Política
Inicia Comisión de Antejuicio contra diputado arenero Alberto Romero
Los diputados que integran la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, realizaron la primera sesión de labores para estudiar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le retire el fuero constitucional al parlamentario del departamento de Cuscatlán. Él es señalado de cometer los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario oriundo de Cojutepeque tuvo ingresos sin justificar de $1,162,388.05, por lo que dicha institución le atribuye los referidos delitos. El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 333 del Código Penal y es castigado con una pena de entre dos y cuatro años de prisión. El otro cargo penal está regulado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y tiene una pena de cinco a 15 años de cárcel y la cancelación de 50 a 2,500 salarios mínimos vigentes al momento que se dicte la sentencia.
En la sesión plenaria número 120, los diputados de Nuevas Ideas Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña fueron elegidos como integrantes de la parte fiscal, rol que ambos también desempeñaron en el proceso de antejuicio del exparlamentario de Nuevas Ideas, Érick García, quien fue desaforado por petición de la FGR, tras ser señalado por el delito de falsedad ideológica.
Zaldaña expresó que la nueva Asamblea Legislativa no será una institución que servirá para proteger a nadie y que una vez establecida esta comisión especial “será importante demostrar que ahora el fuero no es un instrumento legal para encubrir a los delincuentes, quien ha cometido un delito deberá enfrentarse a la justicia”.
Por su parte, Pineda aseguró que como fiscales del proceso siempre irán tras la verdad. “Tal como lo hemos hecho en otros casos, siempre buscaremos que el pueblo conozca la verdad y nosotros siempre haremos lo correcto, lo legal y lo justo”, apuntó la legisladora.
La mesa de trabajo acordó la realización de tres etapas para seguir con el proceso: la presentación de pruebas y la recepción de invitados (fiscales del antejuicio y los abogados defensores); la exposición de alegatos; y el análisis de pruebas, la discusión y la emisión del dictamen correspondiente. A la vez, juramentaron al abogado José Oswaldo López como notificador del caso.
Además, el abogado Ernesto Parada ratificó ante la comisión la representación legal del diputado Romero.
El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito en los periodos presidenciales del arenero Elías Antonio Saca (2004-2009) y del FMLN Mauricio Funes (2009-2014). A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,612.388.00 millones sin que él lograra justificarlos.
El 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le elimine el fuero al miembro del tricolor, para poderlo procesar penalmente por los delitos señalados.
Cargos desempeñados por Romero
El parlamentario de la fracción tricolor ha desempeñado el cargo durante 23 años. Entre 2000 y 2006 fue diputado suplente. Desde entonces y hasta la fecha obtuvo una curul como propietario.
Además, Romero fungió como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en tres periodos, desde el 2009 a 2015 y de 2018-2021.
El funcionario, quien es ingeniero agrónomo de profesión, también fue jefe de la fracción arenera durante tres años (2015-2018).
Política
Vicepresidentes de El Salvador y Colombia acuerdan Consejo Binacional Empresarial y cooperan en seguridad e inteligencia artificial durante posesión en Cali
En el marco de los actos previos a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto de 2026 en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo este jueves un encuentro de alto nivel con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y el canciller designado Omar Bula Escobar.
La reunión, realizada en Cali, buscó profundizar el diálogo político y la cooperación bilateral entre ambas naciones. Según informó la Vicepresidencia salvadoreña, Ulloa compartió las experiencias del gobierno de Nayib Bukele en materia de seguridad ciudadana, incluyendo las reformas judiciales y penales, el Régimen de Excepción, la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el Plan Cero Ocio y otras medidas que han permitido recuperar la paz y posicionar a El Salvador como uno de los países más seguros de la región.
Por el lado colombiano, Restrepo destacó el intercambio sobre estrategias contra la extorsión y las reformas al sistema penal y penitenciario. “Conocimos de cerca la experiencia salvadoreña frente a la extorsión […] un aprendizaje valioso para fortalecer nuestra propia estrategia de seguridad ciudadana”, escribió el vicepresidente electo en su cuenta de X.
Además de la seguridad, las autoridades abordaron la cooperación económica, comercial y tecnológica. Ambas partes acordaron impulsar la creación de un Consejo Binacional Empresarial orientado a promover el comercio, la inversión y nuevas oportunidades de desarrollo entre Colombia y El Salvador.
Ulloa también presentó los avances de su país en inteligencia artificial y transformación digital. Entre las iniciativas mencionadas figuran la plataforma DoctorSV, el acuerdo estratégico con Google Cloud y la digitalización de trámites en el Centro Nacional de Registros (CNR) y otras instituciones. Asimismo, se habló de la tokenización y los activos digitales, áreas en las que El Salvador ha desarrollado un marco regulatorio y una Comisión Nacional de Activos Digitales.
Restrepo señaló que Colombia estudiará herramientas como doctor.sv como referencia para soluciones tecnológicas al servicio de los ciudadanos. Los funcionarios colombianos manifestaron, además, su interés en realizar una visita oficial a El Salvador para conocer de primera mano los resultados en seguridad, inteligencia artificial, transformación digital y activos digitales.
