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2022, el año con menos homicidios en la historia salvadoreña
La seguridad y salvaguardar la vida de los salvadoreños han sido parte de los ejes principales del Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ha logrado, a través de la implementación de las estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción, bajar el promedio diario de hasta 30 homicidios durante los gobiernos de ARENA y del FMLN a menos de dos homicidios por día en 2022.
El pasado 15 de diciembre, tras un nuevo día sin asesinatos, el presidente Bukele afirmó que El Salvador ya es el país más seguro de Latinoamérica.
«El Salvador es ya irrefutablemente el país más seguro de Latinoamérica. Es increíble pensar que hasta hace unos años éramos el país más peligroso del mundo. Un buen Gobierno da resultados, un mal Gobierno da excusas. ¡Dios con nosotros!», publicó el mandatario en Twitter.
La opinión del presidente fue compartida por el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, quien aseguró que 2022 cerraría con una tasa de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, una cifra que posicionaría a El Salvador como el país más seguro del continente.
«En El Salvador, lo proyectado para este año serán 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nosotros queremos llegar a que eso sea lo más bajo; de hecho, en el continente ya estamos encaminándonos a ser el país más seguro», apuntó Merino Monroy.
Dicha cifra contrasta mucho con la de 2015, el año más violento de la historia salvadoreña. En ese año fueron asesinadas 6,650 personas, la tasa de homicidios alcanzó los 105 por cada 100,000 habitantes en todo el país (ver gráfico).
Desde el 1.º de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, las autoridades reportaron un total de 176 días con cero homicidios a escala nacional; de ellos, 169 fueron logrados en los nueve meses de régimen de excepción.
Durante el régimen de seguridad también se lograron los dos meses con más días sin asesinatos en 201 años de historia (julio y agosto, que cerraron con 21 días con cero homicidios cada uno).
Estos fueron seguidos por octubre y noviembre, que finalizaron cada uno con 20 días sin muertes a causa de la violencia a escala nacional.
Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) reflejan que en todo noviembre solo hubo 13 homicidios, convirtiéndose en el noviembre más seguro de toda la historia de El Salvador en comparación con los noviembres de años anteriores.
En el undécimo mes de 2022, las autoridades reportaron que el máximo de homicidios por día fue de dos casos, mientras que en 2018 eran ocho crímenes diarios; en 2015, el año más violento de El Salvador, en todo noviembre hubo 449 asesinatos.
Entre mayo y diciembre de 2022, las autoridades alcanzaron ocho períodos con al menos siete días consecutivos sin asesinatos en todo el país.
La primera semana completa sin homicidios fue reportada entre el 14 y el 20 de mayo; en julio se registraron ocho días consecutivos (del 16 al 23); el período más largo de días consecutivos sin muertes a causa de la violencia (10 días) fue logrado entre el 10 y el 19 de agosto.
Otros siete días fueron reportados entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre; entre el 7 y el 13 de septiembre se alcanzaron siete días consecutivos más con cero homicidios; del 18 al 25 de octubre se registraron ocho días consecutivos; entre el 6 y el 12 de noviembre hubo otra semana completa sin muertes a causa de la violencia, mientras que el último período con siete días consecutivos sin asesinatos fue logrado entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.
La drástica disminución de homicidios se debe, en gran medida, al trabajo conjunto de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y el Ministerio de Seguridad, instituciones que, de acuerdo con la última encuesta hecha por «La Prensa Gráfica» (medio de la oposición), son las mejor evaluadas por la población salvadoreña.
De acuerdo con la encuesta, la Fuerza Armada tiene un 89.9 % de aprobación de la población, la Policía cuenta con un 85.3 % y el Ministerio de Seguridad tiene un 85.2 %. La confianza por parte de la población hacia las instituciones ha crecido gracias a los planes de seguridad impulsados por el Gobierno.
