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Azucareros reportan baja en extorsiones tras régimen de excepción
Los resultados del régimen de Excepción implementado desde el pasado 27 de marzo por el Gobierno en su lucha contra las pandillas han sido positivos, valoró recientemente el presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES), Mario Salaverría.
«Con el programa que está desarrollando el Gobierno hay bastante seguridad en el campo, ya no tenemos los problemas de extorsiones, amenazas y delincuencia […] Las medidas que ha impulsado el Gobierno han tenido un impacto positivo en todo el sector productivo. Realmente se ha logrado disminuir la situación de inseguridad», aseguró.
Destacó especialmente que en este año no han tenido reportes de extorsiones, que durante mucho tiempo fue un problema latente en los campos azucareros.
Asimismo, Salaverría mencionó que la Policía Rural de la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene una constante vigilancia en las comunidades donde se encuentran los cultivos de caña. Esto permite que los trabajadores se sientan seguros y favorece a los niveles de producción.
Las declaraciones dadas por Salavarría van en concordancia a las presentadas en meses anteriores por los representantes de la Asociación de Productores de Caña en la Región Paracentral (Aprocarpa), quienes destacaron que las acciones realizadas para desarticular a las pandillas han permitido que sus miembros dejen de pagar dinero a los grupos de pandillas que los mantenían amenazados.
Los dirigentes de Aprocarpa aseguraron que ahora, sin el acecho de los grupos delincuenciales, también podrán experimentar con otros métodos de producción que les dejen mejores ganancias o les sean más convenientes, como la zafra verde.
Además, según la AAES, entre otras acciones que ha tomado el Gobierno, a través del Viceministerio de Transporte (VMT), es dar seguridad al proceso de zafra que inició el 21 de noviembre donde diariamente se encuentran los dispositivos de control al transporte de carga en las carreteras.
El trabajo realizado por el Gobierno, permite verificar que en los camiones la caña esté bien cortada para evitar que se caiga en el camino, a la vez se busca que no exista un exceso de peso que pueda generar algún accidente en la carretera.
El régimen de excepción implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha generado resultados en la dinamización de otras actividades económicas que se veían afectadas por la presencia de grupos delincuenciales.
Por ejemplo, el sector de bienes raíces ha sido uno de los rubros que se ha visto directamente beneficiado, ya que durante muchos años los salvadoreños no podían adquirir o vender inmuebles en zonas que eran catalogadas como rojas por los niveles de criminalidad.
Mauricio Gutiérrez, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Valuación (CSV) explicó que a raíz de los operativos del Gobierno han visto una mejora en la situación, pues los peritos valuadores ahora pueden ingresar a más lugares sin ningún riesgo.
En el mismo sentido, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Eduardo Cáder, consideró que el régimen de excepción implementado por el Gobierno ha favorecido las operaciones empresariales y que ahora los distribuidores ya no pagan extorsiones para entrar a las comunidades.
Se espera un cielo poco nublado durante todo el día, con nubosidad concentrada en las cercanías de las cordilleras volcánicas. No se prevén lluvias. y
El viento predominará del noreste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h, con la posibilidad de ráfagas de hasta 30 a 40 km/h durante la tarde y la noche en las zonas oriental y paracentral.
El ambiente continuará muy cálido durante el día y fresco por la noche.
Estas condiciones se deben al flujo del este acelerado, que predomina sobre el Caribe y la región centroamericana.
El Tribunal Quinto de Sentencia finalizó el juicio que la Fiscalía General de la República le promueve al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios, acusados de retener y apropiarse de $5,492,588.48 de cuotas laborales.
Al dar por cerrados los debates, los jueces convocaron a fiscales y defensores para dar a conocer el fallo, el próximo viernes 21 de febrero a las 9:00 de la mañana.
La Fiscalía General de la República ratificó la solicitud de una sentencia condenatoria para los cuatro imputados.
Para el exalcalde han pedido una condena de 22 años por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Al extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, el ministerio público pretende que se le impongan 20 años por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.
En el caso de Francisco José Rivera Chacón, acusado de apropiación indebida de retenciones tributarias, los fiscales solicitaron 16 años y 14 años para el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González.
Son señalados de afectar a 45 trabajadores de la municipalidad, para lo cual presentaron testigos quienes dijeron que hubo constantes pedidos de desembolsos de fondos para pagar cuotas previsionales y de crédito que los empleados tenían en bancos, pero nunca se hizo la transferencia, pese a que se retuvo los descuentos en las planillas.
Por violar y agredir sexualmente a una niña desde que tenía 8 años de edad, Jorge Alberto Alfaro Merino recibió 42 años con 6 meses de prisión. Los abusos los cometió desde el 2010 al 2016 en la jurisdicción de Sacacoyo, La Libertad Oeste.
Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alfaro Merino era vecino y pareja de la madre de la víctima.
Desde el 2010, Merino ingresaba por las noches al cuarto de habitación de la menor, mientras todos dormían y aprovechaba esos espacios para tocarla; posteriormente, cuando la víctima tenía 12 años de edad, el imputado comenzó a violarla cada sábado en momentos que la madre salía de casa a trabajar. El imputado ingresaba a casa y tomaba a la menor por la fuerza.
Cuando la joven cumplió 14 años de edad y a pesar de las amenazas a muerte si contaba sobre los abusos, la víctima decidió marcharse de la casa y buscó refugio con su padre.
Tras 7 años de convivencia con su padre, la victima se armó de valor y decidió denunciar al imputado.
Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se estableció la participación del imputado en los abusos. Merino fue sentenciado a 16 años de cárcel por agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada, y 26 años y 6 meses más por violación en menor e incapaz en modalidad continuada. Totalizando 42 años y 6 meses que el imputado estará en una prisión.
Además de la condena de cárcel impuesta en presencia del imputado, el juez le ordenó el pago de $500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
