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2022, el año con menos homicidios en la historia salvadoreña
La seguridad y salvaguardar la vida de los salvadoreños han sido parte de los ejes principales del Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ha logrado, a través de la implementación de las estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción, bajar el promedio diario de hasta 30 homicidios durante los gobiernos de ARENA y del FMLN a menos de dos homicidios por día en 2022.
El pasado 15 de diciembre, tras un nuevo día sin asesinatos, el presidente Bukele afirmó que El Salvador ya es el país más seguro de Latinoamérica.
«El Salvador es ya irrefutablemente el país más seguro de Latinoamérica. Es increíble pensar que hasta hace unos años éramos el país más peligroso del mundo. Un buen Gobierno da resultados, un mal Gobierno da excusas. ¡Dios con nosotros!», publicó el mandatario en Twitter.
La opinión del presidente fue compartida por el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, quien aseguró que 2022 cerraría con una tasa de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, una cifra que posicionaría a El Salvador como el país más seguro del continente.
«En El Salvador, lo proyectado para este año serán 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nosotros queremos llegar a que eso sea lo más bajo; de hecho, en el continente ya estamos encaminándonos a ser el país más seguro», apuntó Merino Monroy.
Dicha cifra contrasta mucho con la de 2015, el año más violento de la historia salvadoreña. En ese año fueron asesinadas 6,650 personas, la tasa de homicidios alcanzó los 105 por cada 100,000 habitantes en todo el país (ver gráfico).
Desde el 1.º de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, las autoridades reportaron un total de 176 días con cero homicidios a escala nacional; de ellos, 169 fueron logrados en los nueve meses de régimen de excepción.
Durante el régimen de seguridad también se lograron los dos meses con más días sin asesinatos en 201 años de historia (julio y agosto, que cerraron con 21 días con cero homicidios cada uno).
Estos fueron seguidos por octubre y noviembre, que finalizaron cada uno con 20 días sin muertes a causa de la violencia a escala nacional.
Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) reflejan que en todo noviembre solo hubo 13 homicidios, convirtiéndose en el noviembre más seguro de toda la historia de El Salvador en comparación con los noviembres de años anteriores.
En el undécimo mes de 2022, las autoridades reportaron que el máximo de homicidios por día fue de dos casos, mientras que en 2018 eran ocho crímenes diarios; en 2015, el año más violento de El Salvador, en todo noviembre hubo 449 asesinatos.
Entre mayo y diciembre de 2022, las autoridades alcanzaron ocho períodos con al menos siete días consecutivos sin asesinatos en todo el país.
La primera semana completa sin homicidios fue reportada entre el 14 y el 20 de mayo; en julio se registraron ocho días consecutivos (del 16 al 23); el período más largo de días consecutivos sin muertes a causa de la violencia (10 días) fue logrado entre el 10 y el 19 de agosto.
Otros siete días fueron reportados entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre; entre el 7 y el 13 de septiembre se alcanzaron siete días consecutivos más con cero homicidios; del 18 al 25 de octubre se registraron ocho días consecutivos; entre el 6 y el 12 de noviembre hubo otra semana completa sin muertes a causa de la violencia, mientras que el último período con siete días consecutivos sin asesinatos fue logrado entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.
La drástica disminución de homicidios se debe, en gran medida, al trabajo conjunto de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y el Ministerio de Seguridad, instituciones que, de acuerdo con la última encuesta hecha por «La Prensa Gráfica» (medio de la oposición), son las mejor evaluadas por la población salvadoreña.
De acuerdo con la encuesta, la Fuerza Armada tiene un 89.9 % de aprobación de la población, la Policía cuenta con un 85.3 % y el Ministerio de Seguridad tiene un 85.2 %. La confianza por parte de la población hacia las instituciones ha crecido gracias a los planes de seguridad impulsados por el Gobierno.
Durante todo el año, la PNC mantuvo la efectividad para resolver los delitos; entre ellos, homicidios y feminicidios, y ha comenzado 2023 con la misma dinámica, ya que ayer, en tiempo récord, detuvo en Cojutepeque, Cuscatlán, a Juan Carlos de la Cruz, luego de haber asesinado a su compañera de vida. La detención fue en el término de la flagrancia, antes de que huyera.
«El crimen se dio tras una discusión la madrugada de este domingo, 1.º de enero. Será remitido a la @FGR_SV para que responda ante la justicia», publicó la Policía luego de la detención.
El hecho, catalogado por el Código Penal como un feminicidio, tiene una sanción de hasta 50 años en prisión. Ocurrió en un mesón ubicado en la 3.ª calle oriente y avenida General Brioso, de Cojutepeque. La víctima fue identificada como Abigaíl Nolasco.
Principal
Despliegan inspectores de la Defensoría del Consumidor en la víspera de la celebración del Día de las madres
Esta mañana, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, encabezó un operativo de verificación en el centro comercial Metrosur de San Salvador, con el fin de validad precios y promociones de artículos alusivos al Día de la madres.
«El Día de las madres es una importante celebración y es así como nuestra institución realiza un despliegue para defender los derechos de los consumidores», comentó Salazar.
El funcionario detalló en porcentajes el comportamiento de los consumidores para esta fecha, teniendo a la base los resultados de la encuesta sobre hábitos y preferencias de consumo de los salvadoreños para esta fecha. (https://www.defensoria.gob.sv/recientes/defensoria-del-consumidor-revela-que-salvadorenos-priorizan-comidas-en-casa-por-el-dia-de-la-madre/)
«Más del 80 % de los salvadoreños manifiesta que celebrará esta fecha, un 47 % indicó que lo harán en sus casas y un 27 % en algún restaurante», indicó. Agregó que más del 30 % realizarán compras vinculadas a arreglos florales, prendas de vestir, pasteles, perfumes, entre otros productos; y un 69 % hará esta actividad en centros comerciales.
