Internacionales
Sicarios cierran cementerio para enterrar a uno de sus líderes del cártel
El narcotraficante Raymundo Isidro Castro Salgado, el Ray, identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Morelos, fue sepultado en un cementerio del municipio de Cuautla, en dicha entidad, el cual fue cerrado y resguardado por sicarios fuertemente armados.
Recordemos que el Ray, fue asesinado el 30 de octubre pasado y en redes sociales circularon imágenes de cómo a pesar de que el hombre ya estaba tirado en el suelo, quienes le quitaron la vida le disparan en la cabeza en varias ocasiones y no conformes con eso, además lo apuñalaron para después vaciarle la pistola de nueva cuenta en la nuca, esto ante la mirada atónita de al menos un guardia de seguridad del penal en donde se registró un motín donde además fallecieron otros cinco reclusos.
A decir de información que circula en redes, el funeral del operador del Cártel Jalisco Nueva Generación se realizó el fin de semana pasado en el cementerio Jardines del Recuerdo, en el municipio de Cuautla, donde vivía y operaba en la región para el cártel comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, o el Señor de los Gallos o el Gallero.
Ante ello, fue a partir del viernes 1 de noviembre, que varios vehículos con gente armada controlaron el acceso al panteón y le impidieron la entrada a las personas que visitaban las tumbas de sus familiares a pesar que era uno de los días más importantes en la cultura mexicana debido al Día de Muertos, fecha en la que cientos de miles de mexicanos acuden a los cementerios para recordar a sus muertos.
Recordemos que El Ray fue capturado el 7 de mayo pasado en Puebla, luego de logró huir en abril pasado de un ataque en su contra perpetrado en Cuautla, que dejó cinco personas muertas en el restaurante Los Estanques, entre ellos dos menores de edad.
Internacionales
Capturan a mujer que fingía embarazo con prótesis para traficar más de 5.600 dosis de cocaína
Una mujer de 27 años fue detenida en el sur de Cali, Colombia, tras ser descubierta utilizando una faja de látex que simulaba un embarazo para ocultar más de 5.600 dosis de cocaína.
El hecho se registró en el barrio Ciudad 2000, donde unidades de investigación criminal interceptaron a la sospechosa en el marco de un operativo de seguimiento. La mujer, que se movilizaba en taxi, planeaba continuar su viaje hasta Bogotá en transporte público, aparentando estar embarazada.
Sin embargo, su estrategia fue desmantelada cuando los agentes notaron irregularidades en su vientre y descubrieron que se trataba de una elaborada prótesis tipo “narcobarriga”, confeccionada con materiales similares a los utilizados en disfraces y efectos especiales.
Según las autoridades, este tipo de implementos puede costar hasta tres millones de pesos colombianos (aproximadamente 730 dólares) y se están convirtiendo en una nueva modalidad empleada por redes de narcotráfico para el transporte de estupefacientes sin levantar sospechas.
La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de tráfico de drogas. La investigación continúa para establecer si forma parte de una estructura criminal más amplia.
Internacionales
¿Quién era María Fernanda Benítez, la joven embarazada hallada calcinada frente a la casa de su pareja?
María Fernanda Benítez, una adolescente paraguaya de 17 años y con seis meses de embarazo, fue hallada calcinada el pasado 1 de junio en un terreno baldío, cinco días después de haber sido reportada como desaparecida. El cuerpo fue localizado frente a la vivienda de su pareja, principal sospechoso del crimen.
El informe preliminar del médico forense Pablo Lemir, citado por medios locales, indica que el cadáver presentaba quemaduras en el 70 % de su superficie, además de signos de descomposición avanzada, lo que ha dificultado establecer la causa exacta de muerte. Sin embargo, se encontraron indicios de intoxicación por monóxido de carbono, lo que sugiere que la víctima pudo haber estado viva, aunque inconsciente, al momento de ser quemada.
También se detectaron golpes en la cabeza y fracturas en el brazo derecho, aunque no se ha determinado si ocurrieron antes o después del fallecimiento.
El Ministerio Público ha calificado el caso como feminicidio. Los principales sospechosos son su pareja, identificado como Bernardo, y una amiga cercana de la víctima, Mikhaela. La Fiscalía reveló mensajes entre ambos que evidencian una posible planificación del crimen. En uno de los textos, Bernardo expresa angustia por el avance del embarazo y plantea asesinar a María Fernanda. Mikhaela habría respondido con una sugerencia explícita sobre cómo hacerlo.
Las autoridades continúan investigando el caso, que ha generado conmoción en Paraguay. La familia de la víctima exige justicia y el máximo castigo para los responsables.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
