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2022, el año con menos homicidios en la historia salvadoreña
La seguridad y salvaguardar la vida de los salvadoreños han sido parte de los ejes principales del Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ha logrado, a través de la implementación de las estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción, bajar el promedio diario de hasta 30 homicidios durante los gobiernos de ARENA y del FMLN a menos de dos homicidios por día en 2022.
El pasado 15 de diciembre, tras un nuevo día sin asesinatos, el presidente Bukele afirmó que El Salvador ya es el país más seguro de Latinoamérica.
«El Salvador es ya irrefutablemente el país más seguro de Latinoamérica. Es increíble pensar que hasta hace unos años éramos el país más peligroso del mundo. Un buen Gobierno da resultados, un mal Gobierno da excusas. ¡Dios con nosotros!», publicó el mandatario en Twitter.
La opinión del presidente fue compartida por el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, quien aseguró que 2022 cerraría con una tasa de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, una cifra que posicionaría a El Salvador como el país más seguro del continente.
«En El Salvador, lo proyectado para este año serán 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nosotros queremos llegar a que eso sea lo más bajo; de hecho, en el continente ya estamos encaminándonos a ser el país más seguro», apuntó Merino Monroy.
Dicha cifra contrasta mucho con la de 2015, el año más violento de la historia salvadoreña. En ese año fueron asesinadas 6,650 personas, la tasa de homicidios alcanzó los 105 por cada 100,000 habitantes en todo el país (ver gráfico).
Desde el 1.º de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, las autoridades reportaron un total de 176 días con cero homicidios a escala nacional; de ellos, 169 fueron logrados en los nueve meses de régimen de excepción.
Durante el régimen de seguridad también se lograron los dos meses con más días sin asesinatos en 201 años de historia (julio y agosto, que cerraron con 21 días con cero homicidios cada uno).
Estos fueron seguidos por octubre y noviembre, que finalizaron cada uno con 20 días sin muertes a causa de la violencia a escala nacional.
Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) reflejan que en todo noviembre solo hubo 13 homicidios, convirtiéndose en el noviembre más seguro de toda la historia de El Salvador en comparación con los noviembres de años anteriores.
En el undécimo mes de 2022, las autoridades reportaron que el máximo de homicidios por día fue de dos casos, mientras que en 2018 eran ocho crímenes diarios; en 2015, el año más violento de El Salvador, en todo noviembre hubo 449 asesinatos.
Entre mayo y diciembre de 2022, las autoridades alcanzaron ocho períodos con al menos siete días consecutivos sin asesinatos en todo el país.
La primera semana completa sin homicidios fue reportada entre el 14 y el 20 de mayo; en julio se registraron ocho días consecutivos (del 16 al 23); el período más largo de días consecutivos sin muertes a causa de la violencia (10 días) fue logrado entre el 10 y el 19 de agosto.
Otros siete días fueron reportados entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre; entre el 7 y el 13 de septiembre se alcanzaron siete días consecutivos más con cero homicidios; del 18 al 25 de octubre se registraron ocho días consecutivos; entre el 6 y el 12 de noviembre hubo otra semana completa sin muertes a causa de la violencia, mientras que el último período con siete días consecutivos sin asesinatos fue logrado entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.
La drástica disminución de homicidios se debe, en gran medida, al trabajo conjunto de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y el Ministerio de Seguridad, instituciones que, de acuerdo con la última encuesta hecha por «La Prensa Gráfica» (medio de la oposición), son las mejor evaluadas por la población salvadoreña.
De acuerdo con la encuesta, la Fuerza Armada tiene un 89.9 % de aprobación de la población, la Policía cuenta con un 85.3 % y el Ministerio de Seguridad tiene un 85.2 %. La confianza por parte de la población hacia las instituciones ha crecido gracias a los planes de seguridad impulsados por el Gobierno.
Durante todo el año, la PNC mantuvo la efectividad para resolver los delitos; entre ellos, homicidios y feminicidios, y ha comenzado 2023 con la misma dinámica, ya que ayer, en tiempo récord, detuvo en Cojutepeque, Cuscatlán, a Juan Carlos de la Cruz, luego de haber asesinado a su compañera de vida. La detención fue en el término de la flagrancia, antes de que huyera.
«El crimen se dio tras una discusión la madrugada de este domingo, 1.º de enero. Será remitido a la @FGR_SV para que responda ante la justicia», publicó la Policía luego de la detención.
El hecho, catalogado por el Código Penal como un feminicidio, tiene una sanción de hasta 50 años en prisión. Ocurrió en un mesón ubicado en la 3.ª calle oriente y avenida General Brioso, de Cojutepeque. La víctima fue identificada como Abigaíl Nolasco.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