El encuentro se produce en un momento de transición política en Colombia, con la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, y reafirma el interés de ambos países por estrechar lazos en áreas estratégicas. Ulloa llegó a Cali el miércoles en representación del presidente Bukele y ya había sostenido contactos previos con autoridades locales del Valle del Cauca.
Este tipo de reuniones bilaterales forma parte de la agenda de encuentros internacionales que el equipo entrante colombiano sostiene con diversas delegaciones antes de la ceremonia de posesión, la primera en realizarse fuera de Bogotá en la historia reciente del país.
Política
Vicepresidente Félix Ulloa se muestra optimista por prórroga del TPS y destaca preparación del país ante cualquier escenario
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, ofreció una entrevista en la que abordó temas de alta relevancia para los salvadoreños, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Durante la conversación con un veterano experiodista, el funcionario se refirió a la seguridad, el Estatus de Protección Temporal (TPS), el desarrollo económico y las perspectivas del país.
Ulloa expresó que el gobierno mantiene una postura optimista respecto a una eventual prórroga del TPS. Al mismo tiempo, subrayó que El Salvador se ha venido preparando para cualquier situación que pueda presentarse en relación con este beneficio migratorio que beneficia a cientos de miles de compatriotas en Estados Unidos.
En materia de seguridad, el vicepresidente recordó el contexto en el que se encontraron las instituciones al inicio de la administración. Señaló que los jueces eran intimidados por los pandilleros, lo que hizo necesario depurar el sistema judicial para garantizar su independencia y efectividad.
“Fue necesario depurar el sistema judicial”, afirmó Ulloa al explicar las medidas tomadas para recuperar el control institucional frente a las estructuras criminales. Esta depuración, según explicó, formó parte de una estrategia más amplia que permitió reducir de manera drástica los niveles de violencia.
El funcionario también habló sobre el nuevo El Salvador que se está construyendo. Destacó los avances en seguridad como base fundamental para atraer inversión, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de la población. La transformación del país, dijo, no se limita a la contención del crimen, sino que busca consolidar un entorno de estabilidad y oportunidades.
Sobre el desarrollo, Ulloa se refirió a las perspectivas positivas que se abren gracias a la reducción de la violencia y al clima de confianza que se ha generado. Indicó que el gobierno trabaja de manera sostenida para consolidar estos logros y proyectar al país como un destino atractivo para la inversión y el turismo.
El vicepresidente enfatizó que la preparación ante escenarios migratorios forma parte de una visión integral. “El país se ha venido preparando para cualquier situación”, sostuvo, al tiempo que reiteró el optimismo oficial sobre la continuidad del TPS.
La entrevista permitió conocer de primera mano la posición del gobierno sobre temas que impactan directamente a la diáspora y a la población local. Ulloa reafirmó el compromiso de continuar trabajando por la seguridad, el desarrollo y mejores oportunidades para todos los salvadoreños.
Los partidos políticos deberán inscribir sus candidaturas para las elecciones generales de 2027 ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral publicado por la institución.
Previamente, tras la convocatoria oficial a elecciones prevista para el 30 de septiembre, los institutos políticos deberán acudir ante el TSE y las Juntas Electorales Departamentales (JDE) para presentar las respectivas solicitudes de inscripción, tal como lo establece el Código Electoral.
Según el documento del TSE, durante ese período deberán presentarse oficialmente ante la secretaría del organismo las fórmulas presidenciales y las candidaturas a diputados de la Asamblea Legislativa.
El artículo 142 del Código Electoral establece que este procedimiento iniciará un día después de que el TSE realice la convocatoria oficial a las elecciones, programadas para el 28 de febrero de 2027.
En cuanto a las candidaturas para concejos municipales, el mismo artículo señala que el proceso comenzará un día después de que las Juntas Electorales Departamentales hayan tomado posesión de sus cargos, es decir, tras la correspondiente protesta de ley.
De acuerdo con el calendario electoral, la inscripción de candidaturas para concejos municipales se desarrollará del 9 al 19 de noviembre de 2026.
El Código Electoral también establece que las solicitudes de inscripción de candidatos a presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la República deberán presentarse personalmente. En el caso de las candidaturas a diputados y concejos municipales, las solicitudes podrán ser presentadas personalmente o por representantes acreditados por los respectivos partidos políticos o coaliciones inscritas.
Como antecedente, para las elecciones de 2024 el TSE recibió siete solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales, de las cuales seis fueron aprobadas y una fue declarada inadmisible, correspondiente al Partido Independiente Salvadoreño (PAIS).
En el caso de las candidaturas a diputados, el Tribunal recibió 121 solicitudes de inscripción. De estas, 110 fueron aprobadas y 11 denegadas, una de Cambio Democrático y diez del PAIS, de conformidad con la ley.
Asimismo, fueron inscritas 509 candidaturas a diputaciones y se registraron un total de 327 solicitudes de inscripción para concejos municipales, según la memoria del TSE.
