Política
Marchas contra la privatización del agua obligaron a diputados a retroceder 10 años en la discusión de la ley
Una segunda marcha de diferentes expresiones de la sociedad civil obligó a los diputados de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático dar marcha atrás en sus intenciones de incluir privados en el organismo rector, los legisladores decidieron, nuevamente, comenzar de cero y dejar en punto muerto la discusión de la ley que ya lleva 10 años pendiente.
Fue en el inicio de la legislatura 2009-2012 cuando algunos sectores comenzaron a hacer ver la necesidad de una Ley de Agua para cuidar el recurso hídrico, en medio de la crisis mundial por el cambio climático. La legislación comenzó a ser discutida, a cuenta gotas, y se lograron avances como la aprobación de 92 artículos de la Ley General del Agua, propuesta que fue abanderada por la Universidad José Simeón Cañas (UCA) y apoyada por la iglesia católica.
El fantasma de la privatización empezó a rondar en la Asamblea Legislativa y particularmente en los curules de los diputados de ARENA, cuando se intentaba aprobar un ente rector del agua con una mayor cantidad de privados. En este caso, el Estado perdía fuerza en decisiones de cómo preservar el recurso y a quién otorgársela. Una marcha enardecida se encargó de dejar claro el descontento con la propuesta y luego de los incidentes se dio marcha atrás en el tema.
Luego de algún tiempo, la discusión pasó a un segundo plano con la ayuda de los diputados de algunos partidos que se daban el lujo de no asistir a las reuniones y se tuvo que reprogramar en varias ocasiones por falta de quórum. Varios meses después, el tema iba ganando notoriedad cuando se acercaba el momento de discutir el polémico artículo 14 que hablaba sobre la conformación de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Agua (ANA).
Nuevamente el fantasma de la privatización rondó el Órgano Legislativo cuando los partidos ARENA, PCN y PDC repetían la decisión de reducir la participación del Estado en el ANA, un día después la Asamblea se blindó, con todo y agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), para esperar a la población universitaria que salía a las calles y dejar claro que seguían sin estar de acuerdo.
En medio de la manifestación, dos de los legisladores que habían votado a favor de la inclusión de los sectores productivos agropecuarios e industriales, las alcaldías y las Juntas de Agua, Gustavo Escalante y Mayteé Iraheta se echaban para atrás y pidieron retirar los votos el acuerdo, que lo dejó sin validez porque perdían la mayoría.
En la comisión a la que se convocó, en medio de la plenaria que dio vida al aumento del Fodes, la propia Iraheta propuso, ante todo lo sucedido, dejar sin efecto los 15 artículos que se habían aprobado. Algunos reiteraron que no estaban equivocados en su decisión de incluir privados, pero apoyaron la decisión.
“Si nosotros estamos dispuestos a llegar a un consenso, cuando como diputados de los partidos presentes tengamos la voluntad de hacer país, de priorizar las necesidades de los salvadoreños, que en este momento retomemos el estudio, uno a uno, de los artículos de la Ley Integral de Agua que ha estado en discusión”, dijo en la comisión Iraheta, una victoria a medias del FMLN, que se agenció la lucha en varias ocasiones por este tema.
Los siguientes discursos como el del diputado del PCN Raúl Beltrán recalcaron que no hay privatización del recurso ni del ente rector, argumentando que las alcaldías no son entes privados. Pero no mencionó que la Asociación Corporación de Municipalidades (Comures) está dominada por el partido ARENA, el impulsor de todas las privatizaciones del país.
“El elemento delicado se llama privado, aquí le acabamos de apoyar $95 millones a los privados (aumento del Fodes), a las alcaldías que son privadas según el pensamiento… desistimos, corregimos, son 13 años perdidos en darle al país una ley del agua, que siga la ANDA manejándola si es del Estado, y ¿Cuál es el problema? Lo que sucede es que ya comenzó a incendiarse la jungla”, dijo en un tono sarcástico que no agradó ni a Dina Argueta ni a Rina Araujo, ambas del FMLN.
Empezar de cero
La ley que se tomó como base para la discusión y aprobación de los 15 artículos que la comisión llevaba es la Ley Integral del Agua, la que fue presentada en la legislatura anterior, y sus detractores dicen que la elaboró la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la principal gremial empresarial del país. En junio del año pasado se contemplaba solo cinco miembros de la Junta Directiva, con la discusión se amplió a siete.
La irrupción del ahora presidente electo Nayib Bukele influenció, de alguna u otra forma, la situación porque él fue tajante el decir que no estaba de acuerdo con lo establecido por la Asamblea y sacó la bandera de la privatización, misma que adoptó su partido y lo dejó claro su diputado en la comisión, Adelmo Rivas.
Al salir de la comisión, Argueta dijo que lo que quería el PCN era dejar de lado la discusión del tema hasta que Bukele asumiera la Presidencia y sondear cómo estaban las posturas del tema. Sostuvo que la intención del PDC era engavetar la propuesta y que la presión social había podido con los legisladores que dieron su voto para aprobar ese artículo 14.
“No se ha querido reconocer en la comisión, pero en la práctica se ha retrocedido a una decisión tomada el pasado lunes 18, donde dejaba la concentración de las decisiones del agua en el país en manos privadas. Creo que ha ganado el país y quiero insistir en que el movimiento social y las organizaciones, la presión desde el territorio ha logrado desistir posiciones y eso sí es democracia”, dijo.
El Frente exaltó la participación de la Universidad de El Salvador (UES) en los métodos de presión, a pesar de que un sector de los manifestantes abucheó y lanzó bolsas con agua a los diputados rojos que intentaron darse un baño de multitudes. El reclamo “vendidos, en 10 años no hicieron nada” caló en los ánimos de algunos legisladores y decidieron irse de nuevo a sus oficinas.
El Salvador está en la misma posición por la que arrancó las discusiones sobre este tema hace más de una década, sin una legislación que venga a regular el cuido del recurso hídrico, pero en una posición peor que cuando se comenzó a concebir una Ley de Agua.
Tras diez años infértiles que han culminado con más protestas y capturados que avances y con el cambio climático aumentando sus influencias en el mundo, la Comisión de Medio Ambiente deberá iniciar de cero a trabajar con todos los anteproyectos que habían.
Si las posturas de ARENA de incluir privados en las decisiones y la pasividad del Frente, que no agilizó mientras tuvo correlación de fuerzas, se mantienen el camino de aquí para adelante podría desembocar en el destino que tienen otras ciudades con servicios racionalizados o, en el peor de los casos, sin una gota de agua.
Por: El Salvador Times.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
