El juez argentino que llamó a declarar al expresidente Alberto Fernández en un caso de violencia contra la ex primera dama consideró que había «elementos de convicción suficientes» para avanzar en el proceso y, en su citación judicial, recogió detalles de la acusación que apuntan a violencia física y psicológica durante ocho años, incluso mientras la víctima estuvo embarazada en 2021.

Según el documento al que accedió AP, dado a conocer el jueves, el exmandatario de Argentina (2019-2023) tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de diciembre. La citación recoge que Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez mediante agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes, de acuerdo con la investigación judicial.

El político, que enfrenta posibles cargos por violencia de género y coacción, habría además condicionado económicamente a la mujer tras la separación de la pareja este año mientras residían en Madrid.

Fernández ejerció «con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad», recoge el oficio judicial.

La violencia física, según la acusación en el caso, habría «continuado y escalado» cuando Yáñez quedó embarazada a mediados de 2021, con «agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada» durante la convivencia de la pareja en la residencia presidencial de Olivos.

Investigación en marcha
La información se desprende de la investigación liderada por el fiscal federal Ramiro González. El exmandatario deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini.

Al exmandatario le podrían caer hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los delitos de los que se le acusan, entre ellos «lesiones graves» que están «agravadas» por haberse cometido contra su entonces pareja y amenazas coactivas para que Yánez no denunciara los hechos.

El documento judicial menciona además que la violencia se sustentó en una «relación asimétrica de poder» y que se extendió por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024.

Fernández, un peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, todavía no se pronunció sobre la citación judicial, pero previamente ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez, de 43 años.

El expresidente puede negarse a declarar y, en su lugar, presentar un escrito.

Con los argumentos y la documentación de respaldo presentada por la fiscalía, el juez consideró «que existen elementos de convicción suficiente como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a Alberto Ángel Fernández a prestar declaración indagatoria», dispuso en su oficio.

Múltiples testigos han declarado
Varias personas han testificado en el marco de la causa, aportadas por las dos partes, entre ellas la madre de Yáñez, médicos y niñeras. Fueron analizadas llamadas telefónicas entre el entonces presidente y su pareja e informes psiquiátricos realizados a la denunciante.

Luego de dejar el poder en diciembre de 2023, Fernández, Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, se radicaron en Madrid, España, y al poco tiempo la pareja se separó. Según la pesquisa judicial, el dirigente político habría condicionado a la denunciante económicamente «para manipular y continuar ejerciendo poder y control sobre aquella».

De acuerdo con lo recogido en la citación judicial, los ocho años de agresiones psicológicas y físicas a Yañez, «en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja», habrían dejado en la víctima «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».

Ésta no es la única causa judicial que enfrenta el expresidente argentino, quien también es investigado por irregularidades en la contratación de seguros para el Estado durante su mandato.

Lyle y Erik Menéndez, quienes fueron condenados a cadena perpetua en 1996 por el asesinato de sus padres en Berverly Hills, tendrán una audiencia el lunes 25 de noviembre a las 10:30 de la mañana (hora local) en el Tribunal de Van Nuys West. Por el alto interés entre el público sobre su caso, sortearán 16 lugares para presenciar la audiencia.

La cadena hispana Univision informó que las autoridades de California implementarán un sistema de sorteo para ofrecer 16 asientos de la sala del tribunal exclusivos para el público que quiera ser parte de la audiencia en donde, los hermanos Menéndez podrían estar presentes o de forma remota para llevar a cabo un recurso sobre su caso.

Una especie de lotería para ganar un asiento
La forma en la que llevarán a cabo esta lotería de asientos, según el mismo medio de comunicación, las personas que han seguido de cerca el caso de Lyle y Erik deberán acudir entre las 8:00 am y las 9:00 am (hora local) del lunes 25 de noviembre para recoger los boletos de participación. La lotería se realizará entre las 9:00 am a 9:30 am, y los ganadores recibirán credenciales intransferibles.

