Nacionales
Asesinato de Weder Meléndez y orden de atentar contra dos concejales, fueron planeados desde la alcaldía de San Salvador, según ministro de Trabajo, Rolando Castro
El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, reveló detalles del expediente de
investigación que elaboró la entidad para documentar el homicidio del dirigente sindical, Weder Meléndez, el cual será presentado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el que se establece que la orden de asesinar al dirigente sindical fue dada por autoridades de la alcaldía de San Salvador.
El expediente que también será compartido con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) también recabó reunión que tuvo director de la municipalidad con un presunto miembro de una estructura terrorista.
“Todo indica que bajo el expediente, una investigación exhaustiva, que el asesintato de Weder Meléndez fue dado por una orden directa de las autoridades de la alcaldía de San Salvador”, aseveró el ministro Rolando Castro.
El funcionario destacó que la entidad que preside también mantiene investigaciones abiertas por los asesinatos del sindicalista Gilberto Sosa (2004), otro dirigente sindical de Santa Ana y un vendedor que fue muerto por enfrentamientos con el Cuerpo de Agentes Municipales de la alcaldía de Santa Tecla, en las que participó e instruyó directamente al CAM, el actual Alcalde Roberto D’aubuisson.
de los directores de la municipalidad. “Hubo una reunión con un alto delincuente del país, perfilado por la policía como alto mando de una pandilla del distrito cuatro con el señor Juan Carlos Montes, donde incluso estaban pagando parte del encargo asignado, así lo contempla el proceso de investigación”, expuso Castro en una entrevista televisiva.
El ministro Rolando Castro sostiene que tras las elecciones ha recibido varias denuncias donde se destaca el apoyo al aparato logístico de estructuras delincuenciales, que deben Montes y el actual alcalde, Ernesto Muyshondt. “Si no tuviera evidencias de lo que digo no lo estuviera mencionando”. apuntó
DESDE ALCALDÍA SE ORDENÓ ASESINAR A DOS CONCEJALES.
El ministro Castro también expuso que otro de los encargos emitidos por las autoridades de la alcaldía de
San Salvador era de asesinar a dos concejales, una mujer y un hombre, por no votar a favor de las peticiones del alcalde.
“Salió en esa reunión con ese pandillero, le estaban dando otro encargo. Tomaron la decisión de asesinar a dos concejales de la alcaldía de San Salvador, a una incluso le dieron persecución por la carretera del Litoral, que viene de Zacatecoluca. Ellos no votaban por lo solicitado del alcalde”, agregó el funcionario.
Además, el ministro Castro ratificó los señalamientos contra el alcalde Muyshondt por la retención de cuotas laborales de los trabajadores de la municipalidad, que han sido afectados por dos años. “Utilizó fondos del erario público para financiar su campaña, sustrajo fondos públicos para otro tipo de cosas, ha sido denunciado en la fiscalía, que ha actuado muy tibia contra el alcalde”, finalizó el ministro Castro.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, llegó esta noche hasta el Centro Escolar El Congo, en el distrito del mismo nombre de Santa Ana Este, para verificar la matrícula de la modalidad flexible y supervisar la entrega de paquetes escolares que por primera vez reciben los estudiantes de este sector, que realizan sus estudios en horarios nocturnos.
Para este año, este centro educativo registra una matrícula de 83 estudiantes en los niveles desde primero a noveno grado, en su mayoría jóvenes y adultos, lo que representa un incremento en el número de estudiantes bajo esta modalidad comparado al año pasado.
La ministra destacó que con la entrega de los paquetes, el gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza el beneficio para todos los estudiantes del sector público, ya que los estudiantes de esta modalidad recibirán el mismo paquete, con excepción de los uniformes, que recibe el resto de estudiantes en modalidad normal
La ministra Trigueros señaló además que los paquetes representan un incentivo importante para la continuidad de los estudiantes de esta modalidad, que ahora cuentan con herramientas esenciales para avanzar en sus estudios, como las tablets y laptops que se incluyen en el paquete, además de todo el material educativo, que usarán en sus estudios
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio al importador de lácteos William Giovany Cruz Molina, por defraudar al fisco con un monto de $1,702,451.46, según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República.
El imputado quien tiene la calidad de ausente ante el juez de la causa, comenzó a ser investigado por el ministerio público, luego que el 3 de febrero de 2022, recibiera un informe del director y subdirector de Impuestos Internos informando que tras un procedimiento de fiscalización del impuesto sobre la renta correspondiente al 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, habían detectado irregularidades en la declaración presentada por Cruz Molina.
