Internacionales
«El Z-40» desmembraba y guisaba a los sicarios del Cártel del Golfo
Fue noticia en todo el mundo menos en Nuevo Laredo, donde nació hace 40 años. Al día siguiente de su captura, los diarios de esta violenta ciudad del Estado de Tamaulipas, fronteriza con EE UU, no llevaban una sola línea sobre la captura del matón.
Hace años que el crimen organizado ha impuesto el terror en esta población de unos 350.000 habitantes unida por cinco puentes a Texas. Años de cadáveres decapitados y de cuerpos colgados en los pasos elevados.
Años sin ley —el jefe de policía desapareció en febrero— y de silencio —varios portales de Internet han cerrado por amenazas— en el reino del hombre más peligroso del país.
La carrera criminal del Z-40 acabó de madrugada en una carretera rural, a unos 27 kilómetros al suroeste de Nuevo Laredo, cuando un helicóptero Black Hawk de la Marina mexicana interceptó el todoterreno de color gris plata en el que viajaba con un escolta y un contable. A bordo, dos millones de dólares, ocho armas largas y 500 cartuchos. Los dos cómplices se tiraron de inmediato al suelo, pero el capo, al parecer, trató de huir entre los matorrales. Fue inútil. La operación duró, según la versión oficial, siete minutos y no requirió disparar un solo tiro.
El éxito fue resultado de un largo trabajo de inteligencia en el que nadie duda que participaron las agencias de seguridad gringas —la prensa mexicana habla incluso del empleo de un drone (avión no tripulado)— dadas sus buenas relaciones con la Marina. El Z-40 llevaba tiempo moviéndose por carreteras sin asfaltar entre Coahuila y Tamaulipas y de tanto en tanto visitaba también a su hijo en Nuevo Laredo. Antes de las pruebas de ADN, sus tatuajes dieron una primera confirmación de su identidad: una cobra en la parte interna de su antebrazo derecho y la frase “Hecho en México” en la espalda.
La limpieza de la operación ha llevado a algunos expertos de seguridad mexicanos a sospechar que en realidad pudo tratarse de una entrega pactada, ya que Treviño era sumamente precavido y solía desplazarse con su guardia pretoriana. En cualquier caso, un final de trayecto muy pacífico para un hombre cuya leyenda en el mundo del hampa comenzó de adolescente en Dallas, donde sus padres y sus 13 hermanos vivieron varios años.
Allí se unió a la pandilla de Los Tejas, dedicada al robo de automóviles y la venta de droga. Más tarde sería reclutado por Osiel Cárdenas, jefe del cartel del Golfo. Primero lavando coches, luego como mensajero del mafioso gracias a su dominio del inglés y después como uno de los principales sicarios de su hermano, Ezequiel Cárdenas, conocido como Tony Tormenta, abatido en 2010.
Cuando, a finales de los años noventa, Osiel Cárdenas funda Los Zetas como brazo armado del cartel del Golfo con un grupo de desertores de las fuerzas especiales del Ejército mexicano, Treviño se convertiría en la mano derecha de su líder, el cabo Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca. La crueldad de sus métodos le abriría paso en el escalafón del crimen organizado. El Z-40 impondría la moda de desmembrar cuerpos y “guisar a sus enemigos de CDG”, disolviéndolos en ácido o derritiéndolos en contenedores de aceite.
El periodista estadounidense Alfredo Corchado, amenazado de muerte por Los Zetas y quien dio la primicia de su detención en el Dallas Morning News, cuenta en su libro Midnight in Mexico (Penguin Press), de reciente aparición, que el Z-40 solía morder el corazón de algunos de los sicarios de CDG, aún vivas, creyendo que eso le haría invencible, y reclutaba a sus sicarios obligándoles a disparar a una persona al azar. “Ponía una pistola cargada en la mano de un sicario y le ordenaba apuntar a alguien enfrente de ellos. Treviño ponía luego su mano en el corazón del sicario para medir cuán rápido latía al tiempo que gritaba: ¡Chíngatelo! Si dudaba, le pegaba un tiro en la cabeza o le daba un empleo de chivato. Dependía de su humor ese día”.
Tras la detención de Osiel Cárdenas en 2003, Los Zetas entrarían en guerra con el cartel del Golfo hasta su ruptura definitiva en enero de 2010. Los antiguos desertores del Ejército, con el Lazca y el Z-40 a la cabeza y sus bárbaros métodos militares de ocupación del territorio, ensangrentarían en los últimos años el mapa de México en una disputa permanente con los otros grupos de narcotraficantes.
La violencia de Los Zetas llegaría a su clímax en agosto de 2010 cuando fueron hallados en unas fosas en San Fernando (Tamaulipas) 72 emigrantes centroamericanos torturados y asesinados. La noticia conmocionó profundamente a la sociedad mexicana. Además de la saña de sus asesinatos, su táctica de poner al mundo del hampa a su servicio allí donde se imponían, les llevó a dedicarse, además del narco, a otros delitos como el tráfico de inmigrantes, el secuestro y la extorsión, y a tener presencia en 14 Estados e incluso extenderse a Guatemala.
