Internacionales
«El Z-40» desmembraba y guisaba a los sicarios del Cártel del Golfo
Fue noticia en todo el mundo menos en Nuevo Laredo, donde nació hace 40 años. Al día siguiente de su captura, los diarios de esta violenta ciudad del Estado de Tamaulipas, fronteriza con EE UU, no llevaban una sola línea sobre la captura del matón.
Hace años que el crimen organizado ha impuesto el terror en esta población de unos 350.000 habitantes unida por cinco puentes a Texas. Años de cadáveres decapitados y de cuerpos colgados en los pasos elevados.
Años sin ley —el jefe de policía desapareció en febrero— y de silencio —varios portales de Internet han cerrado por amenazas— en el reino del hombre más peligroso del país.
La carrera criminal del Z-40 acabó de madrugada en una carretera rural, a unos 27 kilómetros al suroeste de Nuevo Laredo, cuando un helicóptero Black Hawk de la Marina mexicana interceptó el todoterreno de color gris plata en el que viajaba con un escolta y un contable. A bordo, dos millones de dólares, ocho armas largas y 500 cartuchos. Los dos cómplices se tiraron de inmediato al suelo, pero el capo, al parecer, trató de huir entre los matorrales. Fue inútil. La operación duró, según la versión oficial, siete minutos y no requirió disparar un solo tiro.
El éxito fue resultado de un largo trabajo de inteligencia en el que nadie duda que participaron las agencias de seguridad gringas —la prensa mexicana habla incluso del empleo de un drone (avión no tripulado)— dadas sus buenas relaciones con la Marina. El Z-40 llevaba tiempo moviéndose por carreteras sin asfaltar entre Coahuila y Tamaulipas y de tanto en tanto visitaba también a su hijo en Nuevo Laredo. Antes de las pruebas de ADN, sus tatuajes dieron una primera confirmación de su identidad: una cobra en la parte interna de su antebrazo derecho y la frase “Hecho en México” en la espalda.
La limpieza de la operación ha llevado a algunos expertos de seguridad mexicanos a sospechar que en realidad pudo tratarse de una entrega pactada, ya que Treviño era sumamente precavido y solía desplazarse con su guardia pretoriana. En cualquier caso, un final de trayecto muy pacífico para un hombre cuya leyenda en el mundo del hampa comenzó de adolescente en Dallas, donde sus padres y sus 13 hermanos vivieron varios años.
Allí se unió a la pandilla de Los Tejas, dedicada al robo de automóviles y la venta de droga. Más tarde sería reclutado por Osiel Cárdenas, jefe del cartel del Golfo. Primero lavando coches, luego como mensajero del mafioso gracias a su dominio del inglés y después como uno de los principales sicarios de su hermano, Ezequiel Cárdenas, conocido como Tony Tormenta, abatido en 2010.
Cuando, a finales de los años noventa, Osiel Cárdenas funda Los Zetas como brazo armado del cartel del Golfo con un grupo de desertores de las fuerzas especiales del Ejército mexicano, Treviño se convertiría en la mano derecha de su líder, el cabo Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca. La crueldad de sus métodos le abriría paso en el escalafón del crimen organizado. El Z-40 impondría la moda de desmembrar cuerpos y “guisar a sus enemigos de CDG”, disolviéndolos en ácido o derritiéndolos en contenedores de aceite.
El periodista estadounidense Alfredo Corchado, amenazado de muerte por Los Zetas y quien dio la primicia de su detención en el Dallas Morning News, cuenta en su libro Midnight in Mexico (Penguin Press), de reciente aparición, que el Z-40 solía morder el corazón de algunos de los sicarios de CDG, aún vivas, creyendo que eso le haría invencible, y reclutaba a sus sicarios obligándoles a disparar a una persona al azar. “Ponía una pistola cargada en la mano de un sicario y le ordenaba apuntar a alguien enfrente de ellos. Treviño ponía luego su mano en el corazón del sicario para medir cuán rápido latía al tiempo que gritaba: ¡Chíngatelo! Si dudaba, le pegaba un tiro en la cabeza o le daba un empleo de chivato. Dependía de su humor ese día”.
Tras la detención de Osiel Cárdenas en 2003, Los Zetas entrarían en guerra con el cartel del Golfo hasta su ruptura definitiva en enero de 2010. Los antiguos desertores del Ejército, con el Lazca y el Z-40 a la cabeza y sus bárbaros métodos militares de ocupación del territorio, ensangrentarían en los últimos años el mapa de México en una disputa permanente con los otros grupos de narcotraficantes.
La violencia de Los Zetas llegaría a su clímax en agosto de 2010 cuando fueron hallados en unas fosas en San Fernando (Tamaulipas) 72 emigrantes centroamericanos torturados y asesinados. La noticia conmocionó profundamente a la sociedad mexicana. Además de la saña de sus asesinatos, su táctica de poner al mundo del hampa a su servicio allí donde se imponían, les llevó a dedicarse, además del narco, a otros delitos como el tráfico de inmigrantes, el secuestro y la extorsión, y a tener presencia en 14 Estados e incluso extenderse a Guatemala.
El Gobierno del expresidente Felipe Calderón decidió en sus últimos años concentrarse en desmantelar a Los Zetas. Fruto de esa presión fue la muerte del Lazca en un confuso incidente en octubre del año pasado. El fallecimiento del líder, cuyo cadáver fue misteriosamente robado de una funeraria poco después, originó una nueva lucha por el poder de la que saldría vencedor el Z-40, pero el cartel estaba ya muy debilitado.
