Internacionales
Presidente de Ecuador confirma la muerte de grupo periodístico secuestrado por la FARC
Tras casi veinte días de extrema tensión, los secuestradores asesinaron a los dos periodistas y al chofer del diario El Comercio que mantenían en cautiverio.
El propio presidente ecuatoriano Lenín Moreno confirmó la noticia. “Lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”, afirmó.
Fotos de los tres hombres acribillados a balazos circulaban desde el jueves en redes sociales, pero recién esta tarde el gobierno ecuatoriano confirmó el hecho.
El periodista Javier Ortega, de 32 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, fueron secuestrados en la frontera ecuatoriana con Colombia el 26 de marzo.
Los captores integran un grupo disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tienen vínculos con carteles del narcotráfico.
Para liberarlos exigían un canje por tres presos y la eliminación de un convenio antidrogas que rige entre Colombia y Ecuador.
Moreno y su par colombiano, Juan Manuel Santos, acordaron esperar a un pronunciamiento de los secuestradores para lanzar una acción «contundente» contra el grupo de secuestradores.
Ayer, Santos envió a Quito a su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, junto a las máximas autoridades militares y policiales para acordar las acciones militares que tomarán.
Las FARC firmaron un acuerdo de paz con el presidente Santos el 4 de noviembre de 2016, por el cual entregaban las armas y se incorporaban a la vida política en Colombia.
Con el desarme de la guerrilla más poderosa de América Latina, convertida ahora en partido político, arreciaron disputas territoriales entre desertores del pacto de paz, bandas procedentes de antiguos paramilitares desmovilizados y otras guerrillas.
Desde hace décadas, esta porosa y selvática frontera de 720 km, con numerosas trochas ilegales, es utilizada por las bandas que viven del tráfico de droga, de armas y de combustible, así como de la minería y de la tala ilegal.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional, encargada de examinar el texto, declaró a la televisión estatal que el ejército controlaría el estrecho para, entre otras cosas, prohibir el paso de «buques hostiles».
El proyecto prevé también que los derechos de paso se paguen en la moneda local, el rial iraní.
El responsable de la agencia marítima de la ONU, Arsenio Domínguez, reafirmó el lunes que no existe «ninguna base legal» para reclamar un peaje por atravesar el estrecho de Ormuz, que Irán dice querer instaurar.
«No existe ningún fundamento jurídico para la introducción de ningún impuesto, de ningún arancel ni de ningún tipo de tasa sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional», declaró Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), en rueda de prensa.
Irán considera que su ejército debería tener autoridad sobre el estrecho de Ormuz y está elaborando un proyecto de ley en este sentido, declaró este lunes un alto responsable.
Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, que comenzó con ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, el gobierno de Teherán decidió bloquear el estrecho de Ormuz, vital para el suministro de hidrocarburos.
