Internacionales
«El Z-40» desmembraba y guisaba a los sicarios del Cártel del Golfo
Fue noticia en todo el mundo menos en Nuevo Laredo, donde nació hace 40 años. Al día siguiente de su captura, los diarios de esta violenta ciudad del Estado de Tamaulipas, fronteriza con EE UU, no llevaban una sola línea sobre la captura del matón.
Hace años que el crimen organizado ha impuesto el terror en esta población de unos 350.000 habitantes unida por cinco puentes a Texas. Años de cadáveres decapitados y de cuerpos colgados en los pasos elevados.
Años sin ley —el jefe de policía desapareció en febrero— y de silencio —varios portales de Internet han cerrado por amenazas— en el reino del hombre más peligroso del país.
La carrera criminal del Z-40 acabó de madrugada en una carretera rural, a unos 27 kilómetros al suroeste de Nuevo Laredo, cuando un helicóptero Black Hawk de la Marina mexicana interceptó el todoterreno de color gris plata en el que viajaba con un escolta y un contable. A bordo, dos millones de dólares, ocho armas largas y 500 cartuchos. Los dos cómplices se tiraron de inmediato al suelo, pero el capo, al parecer, trató de huir entre los matorrales. Fue inútil. La operación duró, según la versión oficial, siete minutos y no requirió disparar un solo tiro.
El éxito fue resultado de un largo trabajo de inteligencia en el que nadie duda que participaron las agencias de seguridad gringas —la prensa mexicana habla incluso del empleo de un drone (avión no tripulado)— dadas sus buenas relaciones con la Marina. El Z-40 llevaba tiempo moviéndose por carreteras sin asfaltar entre Coahuila y Tamaulipas y de tanto en tanto visitaba también a su hijo en Nuevo Laredo. Antes de las pruebas de ADN, sus tatuajes dieron una primera confirmación de su identidad: una cobra en la parte interna de su antebrazo derecho y la frase “Hecho en México” en la espalda.
La limpieza de la operación ha llevado a algunos expertos de seguridad mexicanos a sospechar que en realidad pudo tratarse de una entrega pactada, ya que Treviño era sumamente precavido y solía desplazarse con su guardia pretoriana. En cualquier caso, un final de trayecto muy pacífico para un hombre cuya leyenda en el mundo del hampa comenzó de adolescente en Dallas, donde sus padres y sus 13 hermanos vivieron varios años.
Allí se unió a la pandilla de Los Tejas, dedicada al robo de automóviles y la venta de droga. Más tarde sería reclutado por Osiel Cárdenas, jefe del cartel del Golfo. Primero lavando coches, luego como mensajero del mafioso gracias a su dominio del inglés y después como uno de los principales sicarios de su hermano, Ezequiel Cárdenas, conocido como Tony Tormenta, abatido en 2010.
Cuando, a finales de los años noventa, Osiel Cárdenas funda Los Zetas como brazo armado del cartel del Golfo con un grupo de desertores de las fuerzas especiales del Ejército mexicano, Treviño se convertiría en la mano derecha de su líder, el cabo Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca. La crueldad de sus métodos le abriría paso en el escalafón del crimen organizado. El Z-40 impondría la moda de desmembrar cuerpos y “guisar a sus enemigos de CDG”, disolviéndolos en ácido o derritiéndolos en contenedores de aceite.
El periodista estadounidense Alfredo Corchado, amenazado de muerte por Los Zetas y quien dio la primicia de su detención en el Dallas Morning News, cuenta en su libro Midnight in Mexico (Penguin Press), de reciente aparición, que el Z-40 solía morder el corazón de algunos de los sicarios de CDG, aún vivas, creyendo que eso le haría invencible, y reclutaba a sus sicarios obligándoles a disparar a una persona al azar. “Ponía una pistola cargada en la mano de un sicario y le ordenaba apuntar a alguien enfrente de ellos. Treviño ponía luego su mano en el corazón del sicario para medir cuán rápido latía al tiempo que gritaba: ¡Chíngatelo! Si dudaba, le pegaba un tiro en la cabeza o le daba un empleo de chivato. Dependía de su humor ese día”.
