Lluvias «extraordinarias» provocadas por la borrasca Leonardo azotaban este miércoles la península ibérica, principalmente en el sur de España, donde más de 3.000 personas fueron desalojadas, el servicio de trenes prácticamente se paralizó y muchas carreteras quedaron cortadas.

«La borrasca Leonardo nos está dejando una situación de lluvias extraordinarias (…) con una situación que además se agravará por el hecho de que ya ha estado lloviendo con intensidad en las últimas semanas, los suelos están muy saturados, los cauces [de ríos] ya llevan mucha agua», advirtió en X Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

«Desde luego, es muy probable que se produzcan crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra», agregó.

«Ha sido una noche intensísima», afirmó a la televisión pública TVE Carlos García, alcalde de la localidad de Grazalema, quien dijo que desde la medianoche cayeron 180 litros» por metro cuadrado de agua en la zona.

En prevención, «más de 3.000 personas de zonas inundables» fueron desalojadas en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga, indicaron en la red X los servicios de emergencia andaluces.

El servicio de trenes quedó prácticamente suspendido en toda Andalucía, según informó la compañía pública española Renfe, mientras los puertos marítimos de la zona también fueron cerrados.

El presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno, había solicitado el martes «máxima prudencia» y «sentido común», sobre todo cerca de «los cauces de los ríos y arroyos y las zonas inundables».

Las autoridades andaluzas pidieron evitar desplazamientos y no salir de casa en las zonas que puedan verse más golpeadas, mientras varias carreteras estaban cortadas por inundaciones o árboles caídos por los fuertes vientos.

Las escuelas permanecerán cerradas el miércoles en toda la región, salvo en la provincia de Almería, en el extremo oriental de Andalucía.

Unas medidas que parecían estar dando resultados, toda vez que en la mañana del miércoles los servicios de emergencia andaluces informaron que habían atendido «159 incidencias» desde la madrugada, aunque ninguna de gravedad.

«Las medidas preventivas y de anticipación adoptadas por la Junta de Andalucía [el Gobierno regional] están siendo muy efectivas, teniendo en cuenta que se está cumpliendo el peor de los escenarios previstos», señalaron los servicios de emergencia en X.

Este miércoles se desplegaban en la región soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar a los servicios de socorro.

En España, país muy descentralizado, las regiones son las encargadas de gestionar las situaciones de emergencia.

En octubre de 2024, unas enormes inundaciones causaron más de 230 muertos, principalmente en la región de Valencia. Una persona también falleció en Andalucía.

La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.

En Portugal, hasta la mañana del miércoles los servicios de emergencia habían atendido unos 200 incidentes, principalmente por inundaciones, caídas de árboles y deslizamientos de tierra, sin víctimas registradas, según un balance proporcionado por protección civil a la AFP.

Portugal ha sido golpeado en las últimas semanas por varias tormentas sucesivas, la más devastadora de ellas Kristin, con cinco muertos y numerosos daños materiales.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre, Mette Marit, con el príncipe heredero Haakon en 2001, Høiby responde en el juicio de un total de 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y agresiones a exparejas.

El joven de 29 años niega las acusaciones más graves, en particular las violaciones. Se exponen en total a una pena de 16 años de cárcel.

Este miércoles apareció de nuevo ante el tribunal en Oslo. En vaqueros, con la camisa desabrochada bajo un suéter, Høiby se sacó tabaco (snus) de la boca y rompió a llorar.

Dijo, entre lágrimas, que ha tenido una vida llena de excesos motivada según él por «una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada».

«A mí me conozco sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. He tenido una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada. Toda mi vida. Y eso se ha convertido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol», dijo el acusado, que afirma haber visto «atosigado» por la prensa desde que tenía tres años.

En el segundo día del juicio, una primera presunta víctima retomó el testimonio iniciado la víspera sobre la violación que habría tras sufrido una fiesta, y dijo que cree que la drogaron.

Los hechos habrían sucedido la noche del 19 al 20 de diciembre de 2018 en la casa de la que dispone Høiby en la finca de Skaugum, donde reside la pareja principesca, a las afueras de Oslo.

Aquella noche mantuvieron una relación sexual breve. Ella afirma haberla interrumpido.

La policía se puso en contacto con ella años después cuando descubrió grabaciones e imágenes en el teléfono del hijo de la princesa.

Las fuerzas de seguridad consideran que Høiby la violó mientras dormía. Ella no se acuerda de nada, ni siquiera de haber quedado dormida. Es como «un gran agujero negro», dijo.

«No podía creerme que Marius me hiciera algo así. Es una traición y un shock», declaró.

Las fotos y videos en cuestión no fueron mostrados a los medios, que tampoco pueden revelar la identidad de los denunciantes.

«Miren mi rostro. Se ve que estoy inconsciente. Sospecho que ingerí algo sin saberlo. Es lo que creo, al 100%», respondió al ser preguntada sobre si pensaba que la habían drogado.

La defensa replicó que ella había dicho lo contrario durante su declaración ante la policía, donde habría afirmado no haber tenido la sensación de haber sido drogada.

Høiby declaró que no recuerda con nitidez qué pasó esa noche, pero dijo que las relaciones sexuales con ella habían sido consensuales.

«No recuerdo haberlas tomado (las fotos), pero (…) tuvimos sexo completamente despiertos y de manera voluntaria», dijo el joven rubio tatuado y con aretes. Según él, sus padres estaban en casa en ese momento.

Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.

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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.

El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.

Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.

Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.

El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.

El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.

¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?

Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.

En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.

La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.

En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.

En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.

En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.

Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.

El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.

Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.