El Gobierno del expresidente Felipe Calderón decidió en sus últimos años concentrarse en desmantelar a Los Zetas. Fruto de esa presión fue la muerte del Lazca en un confuso incidente en octubre del año pasado. El fallecimiento del líder, cuyo cadáver fue misteriosamente robado de una funeraria poco después, originó una nueva lucha por el poder de la que saldría vencedor el Z-40, pero el cartel estaba ya muy debilitado.
La detención de Treviño abre, según los analistas de seguridad, una nueva etapa en la violencia en este país —probablemente Los Zetas dejen de existir como organización cohesionada y coherente a nivel nacional—, pero no significará su final. Previsiblemente se desencadenará una guerra por su control —se considera que su hermano menor, Omar, ha heredado el liderazgo— y los remanentes del Golfo y el cartel de Sinaloa, la confederación que dirige Joaquín el Chapo Guzmán, tratarán de aprovechar la oportunidad para ocupar las plazas de sus viejos enemigos.
El Z-40 está ya encerrado en un penal de máxima seguridad. Sin embargo, desde su detención han muerto más de 30 personas en distintos puntos del país. Un asesino legendario ha salido de escena, pero como ha escrito el sociólogo y periodista Jorge Zepeda, aún persisten “las condiciones que hacen posible la expansión del crimen organizado como la impunidad, la ausencia de un aparato de justicia, la corrupción generalizada y la ineficacia de las policías”. La tragedia de México, que se ha cobrado más de 65.000 vidas en el último lustro, no ha acabado.
Al menos seis personas resultaron muertas y otras 15 están desaparecidas luego de un ataque ucraniano con drones contra el Colegio Starobelsk, afiliado a la Universidad Pedagógica de Lugansk, afirmaron el viernes autoridades rusas, aunque Kiev afirmó que era el cuartel general de una unidad militar rusa.
Según fuentes rusas, 86 jóvenes de entre 14 y 18 años se encontraban en un dormitorio de varios pisos, que se derrumbó tras un ataque llevado a cabo durante la noche en Starobelsk, una ciudad de unos 16,000 habitantes.
«En estos momentos sabemos que seis personas han perdido la vida, que 39 han resultado heridas y 15 están desaparecidas, ya que continúa la remoción de los escombros», declaró el presidente Vladímir Putin tras un minuto de silencio retransmitido por televisión.
De acuerdo con Putin, el ataque «no fue accidental» y se desarrolló «en tres oleadas, con 16 drones dirigidos al mismo lugar».
«No había ningún objetivo de carácter militar, ni instalaciones pertenecientes a los servicios de inteligencia o a servicios afines» en las inmediaciones, aseguró el presidente ruso, quien prometió una respuesta de su ejército.
En tanto, la cancillería rusa mencionó un «ataque deliberado contra la población civil» y denunció la asistencia de países occidentales, que «proporcionan información a las fuerzas armadas ucranianas y las ayudan a dirigir sus ataques».
El gobernador de la región de Lugansk, Leonid Pasetchnik, había difundido previamente en redes sociales fotos de edificios gravemente dañados: uno en llamas y parcialmente derrumbado, y otro con las paredes calcinadas y las ventanas destrozadas.
«Es un crimen monstruoso […] del régimen de Kiev», acotó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
De su lado, el Estado Mayor ucraniano afirmó que sus fuerzas habían bombardeado el «cuartel general» de una unidad militar rusa en la región ocupada.
Tulsi Gabbard renunció como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, según confirmó este viernes a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump. La salida, efectiva el 30 de junio de 2026, se produce tras el diagnóstico de cáncer de hueso de su esposo, Abraham Williams, y convierte a Gabbard en la cuarta secretaria de gabinete —todas mujeres— en abandonar la administración Trump durante su segundo mandato.
“Mi esposo ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”, escribió Gabbard en la carta, que también publicó en X. “No puedo en buena conciencia pedirle que enfrente esta batalla solo mientras continúo en este cargo tan exigente”.
Gabbard, de 45 años, veterana de la guerra de Irak y oficial en reserva del Ejército, describió a Williams como su “roca” durante los 11 años de matrimonio. Señaló que su fortaleza la sostuvo a lo largo de despliegues militares, campañas electorales y su paso por la administración Trump. La directora notificó su decisión al presidente durante una reunión en el Despacho Oval.
Tras la renuncia, Trump elogió a Gabbard: “Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos”, dijo Trump en su red social Truth, y añadió que su adjunto, Aaron Lukas, asumiría el cargo de director interino de Inteligencia Nacional.
