Judicial
Exdirector de escuchas Sigfredo Campos Crespo salpicado tras señalamientos del exfiscal Luis Martínez sobre “fabricación ilegal de pruebas”
Después que se frustrara la audiencia especial fijada para el 14 de noviembre del presente año, con el fin de seleccionar audios sobre escuchas telefónicas por las cuales se montó el caso contra el exfiscal general Luis Martínez, debido a que el juez de la causa decidió suspender la diligencia por existir resoluciones pendientes ante otros tribunales, incluida una petición ante la Sala de lo Constitucional en la que se discute que las escuchas son ilegales y que por consecuencia todo el proceso penal fabricado bajo dirección del exfiscal Douglas Meléndez es nulo.
Al salir de la audiencia suspendida, el exfiscal Martínez brindó declaraciones en las que acusó a los exfiscales generales Douglas Meléndez y Raúl Melara de fabricar las pruebas, motivados por odio y venganza. “Ocultó y fabricó pruebas, en otras palabras, los tamales se van a revelar al señor Douglas Meléndez y al señor Raúl Melara que continuó con esa cultura, porque Melara conoció y solo le dio la espalda a la verdad”, afirmó Luis Martínez.
Estas declaraciones hacen recordar precisamente las acusaciones realizadas por los imputados y sus defensores en este caso acerca del uso de escuchas ilegales por parte de la Fiscalía, lo cual fue confirmado por el propio exdirector del Centro de Escuchas, Sigfredo Alcides Campos Crespo, quien ejerció el cargo entre 2012 y hasta junio de 2015 y siendo imputado por los delitos de “Intervenciones Telefónicas Ilícitas” y “Uso de Intervenciones Ilícitas” confesó en enero de 2019 que había realizado escuchas telefónicas sin cumplir con el procedimiento de ley y ocultándole la información al entonces fiscal general Luis Martínez.
Sin embargo, el exdirector del CITE -Sigfredo Campos Crespo- mintió en sus declaraciones como “testigo criteriado” de la Fiscalía afirmando que el (ex) fiscal Martínez le había ordenado no informar a ninguna Unidad de Investigación sobre el contenido de las escuchas telefónicas, lo cual queda totalmente desmentido con las propias declaraciones de Campos Crespo, demostrando que se trata de un testigo mendaz y por tanto una prueba de la falsedad sobre la cual se sustentó la acusación contra Luis Martínez y el resto de acusados.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
