Política
Marchas contra la privatización del agua obligaron a diputados a retroceder 10 años en la discusión de la ley
Una segunda marcha de diferentes expresiones de la sociedad civil obligó a los diputados de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático dar marcha atrás en sus intenciones de incluir privados en el organismo rector, los legisladores decidieron, nuevamente, comenzar de cero y dejar en punto muerto la discusión de la ley que ya lleva 10 años pendiente.
Fue en el inicio de la legislatura 2009-2012 cuando algunos sectores comenzaron a hacer ver la necesidad de una Ley de Agua para cuidar el recurso hídrico, en medio de la crisis mundial por el cambio climático. La legislación comenzó a ser discutida, a cuenta gotas, y se lograron avances como la aprobación de 92 artículos de la Ley General del Agua, propuesta que fue abanderada por la Universidad José Simeón Cañas (UCA) y apoyada por la iglesia católica.
El fantasma de la privatización empezó a rondar en la Asamblea Legislativa y particularmente en los curules de los diputados de ARENA, cuando se intentaba aprobar un ente rector del agua con una mayor cantidad de privados. En este caso, el Estado perdía fuerza en decisiones de cómo preservar el recurso y a quién otorgársela. Una marcha enardecida se encargó de dejar claro el descontento con la propuesta y luego de los incidentes se dio marcha atrás en el tema.
Luego de algún tiempo, la discusión pasó a un segundo plano con la ayuda de los diputados de algunos partidos que se daban el lujo de no asistir a las reuniones y se tuvo que reprogramar en varias ocasiones por falta de quórum. Varios meses después, el tema iba ganando notoriedad cuando se acercaba el momento de discutir el polémico artículo 14 que hablaba sobre la conformación de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Agua (ANA).
Nuevamente el fantasma de la privatización rondó el Órgano Legislativo cuando los partidos ARENA, PCN y PDC repetían la decisión de reducir la participación del Estado en el ANA, un día después la Asamblea se blindó, con todo y agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), para esperar a la población universitaria que salía a las calles y dejar claro que seguían sin estar de acuerdo.
En medio de la manifestación, dos de los legisladores que habían votado a favor de la inclusión de los sectores productivos agropecuarios e industriales, las alcaldías y las Juntas de Agua, Gustavo Escalante y Mayteé Iraheta se echaban para atrás y pidieron retirar los votos el acuerdo, que lo dejó sin validez porque perdían la mayoría.
En la comisión a la que se convocó, en medio de la plenaria que dio vida al aumento del Fodes, la propia Iraheta propuso, ante todo lo sucedido, dejar sin efecto los 15 artículos que se habían aprobado. Algunos reiteraron que no estaban equivocados en su decisión de incluir privados, pero apoyaron la decisión.
“Si nosotros estamos dispuestos a llegar a un consenso, cuando como diputados de los partidos presentes tengamos la voluntad de hacer país, de priorizar las necesidades de los salvadoreños, que en este momento retomemos el estudio, uno a uno, de los artículos de la Ley Integral de Agua que ha estado en discusión”, dijo en la comisión Iraheta, una victoria a medias del FMLN, que se agenció la lucha en varias ocasiones por este tema.
Los siguientes discursos como el del diputado del PCN Raúl Beltrán recalcaron que no hay privatización del recurso ni del ente rector, argumentando que las alcaldías no son entes privados. Pero no mencionó que la Asociación Corporación de Municipalidades (Comures) está dominada por el partido ARENA, el impulsor de todas las privatizaciones del país.
“El elemento delicado se llama privado, aquí le acabamos de apoyar $95 millones a los privados (aumento del Fodes), a las alcaldías que son privadas según el pensamiento… desistimos, corregimos, son 13 años perdidos en darle al país una ley del agua, que siga la ANDA manejándola si es del Estado, y ¿Cuál es el problema? Lo que sucede es que ya comenzó a incendiarse la jungla”, dijo en un tono sarcástico que no agradó ni a Dina Argueta ni a Rina Araujo, ambas del FMLN.
Empezar de cero
La ley que se tomó como base para la discusión y aprobación de los 15 artículos que la comisión llevaba es la Ley Integral del Agua, la que fue presentada en la legislatura anterior, y sus detractores dicen que la elaboró la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la principal gremial empresarial del país. En junio del año pasado se contemplaba solo cinco miembros de la Junta Directiva, con la discusión se amplió a siete.
La irrupción del ahora presidente electo Nayib Bukele influenció, de alguna u otra forma, la situación porque él fue tajante el decir que no estaba de acuerdo con lo establecido por la Asamblea y sacó la bandera de la privatización, misma que adoptó su partido y lo dejó claro su diputado en la comisión, Adelmo Rivas.
Al salir de la comisión, Argueta dijo que lo que quería el PCN era dejar de lado la discusión del tema hasta que Bukele asumiera la Presidencia y sondear cómo estaban las posturas del tema. Sostuvo que la intención del PDC era engavetar la propuesta y que la presión social había podido con los legisladores que dieron su voto para aprobar ese artículo 14.
“No se ha querido reconocer en la comisión, pero en la práctica se ha retrocedido a una decisión tomada el pasado lunes 18, donde dejaba la concentración de las decisiones del agua en el país en manos privadas. Creo que ha ganado el país y quiero insistir en que el movimiento social y las organizaciones, la presión desde el territorio ha logrado desistir posiciones y eso sí es democracia”, dijo.
El Frente exaltó la participación de la Universidad de El Salvador (UES) en los métodos de presión, a pesar de que un sector de los manifestantes abucheó y lanzó bolsas con agua a los diputados rojos que intentaron darse un baño de multitudes. El reclamo “vendidos, en 10 años no hicieron nada” caló en los ánimos de algunos legisladores y decidieron irse de nuevo a sus oficinas.
El Salvador está en la misma posición por la que arrancó las discusiones sobre este tema hace más de una década, sin una legislación que venga a regular el cuido del recurso hídrico, pero en una posición peor que cuando se comenzó a concebir una Ley de Agua.
Tras diez años infértiles que han culminado con más protestas y capturados que avances y con el cambio climático aumentando sus influencias en el mundo, la Comisión de Medio Ambiente deberá iniciar de cero a trabajar con todos los anteproyectos que habían.
Si las posturas de ARENA de incluir privados en las decisiones y la pasividad del Frente, que no agilizó mientras tuvo correlación de fuerzas, se mantienen el camino de aquí para adelante podría desembocar en el destino que tienen otras ciudades con servicios racionalizados o, en el peor de los casos, sin una gota de agua.
Por: El Salvador Times.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
