El Juzgado 4° de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Sandra Yanira Acosta Castillo, de 26 años de edad; Susana Beatriz Alarcón, de 29 años; y, Walter Reyneris González Contreras, de 34 años, acusados de uso y tenencia de documentos falsos, falsedad material, estafa agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la fe y la paz pública, subsidiariamente en perjuicio de varias personas y dos sociedades.

Según el ministerio público fiscal estas personas junto a tres imputados ausentes forman parte de una estructura delictiva, donde está involucrado el ex fiscal Sergio Melar; dicha estructura se dedicaban a localizar inmuebles de gran plusvalía, sacaban información de sus propietarios y posteriormente realizaban la compraventa de esos inmuebles, utilizando hojas de protocolo y el sello de notario falsos, así como la firma del otorgante (vendedor) y la firma del notario.

En el requerimiento detallan cuatro casos, la denuncia del primero fue interpuesta el 9 de enero del año 2018. Una de las víctimas se enteró que habían hecho cambios a su inmueble (el cual no lo tenía habitado), y al preguntar al Registro de Propiedad le informaron que había presentado, para la inscripción, una escritura de compraventa del inmueble de fecha 5 de agosto de 2010 a favor de la imputada Sandra Acosta por un valor de 7 mil dólares. Pero víctima manifestó que nunca había vendido el inmueble y que éste además está valorado en 400 mil dólares. 

La misma escritura fue presentada el 13 de diciembre de 2017 al Registro de Propiedad de la Primera Sección del Centro por la imputada Susana Alarcón, pero fue observada. Y en enero de 2018 Sandra solicitó al Registro de Propiedad Raíz e Hipoteca el retiro de la compraventa.

En el segundo caso, el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca notificó al representante legal, de otra víctima, que dos inmuebles presentaban observaciones de una compraventa realizada el 5 de febrero del año 2018, a favor de Sandra por la cantidad de 25 mil dólares. Y como el propietario no había realizado dicha venta se interpuso la denuncia el 22 de marzo de 2018.

El tercer caso, el apoderado de otra víctima fue al Centro Nacional de Registro con la finalidad de verificar que los inmuebles de su representado estuvieran libres de gravamen, y se enteró que dos compraventas (las cuales no habían realizado) presentaban observaciones e interpusieron la denuncia el 23 de mayo de 2018. Y el cuatro caso es por la compraventa (falsa) de tres inmuebles vendidos por un monto de 28 mil 500 dólares cada uno.

Las imputadas ya habían sido presentadas al Juzgado 2° de Paz por otro caso en donde se les acusaba de falsedad ideológica y uso y tenencia de documentos falsos. El imputado también lleva otro proceso en el Juzgado 4° de Paz por el delito de uso y tenencia de documentos falsos.