La detención de Treviño abre, según los analistas de seguridad, una nueva etapa en la violencia en este país —probablemente Los Zetas dejen de existir como organización cohesionada y coherente a nivel nacional—, pero no significará su final. Previsiblemente se desencadenará una guerra por su control —se considera que su hermano menor, Omar, ha heredado el liderazgo— y los remanentes del Golfo y el cartel de Sinaloa, la confederación que dirige Joaquín el Chapo Guzmán, tratarán de aprovechar la oportunidad para ocupar las plazas de sus viejos enemigos.
El Z-40 está ya encerrado en un penal de máxima seguridad. Sin embargo, desde su detención han muerto más de 30 personas en distintos puntos del país. Un asesino legendario ha salido de escena, pero como ha escrito el sociólogo y periodista Jorge Zepeda, aún persisten “las condiciones que hacen posible la expansión del crimen organizado como la impunidad, la ausencia de un aparato de justicia, la corrupción generalizada y la ineficacia de las policías”. La tragedia de México, que se ha cobrado más de 65.000 vidas en el último lustro, no ha acabado.
Al menos 25 personas murieron en un incendio que arrasó un club nocturno muy frecuentado del balneario de Goa, en el oeste de India, anunció el domingo el ministro en jefe de la región, Pramod Sawant.
Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio, que se desató en una discoteca de Arpora, en el distrito de Goa Norte, según la policía, citada por la agencia Press Trust of India.
«Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa», escribió Sawant en X, quien agregó que «25 personas han perdido sus vidas y seis resultaron heridas».
Sawant dijo a los periodistas en el lugar que «tres o cuatro» turistas habían fallecido. Además, explicó que tres personas murieron por quemaduras, mientras que las demás fallecieron por asfixia.
«Visité el lugar del incidente y he ordenado una investigación sobre este suceso», aseguró el ministro.
Y agregó que «los responsables enfrentarán las acciones más estrictas bajo la ley; cualquier negligencia será tratada con firmeza».
El primer ministro Narendra Modi dijo en un comunicado que las muertes eran «profundamente lamentables».
Por su parte, el legislador local Michael Lobo anunció una auditoría en sitios similares para evitar que ocurran nuevos accidentes, según la agencia noticiosa PTI.
Goa, una antigua colonia portuguesa en las costas del Mar Arábigo, atrae a millones de turistas cada año con su vida nocturna, playas de arena y ambiente costero relajado.
Medios locales citaron a fuentes policiales diciendo que el incendio pudo haber sido causado por la «explosión de un cilindro», pero que está bajo investigación
Los incendios son frecuentes en India debido a las deficientes prácticas de construcción, la sobreocupación de inmuebles y la poca adhesión a las normas de seguridad.
En mayo pasado murieron 17 personas en un incendio en un edificio de la ciudad sureña de Hyderabad.
Un exgobernador opositor de Venezuela procesado por «terrorismo» e «instigación al odio» murió en prisión, informaron el sábado a la AFP representantes de organizaciones de derechos humanos.
Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta (2017-2021), fue arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras la reelección del presidente Nicolás Maduro. La oposición denuncia fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio.
La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2,400 detenidos, la mayoría acusados de «terrorismo». Unas 2,000 personas han sido excarceladas desde entonces, según cifras oficiales.
Díaz «llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija», indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que se dedica a defender a detenidos por razones políticas.
Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, confirmó Romero a la AFP. «La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar», agregó.
Con Díaz, de 55 años, suman al menos seis opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024, que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año.
«¿Quién asume responsabilidad de eso y de las otras muertes que han ocurrido?», señaló Romero.
La dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo que la muerte de Díaz «se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio».
«Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal», indicó Machado en un comunicado conjunto firmado además por González Urrutia.
Díaz estaba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas. El lugar es tachado como un «centro de torturas» por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.
Díaz «había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado», informó a la AFP el abogado Gonzalo Himiob, también de la ONG Foro Penal. «Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público», dijo.
Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.
La explosión de un automóvil frente a un edificio policial en el convulso estado mexicano de Michoacán (oeste) dejó al menos tres muertos y seis heridos, informaron este sábado autoridades.
El estallido ocurrió minutos antes de las 12:00 pm (hora local), frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, con costas en el Pacífico, una región en la que operan diversos cárteles del narcotráfico.
«Un vehículo con su conductor explotó» en el centro de esa localidad, reportó la Fiscalía General de México en la red social X.
La conflagración causó la muerte del conductor del automóvil y dos personas más, quienes fallecieron en un hospital mientras eran atendidas por las lesiones que sufrieron, añadió la Fiscalía.
Peritos especializados en explosivos trabajan para «obtener la identidad» de los responsables, agregó la institución.
El fuerte estruendo se percibió en distintos puntos del municipio, el cual es resguardado por fuerzas de seguridad federales.
En Michoacán operan al menos cinco cárteles narcotraficantes, entre ellos el poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Nueva Familia Michoacana, designados como «organizaciones terroristas extranjeras» por el presidente estadounidense, Donald Trump, en febrero.
En esa región, en octubre fue asesinado el líder de los limoneros locales, Bernardo Bravo, quien había denunciado ser víctima de extorsiones por parte de grupos criminales.
El mes siguiente, el popular alcalde Carlos Manzo, famoso por hacer frente a las mafias que operan en ese estado, fue abatido a balazos en un acto público.
Estos crímenes de alto perfil llevaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a lanzar un plan de seguridad para Michoacán, en el que fueron desplegados más de 10.000 soldados.
Ambos atentados provocaron protestas antigubernamentales, inclusive en Ciudad de México, donde el 15 de noviembre pasado ocurrió la movilización más violenta a la fecha contra la administración de Sheinbaum y su política de seguridad.
