Internacionales
«El Z-40» desmembraba y guisaba a los sicarios del Cártel del Golfo
Fue noticia en todo el mundo menos en Nuevo Laredo, donde nació hace 40 años. Al día siguiente de su captura, los diarios de esta violenta ciudad del Estado de Tamaulipas, fronteriza con EE UU, no llevaban una sola línea sobre la captura del matón.
Hace años que el crimen organizado ha impuesto el terror en esta población de unos 350.000 habitantes unida por cinco puentes a Texas. Años de cadáveres decapitados y de cuerpos colgados en los pasos elevados.
Años sin ley —el jefe de policía desapareció en febrero— y de silencio —varios portales de Internet han cerrado por amenazas— en el reino del hombre más peligroso del país.
La carrera criminal del Z-40 acabó de madrugada en una carretera rural, a unos 27 kilómetros al suroeste de Nuevo Laredo, cuando un helicóptero Black Hawk de la Marina mexicana interceptó el todoterreno de color gris plata en el que viajaba con un escolta y un contable. A bordo, dos millones de dólares, ocho armas largas y 500 cartuchos. Los dos cómplices se tiraron de inmediato al suelo, pero el capo, al parecer, trató de huir entre los matorrales. Fue inútil. La operación duró, según la versión oficial, siete minutos y no requirió disparar un solo tiro.
El éxito fue resultado de un largo trabajo de inteligencia en el que nadie duda que participaron las agencias de seguridad gringas —la prensa mexicana habla incluso del empleo de un drone (avión no tripulado)— dadas sus buenas relaciones con la Marina. El Z-40 llevaba tiempo moviéndose por carreteras sin asfaltar entre Coahuila y Tamaulipas y de tanto en tanto visitaba también a su hijo en Nuevo Laredo. Antes de las pruebas de ADN, sus tatuajes dieron una primera confirmación de su identidad: una cobra en la parte interna de su antebrazo derecho y la frase “Hecho en México” en la espalda.
La limpieza de la operación ha llevado a algunos expertos de seguridad mexicanos a sospechar que en realidad pudo tratarse de una entrega pactada, ya que Treviño era sumamente precavido y solía desplazarse con su guardia pretoriana. En cualquier caso, un final de trayecto muy pacífico para un hombre cuya leyenda en el mundo del hampa comenzó de adolescente en Dallas, donde sus padres y sus 13 hermanos vivieron varios años.
Allí se unió a la pandilla de Los Tejas, dedicada al robo de automóviles y la venta de droga. Más tarde sería reclutado por Osiel Cárdenas, jefe del cartel del Golfo. Primero lavando coches, luego como mensajero del mafioso gracias a su dominio del inglés y después como uno de los principales sicarios de su hermano, Ezequiel Cárdenas, conocido como Tony Tormenta, abatido en 2010.
Cuando, a finales de los años noventa, Osiel Cárdenas funda Los Zetas como brazo armado del cartel del Golfo con un grupo de desertores de las fuerzas especiales del Ejército mexicano, Treviño se convertiría en la mano derecha de su líder, el cabo Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca. La crueldad de sus métodos le abriría paso en el escalafón del crimen organizado. El Z-40 impondría la moda de desmembrar cuerpos y “guisar a sus enemigos de CDG”, disolviéndolos en ácido o derritiéndolos en contenedores de aceite.
El periodista estadounidense Alfredo Corchado, amenazado de muerte por Los Zetas y quien dio la primicia de su detención en el Dallas Morning News, cuenta en su libro Midnight in Mexico (Penguin Press), de reciente aparición, que el Z-40 solía morder el corazón de algunos de los sicarios de CDG, aún vivas, creyendo que eso le haría invencible, y reclutaba a sus sicarios obligándoles a disparar a una persona al azar. “Ponía una pistola cargada en la mano de un sicario y le ordenaba apuntar a alguien enfrente de ellos. Treviño ponía luego su mano en el corazón del sicario para medir cuán rápido latía al tiempo que gritaba: ¡Chíngatelo! Si dudaba, le pegaba un tiro en la cabeza o le daba un empleo de chivato. Dependía de su humor ese día”.
Tras la detención de Osiel Cárdenas en 2003, Los Zetas entrarían en guerra con el cartel del Golfo hasta su ruptura definitiva en enero de 2010. Los antiguos desertores del Ejército, con el Lazca y el Z-40 a la cabeza y sus bárbaros métodos militares de ocupación del territorio, ensangrentarían en los últimos años el mapa de México en una disputa permanente con los otros grupos de narcotraficantes.
La violencia de Los Zetas llegaría a su clímax en agosto de 2010 cuando fueron hallados en unas fosas en San Fernando (Tamaulipas) 72 emigrantes centroamericanos torturados y asesinados. La noticia conmocionó profundamente a la sociedad mexicana. Además de la saña de sus asesinatos, su táctica de poner al mundo del hampa a su servicio allí donde se imponían, les llevó a dedicarse, además del narco, a otros delitos como el tráfico de inmigrantes, el secuestro y la extorsión, y a tener presencia en 14 Estados e incluso extenderse a Guatemala.
El Gobierno del expresidente Felipe Calderón decidió en sus últimos años concentrarse en desmantelar a Los Zetas. Fruto de esa presión fue la muerte del Lazca en un confuso incidente en octubre del año pasado. El fallecimiento del líder, cuyo cadáver fue misteriosamente robado de una funeraria poco después, originó una nueva lucha por el poder de la que saldría vencedor el Z-40, pero el cartel estaba ya muy debilitado.
La detención de Treviño abre, según los analistas de seguridad, una nueva etapa en la violencia en este país —probablemente Los Zetas dejen de existir como organización cohesionada y coherente a nivel nacional—, pero no significará su final. Previsiblemente se desencadenará una guerra por su control —se considera que su hermano menor, Omar, ha heredado el liderazgo— y los remanentes del Golfo y el cartel de Sinaloa, la confederación que dirige Joaquín el Chapo Guzmán, tratarán de aprovechar la oportunidad para ocupar las plazas de sus viejos enemigos.
El Z-40 está ya encerrado en un penal de máxima seguridad. Sin embargo, desde su detención han muerto más de 30 personas en distintos puntos del país. Un asesino legendario ha salido de escena, pero como ha escrito el sociólogo y periodista Jorge Zepeda, aún persisten “las condiciones que hacen posible la expansión del crimen organizado como la impunidad, la ausencia de un aparato de justicia, la corrupción generalizada y la ineficacia de las policías”. La tragedia de México, que se ha cobrado más de 65.000 vidas en el último lustro, no ha acabado.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Internacionales
Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses
La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.
Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.
El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.
La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.
