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«El Z-40» desmembraba y guisaba a los sicarios del Cártel del Golfo
Fue noticia en todo el mundo menos en Nuevo Laredo, donde nació hace 40 años. Al día siguiente de su captura, los diarios de esta violenta ciudad del Estado de Tamaulipas, fronteriza con EE UU, no llevaban una sola línea sobre la captura del matón.
Hace años que el crimen organizado ha impuesto el terror en esta población de unos 350.000 habitantes unida por cinco puentes a Texas. Años de cadáveres decapitados y de cuerpos colgados en los pasos elevados.
Años sin ley —el jefe de policía desapareció en febrero— y de silencio —varios portales de Internet han cerrado por amenazas— en el reino del hombre más peligroso del país.
La carrera criminal del Z-40 acabó de madrugada en una carretera rural, a unos 27 kilómetros al suroeste de Nuevo Laredo, cuando un helicóptero Black Hawk de la Marina mexicana interceptó el todoterreno de color gris plata en el que viajaba con un escolta y un contable. A bordo, dos millones de dólares, ocho armas largas y 500 cartuchos. Los dos cómplices se tiraron de inmediato al suelo, pero el capo, al parecer, trató de huir entre los matorrales. Fue inútil. La operación duró, según la versión oficial, siete minutos y no requirió disparar un solo tiro.
El éxito fue resultado de un largo trabajo de inteligencia en el que nadie duda que participaron las agencias de seguridad gringas —la prensa mexicana habla incluso del empleo de un drone (avión no tripulado)— dadas sus buenas relaciones con la Marina. El Z-40 llevaba tiempo moviéndose por carreteras sin asfaltar entre Coahuila y Tamaulipas y de tanto en tanto visitaba también a su hijo en Nuevo Laredo. Antes de las pruebas de ADN, sus tatuajes dieron una primera confirmación de su identidad: una cobra en la parte interna de su antebrazo derecho y la frase “Hecho en México” en la espalda.
La limpieza de la operación ha llevado a algunos expertos de seguridad mexicanos a sospechar que en realidad pudo tratarse de una entrega pactada, ya que Treviño era sumamente precavido y solía desplazarse con su guardia pretoriana. En cualquier caso, un final de trayecto muy pacífico para un hombre cuya leyenda en el mundo del hampa comenzó de adolescente en Dallas, donde sus padres y sus 13 hermanos vivieron varios años.
Allí se unió a la pandilla de Los Tejas, dedicada al robo de automóviles y la venta de droga. Más tarde sería reclutado por Osiel Cárdenas, jefe del cartel del Golfo. Primero lavando coches, luego como mensajero del mafioso gracias a su dominio del inglés y después como uno de los principales sicarios de su hermano, Ezequiel Cárdenas, conocido como Tony Tormenta, abatido en 2010.
Cuando, a finales de los años noventa, Osiel Cárdenas funda Los Zetas como brazo armado del cartel del Golfo con un grupo de desertores de las fuerzas especiales del Ejército mexicano, Treviño se convertiría en la mano derecha de su líder, el cabo Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca. La crueldad de sus métodos le abriría paso en el escalafón del crimen organizado. El Z-40 impondría la moda de desmembrar cuerpos y “guisar a sus enemigos de CDG”, disolviéndolos en ácido o derritiéndolos en contenedores de aceite.
El periodista estadounidense Alfredo Corchado, amenazado de muerte por Los Zetas y quien dio la primicia de su detención en el Dallas Morning News, cuenta en su libro Midnight in Mexico (Penguin Press), de reciente aparición, que el Z-40 solía morder el corazón de algunos de los sicarios de CDG, aún vivas, creyendo que eso le haría invencible, y reclutaba a sus sicarios obligándoles a disparar a una persona al azar. “Ponía una pistola cargada en la mano de un sicario y le ordenaba apuntar a alguien enfrente de ellos. Treviño ponía luego su mano en el corazón del sicario para medir cuán rápido latía al tiempo que gritaba: ¡Chíngatelo! Si dudaba, le pegaba un tiro en la cabeza o le daba un empleo de chivato. Dependía de su humor ese día”.
Tras la detención de Osiel Cárdenas en 2003, Los Zetas entrarían en guerra con el cartel del Golfo hasta su ruptura definitiva en enero de 2010. Los antiguos desertores del Ejército, con el Lazca y el Z-40 a la cabeza y sus bárbaros métodos militares de ocupación del territorio, ensangrentarían en los últimos años el mapa de México en una disputa permanente con los otros grupos de narcotraficantes.