Tras la detención de Osiel Cárdenas en 2003, Los Zetas entrarían en guerra con el cartel del Golfo hasta su ruptura definitiva en enero de 2010. Los antiguos desertores del Ejército, con el Lazca y el Z-40 a la cabeza y sus bárbaros métodos militares de ocupación del territorio, ensangrentarían en los últimos años el mapa de México en una disputa permanente con los otros grupos de narcotraficantes.
La violencia de Los Zetas llegaría a su clímax en agosto de 2010 cuando fueron hallados en unas fosas en San Fernando (Tamaulipas) 72 emigrantes centroamericanos torturados y asesinados. La noticia conmocionó profundamente a la sociedad mexicana. Además de la saña de sus asesinatos, su táctica de poner al mundo del hampa a su servicio allí donde se imponían, les llevó a dedicarse, además del narco, a otros delitos como el tráfico de inmigrantes, el secuestro y la extorsión, y a tener presencia en 14 Estados e incluso extenderse a Guatemala.
El Gobierno del expresidente Felipe Calderón decidió en sus últimos años concentrarse en desmantelar a Los Zetas. Fruto de esa presión fue la muerte del Lazca en un confuso incidente en octubre del año pasado. El fallecimiento del líder, cuyo cadáver fue misteriosamente robado de una funeraria poco después, originó una nueva lucha por el poder de la que saldría vencedor el Z-40, pero el cartel estaba ya muy debilitado.
La detención de Treviño abre, según los analistas de seguridad, una nueva etapa en la violencia en este país —probablemente Los Zetas dejen de existir como organización cohesionada y coherente a nivel nacional—, pero no significará su final. Previsiblemente se desencadenará una guerra por su control —se considera que su hermano menor, Omar, ha heredado el liderazgo— y los remanentes del Golfo y el cartel de Sinaloa, la confederación que dirige Joaquín el Chapo Guzmán, tratarán de aprovechar la oportunidad para ocupar las plazas de sus viejos enemigos.
El Z-40 está ya encerrado en un penal de máxima seguridad. Sin embargo, desde su detención han muerto más de 30 personas en distintos puntos del país. Un asesino legendario ha salido de escena, pero como ha escrito el sociólogo y periodista Jorge Zepeda, aún persisten “las condiciones que hacen posible la expansión del crimen organizado como la impunidad, la ausencia de un aparato de justicia, la corrupción generalizada y la ineficacia de las policías”. La tragedia de México, que se ha cobrado más de 65.000 vidas en el último lustro, no ha acabado.
Cientos de personas continúan durmiendo en calles, carpas o albergues en Pereira, Colombia, un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que dejó más de 330 personas fallecidas y provocó el derrumbe de miles de edificios.
Fanery Andrade, una vendedora ambulante de 41 años, permanece junto a su familia en una carpa instalada en un parque, después de que su vivienda quedara reducida a escombros. La mujer espera recibir las ayudas anunciadas por el Gobierno.
«Aún estamos acá porque está difícil los arriendos, hemos mirado, son costosísimos, los subieron por las nubes», relató Andrade a la AFP.
El terremoto, que golpeó el occidente de Colombia, también derribó colegios, hospitales y miles de edificios. Las pérdidas económicas fueron estimadas en $9,500 millones y las labores de reconstrucción tomarán años.
Andrade recordó que logró salir de su vivienda poco antes de que esta se derrumbara, a pocos metros del parque donde actualmente permanece. «Uno duerme todavía con susto», aseguró mientras señalaba los restos de su casa.
La mujer tuvo la posibilidad de trasladarse a un albergue, pero decidió permanecer cerca de seis familias vecinas que también instalaron sus carpas en el lugar. «Entre todos nos colaboramos», expresó.
