Nacionales
Azucareros reportan baja en extorsiones tras régimen de excepción
Los resultados del régimen de Excepción implementado desde el pasado 27 de marzo por el Gobierno en su lucha contra las pandillas han sido positivos, valoró recientemente el presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES), Mario Salaverría.
«Con el programa que está desarrollando el Gobierno hay bastante seguridad en el campo, ya no tenemos los problemas de extorsiones, amenazas y delincuencia […] Las medidas que ha impulsado el Gobierno han tenido un impacto positivo en todo el sector productivo. Realmente se ha logrado disminuir la situación de inseguridad», aseguró.
Destacó especialmente que en este año no han tenido reportes de extorsiones, que durante mucho tiempo fue un problema latente en los campos azucareros.
Asimismo, Salaverría mencionó que la Policía Rural de la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene una constante vigilancia en las comunidades donde se encuentran los cultivos de caña. Esto permite que los trabajadores se sientan seguros y favorece a los niveles de producción.
Las declaraciones dadas por Salavarría van en concordancia a las presentadas en meses anteriores por los representantes de la Asociación de Productores de Caña en la Región Paracentral (Aprocarpa), quienes destacaron que las acciones realizadas para desarticular a las pandillas han permitido que sus miembros dejen de pagar dinero a los grupos de pandillas que los mantenían amenazados.
Los dirigentes de Aprocarpa aseguraron que ahora, sin el acecho de los grupos delincuenciales, también podrán experimentar con otros métodos de producción que les dejen mejores ganancias o les sean más convenientes, como la zafra verde.
Además, según la AAES, entre otras acciones que ha tomado el Gobierno, a través del Viceministerio de Transporte (VMT), es dar seguridad al proceso de zafra que inició el 21 de noviembre donde diariamente se encuentran los dispositivos de control al transporte de carga en las carreteras.
El trabajo realizado por el Gobierno, permite verificar que en los camiones la caña esté bien cortada para evitar que se caiga en el camino, a la vez se busca que no exista un exceso de peso que pueda generar algún accidente en la carretera.
El régimen de excepción implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha generado resultados en la dinamización de otras actividades económicas que se veían afectadas por la presencia de grupos delincuenciales.
Por ejemplo, el sector de bienes raíces ha sido uno de los rubros que se ha visto directamente beneficiado, ya que durante muchos años los salvadoreños no podían adquirir o vender inmuebles en zonas que eran catalogadas como rojas por los niveles de criminalidad.
Mauricio Gutiérrez, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Valuación (CSV) explicó que a raíz de los operativos del Gobierno han visto una mejora en la situación, pues los peritos valuadores ahora pueden ingresar a más lugares sin ningún riesgo.
En el mismo sentido, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Eduardo Cáder, consideró que el régimen de excepción implementado por el Gobierno ha favorecido las operaciones empresariales y que ahora los distribuidores ya no pagan extorsiones para entrar a las comunidades.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este mediodía en Tecoluca, departamento de San Vicente, cuando dos vehículos particulares colisionaron en una de las carreteras más transitadas de la zona, según informaron las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para procesar la escena y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.
De manera preliminar, se presume que la excesiva velocidad habría sido una de las causas del percance. Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas o fallecidas.
La vela de un motociclista que falleció ayer lunes en un accidente sobre la carretera que de El Rosario conduce a Jujutla, en Ahuachapán, fue interrumpida por el pastor José Alberto Serrano, de la Iglesia Pentecostal Unida en Copinulapa.
De acuerdo con familiares de la víctima, el líder religioso se molestó porque feligreses de otra congregación solicitaron realizar un culto adicional al fallecido dentro del templo. Ante ello, el pastor expresó que “con un culto bastaba” y, en un momento de ira, ordenó suspender la vela.
Los asistentes tuvieron que sacar el ataúd bajo la lluvia y trasladarlo a una vivienda cercana, facilitada por un vecino, mientras cubrían el féretro con sacos. La situación ha generado indignación en la comunidad por la actitud del pastor.
La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada del hecho y acudió al lugar para intervenir.
Nacionales
Autoridades destruyen más de 10 toneladas de cigarrillos decomisados en el marco del Plan Anticontrabando
El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa combatiendo las estructuras criminales que afectan las finanzas públicas a través del contrabando. Este martes, las autoridades informaron sobre la destrucción de 7,618,040 unidades de cigarrillos, equivalentes a 10.28 toneladas, con un valor aproximado de 2.1 millones de dólares en impuestos, almacenaje y multas.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Jerson Posada; el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga; y el fiscal adjunto para la Defensa de los Intereses del Estado, Jonathan Mata. Posada enfatizó que la acción envía “un mensaje claro y firme: en el nuevo El Salvador el crimen no tiene espacio y la ley se respeta”.
La destrucción de los cigarrillos se llevó a cabo en la planta Geocycle, en Metapán, Santa Ana, mediante un proceso ambientalmente seguro.
Esta medida forma parte del Plan Anticontrabando liderado por la Dirección General de Aduanas, que ha permitido importantes decomisos en puntos fronterizos no habilitados y rutas fiscales.
Según Posada, el comercio ilícito de cigarrillos daña a consumidores, comercios legales e industrias establecidas, además de desestabilizar los mercados y generar competencia desleal. La Dirección General de Aduanas continuará ejecutando operativos en coordinación con la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República para prevenir y combatir el contrabando y otros ilícitos aduaneros.
