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Regulan venta de medicinas con nueva ley evitando el incremento de precios
Para actualizar aranceles y establecer un marco jurídico, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 66 votos, la creación de la Ley Especial de Precios por Servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos.
Según lo expuesto en la sesión plenaria número 124, la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) podrá ejercer controles de calidad de productos a solicitud de particulares y estos tendrán una tarifa que establecerá dicha organización, las cuales serán publicadas en el Diario Oficial.
La DNM es una organización autónoma que se encarga de autorizar la inscripción, importación, fabricación y expendio de productos o dispositivos farmacéuticos, suplementos vitamínicos, productos naturales y otras sustancias que ofrezcan una acción terapéutica, fabricadas en el país o en el extranjero.
La normativa avalada, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2024, incluye de manera expresa que todas las instituciones del Estado que adquieren medicamentos, incluyendo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), estarán exentas del pago de derechos por introducción de estas al país.
La ley, que contiene 11 artículos, también aplicará para instituciones que prestan servicios de salud sin fines de lucro, como iglesias y municipalidades con clínicas y farmacias gratuitas o de bajo costo.
Esta herramienta que busca fortalecer las instituciones que protegen el rubro de medicamentos no es para incrementar los precios de las medicinas, sino para establecer una regulación en la venta de estas, debido a que la ley ya contempla una tarifa máxima.
De acuerdo a lo expuesto, la normativa también determinará los precios en concepto de derechos por servicios, licencias de los productos y establecimientos regulados por la DNM.
Anteriormente, el rubro de medicamentos estaba dominados por una mafia que, aparte de dañar la industria farmacéutica, no declaraba impuestos y eso no generaba ingresos para el Estado.
En el país ha habido venta de medicamentos falsos y eso, a consideración de los parlamentarios, se debe combatir frontalmente y con el rigor de la ley.
Además, se ha identificado que la Dirección Nacional de Medicamentos solo cuenta con 28 inspectores para visitar todas las farmacias del país, los laboratorios y las empresas farmacéuticas y las que producen cosméticos.
Es por eso que la normativa va a elevar la productividad de la DNM de una manera determinante. Primero, para garantizar que los productos que salgan al mercado no representen un riesgo a la salud de la población; segundo, para que las empresas puedan ser atendidas de manera pronta; tercero, para seguir liderando las buenas prácticas del sector a nivel regional.
“El Salvador tiene una institución que vela por la distribución de medicamentos mejores evaluadas de la región. Es más, de otros países hasta han llamado a sus representantes para que brinden capacitaciones para ejecutar el mismo trabajo del nuestro”, aseguró el diputado William Soriano.
El parlamentario recordó que en el seno de la Comisión de Hacienda recibieron a representantes de la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR) y de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AMCHAM), quienes se expresaron muy bien de las labores de la autónoma.
Internacionales
Motines en cárceles de Guatemala buscan traslado de líder del Barrio 18: «No voy a ceder a esos chantajes», afirma ministro
El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, afirmó que los motines registrados de forma simultánea en varios centros penitenciarios del país responden a un intento de presión para trasladar a un líder del Barrio 18 y recuperar privilegios que le fueron retirados.
Según explicó el funcionario, el objetivo del motín coordinado sería beneficiar a Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias «el Lobo», recluido en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla.
Villeda señaló que Ochoa Mejía había solicitado anteriormente una serie de comodidades dentro del penal, entre ellas la instalación de aire acondicionado, el ingreso de una cama y la autorización para recibir comida de determinados restaurantes, entre otros.
«Este gobierno, esta administración del Ministerio de Gobernación no va a pactar con ningún grupo terrorista, no voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarles los privilegios», enfatizó el funcionario en una conferencia de prensa.
Villeda advirtió además que, de ser necesario, se hará uso de la fuerza del Estado para retomar el control de los centros penitenciarios. «Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros lo vamos a hacer», afirmó.
Las autoridades señalaron que ya se han desplegado fuerzas de la policía y del ejército para crear anillos de seguridad, para proteger a los civiles y evitar que haya fuga de los privados de libertad.
Las declaraciones del ministro se dieron luego de que durante la mañana de este sábado se registrara un motín en la cárcel Renovación I, el cual provocó un incendio visible desde el exterior.
De manera simultánea, se reportaron disturbios en la cárcel Fraijanes II y en el sector 11 del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
El Ministerio de Salud (Minsal) recibió la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, luego de un riguroso proceso de capacitación e innovación.
Esta certificación es otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a través de su director para Centroamérica, Arnulfo Pino Figueroa.
La norma es un estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona directrices para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno, orientado a fomentar una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las instituciones públicas.
Esto ha llevado al Minsal a establecer procedimientos y controles, con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos, así como actuar de manera oportuna frente a posibles actos de soborno dentro de la institución.
