Internacionales
Constructores en Honduras exigen al Gobierno saldar deuda de más $189 millones en medio de alertas económicas
El expresidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), Juan Carlos Sikaffy, pidió al actual gobierno cancelar más de 5 mil millones de lempiras (poco más de $189 millones) que se adeudan al rubro de la construcción, un pendiente que, según dijo, mantiene en incertidumbre a contratistas y empresas del sector.
Sikaffy afirmó que el impago a los contratistas se ha prolongado sin explicaciones claras. Además, advirtió que la falta de respuesta oficial agrava la situación financiera del sector construcción, uno de los principales generadores de empleo en Honduras.
Al ser consultado sobre las razones del atraso en los pagos, Sikaffy aseguró que no existe una explicación concreta por parte del Gobierno. Señaló que han acudido a distintas instancias sin obtener respuestas formales.
“Vamos a todos lados y no hay respuesta”, expresó. Por ello, consideró necesario hablar con el ministro de Finanzas, Christian Duarte, para que asigne los fondos correspondientes. Según Sikaffy, pagar a los contratistas es clave para sostener la actividad económica.
El exdirigente empresarial indicó que, aunque no conocen con precisión el estado de las finanzas públicas, presumen que el Gobierno tiene capacidad de pago. A su juicio, la información disponible apunta a problemas de flujo de caja, pero no a una imposibilidad total de cumplir con la deuda.
Impacto en el sector construcción y la economía
Sikaffy remarcó que el sector construcción depende de pagos oportunos para mantener proyectos activos, empleo y cadena de proveedores. Además, alertó que la mora estatal afecta la confianza y frena nuevas inversiones.
En ese contexto, insistió en que el Gobierno debe priorizar el pago de la deuda y dar señales claras al sector privado. También pidió mayor transparencia sobre el manejo de los recursos públicos.
El expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, advirtió que la transición de gobierno enfrenta retos complejos. Según explicó, estos problemas derivan del manejo inadecuado de los recursos públicos durante la administración de Xiomara Castro de Zelaya.
Moncada afirmó que la ejecución presupuestaria no se realizó como correspondía. Señaló que, pese a contar con recursos, muchos proyectos no se implementaron. También mencionó que existen fondos de organismos financieros que no se ejecutaron.
El experto económico sostuvo que el tamaño del Gobierno es excesivo. Por ello, propuso reducir el gasto corriente y reorientar los recursos hacia inversiones productivas y sociales en todo el país.
En materia monetaria, Moncada consideró necesario revisar la política cambiaria. Indicó que Honduras ha enfrentado años difíciles, en parte por decisiones que impactaron las tasas de política monetaria.
No obstante, reconoció que las reservas internacionales se manejan adecuadamente. Aun así, advirtió que las exportaciones e importaciones muestran afectaciones, junto al deslizamiento de la moneda.
Finalmente, Moncada subrayó la necesidad de conformar un gabinete económico sólido, que adopte medidas rápidas y efectivas. A su juicio, estas decisiones serán clave para que Honduras logre mejores condiciones económicas en el corto plazo.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
