Judicial
Detención contra imputados relacionados a ex fiscal Sergio Melgar acusados de uso y tenencia de documentos falsos, falsedad material, estafa agravada y agrupaciones ilícitas
El Juzgado 4° de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Sandra Yanira Acosta Castillo, de 26 años de edad; Susana Beatriz Alarcón, de 29 años; y, Walter Reyneris González Contreras, de 34 años, acusados de uso y tenencia de documentos falsos, falsedad material, estafa agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la fe y la paz pública, subsidiariamente en perjuicio de varias personas y dos sociedades.
Según el ministerio público fiscal estas personas junto a tres imputados ausentes forman parte de una estructura delictiva, donde está involucrado el ex fiscal Sergio Melar; dicha estructura se dedicaban a localizar inmuebles de gran plusvalía, sacaban información de sus propietarios y posteriormente realizaban la compraventa de esos inmuebles, utilizando hojas de protocolo y el sello de notario falsos, así como la firma del otorgante (vendedor) y la firma del notario.
En el requerimiento detallan cuatro casos, la denuncia del primero fue interpuesta el 9 de enero del año 2018. Una de las víctimas se enteró que habían hecho cambios a su inmueble (el cual no lo tenía habitado), y al preguntar al Registro de Propiedad le informaron que había presentado, para la inscripción, una escritura de compraventa del inmueble de fecha 5 de agosto de 2010 a favor de la imputada Sandra Acosta por un valor de 7 mil dólares. Pero víctima manifestó que nunca había vendido el inmueble y que éste además está valorado en 400 mil dólares.
La misma escritura fue presentada el 13 de diciembre de 2017 al Registro de Propiedad de la Primera Sección del Centro por la imputada Susana Alarcón, pero fue observada. Y en enero de 2018 Sandra solicitó al Registro de Propiedad Raíz e Hipoteca el retiro de la compraventa.
En el segundo caso, el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca notificó al representante legal, de otra víctima, que dos inmuebles presentaban observaciones de una compraventa realizada el 5 de febrero del año 2018, a favor de Sandra por la cantidad de 25 mil dólares. Y como el propietario no había realizado dicha venta se interpuso la denuncia el 22 de marzo de 2018.
El tercer caso, el apoderado de otra víctima fue al Centro Nacional de Registro con la finalidad de verificar que los inmuebles de su representado estuvieran libres de gravamen, y se enteró que dos compraventas (las cuales no habían realizado) presentaban observaciones e interpusieron la denuncia el 23 de mayo de 2018. Y el cuatro caso es por la compraventa (falsa) de tres inmuebles vendidos por un monto de 28 mil 500 dólares cada uno.
Las imputadas ya habían sido presentadas al Juzgado 2° de Paz por otro caso en donde se les acusaba de falsedad ideológica y uso y tenencia de documentos falsos. El imputado también lleva otro proceso en el Juzgado 4° de Paz por el delito de uso y tenencia de documentos falsos.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
