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Compadre de Vicente Fernández asegura que la familia mintió sobre la fecha de muerte del cantante
La muerte de Vicente Fernández sigue dando de qué hablar, pues a pesar de que fue la propia familia quien dio a conocer la lamentable noticia a través de redes sociales, ahora hay quien está poniendo en duda la fecha en la que el cantante habría partido de este mundo.
De acuerdo al comunicado publicado, el ‘Charro de Huentitán’ falleció «el día domingo 12 de diciembre a a las 6:15 a.m. en Guadalajara , tras permanecer hospitalizado cuatro meses.
Sin embargo, Gustavo Alvite, quien fuera amigo y compadre del cantante ranchero, rindió detalles que han llamado mucho la atención, pues confesó su enojo por el “sensacionalismo” con el que la familia manejó los últimos días de Vicente, presuntamente para que “impactara más”.
“Le platico esto: la noche del domingo 12 de diciembre, fecha ‘oficial’ del fallecimiento de mi amigo por más de 50 años, Vicente Fernández Gómez. Y sí, tengo muchas cosas que platicar de esa historia”, dice una parte de la publicación que compartió en su cuenta de Facebook junto con una fotografía en la que aparece con Vicente Fernández.
Además, le parece demasiado “coincidente” con el festejo de la Virgen de Guadalupe en México, de la que el ícono de la música regional era fiel creyente.
“La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para ‘que impacte más’, me ‘pega’ en el ánimo”, dijo Alvite.
Luego explica las razones por las que Don Chente no habría aceptado que su familia mintiera al respecto: “Hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno”.
Alvite también contó en su post su experiencia como amigo del patriarca de los Fernández, además, abordó el cómo evitó tantas entrevistas y lo difícil que fue enfrentarse al hecho.
“Hace dos meses aproximadamente me llamó la mujer que publicó una biografía no autorizada de Vicente Fernández para que le contara lo que yo sabía de Vicente. Así de plano, sin decirme cómo había conseguido mi celular, como si fuera una obligación. Yo sabía de ella y sus libros, todos en torno al escándalo de diversos personajes políticos y artísticos”, explicó.
“Aunque usted no lo crea, mi origen modesto, pero limpio y mi convicción por el respeto a los demás aprendido en una cabina de Radio durante 54 años, empezando por el respeto a un micrófono me obligan a guardar mis escrúpulos como lo único que me acompañará cuando deje el puerto. Por supuesto, me negué. Y se enojó”, agregó en un párrafo más el locutor.
Por si fuera poco, aprovechó para acusar a la familia Fernández de haber aislado al cantante durante años:
“Le ordenaron a Juan José, su asistente, que no me lo pasaran en el celular. Lo aislaron. Decidieron desde entonces por él. Ya no nos comunicamos más. Mis amigos me decían ‘¡ve a buscarlo!’. Nunca fui. Ya había tenido un altercado con Gerardo, su hijo, y no había necesidad de otro”, reveló.
Finalmente, Gustavo Alvite se despidió de su amigo Vicente Fernández y volvió a señalar la presunta falsedad en la que su familia manejó la situación: “Merecías partir como viviste, haciendo honor a la frase de Miguel de Unamuno: ‘Nada menos que todo un hombre’. Que Dios te tenga en su paz, querido amigo”.
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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