«La principal recomendación que nosotros damos a todos los consumidores es que realicen las compras debidamente informados de los términos y condiciones; además, que consulten en el caso de las compras en línea las características de los productos», amplió.
Otra recomendación es guardar los comprobantes de compra ante cualquier situación que se pueda presentar respecto a la garantía, calidad e incumplimiento de entrega de los productos.
Para mayor información, el presidente de la Defensoría comunicó que en las redes sociales de la institución se publicarán los precios de productos como pasteles y arreglos florales.
Denuncias o irregularidades
La Defensoría del Consumidor exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad, incumplimiento de ofertas o promociones, así como posibles abusos en los precios. Como parte de este esfuerzo, la institución habilitó puntos de atención en centros comerciales, en los siguientes horarios y lugares: el 8 de mayo en Metrosur, San Salvador, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.; en Metrocentro, San Miguel Centro, de 10:30 a.m. a 3:30 p.m.; y en Metrocentro, Santa Ana Centro, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., donde se brindará información, asesoría y recepción de denuncias.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador envió a juicio a Jannette del Carmen Villatoro de Ramírez, de 51 años, acusada del delito de falsedad ideológica.
«En agosto de 2014, la víctima intentó gestionar un crédito hipotecario sobre su vivienda y se enteró que la propiedad ya registraba dos escrituras en las que el inmueble había sido otorgado como garantía de pago», indicó el fiscal del caso.
En dichas escrituras aparecen dos personas distintas otorgando préstamos a favor de Villatoro de Ramírez, quien presuntamente habría tramitado los créditos utilizando los documentos personales de la víctima y la escritura de propiedad. Asimismo, habría acudido acompañada de un hombre que se hizo pasar por la propietaria y firmó los documentos correspondientes.
«Una pericia posterior realizada por la Fiscalía determinó que la firma plasmada en los documentos no correspondía a la propietaria. Además, aunque los documentos utilizados para los trámites eran verdaderos, contenían declaraciones contrarias a la realidad, ya que la víctima no habría estado presente durante el procedimiento», detalló el fiscal.
La Mara Salvatrucha intentó, en varios casos, desvincularse de crímenes cometidos por sus 230 clicas [células territoriales] y, para despistar a las fuerzas de seguridad, dejaba carteles sobre los cadáveres atribuyendo los hechos al grupo de exterminio La Sombra Negra.
Ese grupo clandestino, que operó en El Salvador en la década de los 90 y principios de los 2000, estuvo integrado por policías, militares y civiles. Los pandilleros quisieron hacer ver a las autoridades que ellos no tenían que ver con esos homicidios para que ningún terrorista de la estructura fuera investigado y capturado.
Toda es información fue obtenida mediante la herramienta de la intervención a las telecomunicaciones que jueces avalaron y ejercieron función jurisdiccional sobre esa técnica especializa de investigación.
Todo ese accionar y modos operandi de los gatilleros [homicidas de las pandillas] fue avalado por la cúpula de la Mara Salvatrucha integrada por 22 fundadores o ranfleros históricos que están siendo enjuiciados en la audiencia única abierta, junto a otros 464 cabecillas de los 232 programas [estructura jerárquica superior] dirigidas por corredores [cabecillas de alto rango].
Otras de las evidencias presentadas por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, son varios videos extraídos del teléfono celular decomisado a un corredor de programa, donde se observan torturas y ejecuciones de personas.
Con el material audiovisual se evidencia que la Mara Salvatrucha utilizó como principal método la decapitación de las víctimas, previas torturas. Tras ser decapitadas las mutilaban y enterraban en cementerios clandestinos que fueron avalados instalar en zonas rurales por los ranfleros históricos.
Además, en los audios se registran conversaciones en las que pandilleros reciben instrucciones de que las personas bajo investigación, a quienes se les daba vigilancia y seguimiento, debían ser privadas de libertad y trasladadas a «casas Destroyer»; sin embargo, se les prohibía asesinarlas sin autorización previa de la cúpula y los corredores de programa.
«Definitivamente, se ordenaba que a las personas no las mataran inmediatamente, sino que las capturaran y mantuvieran privadas de libertad mientras se daban los pases y se conseguía la autorización para poderlos matar. Por lo tanto, queda demostrado y suficientemente probado, que nadie podía matar sin la autorización de la ranfla, de los corredores de programa, ellos eran los que tenían la decisión de quien vivía y quien moría en este país», manifestó Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.
En más de una semana de reproducción de audios, adquiridos mediante escuchas telefónicas, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado tuvo acceso a 125 grabaciones donde ha quedado evidenciado la ejecución de 29,000 homicidios acumulados en más de 500 casos.
En uno de los últimos audios se escucha que los pandilleros perseguían una ambulancia en la que era trasladada una víctima a quien le habían disparado en el rostro; los terroristas buscaban a como diera lugar asegurar la muerte para no dejar testigos.
En otra grabación se escuchaban los gritos de las víctimas mientras los pandilleros se burlaban de ellas y sin piedad les asestaban múltiples disparos.
Además de los homicidios en las conversaciones captadas, uno de los pandilleros dice a un cabecilla que tiene un censo de cuánto se estaba pagando en concepto de extorsión en las colonias bajo su control, mientras que sugiere que debían aumentar la cuota, ya que la mara estaba corta de dinero.
También se escuchó como daban indicaciones a abogados para trasladar mensajes hacia los centros penales.
