Política
Inicia Comisión de Antejuicio contra diputado arenero Alberto Romero
Los diputados que integran la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, realizaron la primera sesión de labores para estudiar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le retire el fuero constitucional al parlamentario del departamento de Cuscatlán. Él es señalado de cometer los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario oriundo de Cojutepeque tuvo ingresos sin justificar de $1,162,388.05, por lo que dicha institución le atribuye los referidos delitos. El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 333 del Código Penal y es castigado con una pena de entre dos y cuatro años de prisión. El otro cargo penal está regulado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y tiene una pena de cinco a 15 años de cárcel y la cancelación de 50 a 2,500 salarios mínimos vigentes al momento que se dicte la sentencia.
En la sesión plenaria número 120, los diputados de Nuevas Ideas Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña fueron elegidos como integrantes de la parte fiscal, rol que ambos también desempeñaron en el proceso de antejuicio del exparlamentario de Nuevas Ideas, Érick García, quien fue desaforado por petición de la FGR, tras ser señalado por el delito de falsedad ideológica.
Zaldaña expresó que la nueva Asamblea Legislativa no será una institución que servirá para proteger a nadie y que una vez establecida esta comisión especial “será importante demostrar que ahora el fuero no es un instrumento legal para encubrir a los delincuentes, quien ha cometido un delito deberá enfrentarse a la justicia”.
Por su parte, Pineda aseguró que como fiscales del proceso siempre irán tras la verdad. “Tal como lo hemos hecho en otros casos, siempre buscaremos que el pueblo conozca la verdad y nosotros siempre haremos lo correcto, lo legal y lo justo”, apuntó la legisladora.
La mesa de trabajo acordó la realización de tres etapas para seguir con el proceso: la presentación de pruebas y la recepción de invitados (fiscales del antejuicio y los abogados defensores); la exposición de alegatos; y el análisis de pruebas, la discusión y la emisión del dictamen correspondiente. A la vez, juramentaron al abogado José Oswaldo López como notificador del caso.
Además, el abogado Ernesto Parada ratificó ante la comisión la representación legal del diputado Romero.
El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito en los periodos presidenciales del arenero Elías Antonio Saca (2004-2009) y del FMLN Mauricio Funes (2009-2014). A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,612.388.00 millones sin que él lograra justificarlos.
El 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le elimine el fuero al miembro del tricolor, para poderlo procesar penalmente por los delitos señalados.
Cargos desempeñados por Romero
El parlamentario de la fracción tricolor ha desempeñado el cargo durante 23 años. Entre 2000 y 2006 fue diputado suplente. Desde entonces y hasta la fecha obtuvo una curul como propietario.
Además, Romero fungió como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en tres periodos, desde el 2009 a 2015 y de 2018-2021.
El funcionario, quien es ingeniero agrónomo de profesión, también fue jefe de la fracción arenera durante tres años (2015-2018).
Nacionales
Analistas critican a El Faro por favorecer a pandillas y desacreditar avances en seguridad
Los analistas Francisco Góchez y René Martínez cuestionaron duramente una reciente publicación del periódico digital El Faro, la cual expone presuntos vínculos entre el Gobierno y estructuras pandilleriles. Ambos expertos coincidieron en que el reportaje busca desacreditar los avances en materia de seguridad pública y perpetuar una narrativa centrada en los victimarios, dejando de lado a las víctimas de la violencia.
“El reportaje de El Faro, además de ser perverso y pervertidor, forma parte de su permanente narrativa de los victimarios, una narrativa que minimiza sus asesinatos e invisibiliza a las víctimas”, afirmó Martínez, quien también es sociólogo y docente. En su opinión, la publicación intenta restar valor a los resultados del Plan Control Territorial (PCT) y del Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022.
Martínez también atribuyó intenciones políticas y económicas al medio digital: “Buscan generar ingobernabilidad en el país y dañar la imagen del presidente. En el fondo, quieren hacer creer que los tiempos de criminalidad eran mejores y que la paz social lograda no vale nada”.
