Judicial
Detención contra imputados relacionados a ex fiscal Sergio Melgar acusados de uso y tenencia de documentos falsos, falsedad material, estafa agravada y agrupaciones ilícitas
El Juzgado 4° de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Sandra Yanira Acosta Castillo, de 26 años de edad; Susana Beatriz Alarcón, de 29 años; y, Walter Reyneris González Contreras, de 34 años, acusados de uso y tenencia de documentos falsos, falsedad material, estafa agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la fe y la paz pública, subsidiariamente en perjuicio de varias personas y dos sociedades.
Según el ministerio público fiscal estas personas junto a tres imputados ausentes forman parte de una estructura delictiva, donde está involucrado el ex fiscal Sergio Melar; dicha estructura se dedicaban a localizar inmuebles de gran plusvalía, sacaban información de sus propietarios y posteriormente realizaban la compraventa de esos inmuebles, utilizando hojas de protocolo y el sello de notario falsos, así como la firma del otorgante (vendedor) y la firma del notario.
En el requerimiento detallan cuatro casos, la denuncia del primero fue interpuesta el 9 de enero del año 2018. Una de las víctimas se enteró que habían hecho cambios a su inmueble (el cual no lo tenía habitado), y al preguntar al Registro de Propiedad le informaron que había presentado, para la inscripción, una escritura de compraventa del inmueble de fecha 5 de agosto de 2010 a favor de la imputada Sandra Acosta por un valor de 7 mil dólares. Pero víctima manifestó que nunca había vendido el inmueble y que éste además está valorado en 400 mil dólares.
La misma escritura fue presentada el 13 de diciembre de 2017 al Registro de Propiedad de la Primera Sección del Centro por la imputada Susana Alarcón, pero fue observada. Y en enero de 2018 Sandra solicitó al Registro de Propiedad Raíz e Hipoteca el retiro de la compraventa.
En el segundo caso, el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca notificó al representante legal, de otra víctima, que dos inmuebles presentaban observaciones de una compraventa realizada el 5 de febrero del año 2018, a favor de Sandra por la cantidad de 25 mil dólares. Y como el propietario no había realizado dicha venta se interpuso la denuncia el 22 de marzo de 2018.
El tercer caso, el apoderado de otra víctima fue al Centro Nacional de Registro con la finalidad de verificar que los inmuebles de su representado estuvieran libres de gravamen, y se enteró que dos compraventas (las cuales no habían realizado) presentaban observaciones e interpusieron la denuncia el 23 de mayo de 2018. Y el cuatro caso es por la compraventa (falsa) de tres inmuebles vendidos por un monto de 28 mil 500 dólares cada uno.
Las imputadas ya habían sido presentadas al Juzgado 2° de Paz por otro caso en donde se les acusaba de falsedad ideológica y uso y tenencia de documentos falsos. El imputado también lleva otro proceso en el Juzgado 4° de Paz por el delito de uso y tenencia de documentos falsos.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
