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Alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, se niega a revelar el pago que hace a Teclaseo con fondos municipales
El abogado Edgar Francisco Lemus Vásquez denunció que la Unidad de Acceso a la Información Pública de la alcaldía de Santa Tecla le denegó la solicitud de información del contrato que el alcalde firmó con una empresa colombiana para privatizar el servicio de recolección de la basura.
Según el abogado, el alcalde Roberto d´Aubuisson firmó un contrato con una empresa colombiana para crear la sociedad de economía mixta llamada “Teclaseo” y de esa forma privatizar el servicio de recolección de la basura en el citado municipio.
Según la resolución que Lemus recibió de la Unidad esa información es «reservada», según el índice de reserva del mes de enero del 2019, pese a que los fondos utilizados para tal fin son fondos obtenidos de las tasas municipales.
La alcaldía tiene una importante flota de vehículos e inmuebles, que fueron adquiridos con dinero producto del pago de las tasas municipales de los tecleños y según el profesional de las Leyes, los habitantes tienen derecho a conocer bajo qué condiciones el concejo firmó el acuerdo comercial.
Información extraoficial reveló días atrás que el concejo de Santa Tecla habría comprometido a la alacaldía a asociarse con la empresa colombiana por un período de 24 años, y en condiciones que no especificadas.
Dicha información ha despertado las sospechas de los habitantes que ahora se acentúan con la inclusión de dicho contrato en la “información reservada”.
Con todo lo anterior, el abogado Lemus Vásquez cuestiona “¿por qué no acepta transparentar? ¿qué esconde (el alcalde)?, ¿Existen miembros de la cúpula de ARENA en la directiva de Teclaseo?»
El abogado señala que para llevar a cabo la privatización del servicio de recolección de basura, el alcalde d´Aubuisson despidió a 187 trabajadores de la unidad de recolección de desechos.
Aunque instancias judiciales le han ordenado el reinstalo se negó a reubicarlos.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