En la fiscalización, los auditores determinaron que el contribuyente del impuesto sobre la renta defraudó al fisco al haber declarado información falsa y ocultar documentos necesarios para la determinación de las obligaciones de pago.
Según la fiscalización de la administración tributaria, el 25 de marzo de 2019, en un formulario declaró cero valores, pero en la misma fecha modificó esa declaración de impuesto sobre la renta para reportar un valor por $1.62, tomándose de esa manera como la última declaración.
En ese formulario el imputado incluyó información falsa ya que no declaró operaciones por rentas gravadas por un monto de $4,591,245.12, de los cuales comprende rentas gravadas por compras no registradas por un valor de $3,108,281.82 proveniente de la compra de queso morolique de origen nicaragüense según declaraciones de mercancías.
También detectaron rentas gravadas no declaradas originadas de incremento patrimonial no justificado por depósitos en cuentas bancarias por un valor de $1,482,963.30.
Ese dinero depositado en dos cuentas en un banco, no fue justificado, Cruz Molina, pese a que le requirieron que detallara el origen de los fondos, no presentó la documentación. Hacienda le pidió comprobante de crédito fiscal o facturas de consumidor final al cual corresponde cada uno de los depósitos, pero no accedió.
Por todos esos hechos, la Fiscalía ordenó la detención el 30 de noviembre de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC), lo ubicó y fue puesto a la orden de un juzgado donde le decretaron medidas, pero a la audiencia preliminar ya no se presentó.
Principal
Capturados durante el régimen de excepción son condenados hasta con 60 años por ser pandilleros
En San Salvador, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, impuso hasta 60 años de prisión a 57 terroristas de la Mara Salvatrucha de Chalatenango, en el inicio de un expediente colectivo iniciado contra cientos de integrantes de esa estructura que durante los próximos dos años, serán llevados ante el juez dos de esa sede para enfrentar la audiencia única abierta.
Los mareros de la estructura Hollywood que delinquía en varios distritos de ese departamento enfrentaron los delitos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, tenencia o conducción ilegal de arma de fuego, así como posesión y tenencia de drogas.
Según la Fiscalía General de la República, entres los condenados hay homeboys y colaboradores, quienes consumaron los delitos ejerciendo funciones que la jerarquía superior de la pandilla les asignó.
Los perfiles criminales elaborados por agentes especializados en investigación de estructuras terroristas, sirvió para ilutar al juez que durante años formaron parte de la célula criminal Hollywood.
La mayor condena fue para Carlos Antonio Chacón, alias «Discreto», por agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Vladimir Antonio Guzmán Olmedo, alias «Drogo» y Edwin Giovanni Benítez Orellana, alias «Little Spi», recibieron 45 años por agrupaciones ilícitas, ambos eran cabecillas dentro de la pandilla.
Otros 54 mareros fueron condenados a penas que van de 15 a 30 años de prisión por los delitos de organizaciones terroristas, posesión y tenencia de droga, así como agrupaciones ilícitas.
En el fallo el juez dijo que para emitir la condena tuvo acceso a prueba que demostró la participación criminal colectiva e individual. Por ejemplo, los tatuajes eran más que evidentes para concluir que son miembros activos de la MS, además colectivamente se dedicaban a trasladar droga y estaban bajo el mando de cabecillas de esa organización delictiva.
Hubo también herramientas especiales de investigación, entre ellas escuchas telefónicas y perfiles delincuenciales que científicamente probó que la pertenencia a la Mara Salvatrucha.
En enero de 2026, más de seis condenas de estructuras han sido emitidas por los tribunales contra el crimen organizado que abrieron audiencias únicas para comenzar a depurar los expedientes de aquellos pandilleros que según informes de la Fiscalía ya estaban listos para ser enjuiciados.
Una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado que la Asamblea Legislativa aprobó en el 2025, ordena a los jueces habilitar audiencias únicas abierta, en contra de estructuras de pandillas acusados de agrupaciones ilícitas y delitos conexos.
En El Salvador, esta es una estrategia que el Ministerio de Justicia y Seguridad propuso junto a la Fiscalía General de la República para agilizar y depurar los expedientes iniciados la segunda semana de abril de 2022, luego de instaurarse el régimen de excepción, el 27 de marzo de ese año y que ha sido prorrogado en 47 ocasiones.
Entre el 1 16 de enero, dos tribunales contra el Crimen Organizado de San Salvador y uno de Santa Ana, han iniciado audiencias únicas abiertas y hasta han dictado condenas de hasta más de 100 años para terroristas que cometieron homicidios, privaron de libertad y desaparecieron personas. También como un delito de crimen organizado han condenado en esos expedientes masivos por el delito de extorsión agravada.