La violencia de Los Zetas llegaría a su clímax en agosto de 2010 cuando fueron hallados en unas fosas en San Fernando (Tamaulipas) 72 emigrantes centroamericanos torturados y asesinados. La noticia conmocionó profundamente a la sociedad mexicana. Además de la saña de sus asesinatos, su táctica de poner al mundo del hampa a su servicio allí donde se imponían, les llevó a dedicarse, además del narco, a otros delitos como el tráfico de inmigrantes, el secuestro y la extorsión, y a tener presencia en 14 Estados e incluso extenderse a Guatemala.
El Gobierno del expresidente Felipe Calderón decidió en sus últimos años concentrarse en desmantelar a Los Zetas. Fruto de esa presión fue la muerte del Lazca en un confuso incidente en octubre del año pasado. El fallecimiento del líder, cuyo cadáver fue misteriosamente robado de una funeraria poco después, originó una nueva lucha por el poder de la que saldría vencedor el Z-40, pero el cartel estaba ya muy debilitado.
La detención de Treviño abre, según los analistas de seguridad, una nueva etapa en la violencia en este país —probablemente Los Zetas dejen de existir como organización cohesionada y coherente a nivel nacional—, pero no significará su final. Previsiblemente se desencadenará una guerra por su control —se considera que su hermano menor, Omar, ha heredado el liderazgo— y los remanentes del Golfo y el cartel de Sinaloa, la confederación que dirige Joaquín el Chapo Guzmán, tratarán de aprovechar la oportunidad para ocupar las plazas de sus viejos enemigos.
El Z-40 está ya encerrado en un penal de máxima seguridad. Sin embargo, desde su detención han muerto más de 30 personas en distintos puntos del país. Un asesino legendario ha salido de escena, pero como ha escrito el sociólogo y periodista Jorge Zepeda, aún persisten “las condiciones que hacen posible la expansión del crimen organizado como la impunidad, la ausencia de un aparato de justicia, la corrupción generalizada y la ineficacia de las policías”. La tragedia de México, que se ha cobrado más de 65.000 vidas en el último lustro, no ha acabado.
La justicia estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales ganadas por el republicano.
En septiembre, un jurado lo había declarado culpable de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Al oír el veredicto, el acusado intentó entonces apuñalarse con un bolígrafo, pero unos guardias se lo impidieron.
La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible «para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él».
Routh también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.
El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto estadounidense -encargado de proteger a las altas figuras políticas del país- vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando una partida.
El agente abrió fuego y Routh, que huyó en un vehículo, fue detenido poco después por la policía.
La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.
«Un cascarón vacío»
Tras permanecer en silencio, con el ceño fruncido y sin mostrar ninguna emoción aparente durante la audiencia, Routh tomó la palabra. Se colocó unas gruesas gafas negras y comenzó a leer un discurso de 20 páginas que traía preparado.
«Mi sentencia es totalmente insignificante. Ante ustedes no hay nada; no soy más que un cascarón vacío», declaró, antes de definirse como una buena persona, trabajadora y entregada a su país.
La jueza Cannon lo interrumpió varias veces y le pidió que acortara un discurso que consideró irrelevante para el caso. Routh llegó a decir, por ejemplo, que cambiaría su vida por la de palestinos víctimas del conflicto con Israel.
El condenado volvió a mostrar su fijación por la invasión rusa de Ucrania, adonde había viajado para unirse a voluntarios extranjeros, y lamentó la pasividad del mundo ante esa guerra.
Frente a él, el fiscal John Shipley trató de desmontar la imagen de buen ciudadano defendida por Routh y su abogado, Martin Roth.
«Intentó llevar a cabo una matanza a sangre fría», con el «objetivo de subvertir la democracia estadounidense» matando al entonces candidato republicano y actual presidente, Donald Trump, dijo Shipley.
Internacionales
Un documental de Netflix repasa el caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a bebés
«La investigación sobre Lucy Letby» suscitó la indignación de los padres de la enfermera de 36 años, que además de los 7 homicidios fue acusada de otros siete intentos, todos entre 2015 y 2016.
En un comunicado publicado el sábado en el sitio web del Sunday Times, John y Susan Letby calificaron la película como una «violación total de la vida privada», subrayando la constante presión mediática a la que se han visto sometidas estos años.
La queja de los padres de la enfermera se debe a las imágenes inéditas de la detención de su hija en su domicilio, grabadas por un policía.
La película se abre con esa escena, mostrando a la joven en su cama, en pijama, confundida, casi aturdida.
Letby es esposada, en bata, y es trasladada en auto a la comisaría.
«No mires mamá, vuelve (a casa)», le dice la joven a su madre, cuyos sollozos se escuchan.
Este documental de una hora y medios busca ofrecer al público las versiones de ambas partes.
— «¿La persona equivocada?» —
Letby fue condenada en agosto de 2023 a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena, un castigo poco frecuente, tras ser declarada culpable de haber matado a siete recién nacidos inyectándoles aire por vía intravenosa o utilizando sus sondas nasogástricas para introducir aire o una sobredosis de leche en sus estómagos.