Andrade, quien padece anemia y otras patologías, también busca recuperar su pequeño puesto de frituras y conseguir nuevamente una vivienda. «Una casita» es uno de sus principales anhelos.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, anunció subsidios de $285 mensuales para el alquiler durante tres meses destinados a las personas afectadas. Sin embargo, varios damnificados consultados por la AFP afirmaron que todavía no habían recibido la ayuda gubernamental.
Entre quienes buscan salir adelante se encuentra Francia Elena Vásquez, quien perdió su tienda familiar de velas aromáticas y utensilios desechables, negocio en el que trabajó durante 28 años.
Tras perder el establecimiento, Vásquez retomó sus actividades comerciales en un espacio prestado dentro de un estacionamiento. «Gracias a la comunidad, a la gente, (…) nos ha ido bien», relató la comerciante.
De acuerdo con la entidad de atención de desastres, el terremoto dejó más de 36,300 viviendas destruidas.
Otro de los afectados es Matías Vélez, un auxiliar de enfermería de 36 años que resultó herido durante el terremoto. Tras el colapso de su apartamento, se trasladó a vivir con sus padres mientras se recupera y retoma sus actividades laborales.
«Nos toca empezar de cero», afirmó Vélez.
La Policía de Guatemala capturó este miércoles a siete integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes son señalados de estar involucrados en el asesinato de 17 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en zonas boscosas entre 2025 y 2026.
De acuerdo con la Policía, los cuerpos fueron encontrados envueltos en sábanas o bolsas plásticas y abandonados en cuatro distintos escenarios. Las autoridades vinculan estos hechos con la rivalidad entre pandillas.
Los detenidos fueron capturados en una colonia ubicada en la periferia oeste de la capital guatemalteca, un sector controlado por grupos criminales. Los sospechosos son acusados de los delitos de asociación ilícita, terrorismo, secuestro y asesinato. Entre los capturados se encuentra una mujer, quien enfrenta cargos por asociación ilícita.
Según la investigación, los detenidos también estarían relacionados con el abandono de ocho cuerpos en octubre pasado. Estos fueron encontrados envueltos en bolsas plásticas debajo de un puente de una carretera ubicada al este de la capital.
El hallazgo ocurrió el mismo día en que Marco Antonio Villeda asumió como ministro de Gobernación de Guatemala, luego de la destitución de su antecesor, Francisco Jiménez, en medio de una crisis política provocada por la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de una cárcel.
De los 20 pandilleros que escaparon, ocho han sido recapturados y uno fue localizado sin vida.
La MS-13 y el Barrio 18 son señalados como los principales grupos vinculados con la violencia criminal en Guatemala. Ambos son considerados organizaciones «terroristas» por Guatemala y Estados Unidos.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 17.3 por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.
El gobierno de Dinamarca propondrá prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas y centros de educación secundaria, como parte de una medida que busca limitar el tiempo que los niños y jóvenes pasan frente a las pantallas, anunció este jueves la primera ministra Mette Frederiksen.
«Este gobierno propone una prohibición total de los celulares», declaró Frederiksen durante una rueda de prensa.
La medida se aplicaría tanto dentro de las aulas como en los patios de recreo y abarcaría a los estudiantes desde primero de primaria hasta el final de la educación secundaria.
El anuncio se produjo poco después de que se conociera el último informe internacional PISA, que refleja un descenso en los resultados de los jóvenes daneses.
Con una puntuación de 478, Dinamarca se ubicó justo por debajo de la media europea, de 482 puntos.
«Los resultados en lectura, matemáticas y ciencias son los peores jamás registrados», afirmó el ministro de Educación, Magnus Heunicke, tras conocerse los resultados el martes.
Por su parte, Frederiksen consideró que los resultados están estrechamente relacionados con el nivel de conexión de los niños y jóvenes en el país.
«Los adultos hemos permitido que los niños y los jóvenes pasen demasiadas horas al día frente a una pantalla», lamentó la primera ministra.
El gobierno danés ya había estudiado anteriormente legislar sobre esta situación. Sin embargo, el proyecto no llegó a debatirse en el Parlamento y únicamente contemplaba obligar a los consejos escolares a establecer normas para convertir sus centros educativos en espacios libres de celulares.
