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Elecciones este próximo 4 de marzo contara con 23,000 policías y 13,000 militares para brindar mayor seguridad
El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, aseguró que se pondrán a disposición 23,000 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con 13,000 miembros de la Fuerza Armada de El salvador (FAES) para garantizar seguridad en las próximas elecciones del 4 de marzo.
Las autoridades ofrecieron una conferencia en la que aseguraron que el objetivo primordial es garantizar la libertad y tranquilidad de los ciudadanos al momento de emitir el voto para en la contienda electoral, por ello presentaron el Plan de Seguridad Elecciones 2018.
Este consiste en dar seguridad a todos los centros electorales, las Juntas Receptoras de Votos (JRV), observadores internacionales, sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y miembros del TSE, además de la colocación de controles de tránsito en las cercanías de los cetros de votación, todo esto sin descuidar las labores diarias como el sistema de emergencias del 911.
El comisionado Cotto declaró que la PNC se encuentra lista y agregó que en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) se estará brindando de manera permanente o cuando la situación lo amerite, conferencias de prensa sobre el tema de seguridad a lo largo del día.
En la presentación estuvo el Magistrado Presidente del TSE, Julio Olivo, quien recordó que ya no se puede hacer propaganda política y aseguró que la logística de transporte para el traslado de equipos y recolección de actas está garantizada porque se corrigieron los errores de logística que se presentaron en la prueba que se realizó el 18 de febrero.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
