Judicial
Traficante de personas recibe 8 años de prisión
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana, resolvió enviar a prisión por 8 años a un traficante ilegal de personas, quien fue sorprendido en octubre de 2023 cuando movilizaba a 5 ecuatorianos en el occidente del país.
El 11 de octubre del año pasado, durante un patrullaje preventivo en el kilómetro 93 de la carretera que conecta Santa Ana con Metapán, agentes policiales detuvieron un vehículo para una inspección rutinaria. Al revisar los documentos del conductor, los agentes observaron que en el automotor viajaban cinco adultos y un menor de edad, lo que despertó sospechas de un posible caso de tráfico ilegal de personas. Ante ello, procedieron a interrogar a los ocupantes por separado.
Durante el interrogatorio, todos los pasajeros coincidieron en que habían ingresado al país a través del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, procedentes de Ecuador, y que su destino final era Estados Unidos. Según los testimonios, el conductor del vehículo, Gerardo Israel Preza Martínez, tenía la misión de guiarlos a un punto no habilitado para ingresar a Guatemala y luego a México. Ante estas evidencias, los policías arrestaron al conductor.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana llevó a cabo el juicio en su contra y tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), declaró culpable a Preza Martínez y lo condenó a ocho años de prisión por el delito de tráfico ilegal de personas.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
