Internacionales
Presidente de Ecuador confirma la muerte de grupo periodístico secuestrado por la FARC
Tras casi veinte días de extrema tensión, los secuestradores asesinaron a los dos periodistas y al chofer del diario El Comercio que mantenían en cautiverio.
El propio presidente ecuatoriano Lenín Moreno confirmó la noticia. “Lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”, afirmó.
Fotos de los tres hombres acribillados a balazos circulaban desde el jueves en redes sociales, pero recién esta tarde el gobierno ecuatoriano confirmó el hecho.
El periodista Javier Ortega, de 32 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, fueron secuestrados en la frontera ecuatoriana con Colombia el 26 de marzo.
Los captores integran un grupo disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tienen vínculos con carteles del narcotráfico.
Para liberarlos exigían un canje por tres presos y la eliminación de un convenio antidrogas que rige entre Colombia y Ecuador.
Moreno y su par colombiano, Juan Manuel Santos, acordaron esperar a un pronunciamiento de los secuestradores para lanzar una acción «contundente» contra el grupo de secuestradores.
Ayer, Santos envió a Quito a su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, junto a las máximas autoridades militares y policiales para acordar las acciones militares que tomarán.
Las FARC firmaron un acuerdo de paz con el presidente Santos el 4 de noviembre de 2016, por el cual entregaban las armas y se incorporaban a la vida política en Colombia.
Con el desarme de la guerrilla más poderosa de América Latina, convertida ahora en partido político, arreciaron disputas territoriales entre desertores del pacto de paz, bandas procedentes de antiguos paramilitares desmovilizados y otras guerrillas.
Desde hace décadas, esta porosa y selvática frontera de 720 km, con numerosas trochas ilegales, es utilizada por las bandas que viven del tráfico de droga, de armas y de combustible, así como de la minería y de la tala ilegal.
India aprobó por primera vez la comercialización de una vacuna contra el dengue. Se trata de Qdenga, de fabricación japonesa, informó este martes el Ministerio de Salud del país.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mitad de la población mundial está actualmente expuesta al riesgo de contraer esta enfermedad viral transmitida por mosquitos, la cual provoca entre 100 y 400 millones de infecciones cada año.
En India, desde 2021 se han registrado más de un millón de casos de dengue, de los cuales al menos 1,500 han sido mortales.
El dengue puede provocar fiebre alta, dolores de cabeza, molestias musculares, náuseas, erupciones cutáneas y, en casos poco frecuentes, hemorragias e incluso la muerte.
El Ministerio de Salud indicó que la vacuna fue autorizada por la Organización Central de Control de Medicamentos (CDSCO). El biológico, fabricado por los laboratorios Takeda, está recomendado en un esquema de dos dosis para personas de entre 4 y 60 años.
Las autoridades también señalaron que este medicamento ya ha sido aprobado por los organismos reguladores de aproximadamente 40 países.
Por otra parte, el grupo farmacéutico indio Panacea Biotec inició la fase final de los ensayos clínicos de una vacuna contra el dengue de una sola dosis.
En contraste, Brasil anunció el mes pasado la suspensión del uso de otra vacuna de una sola dosis desarrollada en ese país, tras dos muertes sospechosas.
El Gobierno de Ecuador declaró la alerta naranja en 17 de las 24 provincias del país como medida preventiva ante la llegada del fenómeno climático de El Niño, informó el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien preside el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
La decisión responde al aumento de la temperatura del océano, explicó el funcionario. Previamente, en mayo, el Gobierno había decretado alerta amarilla en las provincias ubicadas hasta los 1,500 metros sobre el nivel del mar, consideradas más susceptibles a los efectos del fenómeno.
«Que la temperatura del océano se encuentre arriba del promedio normal, eso no quiere decir que las lluvias necesariamente vayan a ocurrir muy pronto o en los meses subsiguientes», señaló Luque.
El funcionario agregó que el Gobierno ha destinado alrededor de 600 millones de dólares para acciones de prevención ante la llegada de El Niño.
Según Luque, el incremento en la temperatura del océano ya ha tenido efectos en la pesca y en el avistamiento de aves. Además, el país prevé la ocurrencia de sequías en la Amazonía e incendios forestales.
El fenómeno de El Niño incrementa las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, provocando cambios en los patrones globales de viento, presión atmosférica y precipitaciones. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de las Naciones Unidas, prevé que entre julio y septiembre de este año se registre un «episodio fuerte».
De acuerdo con especialistas, El Niño suele presentarse cada dos a siete años y tiene una duración aproximada de entre nueve y doce meses.
El evento más intenso registrado en Ecuador desde 1950 ocurrió entre 1997 y 1998. Según cifras oficiales, dejó casi 300 fallecidos, alrededor de 20,000 damnificados y pérdidas económicas estimadas en 3,000 millones de dólares.
Cuatro jóvenes fueron encontrados sin vida durante el fin de semana en diferentes colonias de La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras, informaron medios locales.
Las víctimas fueron identificadas como Diego Jassir Canelas Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canelas Solís, de 14 años; Daniel Enrique Antúnez Canelas, de 15 años; y Kelvin Magdiel Canelas, cuya edad no fue precisada.
De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron hallados atados de manos y pies en dos sectores de la ciudad y presentaban múltiples impactos de bala.
El medio La Prensa informó que dos de las víctimas fueron encontradas el sábado en una calle de la colonia San José, mientras que las otras dos fueron localizadas el domingo por la mañana en la colonia Canelas.
Los primeros en ser encontrados fueron Diego Jassir Canelas Solís y Daniel Enrique Antúnez Canelas, quienes, según información preliminar, eran primos. El diario El Heraldo indicó que vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar los cuerpos tendidos en una calle cercana a una tienda concurrida de la zona.
El mismo medio señaló que, de acuerdo con la información disponible, los jóvenes habrían sido privados de libertad desde el viernes junto con otras dos personas. Además, versiones citadas por El Heraldo indican que los cuatro jóvenes formaban parte de la congregación de los Testigos de Jehová.
Por su parte, el portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Edgardo Barahona, confirmó en el noticiero Hoy Mismo, de TSi, que los jóvenes fueron privados de su libertad la noche del viernes en otro sector de La Ceiba, cuando presuntamente se dirigían a comer, según información divulgada por la radio HRN, conocida como La Voz de Honduras.
Barahona también indicó que la principal línea de investigación vincula el caso con estructuras criminales, principalmente relacionadas con maras y pandillas.
Persistencia de la violencia
En Honduras operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, pandillas, redes de tráfico de personas y otros grupos criminales.
El país cerró 2025 con una tasa de 23.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), durante el primer semestre de este año se registraron 1,235 homicidios, lo que refleja la persistencia de la violencia.
Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro concentran la mayor cantidad de asesinatos reportados por las autoridades durante este año.
Aunque el Gobierno hondureño ha implementado medidas para combatir la inseguridad, hasta la fecha no ha logrado revertir los altos índices de criminalidad.
Recientemente, el Congreso aprobó una serie de reformas para enfrentar la violencia, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras por encima de los 24 casos por cada 100,000 habitantes.
Las reformas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública, crean una nueva división contra el crimen organizado y permiten clasificar a las pandillas y a los carteles de la droga como grupos terroristas.