La enfermera también fue declarada culpable de intento de asesinato de otros siete bebés en su unidad de cuidados intensivos del hospital Countess of Chester, en el noroeste de Inglaterra.
Letby siempre ha defendido su inocencia, pero la justicia británica le ha negado en dos ocasiones la posibilidad de apelar.
El caso está siendo examinado actualmente por la Comisión de Revisión de Casos Penales (CCRC), un organismo independiente que se ocupa de posibles errores judiciales.
Por otra parte, las causas de la muerte de seis bebés serán examinadas a partir del 5 de mayo por un forense, cuyas conclusiones pueden ser transmitidas a la fiscalía.
En el séptimo caso, la investigación no permitió determinar si la muerte del bebé fue natural o no.
El documental también incluye imágenes inéditas extraídas de los vídeos de los interrogatorios de Lucy Letby, así como el testimonio de la madre de una de las víctimas.
El reportaje destaca elementos inquietantes, como cuando Lucy Letby responde «sin comentarios» a las preguntas de los policías, o muestra extractos de su diario íntimo en los que las fechas que coinciden con la muerte de los bebés están marcadas con un asterisco.
Por el contrario, la película incluye el testimonio del médico canadiense Shoo Lee, quien cuestionó los peritajes presentados en el juicio y afirma estar convencido de la inocencia de Lucy Letby.
El documental concluye con el testimonio del doctor John Gibbs, expediatra del hospital donde trabajó la joven.
«Vivo con dos culpas. Una es haber fallado a los bebés. La otra es ¿hemos detenido a la persona equivocada?. No creo que haya habido un error judicial, pero nos preocupa que nadie la haya visto cometer esos actos», declaró Gibbs.
Entrevistado el miércoles en la radio LBC News, el ministro británico de Salud, Wes Streeting, afirmó «seguir confiando en las decisiones de los tribunales», salvo que sean invalidadas por la propia justicia.
Tal como anunció días previos al inicio de su mandato al frente del Ejecutivo, Nasry Asfura, envío la propuesta de ley al Órgano Legislativo, para implementar una reforma en el sistema de salud hondureño, el cual padece de una deuda en cirugías en el sistema público de aproximadamente de 13,000 a 15,000 pacientes en espera, según medios hondureños.
La legislación, denominada «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» entró el pasado lunes a debate por los diputados, en su mayoría del oficialista Partido Nacional. La misma noche fue aprobada (sin especificar en el pleno con cuantos votos a favor) por el Legislativo.
La «ley tiene como objetivo primordial poner fin a la mora quirúrgica, garantizar que cada hospital esté abastecido y que cada hondureño tenga un trato digno y justo en el sistema de salud pública», afirmó el Congreso Nacional de Honduras en su cuenta de X.
Por su parte, el jefe de bancada del opositor Partido Liberal, Jorge Cálix, enfatizó que como instituto político «reconocemos que existe una emergencia en el sistema de salud. Hay personas que se han muerto engusanados, literalmente engusanados, esperando ser atendidos en los hospitales públicos de Honduras. Esa es una realidad que no vamos a desconocer».
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, aseguró que tras la discusión con todas las bancadas se recogieron observaciones para dicha ley.
El artículo 1 de la referida ley decreta «estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional, ante la precariedad de atención integral de la salud de la población en general»; la misma tendrá una vigencia de un año, la cual podrá prorrogarse por el Órgano Legislativo a petición del Ejecutivo, especifica la misma.
Para poder saldar la deuda en el retraso de las cirugías de los hondureños, el recién aprobado decreto establece en su artículo 3 que se pueden suscribir convenios o contratos con instituciones tanto públicas, como privadas, así como ONG, cooperantes nacionales o extranjeros. El Gobierno ha dicho que esto no significa que se esté privatizando el sistema de salud.
Así también, la nueva ley detalla en su artículo 3 que es posible la contratación directa o vía procedimiento especial —especificado en el artículo 4 de dicha legislación— de bienes, servicios, suministros, alquiler de bienes y adquisición de consultorías necesarias para «afrontar la crisis en el sistema de salud pública».
Otro aspecto que se busca subsanar en el sistema de salud público es el abastecimiento de medicamentos, mediante «un proceso directo y simplificado en base a la necesidad»; también se ampliarán las jornadas laborales, sin interferir los horarios ya establecidos; se contratará personal asistencial y administrativo «de preferencia especializado» que sea requerido.
La «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» aún no ha sido sancionada por el presidente Nasry Asfura, por lo que queda pendiente su publicación en el diario «La Gaceta» (Diario Oficial) para que la misma entre en vigencia.
