Política
Inicia Comisión de Antejuicio contra diputado arenero Alberto Romero
Los diputados que integran la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, realizaron la primera sesión de labores para estudiar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le retire el fuero constitucional al parlamentario del departamento de Cuscatlán. Él es señalado de cometer los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario oriundo de Cojutepeque tuvo ingresos sin justificar de $1,162,388.05, por lo que dicha institución le atribuye los referidos delitos. El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 333 del Código Penal y es castigado con una pena de entre dos y cuatro años de prisión. El otro cargo penal está regulado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y tiene una pena de cinco a 15 años de cárcel y la cancelación de 50 a 2,500 salarios mínimos vigentes al momento que se dicte la sentencia.
En la sesión plenaria número 120, los diputados de Nuevas Ideas Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña fueron elegidos como integrantes de la parte fiscal, rol que ambos también desempeñaron en el proceso de antejuicio del exparlamentario de Nuevas Ideas, Érick García, quien fue desaforado por petición de la FGR, tras ser señalado por el delito de falsedad ideológica.
Zaldaña expresó que la nueva Asamblea Legislativa no será una institución que servirá para proteger a nadie y que una vez establecida esta comisión especial “será importante demostrar que ahora el fuero no es un instrumento legal para encubrir a los delincuentes, quien ha cometido un delito deberá enfrentarse a la justicia”.
Por su parte, Pineda aseguró que como fiscales del proceso siempre irán tras la verdad. “Tal como lo hemos hecho en otros casos, siempre buscaremos que el pueblo conozca la verdad y nosotros siempre haremos lo correcto, lo legal y lo justo”, apuntó la legisladora.
La mesa de trabajo acordó la realización de tres etapas para seguir con el proceso: la presentación de pruebas y la recepción de invitados (fiscales del antejuicio y los abogados defensores); la exposición de alegatos; y el análisis de pruebas, la discusión y la emisión del dictamen correspondiente. A la vez, juramentaron al abogado José Oswaldo López como notificador del caso.
Además, el abogado Ernesto Parada ratificó ante la comisión la representación legal del diputado Romero.
El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito en los periodos presidenciales del arenero Elías Antonio Saca (2004-2009) y del FMLN Mauricio Funes (2009-2014). A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,612.388.00 millones sin que él lograra justificarlos.
El 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le elimine el fuero al miembro del tricolor, para poderlo procesar penalmente por los delitos señalados.
Cargos desempeñados por Romero
El parlamentario de la fracción tricolor ha desempeñado el cargo durante 23 años. Entre 2000 y 2006 fue diputado suplente. Desde entonces y hasta la fecha obtuvo una curul como propietario.
Además, Romero fungió como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en tres periodos, desde el 2009 a 2015 y de 2018-2021.
El funcionario, quien es ingeniero agrónomo de profesión, también fue jefe de la fracción arenera durante tres años (2015-2018).
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la conmemoración del tercer aniversario de la Comisión Nacional de Activos Digitales, junto al Presidente de la institución, Juan Carlos Reyes, en un espacio que reunió a autoridades nacionales, delegaciones internacionales, líderes de la industria, inversionistas y empresas vinculadas al ecosistema de activos digitales.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que El Salvador fue pionero al adoptar Bitcoin en 2021 y señaló que, pese a los desafíos que implicó esta decisión, el país continuó avanzando hacia la construcción de una política financiera innovadora. Recordó que 2023 marcó un punto de inflexión con la creación de la CNAD y la consolidación de un marco institucional orientado al desarrollo de la economía digital.
Asimismo, afirmó que este proceso forma parte de la visión de transformación impulsada por el Presidente Nayib Bukele, bajo la cual El Salvador se proyecta como un país que renace con visión de futuro, fortaleciendo de manera paralela la seguridad, la institucionalidad y la certeza jurídica.
Resaltó que El Salvador se distingue dentro del ecosistema internacional al contar con la CNAD, una institución especializada en la regulación y supervisión de los activos digitales. Añadió que esta transformación también ha estado acompañada por esfuerzos de digitalización y formación de las nuevas generaciones, mediante el acceso a herramientas tecnológicas, Google Classroom y tutores de IA.
El Vicepresidente de la República, @fulloa51, participó en la conmemoración del tercer aniversario de la @cnadsv, junto al Presidente de la institución, Juan Carlos Reyes @jcreyes_sv, en un espacio que reunió a autoridades nacionales, delegaciones internacionales, líderes de la… pic.twitter.com/zB9PnFvulu
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 22, 2026
Por su parte, el Presidente de la CNAD, agradeció al Presidente Bukele y al Vicepresidente Ulloa por la visión y el respaldo que hicieron posible la creación y consolidación de la institución. Al referirse a los avances alcanzados durante estos tres años, destacó:
- 156 compañías vigentes dentro del ecosistema supervisado.
- 144 compañías con asiento registral.
- 81 proveedores de servicios de activos digitales.
- 46 emisores de activos digitales e instrumentos tokenizados.
- US$633 millones vinculados a proyectos de financiamiento inmobiliario tokenizado.
El Presidente de la CNAD destacó además la creciente huella internacional de la institución, señalando que la experiencia desarrollada en El Salvador ha permitido compartir conocimientos y brindar asistencia técnica a otras naciones.
Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo un entorno institucional y regulatorio que genere confianza, atraiga nuevas oportunidades y acompañe el crecimiento de la industria de activos digitales.
Política
Envían a juicio al exministro David Gutiérrez Miranda por peculado en el bulevar Diego de Holguín; hay orden de captura
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó abrir juicio contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda por peculado en perjuicio de la administración pública. Lo declaró rebelde y giró orden de captura. El caso es el tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, hoy bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en Santa Tecla. Gutiérrez fue titular del MOP en el gobierno de Antonio Saca, entre 2004 y 2006.
La Fiscalía sitúa los hechos entre diciembre de 2005 y enero de 2007. Acusa omisiones e incumplimientos: la obra tenía 420 días de plazo; al vencerse no estaba lista, pero los pagos mensuales al asocio constructor sí se hicieron. En 2023 la FGR dijo que, a la mitad del contrato, el avance era del 39%. Una pericia financiera fija el supuesto perjuicio en $10,643,278.98. El requerimiento de 2022 hablaba de $13.7 millones; la cifra que sostiene hoy la acusación es la de la pericia.
El expediente no nació ayer. Las pesquisas arrancaron en la era de Raúl Melara; el requerimiento formal se presentó en enero de 2022. Hay, en paralelo, un capítulo patrimonial: una Cámara de Segunda Instancia confirmó responsabilidad por $3.2 millones contra exfuncionarios ligados al mismo proyecto. El bulevar, pensado como vía emblemática hacia el aeropuerto, quedó marcado por retrasos, arbitrajes y sobrecostos. Saca, bajo cuyo gobierno se ejecutó, ya tiene condenas por lavado y peculado en otras causas.
El juicio dirá si esas omisiones son delito. Gutiérrez no está detenido: la rebeldía implica que no compareció. Hasta que no lo capten o se presente, el debate oral queda a medias. Veinte años después de los pagos, el Estado sigue litigando por más de diez millones y por una carretera que los salvadoreños usan todos los días.
Política
Vicepresidente Ulloa se reúne con CEO de Dapper para impulsar inteligencia artificial en la administración pública y la educación superior
