Política
Marchas contra la privatización del agua obligaron a diputados a retroceder 10 años en la discusión de la ley
Una segunda marcha de diferentes expresiones de la sociedad civil obligó a los diputados de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático dar marcha atrás en sus intenciones de incluir privados en el organismo rector, los legisladores decidieron, nuevamente, comenzar de cero y dejar en punto muerto la discusión de la ley que ya lleva 10 años pendiente.
Fue en el inicio de la legislatura 2009-2012 cuando algunos sectores comenzaron a hacer ver la necesidad de una Ley de Agua para cuidar el recurso hídrico, en medio de la crisis mundial por el cambio climático. La legislación comenzó a ser discutida, a cuenta gotas, y se lograron avances como la aprobación de 92 artículos de la Ley General del Agua, propuesta que fue abanderada por la Universidad José Simeón Cañas (UCA) y apoyada por la iglesia católica.
El fantasma de la privatización empezó a rondar en la Asamblea Legislativa y particularmente en los curules de los diputados de ARENA, cuando se intentaba aprobar un ente rector del agua con una mayor cantidad de privados. En este caso, el Estado perdía fuerza en decisiones de cómo preservar el recurso y a quién otorgársela. Una marcha enardecida se encargó de dejar claro el descontento con la propuesta y luego de los incidentes se dio marcha atrás en el tema.
Luego de algún tiempo, la discusión pasó a un segundo plano con la ayuda de los diputados de algunos partidos que se daban el lujo de no asistir a las reuniones y se tuvo que reprogramar en varias ocasiones por falta de quórum. Varios meses después, el tema iba ganando notoriedad cuando se acercaba el momento de discutir el polémico artículo 14 que hablaba sobre la conformación de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Agua (ANA).
Nuevamente el fantasma de la privatización rondó el Órgano Legislativo cuando los partidos ARENA, PCN y PDC repetían la decisión de reducir la participación del Estado en el ANA, un día después la Asamblea se blindó, con todo y agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), para esperar a la población universitaria que salía a las calles y dejar claro que seguían sin estar de acuerdo.
En medio de la manifestación, dos de los legisladores que habían votado a favor de la inclusión de los sectores productivos agropecuarios e industriales, las alcaldías y las Juntas de Agua, Gustavo Escalante y Mayteé Iraheta se echaban para atrás y pidieron retirar los votos el acuerdo, que lo dejó sin validez porque perdían la mayoría.
En la comisión a la que se convocó, en medio de la plenaria que dio vida al aumento del Fodes, la propia Iraheta propuso, ante todo lo sucedido, dejar sin efecto los 15 artículos que se habían aprobado. Algunos reiteraron que no estaban equivocados en su decisión de incluir privados, pero apoyaron la decisión.
“Si nosotros estamos dispuestos a llegar a un consenso, cuando como diputados de los partidos presentes tengamos la voluntad de hacer país, de priorizar las necesidades de los salvadoreños, que en este momento retomemos el estudio, uno a uno, de los artículos de la Ley Integral de Agua que ha estado en discusión”, dijo en la comisión Iraheta, una victoria a medias del FMLN, que se agenció la lucha en varias ocasiones por este tema.
Los siguientes discursos como el del diputado del PCN Raúl Beltrán recalcaron que no hay privatización del recurso ni del ente rector, argumentando que las alcaldías no son entes privados. Pero no mencionó que la Asociación Corporación de Municipalidades (Comures) está dominada por el partido ARENA, el impulsor de todas las privatizaciones del país.
“El elemento delicado se llama privado, aquí le acabamos de apoyar $95 millones a los privados (aumento del Fodes), a las alcaldías que son privadas según el pensamiento… desistimos, corregimos, son 13 años perdidos en darle al país una ley del agua, que siga la ANDA manejándola si es del Estado, y ¿Cuál es el problema? Lo que sucede es que ya comenzó a incendiarse la jungla”, dijo en un tono sarcástico que no agradó ni a Dina Argueta ni a Rina Araujo, ambas del FMLN.
Empezar de cero
La ley que se tomó como base para la discusión y aprobación de los 15 artículos que la comisión llevaba es la Ley Integral del Agua, la que fue presentada en la legislatura anterior, y sus detractores dicen que la elaboró la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la principal gremial empresarial del país. En junio del año pasado se contemplaba solo cinco miembros de la Junta Directiva, con la discusión se amplió a siete.
La irrupción del ahora presidente electo Nayib Bukele influenció, de alguna u otra forma, la situación porque él fue tajante el decir que no estaba de acuerdo con lo establecido por la Asamblea y sacó la bandera de la privatización, misma que adoptó su partido y lo dejó claro su diputado en la comisión, Adelmo Rivas.
Al salir de la comisión, Argueta dijo que lo que quería el PCN era dejar de lado la discusión del tema hasta que Bukele asumiera la Presidencia y sondear cómo estaban las posturas del tema. Sostuvo que la intención del PDC era engavetar la propuesta y que la presión social había podido con los legisladores que dieron su voto para aprobar ese artículo 14.
“No se ha querido reconocer en la comisión, pero en la práctica se ha retrocedido a una decisión tomada el pasado lunes 18, donde dejaba la concentración de las decisiones del agua en el país en manos privadas. Creo que ha ganado el país y quiero insistir en que el movimiento social y las organizaciones, la presión desde el territorio ha logrado desistir posiciones y eso sí es democracia”, dijo.
El Frente exaltó la participación de la Universidad de El Salvador (UES) en los métodos de presión, a pesar de que un sector de los manifestantes abucheó y lanzó bolsas con agua a los diputados rojos que intentaron darse un baño de multitudes. El reclamo “vendidos, en 10 años no hicieron nada” caló en los ánimos de algunos legisladores y decidieron irse de nuevo a sus oficinas.
El Salvador está en la misma posición por la que arrancó las discusiones sobre este tema hace más de una década, sin una legislación que venga a regular el cuido del recurso hídrico, pero en una posición peor que cuando se comenzó a concebir una Ley de Agua.
Tras diez años infértiles que han culminado con más protestas y capturados que avances y con el cambio climático aumentando sus influencias en el mundo, la Comisión de Medio Ambiente deberá iniciar de cero a trabajar con todos los anteproyectos que habían.
Si las posturas de ARENA de incluir privados en las decisiones y la pasividad del Frente, que no agilizó mientras tuvo correlación de fuerzas, se mantienen el camino de aquí para adelante podría desembocar en el destino que tienen otras ciudades con servicios racionalizados o, en el peor de los casos, sin una gota de agua.
Por: El Salvador Times.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
