Política
Febrero cierra como el mes más seguro desde los Acuerdos de Paz con una reducción del 50% en los homicidios
El Salvador cerró el mes de febrero con una disminución de homicidios de más del 50% con relación al mismo mes en 2019, según estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), como resultado de la implementación del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
“Cerrando el mes, podemos confirmar que febrero 2020 desbanca a enero 2020 como el mes con menos homicidios desde la Guerra Civil. Pero este mismo día, asesinaron a Santos Elías Díaz Amaya, un soldado que dio lo más valioso, su vida, para que nuestro país sea cada vez más seguro”, escribió el Presidente Bukele en su cuenta de Twitter.
El militar fue cobardemente asesinado ayer por terroristas en el departamento de Morazán.
Según las estadísticas de la PNC, hubo 114 homicidios en el mes de febrero, que comparados a los 207 del mismo mes en 2019 demuestran la reducción considerable.
En febrero de 2019, la cantidad de homicidios diario era en promedio de 7.1. Mientras en febrero de 2020 el promedio fue de 3.9 cada día, lo cual es un reflejo de los buenos resultados de los planes ejecutados en materia de seguridad por la actual gestión, así como del compromiso al combate de a la criminalidad, que garantiza el bienestar de todos los salvadoreños.
En datos generales, del 1 de enero al 29 de febrero la PNC reportó 233 homicidios y las estadísticas reflejan además un importante logro que es el registro de 167 municipios del país con cero homicidios en el mismo período.
Desde el inicio del mandato del Presidente Bukele y la implementación del Plan Control Territorial, la baja en los homicidios ha sido sostenida, alcanzando cifras históricas y resultados alentadores en los municipios intervenidos directamente por la estrategia de seguridad.
Esto ha generado un clima de confianza, no solo en la ciudadanía, sino también a escala internacional, atrayendo inversionistas y dando un impulso al desarrollo económico del país.
Recientemente, el Presidente Bukele graduó a 270 nuevos agentes de la PNC para dar un refuerzo más al Plan Control Territorial y al combate a la criminalidad, a pesar de que, a la fecha, la Asamblea Legislativa aún no aprueba el préstamo para la Fase 3 del Plan, que busca dotar de mejor equipo y tecnología a policías y soldados que a diario arriesgan sus vidas para proteger a los salvadoreños.
La semana pasada, el jefe de Estado ordenó a los ministerios de Justicia y Seguridad Pública y de la Defensa Nacional a que busquen recursos dentro de sus presupuestos para la compra de cascos, chalecos antibalas y drones con cámaras térmicas, mientras los diputados aprueban el financiamiento de $109 millones por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
EL PRESIDENTE BUKELE LAMENTA QUE NO SE APRUEBEN LOS RECURSOS PARA SEGURIDAD
Además, la población ha mostrado la aprobación sobre las tareas de seguridad que el Gobierno del Presidente de la República, Nayib Bukele, implementa a nivel nacional para combatir la criminalidad y a pesar de que los diputados de la Asamblea Legislativa, aún se niegan a la aprobación de los $109 millones destinados para fortalecer la Fase III del Plan Control Territorial, los esfuerzos para llevar la seguridad a la población continúan.
A pesar de todos estos esfuerzos, el mandatario Bukele, lamentó profundamente ayer sábado, sobre el crimen del soldado Santos Elías Díaz Amaya, destacado en el departamento de Morazán.
“Cerrando el mes, podemos confirmar que febrero 2020 desbanca a enero 2020 como el mes con menos crímenes desde la Guerra Civil. Pero este mismo día, le quitaron la vida a Santos Elías Díaz Amaya, un soldado que dio lo más valioso, su vida, para que nuestro país sea cada vez más seguro”. Dijo el Presidente Buleke, en su cuanta oficial de Twitter.
Cerrando el mes, podemos confirmar que febrero 2020 desbanca a enero 2020 como el mes con menos homicidios desde la Guerra Civil.
Pero este mismo día, asesinaron a Santos Elías Díaz Amaya, un soldado que dio lo más valioso, su vida, para que nuestro país sea cada vez más seguro. pic.twitter.com/ETkHZ2Tfl4
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 1, 2020
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
