El presidente estadounidense, que rompió con la política de su predecesor Joe Biden de apoyar a Kiev y protagonizó un sorprendente acercamiento a Vladimir Putin, dio un apretón de manos al jefe de Estado ucraniano.

Ambos intercambiaron unas palabras y posaron para los fotógrafos antes de que Trump condujera a su invitado al despacho oval, donde está previsto que mantengan una reunión, antes de una rueda de prensa conjunta.

Horas antes de la reunión, Ucrania denunció que soldados rusos han lanzado un ataque en la región fronteriza de Sumy desde la vecina región rusa de Kursk, una pequeña parte de la cual está ocupada por Kiev.

Rusia anunció el nombramiento de un nuevo embajador en Estados Unidos, Alexander Dartchiev, al día siguiente de las conversaciones bilaterales en Estambul.

El impredecible Trump restó importancia el jueves a los comentarios que hizo la semana pasada sobre el presidente ucraniano, a quien llamó «dictador».

«¿Dije eso?», comentó haciéndose el sorprendido. «No puedo creer que lo dijera. Siguiente pregunta», agregó el mandatario republicano, quien más tarde afirmó sentir «mucho respeto» por su homólogo ucraniano.

Pero este cambio de tono, ¿se debe al acuerdo que firmará con Zelenski? No se sabe, pero lo cierto es que en política nada agrada más al expromotor inmobiliario que concluir un acuerdo ventajoso.

#CRONIO El presidente Donald Trump dejó claro su desacuerdo con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una conversación sobre el acuerdo entre ambos países.

Trump afirmó: «O firmamos el acuerdo o te sales de él. Deberías expresarnos tu gratitud, y no lo haces. No… pic.twitter.com/c6yiJcflBi

— Diario Digital Cronio (@croniosv) February 28, 2025

«Cavar, cavar, cavar»

El acuerdo marco permite a Estados Unidos acceder a los recursos del subsuelo ucraniano, como exigía Trump, en compensación por la ayuda militar y financiera desembolsada durante los últimos tres años.

«Vamos a cavar, cavar, cavar», adelantó el republicano de 78 años el jueves.

El acuerdo no es exactamente como quería el presidente estadounidense, quien había pedido que se mencionara un monto de 500.000 millones de dólares que el texto final no contiene.

Establece un fondo conjunto de inversión en metales, hidrocarburos e inversiones.

El texto tampoco prevé garantías absolutas de seguridad para Ucrania.

«Pero la idea es que con una inversión conjunta en los recursos del país, Estados Unidos seguirá involucrado en la seguridad y la estabilidad», señalan Gracelin Baskaran y Meredith Schwartz en una nota de análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

El propio Trump sostuvo el jueves que este acuerdo funcionaría como una especie de «red de seguridad».

«No creo que nadie vaya a meterse en problemas si estamos (en Ucrania) con muchos trabajadores» para explotar minerales, agregó el presidente estadounidense.

Manganeso y grafito

Ucrania posee alrededor del 5% de los recursos mineros del mundo, pero los que Trump codicia están en su mayoría sin explotar, son difíciles de extraer o se hallan bajo control ruso, en territorios ocupados.

Lo que está en juego durante la visita de Zelenski va mucho más allá del manganeso y el grafito.

Ucrania y Europa han seguido con preocupación el acercamiento entre Trump y Putin, quienes hablaron por teléfono largo y tendido el 12 de febrero e iniciaron negociaciones para poner fin a la guerra.

El jueves, el presidente estadounidense reiteró que confía en el presidente ruso, a pesar de las reiteradas advertencias de Londres y París sobre la fragilidad de cualquier tregua que no vaya acompañada de un sólido aparato de control y seguridad, garantizado por Estados Unidos.

Dijo estar convencido de que Putin «cumplirá su palabra» en caso de un alto el fuego.

Trump se niega a culpar a Moscú por la guerra e incluso acusó a Ucrania.