La salida de Gabbard se da en un momento en que Estados Unidos atraviesa un estancamiento en su guerra contra Irán, conflicto que desencadenó una crisis energética global tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán, la vía que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Con un historial de oposición a las intervenciones militares estadounidenses en el exterior —incluidas las guerras de Irak y Afganistán—, Gabbard quedó en una posición incómoda tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
En una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en marzo, sus respuestas esquivaron de forma reiterada las preguntas sobre si la Casa Blanca había sido advertida de las posibles consecuencias del conflicto. Gabbard declaró por escrito que Irán no había intentado reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses, afirmación que contradijo directamente a Trump. El presidente respondió: “No me importa lo que ella dijo. Creo que estaban muy cerca de tener una”.
La directora sostuvo que “no es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué constituye o no una amenaza inminente”. Esa postura, junto con su tibia respuesta ante la decisión de atacar Irán, alimentó durante semanas la especulación sobre su permanencia en el cargo.
Según informó NBC News, Gabbard nunca logró integrarse al entorno más cercano del presidente. En momentos decisivos —cuando Trump deliberaba sobre acciones militares o seguía en tiempo real las operaciones en Irán y Venezuela— Gabbard frecuentemente no estaba en la sala. Mantuvo fricciones con su par en la CIA, John Ratcliffe, y con otros funcionarios de la administración.
En agosto, Gabbard sorprendió a la agencia al revelar el nombre de un agente encubierto de la CIA en una lista de personas a quienes retiró credenciales de seguridad, según reportó NBC News. También desclasificó un documento sobre interferencia electoral rusa con escasas redacciones, lo que generó alarma en la sede de la agencia. El portavoz de Gabbard negó que hubiera omitido consultar a la CIA en ambos casos.
Su confirmación como directora de Inteligencia Nacional había sido aprobada por 52 votos contra 48, con el senador republicano Mitch McConnell como único voto en contra de su propio partido. Casi 100 exfuncionarios de diplomacia, seguridad nacional e inteligencia —con experiencia bajo administraciones de ambos partidos— habían escrito a los líderes del Senado para expresar su preocupación por la nominación.
Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista y uno de los principales asesores de Gabbard, había renunciado en marzo alegando que “no podía en buena conciencia” respaldar la guerra, y sostuvo en una carta pública que Israel indujo a Trump a creer que Irán representaba una amenaza inminente. Kent y Gabbard compartían una visión crítica de las intervenciones militares externas, forjada en sus trayectorias como veteranos.
Las otras tres salidas del gabinete incluyeron a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, removida por Trump a fines de marzo en medio de críticas por su gestión de la política migratoria y la respuesta a desastres naturales; a la fiscal general Pam Bondi, quien renunció ante el creciente malestar por el manejo del Departamento de Justicia en relación con los archivos de Jeffrey Epstein; y a la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer, que dejó el cargo en abril tras ser objeto de diversas investigaciones por conducta indebida.
Honduras volvió a estremecerse luego de conocerse nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.
Los agentes habían desaparecido durante un operativo antidrogas ejecutado en una zona fronteriza con Guatemala, donde presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico los habrían privado de libertad antes de asesinarlos con extrema violencia.
Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura, además de haber sido desmembrados y quemados posteriormente por sus atacantes.
La Secretaría de Seguridad confirmó oficialmente la identidad de los policías que murieron durante el operativo en Corinto, Omoa.
Los cinco agentes pertenecían a la Dipampco y habían salido desde Tegucigalpa para participar en una operación contra estructuras criminales dedicadas al tráfico y distribución de drogas en la zona fronteriza.
El caso ha generado una fuerte conmoción nacional debido al nivel de violencia con el que fueron asesinados los uniformados.
De acuerdo con los reportes preliminares, equipos especiales de rescate ingresaron fuertemente armados a una zona montañosa de Omoa luego de recibir información sobre el posible paradero de los agentes desaparecidos.
Las autoridades detallaron que los agentes habrían sido capturados por miembros de una organización criminal durante el operativo antidrogas y posteriormente ejecutados.
El informe preliminar indica que los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y signos de extrema violencia.
Las investigaciones revelaron además que los responsables desmembraron los cuerpos de los agentes, los decapitaron y posteriormente intentaron quemarlos para dificultar su identificación.
Las imágenes y detalles del crimen generaron indignación en distintos sectores del país y reavivaron el debate sobre el avance de estructuras criminales fuertemente armadas en Honduras.
Hasta el momento, las autoridades descartaron bajas civiles relacionadas con el operativo. Sin embargo, se presume que varios miembros de la estructura criminal lograron escapar hacia Guatemala tras el ataque.
Por esa razón, Honduras ya coordinó acciones con autoridades guatemaltecas para intentar ubicar a los sospechosos que cruzaron la frontera.
Las autoridades consideran que existieron fallas operativas que terminaron exponiendo a los agentes asesinados durante el operativo antidrogas.
Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares permanecen desplegados en la zona realizando operaciones de búsqueda, rastreo y aseguramiento del sector.
La ola de violencia ha provocado preocupación nacional e internacional por el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.
