Economia
Diputados trabajan por garantizar a población estabilidad en el precio del gas
Ante la variación de los precios internacionales del petróleo, lo que genera una carga económica para la población, la Comisión de Economía aprobó un dictamen favorable para reformar la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, con el objetivo de que el precio de venta del Gas Licuado de Petróleo (GLP) no se haga de forma arbitraria.
La solicitud fue hecha por diputados de Nuevas Ideas, a fin de resguardar el bolsillo de los salvadoreños. También para beneficiar a las micros, pequeñas y medianas empresas.
En el proyecto de reforma se establece que se le otorgará al Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, el control y vigilancia sobre los precios del gas licuado, tanto para consumo doméstico como para negocios de subsistencia.
El diputado William Soriano resaltó que el sentido de las reformas es de importancia para los salvadoreños, debido al alza de precios de este producto a nivel mundial.
“A iniciativa del presidente, hemos aprobado en varias ocasiones que haya subsidios vigentes para este producto, pero nos hemos dado cuenta de que hay algunos actores en la cadena de suministro o distribución que están encareciendo estos productos a pesar de que están siendo subsidiados”, afirmó Soriano.
Para los legisladores es importante actualizar el marco regulatorio en referencia al sistema de precios de la cadena de comercialización del GLP.
Cambios a la Ley del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica
La Comisión de Economía aprobó un dictamen favorable para reformar la Ley del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica, a fin de establecer que esta institución sea la propietaria del total de acciones en las que está divido el capital social de la Compañía Eléctrica Cucumacayán. Con ello, esta entidad se convertirá en aliada estratégica para la creación de proyectos sociales y técnicos.
Los parlamentarios recibieron al representante del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica, Juan Vega, y al presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), Edwin Núñez. Este último explicó que las modificaciones en la normativa buscan beneficios para la población.
“Esa empresa es una empresa del sector eléctrico que tiene muchos años, ha estado trabajando mucho en el desarrollo de proyectos que benefician a las comunidades, a través de los ministerios y las diferentes autónomas”, explicó Núñez.
Entre las enmiendas está plasmar en la ley la posibilidad de llegar a un acuerdo en los casos donde las servidumbres eléctricas no puedan constituirse por contratación voluntaria.
El representante de la institución explicó que en tema de planes de expansión eléctrica el país no solo se está preparando para los próximos 5 o 10 años, sino para el futuro, haciendo referencia a que muchas empresas de electricidad quieren invertir en El Salvador.
“Las empresas buscan colocar estos parques fotovoltaicos o energía eólica. Es importante que nosotros nos vayamos preparando para este tipo de inversiones”, apuntó el presidente de ETESAL.
Otros cambios en la normativa abarcan la asistencia a programas sociales, dándole al ENTE la facultad de acordar erogaciones que sean necesarias para el desarrollo de proyectos que promuevan la enseñanza de deporte, recreaciones y bibliotecas.
Actualización de tarifas por servicios en Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro
En otro tema, los parlamentarios dictaminaron a favor de crear la Ley Reguladora de Tarifas por Servicios que presta el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro y otras Disposiciones Administrativas. Esta iniciativa tiene pretende establecer los precios que cobrará dicho ente y los requisitos que se deberán cumplir para acceder a los servicios.
A la comisión asistieron representantes del Ministerio de Gobernación, quienes explicaron que esta normativa responde a una sentencia de la Sala de lo Constitucional, de 2016, donde declaró que los tarifarios vulneraban el principio de ley en materia tributaria.
“Esa es la razón por la que se ha presentado este proyecto de decreto que, básicamente, lo que hace es actualizar en base a los costos reales, salarios y tiempo de servicio”, expresó Andrés Amador, delegado de Gobernación.
Él agregó que la propuesta consiste en establecer los precios para todos los servicios que presta el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. También explicó que para esto se tomó en cuenta a las personas involucradas y su salario, el tiempo que invierten por cada uno de los trámites y los gastos administrativos, como de papelería.
El diputado William soriano manifestó que la iniciativa facilita que las asociaciones tengan un mejor servicio y agilidad al realizar procesos.
“Como está la legislación actual, el estado debe ir modernizándose. En la medida que se moderniza se modernizan los procesos, se agregan unos o se elimina aquellos que dejan de responder a la realidad”, dijo el parlamentario.
Los representantes de Gobernación aclararon que en cuanto a las iglesias lo que establece la ley es que puedan pasar del sistema contable informal, que tienen en la actualidad, a uno que sea formal. De esta manera, en el plazo de dos años, podrán presentar los documentos en regla para ser inscritas en el registro.
Economia
El sector construcción se consolida como uno de los principales motores económicos de El Salvador
El sector construcción ha emergido como uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico en El Salvador, impulsado por la estrategia de seguridad jurídica y social implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde 2019.
