Política
Modelo Bukele desde un enfoque de las ciencias sociales
En las teorías de las ciencias sociales existen varios enfoques de abordaje sobre el estudio de la sociedad, por ejemplo, el método positivo de Augusto Comte, el método comparativo de Émile Durkheim, el método puro de Max Weber, el materialismo histórico de Karl Marx, el método estructural-funcionalista de Talcott Parsons, el de paradigma de Thomas Kuhn.
Ante esto, Óscar Martínez Peñate, politólogo y Dr. en ciencias sociales, destacó durante nuestra entrevista El Salvador Today, que «los abordajes teóricos, por lo general, son el deber ser, que se contraponen a lo que es; sin embargo, históricamente ha sucedido que se impone la realidad y está al ser interpretada y descrita en esa medida va creando la base teórica de un fenómeno nuevo, que nace en el seno de su antítesis».
«Con los nuevos fenómenos societales al ser emergentes y producir procesos y dinámicas propias, los académicos y especialistas tienen cierta dificultad al tratar de descodificar el aparecimiento de rupturas, disrupciones, reformas, cambios estructurales, con el agravante de que son vertiginosos con crecimiento en flecha», añadió.
Para Peñate «es precisamente el caso de El Salvador, que por 200 años había estado gobernado por poderes fácticos nacionales al servicio de los intereses oligárquicos, transnacionales e internacionales, a favor del colonialismo de países o bloques económicos extranjeros. Lo que significa que de forma consuetudinaria habían saqueado sus recursos naturales y culturales, con el agravante de que el ciudadano salvadoreño era considerado y tratado como peón de finca o de hacienda, es decir, no tenía derechos«.
Recordemos que a finales del siglo XX y principios del XXI, la corrupción de los partidos políticos tradicionales llegó a su clímax, cuando Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) cogobernaron con las pandillas o maras salvadoreñas; en la realidad existían dos Estados, el informal de las pandillas y el formal con los poderes del Estado. Sin embargo, el que tenía el poder era el informal al controlar el 80 % del territorio y de la población que residía en esa área geográfica.
Las cúpulas de ARENA y del FMLN formaban parte de la estructura criminal; la corrupción y la delincuencia eran política de Estado de ambos partidos políticos.
«El Salvador tenía altos índices de pobreza, desempleo, impunidad, corrupción, desnutrición, violencia, emigración; asimismo, la educación y la salud estuvieron en el abandono, etcétera», aseguró.
En 2019 llegó a la presidencia Nayib Bukele, rompiendo abruptamente con el pasado vergonzoso del país; lo primero que hizo fue liberar a la ciudadanía salvadoreña del Estado informal de las maras, le declaró la guerra al terrorismo, la delincuencia y la corrupción; lo que produjo un dinamismo en la economía, atracción de la inversión nacional y extranjera e incrementar el turismo a niveles que sobrepasaron las proyecciones de las autoridades de este rubro.
El Gobierno salvadoreño ha realizado inversiones sin precedentes en la ciudadanía para reestablecer el tejido social, la educación, la salud y ha creado las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales para convertir al país en un Estado emergente económico en Latinoamérica, y que no sea solo modelo de seguridad ciudadana y democracia, sino también de repunte económico y financiero.
Transmisión:
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
