Política
Asamblea Legislativa aprueba octava prórroga del régimen de excepción para combatir a las pandillas
El régimen de excepción está vigente desde el 27 de marzo pasado, y fue ampliado con 67 votos a favor por 30 días más con la octava prórroga que aprobó la Asamblea Legislativa, para continuar con el combate de las maras y pandillas a escala nacional.
La ampliación fue solicitada por medio de una iniciativa de ley que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, presentaron al mediodía en la Asamblea.
En conferencia de prensa, Villatoro argumentó que la implementación del estado de excepción ha generado «beneficios irrefutables» en materia de seguridad pública y que la población ya no vive en «zozobra» por el accionar de los grupos delincuenciales.
Asimismo, expresó que, desde el 27 de marzo pasado hasta este martes, 57,568 miembros de maras y pandillas habían sido capturados gracias a la medida constitucional y que de esa cantidad 843 eran cabecillas de las estructuras criminales, que en el 2015 fueron declarados grupos terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También se han realizado en ese periodo 1,862 incautaciones de armas de fuego, 2,276 de vehículos, 13,565 de celulares y ha sido decomisados $1.4 millones en efectivo que estaban en poder de los grupos delincuenciales y que presumiblemente eran producto de las extorsiones.
Según las proyecciones del funcionario, la reducción de la tasa de homicidios al cierre de este año será mayor al 50 % en comparación con el año pasado.
La implementación del régimen de excepción ha sido criticada por las ONG internacionales defensoras de los derechos humanos, pero su actuación fue cuestionada la semana pasada por el presidente de la república, Nayib Bukele, al señalar que solo defienden los derechos de los delincuentes.
El ministro de Seguridad Pública se sumó a los cuestionamientos que hizo el mandatario y señaló que «los organismos internacionales solo velan por los derechos de los criminales» y no de «los salvadoreños honrados».
Agregó que esas ONG «no nos van a venir a dictar lo que los salvadoreños necesitamos» en materia de seguridad pública, por tanto, y no les prestarán «ni un ápice de atención» porque «naturalmente están a favor de los criminales».
El proyecto de ley para la prórroga del régimen de excepción la recibió el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, quien también criticó el accionar de las ONG internacionales defensoras de derechos humanos.
«[Que las ONG] sigan diciendo lo que quieran, pero las decisiones las vamos a tomar nosotros. Las decisiones se van a tomar aquí», sentenció Castro y agregó que la nueva Asamblea Legislativa -con la mayoría de los diputados de la bancada cian- seguirán apoyando las iniciativas de ley que envíe el Ejecutivo a ese Órgano del Estado.
La solicitud para prorrogar por octava ocasión el régimen de excepción fue votada por la noche en la sesión plenaria, con los votos favorables de los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC.
Al igual que en las ocasiones anteriores, los grupos parlamentarios del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo votaron en contra. Esta vez, los diputados del grupo parlamentario de ARENA votaron divididos: algunos no votaron, otros votaron abstención (incluido el jefe de bancada, René Portillo Cuadra) y otros votaron en contra.
El jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, reiteró este martes que los diputados de su bancada en la Asamblea Legislativa continuarán respaldando con sus votos los proyectos destinados a modernizar el sistema público de salud en El Salvador.
“Nuestros votos para mejorar el sistema de salud para los salvadoreños. Lo justo, lo legal y lo correcto siempre”, expresó Guevara a través de su cuenta en la red social X.
Los legisladores oficialistas han respaldado diversas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer la red hospitalaria nacional, incluyendo intervenciones en infraestructura, adquisición de medicamentos y equipos médicos, así como la construcción de nuevos centros de atención, entre ellos el nuevo hospital Rosales.
La fracción cian ha sido clave para la aprobación de financiamiento y reformas que permiten avanzar con la transformación del sistema de salud, como parte del plan de atención integral que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha promovido durante su gestión.
La Asamblea Legislativa autorizó este martes al Órgano Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como financiamiento adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, a través de la construcción de una moderna infraestructura vial que incluye un nuevo “by pass” en Apopa, una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, iluminación, señalización, controles de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal.
Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará de forma directa a más de 550,000 habitantes de los municipios que conforman San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte.
Uno de los elementos clave del proyecto es un puente atirantado de 300 metros de longitud y cuatro carriles (dos por sentido), que permitirá desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte, facilitando la conexión con la zona norte del país y la frontera con Honduras.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca posicionar esta región como un nodo logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala, mediante una combinación de inversión pública en infraestructura y atracción de capital privado.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha destacado que el potencial de la zona radica en su ubicación estratégica, así como en las obras de conectividad ya ejecutadas y las que están en proceso. Además, se ha informado que el 36 % del suelo destinado para uso logístico y de servicios en San Salvador Oeste ya cuenta con permisos aprobados.
Con este financiamiento adicional, el Ejecutivo busca acelerar el desarrollo vial del AMSS y consolidar al país como un centro regional clave para la movilidad y el comercio.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