Cerró por completo la puerta a una adhesión de Ucrania a la OTAN, diciendo que hay que «olvidarse» de esa perspectiva.

Pero el presidente estadounidense consideró el jueves que, en caso de un acuerdo de paz, Kiev podría recuperar algo de territorio. «Intentaremos recuperar tanto como sea posible», declaró, y alabó la valentía con la que lucharon las tropas ucranianas.

En enero, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó una resolución en la cual establece los parámetros con los que serán evaluados los individuos para que obtengan, o continúen percibiendo, un subsidio por discapacidad. En su anexo, se describen los niveles de desarrollo intelectual de los «retardos mentales».

Según este texto, primero está el «idiota», que «no atravesó la etapa glósica (verbal), no lee ni escribe, no conoce el dínero…»; luego el «imbécil», que «no lee ni escribe, (pero) atiende sus necesidades elementales»; y finalmente el «débil mental profundo», que «realiza tareas rudimentarias», el «moderado» y el «leve», que «puede realizar tareas de mayor envergadura».

«Les corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor», prosigue el texto difundido en el Boletín Oficial, publicado en el marco de una amplia auditoría implementada por el gobierno del ultraliberal Javier Milei a fin de revisar la ideoneidad de las pensiones por invalidez.

Tras el repudio a este contenido por parte de organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad, ANDIS reconoció en un comunicado este jueves que la publicación de tales términos fue «un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta».

La resolución y el polémico anexo «serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales», indicó la agencia en la red X, aclarando que estos cambios no modificarán «sus criterios de evaluación».

Siete organizaciones exigieron hace tres semanas la derogación de esta norma al señalar que su contenido «atenta de modo flagrante» la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, entre otras cosas porque «la clasificación de las personas como ‘válidas’ o ‘inválidas’ para el trabajo es contraria al modelo social y es en sí misma discriminatoria».

«Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites», anunció en medios oficialistas Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua junto a su esposo, Daniel Ortega.

Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.

En su informe anual, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua aseguró que, con una reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero, el gobierno «eliminó los pocos controles institucionales que quedaban» y creó un «poder ejecutivo con dominio absoluto»,

Los expertos acusaron al «régimen de Ortega y Murillo de ejecutar sistemáticamente una estrategia autoritaria de dominio del país, mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos».

Según el reporte, publicado en Ginebra, «el gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, para que se unieran» a un ejército de decenas de miles de encapuchados que vigilan y reprimen a la población.

Vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, unos 30.000 encapuchados, que formaron filas en la Plaza de la Fe en Managua, fueron juramentados por Ortega y Murillo en la noche del miércoles para unirse a otros 50.000 del resto del país.

«Caja de resonancia»

Ambos aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de abril de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington y cuya represión, en la que según el Grupo de Expertos participó el ejército, la policía y paramilitares encapuchados, dejó más de 320 muertos.

«El autodenonimado Grupo de Expertos, la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y tranquilidad», agregó Murillo, en referencia a los manifestantes.

La copresidenta nicaragüense aseguró que «esos informes son un obstáculo para el desarrollo económico y social» del país, y calificó a esos órganos de la ONU de «irrespetuosos» que «perdieron su naturaleza y esencia».

«No los reconocemos y no nos vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados, la dignidad de los pueblos», agregó.

La reforma constitucional establece la «vigilancia» sobre la prensa y la Iglesia, y el despojo de la nacionalidad nicaragüense a quienes el gobierno considere «traidores a la patria», como hizo con unos 450 críticos y opositores expulsados del país en los últimos años.

«Nicaragua se ha convertido en un lugar de vigilancia y silencio impuesto para quienes permanecen, mientras que aquellos que se atreven a resistir, o que simplemente son percibidos como disidentes, enfrentan una vida de apátrida y exilio» dijo Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos.

Los investigadores de la ONU instaron a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas para abordar estas violaciones.