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Comisionada Recinos pide a los nuevos alcaldes a no usar el FODES como caja chica, como lo hacen los actuales de ARENA y FMLN
El país tiene una nueva configuración política, no solo en la Asamblea Legislativa sino en la mayoría de los concejos municipales a escala nacional que posiciona al partido Nuevas Ideas como la primera fuerza política del país.
La comisionada Presidencial para operaciones y gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, aprovechó esta coyuntura para hacer un llamado a los nuevos alcaldes electos, para dejar atrás la vieja forma de hacer política en los municipios y utilizar los fondos FODES para proyectos de desarrollo.
“Esperamos que con esta nueva dinámica la población se motive a pagar sus impuestos, pero también las municipalidades deben ordenarse y no utilizar el FODES como cajas chicas”, señaló la funcionaria.
La comisionada Recinos además reiteró que el atraso en el pago del FODES no ha sido por un antojo del Ejecutivo sino porque el gasto se tuvo que priorizar durante la emergencia sanitaria.
“La entrega del FODES no es un tema de capricho, las finanzas del país se vieron afectadas por la pandemia y la ley obliga al ministro de Hacienda a priorizar el gasto”, aclaró.
Para la funcionaria, la presencia de alcaldes de Nuevas Ideas a escala nacional reforzará el trabajo que se realiza desde el Ejecutivo, pues el mismo mandatario conoce de primera mano la importancia del desarrollo local.
“Él (presidente Bukele) ha sido alcalde de dos ciudades y las transformó. Las municipalidades serán una parte esencial del trabajo y desarrollo del Gobierno”, finalizó.
La jueza dos del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, alias Caballo, por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, fue condenado a 180 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De igual forma, Miriam Elizabeth Gutiérrez, alias La Miriam, recibió una pena de 109 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En total, otras 44 personas fueron sentenciadas con penas que van desde tres hasta 94 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, todos forman parte de la hengla Sexta Quebranta Huesos Locos Sureños, perteneciente a la pandilla 18 Sureños, que operaba en diversos sectores de San Salvador Centro.
Entre los condenados se encuentran cuatro líderes de la clica, entre ellos:
•José David Ayala Renderos, alias Morro, corredor de cancha de las canchas Modelo 2 y 3.
•Alias Caballo, como corredor de tribu.
•Hugo Armando Chávez Murcia y Jonathan Ernesto Hernández Vides, alias Yoster, ambos palabreros de la estructura.
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