Durante todo el año, la PNC mantuvo la efectividad para resolver los delitos; entre ellos, homicidios y feminicidios, y ha comenzado 2023 con la misma dinámica, ya que ayer, en tiempo récord, detuvo en Cojutepeque, Cuscatlán, a Juan Carlos de la Cruz, luego de haber asesinado a su compañera de vida. La detención fue en el término de la flagrancia, antes de que huyera.
«El crimen se dio tras una discusión la madrugada de este domingo, 1.º de enero. Será remitido a la @FGR_SV para que responda ante la justicia», publicó la Policía luego de la detención.
El hecho, catalogado por el Código Penal como un feminicidio, tiene una sanción de hasta 50 años en prisión. Ocurrió en un mesón ubicado en la 3.ª calle oriente y avenida General Brioso, de Cojutepeque. La víctima fue identificada como Abigaíl Nolasco.
Tres mujeres se desmayaron al interior del cementerio Santa Isabel, en el distrito de Santa Ana, según informaron voceros de Cruz Azul Salvadoreña.
De acuerdo con la institución de socorro, una de las afectadas es una menor de 17 años, mientras que las otras dos mujeres tienen 18 y 65 años de edad.
Socorristas de Cruz Azul Salvadoreña brindaron primeros auxilios a las tres mujeres en el lugar y posteriormente las trasladaron al hospital más cercano para recibir atención médica.
Los voceros añadieron que dos de las víctimas fueron llevadas al centro asistencial aún en estado inconsciente.
Nacionales
Atención: ANDA prevé interrupciones temporales en el servicio de agua potable en Usulután Este
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que el servicio de agua potable se verá afectado temporalmente en varios sectores del distrito de Concepción Batres, municipio de Usulután Este, debido a labores de mantenimiento programadas por la distribuidora eléctrica.
La interrupción está prevista para mañana, domingo 21 de junio, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Durante ese período, el sistema de distribución de agua potable podría presentar afectaciones mientras se ejecutan los trabajos en la red eléctrica.
Las zonas que podrían experimentar inconvenientes en el suministro son los barrios El Calvario, Candelaria, El Centro, La Parroquia y San Antonio. Asimismo, la medida afectará al caserío Santa Lucía, la colonia El Progreso y la lotificación El Paraisal II.
ANDA explicó que la afectación está vinculada directamente a la suspensión temporal del servicio eléctrico, indispensable para el funcionamiento de los sistemas de bombeo y distribución de agua potable.
La institución indicó que, una vez sea restablecido el suministro de energía eléctrica, los sistemas retomarán su operación habitual.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que la empresa donde ocurrió el accidente laboral que dejó un trabajador fallecido ya había sido inspeccionada previamente por la institución debido a incumplimientos en materia de seguridad ocupacional.
Según el funcionario, durante visitas anteriores se detectó que la compañía no contaba con un comité de seguridad y que las observaciones realizadas por los técnicos del Ministerio de Trabajo no fueron atendidas. “Además de las recomendaciones que brindamos con nuestros técnicos, ninguna cumplieron”, señaló.
Castro lamentó la muerte del trabajador y advirtió que la empresa deberá responder por las irregularidades encontradas. “Hoy lamentamos la pérdida de vidas humanas. Van a tener que indemnizar a sus familias y también tendrán que responder todos los hallazgos encontrados”, sostuvo.
El accidente ocurrió en una obra de construcción ubicada en la colonia Villas de San Rafael, sector del puente El Trébol, en Santa Ana, donde un derrumbe de tierra dejó soterrados a dos trabajadores.
Equipos de socorro lograron rescatar con vida a uno de ellos, quien fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, la segunda víctima fue encontrada sin signos vitales durante las labores de búsqueda.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del colapso. La obra está vinculada a la empresa AYM Ingenieros, la cual formará parte de las investigaciones para establecer si existieron incumplimientos en las medidas de seguridad ocupacional que pudieron influir en el accidente.
Las autoridades buscan determinar las responsabilidades correspondientes tras la muerte del trabajador.
