Política
Inicia Comisión de Antejuicio contra diputado arenero Alberto Romero
Los diputados que integran la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, realizaron la primera sesión de labores para estudiar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le retire el fuero constitucional al parlamentario del departamento de Cuscatlán. Él es señalado de cometer los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario oriundo de Cojutepeque tuvo ingresos sin justificar de $1,162,388.05, por lo que dicha institución le atribuye los referidos delitos. El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 333 del Código Penal y es castigado con una pena de entre dos y cuatro años de prisión. El otro cargo penal está regulado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y tiene una pena de cinco a 15 años de cárcel y la cancelación de 50 a 2,500 salarios mínimos vigentes al momento que se dicte la sentencia.
En la sesión plenaria número 120, los diputados de Nuevas Ideas Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña fueron elegidos como integrantes de la parte fiscal, rol que ambos también desempeñaron en el proceso de antejuicio del exparlamentario de Nuevas Ideas, Érick García, quien fue desaforado por petición de la FGR, tras ser señalado por el delito de falsedad ideológica.
Zaldaña expresó que la nueva Asamblea Legislativa no será una institución que servirá para proteger a nadie y que una vez establecida esta comisión especial “será importante demostrar que ahora el fuero no es un instrumento legal para encubrir a los delincuentes, quien ha cometido un delito deberá enfrentarse a la justicia”.
Por su parte, Pineda aseguró que como fiscales del proceso siempre irán tras la verdad. “Tal como lo hemos hecho en otros casos, siempre buscaremos que el pueblo conozca la verdad y nosotros siempre haremos lo correcto, lo legal y lo justo”, apuntó la legisladora.
La mesa de trabajo acordó la realización de tres etapas para seguir con el proceso: la presentación de pruebas y la recepción de invitados (fiscales del antejuicio y los abogados defensores); la exposición de alegatos; y el análisis de pruebas, la discusión y la emisión del dictamen correspondiente. A la vez, juramentaron al abogado José Oswaldo López como notificador del caso.
Además, el abogado Ernesto Parada ratificó ante la comisión la representación legal del diputado Romero.
El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito en los periodos presidenciales del arenero Elías Antonio Saca (2004-2009) y del FMLN Mauricio Funes (2009-2014). A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,612.388.00 millones sin que él lograra justificarlos.
El 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le elimine el fuero al miembro del tricolor, para poderlo procesar penalmente por los delitos señalados.
Cargos desempeñados por Romero
El parlamentario de la fracción tricolor ha desempeñado el cargo durante 23 años. Entre 2000 y 2006 fue diputado suplente. Desde entonces y hasta la fecha obtuvo una curul como propietario.
Además, Romero fungió como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en tres periodos, desde el 2009 a 2015 y de 2018-2021.
El funcionario, quien es ingeniero agrónomo de profesión, también fue jefe de la fracción arenera durante tres años (2015-2018).
Política
El Salvador y México fortalecen cooperación ambiental y desarrollo territorial en reunión bilateral
El Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, sostuvo un encuentro con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, como parte de una agenda orientada al intercambio de experiencias en cooperación y gobernanza ambiental.
Durante la reunión, ambas autoridades abordaron temas relacionados con el Plan Maestro del Trifinio, los corredores biológicos y el desarrollo territorial, valorando la posibilidad de impulsar intercambios que fortalezcan los procesos promovidos en la región. En este contexto, el secretario ejecutivo trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, expuso los esfuerzos de cooperación que se desarrollan en este espacio, destacando su importancia estratégica para la articulación entre El Salvador, Guatemala y Honduras.
Asimismo, la embajadora de El Salvador en México, Delmy Cañas, se refirió a la nueva etapa de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ejecutados en el país a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), enfocados en la agricultura sostenible y la capacitación laboral.
En el encuentro también se abordaron temas culturales y artísticos como elementos que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones. Además, se acordó la visita en mayo del comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, Pedro Longoria, en el marco de una misión técnica orientada a perfilar un posible convenio de cooperación con el Plan Trifinio, con énfasis en atención rural, gestión de áreas protegidas e intercambio de experiencias en el manejo de incendios forestales.
Finalmente, las autoridades coincidieron en la importancia de continuar identificando áreas de trabajo conjunto que permitan consolidar una agenda de cooperación enfocada en el desarrollo, la integración regional y el bienestar de las comunidades.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) llevará a cabo sus elecciones internas entre junio y julio de este año, según informó su vicepresidente, Guillermo Gallegos.
De acuerdo con el dirigente, en este proceso se definirán las candidaturas a diputados y alcaldes con miras a los comicios de 2027. Asimismo, no descartó la posibilidad de que el partido participe en la elección presidencial.
Gallegos explicó que una eventual participación en la contienda presidencial también permitiría al instituto político aspirar a representación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conforme a los resultados obtenidos.
Además, indicó que el partido ha autorizado la conformación de alianzas con otras fuerzas políticas, entre ellas Nuevas Ideas, Fuerza Solidaria, PCN y PDC, con algunas de las cuales ya existen acuerdos preliminares.
El vicepresidente del partido también señaló que, por el momento, no buscará competir por cargos de elección popular, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro.
El Órgano Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa para aprobar la suscripción de un préstamo destinado a financiar la instalación de iluminación con tecnología LED en tramos priorizados de la red vial nacional.
Según el documento remitido por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, se trata de un convenio de préstamo en especie con una empresa contratista por un monto de hasta $23,785,985.87, que cubrirá el 90 % del proyecto denominado “Suministro e instalación de luminarias con tecnología LED en tramos priorizados de la red vial”.
La inversión total del proyecto asciende a $26,428,873.19, por lo que el Gobierno deberá aportar el 10 % restante, equivalente a $2,642,887.32.
Los tramos beneficiados incluyen los ubicados en Sacacoyo-Acajutla, el periférico Claudia Lars, la carretera Troncal del Norte (San Salvador-Apopa) y la carretera de Oro (Apopa–San Martín), entre otros puntos a escala nacional.
El objetivo principal es “continuar mejorando las condiciones de seguridad vial en la red de carreteras, a través de la iluminación de diversos tramos de carretera a escala nacional, con tecnologías innovadoras, contribuyendo a la disminución de accidentes viales”.
La gestión de estos recursos fue realizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con base en la autorización de un decreto emitido por la Asamblea Legislativa el 30 de noviembre de 2022 y publicado en el Diario Oficial el 16 de diciembre de ese año.
La solicitud del Ejecutivo será estudiada por la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
