Política
Asamblea Legislativa inicia primeras entrevistas para elegir al nuevo procurador general de la República
La comisión política de la Asamblea Legislativa comenzó ayer el proceso de entrevistas a los candidatos a titular de la Procuraduría General de la República (PGR) para el período 2022-2025.
El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, previo a la primera ronda recordó el rol que juega el procurador general de la república y los requisitos que se deben cumplir para ser nombrado en el cargo.
«Hemos dado apertura al proceso de elección respetando los plazos. El proceso será transparente de cara a la población y frente a los medios de comunicación», dijo Castro.
La mesa de trabajo legislativo había programado para ayer las entrevistas de los abogados Carlos Arnulfo Cándido, Francisco Alberto Sermeño Ascencio, Gilberto Antonio Hernández Chinchilla y Douglas Yúdise Campos Ayala.
Asimismo, fueron llamados por la comisión para ser entrevistados los abogados German Álvarez Oviedo, Luisa Carolina Corpeño Castillo y Miriam Geraldine Aldana Revelo, actual procuradora general.
La Asamblea abrió el proceso de presentación de candidaturas a la PGR en enero pasado, y lo cerró a principios de este mes, para elegir a más tardar el 1.º de mayo al nuevo titular de la institución.
Una veintena de abogados, incluyendo a la actual titular de la PGR, presentaron sus atestados de cara a la elección del funcionario que requiere de 56 votos, es decir, la mayoría calificada, como mínimo para su nominación.
La comisión política ha programado tres sesiones de trabajo para entrevistar al resto de los profesionales del derecho que buscan la silla principal de la procuraduría.
El nuevo titular de la PGR durará en el cargo tres años, que comienzan el día de la juramentación por parte del presidente de la Asamblea.
Una vez concluido el proceso de entrevistas, los diputados de la comisión política emitirán el dictamen favorable a la elección, para que luego sea el pleno el que nombre al nuevo funcionario en votación nominal y pública.
La Asamblea Legislativa, que tomó posesión el 1.º de mayo del año pasado, ha nombrado en tiempo a los funcionarios de elección de segundo grado, y con ello ha evitado que las instituciones se queden acéfalas, como ocurrió en el pasado.
A diferencia de las legislaturas anteriores, la Asamblea actual ha elegido en procesos transparentes a dichos funcionarios.
Por: DES:
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen para que el Número de Identificación Tributaria (NIT) sea digital y completamente gratuito.
La normativa también contempla que el NIT pueda tramitarse en línea y sin documentos físicos tanto para los salvadoreños dentro y fuera del país.
El objetivo de esta reforma es modernizar el sistema tributario mediante el uso de nuevas tecnologías.
De igual manera, la iniciativa responde a la necesidad de actualizar la ley vigente desde 1972 para adaptarla al avance tecnológico.
Una vez aprobada en el pleno legislativo entrará en vigencia ocho días después de publicado en el Diario Oficial.
Política
Fuerte cruce verbal entre diputadas Claudia Ortiz y Marcela Villatoro por aprobación del Presupuesto 2026
Un intenso intercambio de acusaciones entre las diputadas opositoras Claudia Ortiz (partido VAMOS) y Marcela Villatoro (ARENA) ha puesto en evidencia las fracturas recurrentes en la oposición salvadoreña, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 en la Asamblea Legislativa.
El desencadenante fue la conducta de la fracción de ARENA durante la votación.
Ortiz criticó duramente que los diputados areneros, pese a manifestarse en contra del presupuesto durante el debate, abandonaron el pleno legislativo justo antes de la votación, lo que calificó como una acción «contradictoria» e incoherente.
En respuesta, Villatoro rechazó las críticas y contraatacó acusando a Ortiz de ausentarse en discusiones clave, como las reformas constitucionales previas.
Además, la diputada de ARENA señaló que las posturas de Ortiz terminan «favoreciendo al oficialismo» y profundizando las divisiones dentro de la oposición.
El cruce se extendió a redes sociales, donde usuarios compartieron capturas y comentarios, calificándolo popularmente como una «pelea» entre las dos legisladoras.
Este no es el primer enfrentamiento público entre ambas
En marzo de 2025, durante una plenaria sobre minería metálica, surgió una fuerte polémica cuando Ortiz propuso una reforma constitucional para prohibir la actividad, apoyándose en firmas recolectadas por la Iglesia Católica.
Villatoro la acusó de politizar el tema y de intentar «deshacer» el esfuerzo eclesial, recordando que ARENA ya había presentado iniciativas similares meses antes.
El intercambio evidenció diferencias en estrategia y timing, con Villatoro criticando el enfoque «exprés» de Ortiz.Otros episodios incluyen críticas cruzadas sobre ausencias en debates clave, vínculos históricos de VAMOS con ARENA (expuestos por Villatoro en octubre de 2025) y percepciones de competencia política, donde Ortiz ha sido cuestionada por algunos sectores por sus posturas en seguridad y reformas.
Estas tensiones recurrentes resaltan las dificultades para un frente opositor unido en un Legislativo dominado por Nuevas Ideas.Analistas políticos señalan que estas divisiones debilitan la capacidad de la oposición para presentar alternativas coherentes frente al oficialismo.
