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Asesinato de Weder Meléndez y orden de atentar contra dos concejales, fueron planeados desde la alcaldía de San Salvador, según ministro de Trabajo, Rolando Castro
El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, reveló detalles del expediente de
investigación que elaboró la entidad para documentar el homicidio del dirigente sindical, Weder Meléndez, el cual será presentado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el que se establece que la orden de asesinar al dirigente sindical fue dada por autoridades de la alcaldía de San Salvador.
El expediente que también será compartido con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) también recabó reunión que tuvo director de la municipalidad con un presunto miembro de una estructura terrorista.
“Todo indica que bajo el expediente, una investigación exhaustiva, que el asesintato de Weder Meléndez fue dado por una orden directa de las autoridades de la alcaldía de San Salvador”, aseveró el ministro Rolando Castro.
El funcionario destacó que la entidad que preside también mantiene investigaciones abiertas por los asesinatos del sindicalista Gilberto Sosa (2004), otro dirigente sindical de Santa Ana y un vendedor que fue muerto por enfrentamientos con el Cuerpo de Agentes Municipales de la alcaldía de Santa Tecla, en las que participó e instruyó directamente al CAM, el actual Alcalde Roberto D’aubuisson.
de los directores de la municipalidad. “Hubo una reunión con un alto delincuente del país, perfilado por la policía como alto mando de una pandilla del distrito cuatro con el señor Juan Carlos Montes, donde incluso estaban pagando parte del encargo asignado, así lo contempla el proceso de investigación”, expuso Castro en una entrevista televisiva.
El ministro Rolando Castro sostiene que tras las elecciones ha recibido varias denuncias donde se destaca el apoyo al aparato logístico de estructuras delincuenciales, que deben Montes y el actual alcalde, Ernesto Muyshondt. “Si no tuviera evidencias de lo que digo no lo estuviera mencionando”. apuntó
DESDE ALCALDÍA SE ORDENÓ ASESINAR A DOS CONCEJALES.
El ministro Castro también expuso que otro de los encargos emitidos por las autoridades de la alcaldía de
San Salvador era de asesinar a dos concejales, una mujer y un hombre, por no votar a favor de las peticiones del alcalde.
“Salió en esa reunión con ese pandillero, le estaban dando otro encargo. Tomaron la decisión de asesinar a dos concejales de la alcaldía de San Salvador, a una incluso le dieron persecución por la carretera del Litoral, que viene de Zacatecoluca. Ellos no votaban por lo solicitado del alcalde”, agregó el funcionario.
Además, el ministro Castro ratificó los señalamientos contra el alcalde Muyshondt por la retención de cuotas laborales de los trabajadores de la municipalidad, que han sido afectados por dos años. “Utilizó fondos del erario público para financiar su campaña, sustrajo fondos públicos para otro tipo de cosas, ha sido denunciado en la fiscalía, que ha actuado muy tibia contra el alcalde”, finalizó el ministro Castro.
Una pareja fue sorprendida la noche de este viernes realizando actos indebidos en las inmediaciones del centro comercial Metrocentro, en San Salvador.
Según la denuncia difundida en redes sociales, el hecho ocurrió en un horario de alta afluencia, cuando numerosas personas transitaban por la zona tras salir de cenas, actividades religiosas y reuniones familiares.
La situación generó múltiples reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales comentaron el incidente con referencias al próximo concierto de Shakira programado para este sábado. No obstante, el suceso provocó molestia e indignación entre quienes se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido.
Un menor de edad falleció y al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En el percance estuvieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y un camión, lo que provocó la restricción parcial del paso vehicular en la zona.
Según el reporte oficial, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado su condición de salud.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