De acuerdo con datos oficiales, durante administraciones anteriores el sector mostró una desaceleración en sus indicadores. No obstante, con la llegada de la actual gestión, se evidenció un repunte que solo se vio interrumpido brevemente por los efectos de la pandemia. Desde 2021, la industria ha retomado un crecimiento sostenido, alcanzando un alza del 11 % en 2024.
El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), José Velásquez, explicó que uno de los principales factores del dinamismo actual ha sido el aumento de la inversión pública. En 2024, esta representó el 65 % del total, equivalente a aproximadamente $1,550 millones. En contraste, antes de 2019, la inversión en el rubro rondaba los $1,300 millones, dividida equitativamente entre el sector público y privado.
Para 2025, Casalco estima que la inversión combinada podría alcanzar los $2,600 millones, con un crecimiento proyectado entre el 8.5 % y el 10 %, dependiendo del avance de nuevos proyectos. Velásquez anticipa que el próximo año será aún más favorable, gracias al respaldo institucional de entidades como la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss).
En los últimos seis años, el sector ha registrado un incremento superior a los $1,000 millones en inversión. Este crecimiento ha fortalecido a la industria nacional y ha facilitado el ingreso de actores internacionales al mercado local.
El Banco Central de Reserva (BCR) estima que la construcción y las actividades inmobiliarias representan un 12.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), con el sector habitacional contribuyendo con el 8.78 %. Asimismo, se reportan más de 160,000 empleos generados directa e indirectamente, con una participación femenina en ascenso del 8 %.
“El crecimiento que hemos experimentado desde 2019 responde a varios factores, entre ellos la mejora en seguridad, el auge del turismo y el retorno de compatriotas interesados en invertir en el país”, concluyó Velásquez.
Foto: Cortesía
El mercado laboral salvadoreño continúa mostrando señales de dinamismo. De acuerdo con el informe Tendencias del Empleo en El Salvador 2025, publicado por el Ministerio de Trabajo, hasta enero de este año se contabilizan 1,022,167 empleos formales, lo que representa un incremento de 22,148 puestos respecto al mismo mes de 2024, equivalente a un crecimiento del 2.2 %.
El aumento ha sido impulsado principalmente por el sector privado, que experimentó una variación interanual del 3.5 %, mientras que el sector público registró una disminución del 2.2 %. Las áreas con mayor aporte a este crecimiento fueron comercio, restaurantes y hoteles (32 % del total de empleos), seguidas por la industria manufacturera y otras actividades industriales (23 %), y servicios profesionales y técnicos (20 %).
En términos empresariales, el informe señala que hasta enero de 2025 operan en el país 36,705 empresas, con la incorporación de 1,408 nuevas unidades económicas en los últimos doce meses, lo que representa un crecimiento del 4 %. Las compañías vinculadas a comercio, alojamiento, transporte y alimentación concentran el 43 % del total.
El informe también destaca que el dinamismo económico, sumado a las políticas gubernamentales, ha favorecido la sostenida generación de empleo formal, una tendencia que se ha mantenido al alza desde 2023, cuando el país superó por primera vez el millón de cotizantes.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades salvadoreñas han llegado a un acuerdo a nivel del personal técnico sobre la primera revisión del programa de 40 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF). Este acuerdo, sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, permitiría a El Salvador acceder a un desembolso de aproximadamente 120 millones de dólares (equivalente a 86,16 millones de derechos especiales de giro, DEG).
Según el comunicado emitido el 27 de mayo de 2025, el desempeño del programa ha sido sólido. Los principales objetivos fiscales y de reservas se cumplieron con márgenes, y continúa habiendo un progreso sustancial en la ambiciosa agenda de reformas en las áreas de gobernanza, transparencia y resiliencia financiera.
El FMI destacó que la economía salvadoreña continúa expandiéndose, impulsada por una mayor confianza y un flujo de remesas aún sólido. Las políticas prudentes y los términos de intercambio más favorables han facilitado una reducción de la inflación y del déficit en cuenta corriente.
Entre las medidas clave acordadas se incluyen la continuación de la consolidación fiscal mediante ajustes en la masa salarial y contención de gastos corrientes, así como el desarrollo de planes para reformar el servicio civil y los sistemas de pensiones. Estas acciones estarán respaldadas por la nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal, cuya promulgación está prevista próximamente.
Además, se acordó fortalecer los colchones de liquidez externos mediante la acumulación de depósitos del gobierno en el Banco Central, con el apoyo del financiamiento de las instituciones financieras internacionales y la disciplina fiscal. También se incrementarán los requerimientos de liquidez bancaria y se fortalecerá la supervisión bancaria, incluyendo la de las cooperativas.
Este acuerdo refleja el compromiso continuo de El Salvador con la implementación de políticas económicas sólidas y reformas estructurales destinadas a promover un crecimiento económico sostenible y fortalecer la estabilidad macroeconómica del país.
