Judicial
Ordenan repetir juicio en contra de Ernesto Muyshondt por apropiación indebida de retenciones e incumplimiento de deberes
Una cámara penal de El Salvador ordenó este jueves que se repita el juicio que el exalcalde de la capital Ernesto Muyshondt (2018-2021) enfrentó por los cargos de apropiación indebida de retenciones e incumplimiento de deberes, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Un tribunal de sentencia absolvió el pasado 9 de agosto a Muyshondt de los delitos atribuidos, pero el Ministerio Público, «inconforme con el resultado», «interpuso un recurso para revocar la decisión».
La orden para repetir la vista pública fue dada por la Cámara Tercero de lo Penal de la Primera Sección del Centro, apuntó la FGR.
Muyshondt enfrentó un juicio por supuestamente retener indebidamente 275.145 dólares, de acuerdo con la FGR. El Ministerio Público aseguró que dichos delitos habrían sido cometidos entre junio y diciembre de 2020, por lo que solicitó 14 años de prisión, 8 por incumplimiento de deberes y 6 por apropiación indebida de retención tributaria.
El exalcalde, junto con dos personas más, también enfrentará otro juicio por apropiación indebida de retenciones e incumplimiento de deberes por «ser los responsables de retener más de 5,1 millones de dólares en concepto de cuotas laborales», según la FGR.
Además, Muyshondt -que gobernó San Salvador bajo la bandera de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha)- enfrenta otro proceso por los cargos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, por supuestamente negociar votos con las pandillas.
En junio de 2022, Muyshondt denunció que ha sufrido «maltrato» en la cárcel en la que guarda arresto provisional y señaló que en tres ocasiones ha estado «al borde de la muerte».
«Me han amarrado, me han golpeado, me han fotografiado semidesnudo mientras he estado amarrado a una cama», declaró a periodistas el exlíder de derecha.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla admitió la demanda civil presentada en contra del exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas y su grupo familiar, señalados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de haberse enriquecido de forma ilícita.
La demanda civil es por incremento patrimonial no justificado que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le detectó en el ejercicio de su cargo entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014, durante el mandato presidencial de Mauricio Funes, que fue el primer gobierno del FMLN.
En la investigación que hizo Probidad, el ex funcionario no pudo justificar 12 irregularidades por un monto de $308,252.08. A Rivas le cuestionan cinco irregularidades en concepto de depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito por $265,055.49, mientras que su grupo familiar tuvo un incremento patrimonial no justificado de $43,196.59.
Al iniciar el juicio civil el ministerio público pidió que se les aplique los artículos 20 y 21 de la Ley de Enriquecimiento ilícito que establece un régimen sancionatorio de condena a devolver el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente y la inhabilitación para ejercer un cargo público por período de 10 años.
Luego de admitir la demanda, la Cámara debe notificar a Rivas y su familia para que presenten sus argumentos y después señalar la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.
El 20 de junio de 2010, un ataque que estremeció al país reveló ser un «acto de venganza». Carlos Alberto Avendaño Dubon, junto a otros criminales ya condenados, buscaba venganza por la muerte de un miembro de su pandilla. Planeaban atacar a motoristas y cobradores de la ruta 32, alegando su colaboración con «una clica contraria».
Se ejecutaron dos atentados el mismo día: uno donde incendiaron un microbús con pasajeros adentro, y otro liderado por Carlos Avendaño, quien disparó hacia una unidad de transporte. En este segundo ataque, perdieron la vida un hombre y una niña de 11 años, además de herir a otros dos pasajeros.
Después de analizar las pruebas, el juez del Tribunal 5° Contra el Crimen Organizado condenó a Carlos Avendaño a 80 años de prisión: 50 años por los dos homicidios agravados y 30 por dos homicidios agravados tentados. Cabe destacar que Avendaño ya cumplía condena en La Esperanza por el delito de agrupaciones ilícitas.
El 22 de enero, Jova V. recibió mensajes de un familiar en Estados Unidos prometiendo una visita y enviando maletas.
Para recibirlas, le pidieron depositar $3,000 a la cuenta de Katherine Estefany M. J. Jova transfirió el dinero y esperó las maletas.
Al día siguiente, otro número le informó que las maletas contenían dinero en efectivo, exigiendo más dinero para enviarlas. Jova, sospechando, consultó a su familiar, quien negó haber enviado algo.
Descubrieron que era una estafa. Jova denunció y Katherine Estefany fue detenida.
En la audiencia inicial, el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango autorizó la conciliación. Katherine Estefany M. pagó $3,300 para resarcir los daños.
