Los diputados que integran la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, realizaron la primera sesión de labores para estudiar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le retire el fuero constitucional al parlamentario del departamento de Cuscatlán. Él es señalado de cometer los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.

De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario oriundo de Cojutepeque tuvo ingresos sin justificar de $1,162,388.05, por lo que dicha institución le atribuye los referidos delitos. El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 333 del Código Penal y es castigado con una pena de entre dos y cuatro años de prisión. El otro cargo penal está regulado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y tiene una pena de cinco a 15 años de cárcel y la cancelación de 50 a 2,500 salarios mínimos vigentes al momento que se dicte la sentencia.

En la sesión plenaria número 120, los diputados de Nuevas Ideas Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña fueron elegidos como integrantes de la parte fiscal, rol que ambos también desempeñaron en el proceso de antejuicio del exparlamentario de Nuevas Ideas, Érick García, quien fue desaforado por petición de la FGR, tras ser señalado por el delito de falsedad ideológica.

Zaldaña expresó que la nueva Asamblea Legislativa no será una institución que servirá para proteger a nadie y que una vez establecida esta comisión especial “será importante demostrar que ahora el fuero no es un instrumento legal para encubrir a los delincuentes, quien ha cometido un delito deberá enfrentarse a la justicia”.

Por su parte, Pineda aseguró que como fiscales del proceso siempre irán tras la verdad. “Tal como lo hemos hecho en otros casos, siempre buscaremos que el pueblo conozca la verdad y nosotros siempre haremos lo correcto, lo legal y lo justo”, apuntó la legisladora.

La mesa de trabajo acordó la realización de tres etapas para seguir con el proceso: la presentación de pruebas y la recepción de invitados (fiscales del antejuicio y los abogados defensores); la exposición de alegatos; y el análisis de pruebas, la discusión y la emisión del dictamen correspondiente. A la vez, juramentaron al abogado José Oswaldo López como notificador del caso.

Además, el abogado Ernesto Parada ratificó ante la comisión la representación legal del diputado Romero.

El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio.

El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito en los periodos presidenciales del arenero Elías Antonio Saca (2004-2009) y del FMLN Mauricio Funes (2009-2014). A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.

La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,612.388.00 millones sin que él lograra justificarlos.

El 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le elimine el fuero al miembro del tricolor, para poderlo procesar penalmente por los delitos señalados.

Cargos desempeñados por Romero

El parlamentario de la fracción tricolor ha desempeñado el cargo durante 23 años. Entre 2000 y 2006 fue diputado suplente. Desde entonces y hasta la fecha obtuvo una curul como propietario.

Además, Romero fungió como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en tres periodos, desde el 2009 a 2015 y de 2018-2021.

El funcionario, quien es ingeniero agrónomo de profesión, también fue jefe de la fracción arenera durante tres años (2015-2018).