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Absuelven a Lula da Silva en uno de los seis procesos que pesan en su contra
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue absuelto este jueves en uno de sus seis procesos pendientes, adicionales al de corrupción y lavado de dinero por el que purga desde abril 12 años y un mes de cárcel.
La decisión emitida por un juez de Brasilia libra al exmandatario de izquierda, de 72 años, de culpa y cargo en un caso de presunta obstrucción a la justicia.
Lula había sido acusado en 2016 de haber intentado comprar el silencio del exdirector de la estatal Petrobras Nestor Cerveró, quien había suscrito un acuerdo de colaboración premiada con la justicia en el marco de la megaoperación anticorrupción Lava Jato.
El fallo del juez federal Ricardo Leite destaca la falta de pruebas suficientes para sustentar la denuncia, basada en esencia en testimonios de los delatores.
«Hay numerosas posibilidades y circunstancias sobre lo que realmente ocurrió», afirma Leite en su sentencia.
El expresidente (2003-2010) se declara inocente de todas las acusaciones que pesan en su contra y las considera una «conspiración» que busca alejarlo de su tentativa de volver al poder en las elecciones de octubre.
Preso en la sede de la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país, Lula continúa liderando las encuestas de opinión con 30% de intención de voto, aunque la legislación electoral debería invalidar su eventual candidatura.
Tras el fallo, la defensa saludó la decisión y apuntó que «evidencia aún más el carácter ilegítimo de las decisiones que lo condenaron» previamente en el caso en el que se le acusa de corrupción pasiva y lavado de dinero, por haber recibido un apartamento de la constructora OAS a cambio de apoyo en negociaciones con Petrobras.
La condena, proferida en primera instancia por el juez de Curitiba Sérgio Moro, y confirmada por un tribunal de segunda instancia, es cuestionada por los abogados de la defensa que la consideran parcializada.
«Mientras el juez de Brasilia, de forma imparcial, niega el valor probatorio a la delación premiada por ausencia de elementos para corroborar, el juez de Curitiba dio valor absoluto al testimonio de un delator informal para condenar a Lula», contestó el abogado defensor Cristiano Zanin Martins.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) responde a otras acusaciones de corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencia y organización para delinquir en cinco casos que están en las manos de tribunales de Brasilia y Paraná (cuya capital es Curitiba).
Los abogados de Lula trabaron una batalla legal para que el expresidente pueda aguardar en libertad el resultado de los recursos presentados ante los máximos tribunales del país.
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