Tribunal de Van Nuys West está ubicado en el 14400 Erwin Street. La credencial deberán traerla en todo momento y dentro de la sala no se permitirán fotografías y videos. La audiencia será presidida por el juez Michael Jesic.

Víctimas de abuso sexual infantil

El objetivo de esta audiencia es para abordar la petición de 2023 de los hermanos Menéndez sobre un recurso de hábeas corpus, que afirma que sus condenas y sentencias de prisión son inconstitucionales, tras existir evidencia recientemente descubierta de que ambos fueron víctimas de abuso sexual infantil por parte de su padre, José Menéndez.

En la solicitud, los hermanos alegan que dicha evidencia fue injustamente excluida del segundo juicio que afrontaron y en el que se les dictó condena, publicó EFE.

También está programada una audiencia separada para el 11 de diciembre para abordar la solicitud de ser sentenciados nuevamente a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, informó la misma agencia.

Lyle, de 56 años y Erik, de 53, cumplen su sentencia en el Centro Correccional Richard J. Donovan Residen en un área de la prisión conocida como Echo Yard. La cárcel está en Otay Mesa, una comunidad de la ciudad de San Diego, California.

Dr. Darius A. Paduch fue sentenciado a prisión de por vida por abusar de pacientes varones adultos y niños en sus consultas de urología en Nueva

“Darius Paduch era un depredador sexual que se aprovechaba de pacientes que buscaban tratamiento para problemas médicos delicados. Utilizó su posición como reconocido urólogo en prestigiosos hospitales para agredir sexualmente a pacientes vulnerables, incluidos niños, para satisfacer sus propios deseos sexuales. El abuso de Paduch fue perverso y generalizado, se extendió por más de una década y victimizó a los pacientes tanto dentro como fuera de las habitaciones del hospital. Violó repetidamente su juramento de “no hacer daño”. La sentencia de (ayer) demuestra que los proveedores médicos que explotan su posición de confianza para cometer abusos sexuales serán responsables de su conducta”, comentó el fiscal federal Damian Williams en un comunicado.

La jueza Ronnie Abrams emitió la condena y además le ordenó a Paduch (57) pagar una indemnización por un monto que se determinará en una fecha posterior.

Paduch había sido declarado culpable en mayo de manera unánime. Hubo siete víctimas en este caso federal, pero adicionalmente más de 200 hombres afirman que el urólogo abusó y violó sus cuerpos y su confianza.

Según los cargos, los abusos sucedieron entre 2007 y 2019. Paduch residía en Nueva Jersey, pero trabajó en Nueva York desde 2003 hasta 2023 como urólogo especializado en salud reproductiva masculina en NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center y en Northwell Health. Fue arrestado originalmente en abril del año pasado y siempre dijo ser “no culpable” afirmando que algunos de sus métodos para tocar a los pacientes eran médicamente necesarios, aunque la acusación decía que estaban destinados a su propia gratificación sexual.

En un caso similar, en el verano de este año el anestesiólogo Paul Giacopelli perdió su licencia como doctor en Nueva York luego de declararse culpable de drogar y abusar sexualmente de la niñera de su familia mientras dormía en su casa.

En agosto de 2023 el Dr. Zhi Alan Cheng fue acusado en Queens (NYC) de drogar y agredir sexualmente a varias mujeres, incluidas sus propias pacientes y otras que contactó por Internet, y de grabar los ataques.

En julio de ese año Robert Hadden, ex ginecólogo de la Universidad Columbia de Nueva York, fue sentenciado a 20 años de prisión luego de ser hallado culpable en cargos federales de abuso sexual a pacientes. En octubre de 2022 casi 150 mujeres que denunciaron abuso sexual o mala conducta por parte de él llegaron a un acuerdo de compensación de $165 millones de dólares con el sistema hospitalario que lo empleaba, anunció la Universidad Columbia.

En otro caso similar, en agosto de 2022 se suicidó en la cárcel Rikers de Nueva York el médico de origen argentino Ricardo Cruciani, quien había sido acusado de abuso sexual de varias pacientes en Nueva York, Jersey y Pensilvania.