar, conocido como «Kike», era un apasionado del senderismo y trabajaba como docente en el Centro Escolar Jule Gálvez, en Santiago Nonualco, tras haber sido profesor en el Instituto Nacional José Simeón Cañas de Zacatecoluca.
Las autoridades iniciaron la búsqueda inmediatamente tras la denuncia de su desaparición, empleando tecnología avanzada como drones, unidades caninas y la colaboración de guías locales para cubrir minuciosamente la zona con registro GPS.
Se informó además que la madre del profesor, Mercedes, falleció debido al impacto emocional causado por la desaparición de su hijo.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
