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Regulan venta de medicinas con nueva ley evitando el incremento de precios
Para actualizar aranceles y establecer un marco jurídico, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 66 votos, la creación de la Ley Especial de Precios por Servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos.
Según lo expuesto en la sesión plenaria número 124, la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) podrá ejercer controles de calidad de productos a solicitud de particulares y estos tendrán una tarifa que establecerá dicha organización, las cuales serán publicadas en el Diario Oficial.
La DNM es una organización autónoma que se encarga de autorizar la inscripción, importación, fabricación y expendio de productos o dispositivos farmacéuticos, suplementos vitamínicos, productos naturales y otras sustancias que ofrezcan una acción terapéutica, fabricadas en el país o en el extranjero.
La normativa avalada, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2024, incluye de manera expresa que todas las instituciones del Estado que adquieren medicamentos, incluyendo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), estarán exentas del pago de derechos por introducción de estas al país.
La ley, que contiene 11 artículos, también aplicará para instituciones que prestan servicios de salud sin fines de lucro, como iglesias y municipalidades con clínicas y farmacias gratuitas o de bajo costo.
Esta herramienta que busca fortalecer las instituciones que protegen el rubro de medicamentos no es para incrementar los precios de las medicinas, sino para establecer una regulación en la venta de estas, debido a que la ley ya contempla una tarifa máxima.
De acuerdo a lo expuesto, la normativa también determinará los precios en concepto de derechos por servicios, licencias de los productos y establecimientos regulados por la DNM.
Anteriormente, el rubro de medicamentos estaba dominados por una mafia que, aparte de dañar la industria farmacéutica, no declaraba impuestos y eso no generaba ingresos para el Estado.
En el país ha habido venta de medicamentos falsos y eso, a consideración de los parlamentarios, se debe combatir frontalmente y con el rigor de la ley.
Además, se ha identificado que la Dirección Nacional de Medicamentos solo cuenta con 28 inspectores para visitar todas las farmacias del país, los laboratorios y las empresas farmacéuticas y las que producen cosméticos.
Es por eso que la normativa va a elevar la productividad de la DNM de una manera determinante. Primero, para garantizar que los productos que salgan al mercado no representen un riesgo a la salud de la población; segundo, para que las empresas puedan ser atendidas de manera pronta; tercero, para seguir liderando las buenas prácticas del sector a nivel regional.
“El Salvador tiene una institución que vela por la distribución de medicamentos mejores evaluadas de la región. Es más, de otros países hasta han llamado a sus representantes para que brinden capacitaciones para ejecutar el mismo trabajo del nuestro”, aseguró el diputado William Soriano.
El parlamentario recordó que en el seno de la Comisión de Hacienda recibieron a representantes de la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR) y de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AMCHAM), quienes se expresaron muy bien de las labores de la autónoma.
La contaminación por microplásticos ha llegado también a los peces de islas remotas del Pacífico, con niveles especialmente elevados en Fiyi, donde casi el 75 % de los ejemplares analizados contenían estas partículas, según un estudio encabezado por la Universidad del Pacífico Sur y publicado en la revista científica PLOS One.
La investigación analizó 878 peces costeros de 138 especies capturados en Fiyi, Tonga, Tuvalu y Vanuatu, y concluyó que alrededor de un tercio presentaba al menos un microplástico, aunque con grandes diferencias entre territorios.
Los peces de arrecife y los que se alimentan en el fondo marino mostraron una mayor frecuencia de contaminación, mientras que en Vanuatu solo un 5 % de los ejemplares examinados contenía estos residuos.
El estudio advierte de que estos resultados suponen «una severa advertencia sobre la vulnerabilidad de nuestros sistemas alimentarios», al tiempo que cuestionan la idea de que la lejanía geográfica protege a estas comunidades de la contaminación global.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