Analista René Martínez
El Faro ha publicado una serie de reportajes en los que, según sus fuentes, funcionarios del actual gobierno habrían sostenido pactos similares a los que en su momento se atribuyeron a los partidos ARENA y FMLN, lo que ha generado diversas reacciones tanto a nivel político como en la opinión pública.
Por su parte, Góchez sostuvo que los periodistas del medio buscan restar legitimidad a los logros del Gobierno en seguridad, pese a que El Salvador es actualmente considerado uno de los países más seguros del hemisferio occidental. “No solo minimiza el esfuerzo de la Policía Nacional Civil y de todas las instituciones involucradas, sino que, más grave aún, parece anteponer los intereses de estructuras criminales al sufrimiento histórico del pueblo”, expresó.
Según datos oficiales, el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros y ha sido prorrogado en 38 ocasiones. Las autoridades sostienen que esta medida ha sido clave en la reducción sostenida de los homicidios y otros delitos.
Analista Francisco Góchez
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que en los próximos días dará a conocer el calendario oficial de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que los salvadoreños elegirán a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.
A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el organismo electoral señaló: “¿Estás listo para la fiesta electoral de 2027? Ya están definidas las fechas más importantes de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027. ¡Atención! Pronto anunciaremos las fechas previas a la fiesta electoral”.
El calendario, que fue aprobado por unanimidad de los magistrados del TSE el pasado 25 de febrero, incluirá las fechas clave como el cierre del registro electoral, el período para actualizar el domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI), y el día en que se realizará la convocatoria oficial a elecciones.
De acuerdo con el artículo 20 del Código Electoral, el registro electoral deberá cerrarse definitivamente 120 días antes de los comicios, lo que sitúa esa fecha límite en octubre de 2026.
Una vez publicado el calendario, se detallarán también los plazos para la inscripción de candidaturas, los períodos de propaganda electoral, así como el inicio y cierre oficial de la campaña. La normativa electoral establece estos procedimientos en los artículos 160, 165 y 172 del Código Electoral, según el tipo de elección.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se posiciona como el mandatario con mayor aprobación ciudadana a nivel global, de acuerdo con el más reciente estudio presentado por la casa encuestadora Mitofsky en colaboración con TResearch. El informe, que recopila encuestas publicadas en medios digitales durante abril de 2025, incluye a líderes de América, Europa, Asia y Australia.
Bukele encabeza el listado con un 91 % de aprobación, superando ampliamente a otros líderes internacionales. El top cinco lo completan Vladimir Putin, presidente de Rusia (77 %); el primer ministro de India, Narendra Modi (73 %); la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (70 %); y Luis Abinader, presidente de República Dominicana (65 %).
El estudio destaca que, pese a las distintas metodologías utilizadas en cada país, el ranking ofrece una visión general del momento político que enfrentan los mandatarios a escala mundial. En total, se analizaron datos de 20 países del continente americano y 22 naciones de Europa, Asia y Australia.
En el ámbito regional, Bukele también lidera con 91 %, superando a Sheinbaum (70 %), Abinader (65 %), la presidenta de Honduras, Xiomara Castro (64 %), y el mandatario costarricense Rodrigo Chaves (54 %). En contraste, los presidentes con menor aprobación en América y el Caribe son Dina Boluarte de Perú (4 %), Luis Arce de Bolivia (24 %), Gabriel Boric de Chile (26 %), Nicolás Maduro de Venezuela (29 %) y Raúl Mulino de Panamá (31 %).
La encuesta incluyó países como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, México, Estados Unidos, entre otros, en el continente americano. En tanto, en Europa, Asia y Oceanía se recopilaron datos de naciones como Alemania, Corea del Sur, India, Japón, Reino Unido, Rusia y Australia, entre otros.
La publicación del ranking ocurre a pocas semanas de que Bukele cumpla el primer año de su segundo mandato presidencial, consolidando así su alto nivel de respaldo ciudadano tanto a nivel nacional como internacional.
