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Condena de Jorge Nieto, exministro del MOP, genera debate entre empresario Javier Simán y Raúl Melera, fiscal general
“Yo creo en la inocencia de Jorge Nieto. El ha sido un funcionario público honrado y ejemplar, un caso politizado por Funes y compañía. Y la FGR sin valor de reconocerlo por miedo de lo que digan. Pero Dios ve todo y sabe todo”.
Con esas palabras se refrió el empresario Javier Simán a la condena de 12 años de prisión que recibió el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto el pasado viernes, y de paso, aprovechó para cuestionar el trabajo del ente fiscal y de su titular Raúl Melara.
La crítica Simán no tardó en surtir efecto en mandamás de la Fiscalía General de la República, quien le contestó por medio de su cuenta oficial de Twitter.
“Perdón, @FGR_SV sin valor de reconocer qué? Javier, aquí no es cuestión si tú o yo, a nivel personal, creemos en la inocencia de alguien. Se debe probar. La @FGR_SV presenta argumentos y los jueces deciden. Eres Abogado y sabes que así funciona el Estado de Derecho”, expresó Melara.
Sin embargo, y como era de esperarse, el comentario de Raúl Melera tuvo su respuesta por parte de Simán.
“Discúlpeme fiscal. La inocencia no se prueba. Se presume. Es la garantía constitucional de presunción de inocencia. Usted debería saberlo. Es el fiscal”, cuestionó el también ex candidato a la presidencia del partido ARENA.
Los dimes y diretes entre Javier Simán y Raúl Melara parten luego que el Tribunal Quinto de Sentencia condenó Jorge Nieto a 12 años de prisión por delitos de corrupción en el caso denominado Diego de Holguín.
Al extitular del MOP también le fue impuesto el pago de $12. 9 millones en concepto de responsabilidad civil por irregularidades en construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín (ahora Monseñor Romero).
El caso fue retomado el 24 de mayo de 2010, cuando el entonces ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, llegó a la FGR con documentación que daba cuenta de uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años que involucraba a David Gutiérrez y Jorge Nieto, ambos ministros de Obras Públicas durante la administración de Elías Antonio Saca.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
