Política
Asamblea Legislativa aprueba octava prórroga del régimen de excepción para combatir a las pandillas
El régimen de excepción está vigente desde el 27 de marzo pasado, y fue ampliado con 67 votos a favor por 30 días más con la octava prórroga que aprobó la Asamblea Legislativa, para continuar con el combate de las maras y pandillas a escala nacional.
La ampliación fue solicitada por medio de una iniciativa de ley que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, presentaron al mediodía en la Asamblea.
En conferencia de prensa, Villatoro argumentó que la implementación del estado de excepción ha generado «beneficios irrefutables» en materia de seguridad pública y que la población ya no vive en «zozobra» por el accionar de los grupos delincuenciales.
Asimismo, expresó que, desde el 27 de marzo pasado hasta este martes, 57,568 miembros de maras y pandillas habían sido capturados gracias a la medida constitucional y que de esa cantidad 843 eran cabecillas de las estructuras criminales, que en el 2015 fueron declarados grupos terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También se han realizado en ese periodo 1,862 incautaciones de armas de fuego, 2,276 de vehículos, 13,565 de celulares y ha sido decomisados $1.4 millones en efectivo que estaban en poder de los grupos delincuenciales y que presumiblemente eran producto de las extorsiones.
Según las proyecciones del funcionario, la reducción de la tasa de homicidios al cierre de este año será mayor al 50 % en comparación con el año pasado.
La implementación del régimen de excepción ha sido criticada por las ONG internacionales defensoras de los derechos humanos, pero su actuación fue cuestionada la semana pasada por el presidente de la república, Nayib Bukele, al señalar que solo defienden los derechos de los delincuentes.
El ministro de Seguridad Pública se sumó a los cuestionamientos que hizo el mandatario y señaló que «los organismos internacionales solo velan por los derechos de los criminales» y no de «los salvadoreños honrados».
Agregó que esas ONG «no nos van a venir a dictar lo que los salvadoreños necesitamos» en materia de seguridad pública, por tanto, y no les prestarán «ni un ápice de atención» porque «naturalmente están a favor de los criminales».
El proyecto de ley para la prórroga del régimen de excepción la recibió el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, quien también criticó el accionar de las ONG internacionales defensoras de derechos humanos.
«[Que las ONG] sigan diciendo lo que quieran, pero las decisiones las vamos a tomar nosotros. Las decisiones se van a tomar aquí», sentenció Castro y agregó que la nueva Asamblea Legislativa -con la mayoría de los diputados de la bancada cian- seguirán apoyando las iniciativas de ley que envíe el Ejecutivo a ese Órgano del Estado.
La solicitud para prorrogar por octava ocasión el régimen de excepción fue votada por la noche en la sesión plenaria, con los votos favorables de los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC.
Al igual que en las ocasiones anteriores, los grupos parlamentarios del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo votaron en contra. Esta vez, los diputados del grupo parlamentario de ARENA votaron divididos: algunos no votaron, otros votaron abstención (incluido el jefe de bancada, René Portillo Cuadra) y otros votaron en contra.
Foto: Cortesía
El concejo municipal de San Miguel Centro aprobó un incremento en los salarios de sus miembros y de cinco de los seis jefes de los distritos que lo conforman, a partir de 2025, según confirmó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la alcaldía.
El alcalde Alex Torres, del partido PDC, ha visto un aumento de su salario de $4,200 a $6,000, lo que representa un incremento de $1,800. Sin embargo, en una publicación de Facebook del 3 de mayo de 2024, Torres había prometido que no habría aumentos salariales para él, el síndico ni los concejales, afirmando que era necesario actuar con responsabilidad y coherencia. “Ese fue un acuerdo que tomé junto a mis concejales y mi equipo técnico desde la campaña”, declaró en ese momento.
El síndico también experimentó un aumento significativo, pasando de $2,500 a $4,000, un incremento de $1,500. Por su parte, los concejales, que recibían $328.57 por reunión, ahora obtendrán $500, pasando de $1,314.29 a $2,000 mensuales, con un máximo de cuatro sesiones al mes.
En cuanto a los salarios de los directores de distrito, el director de Chirilagua pasó de $1,200 a $1,700, mientras que el de Moncagua aumentó de $1,200 a $1,600. Los directores de Comacarán y Uluazapa, que recibían $900, ahora ganan $1,000, y el de Quelepa pasó a $1,300. Cabe destacar que el director del distrito de San Miguel no recibió aumento, manteniendo un salario de $2,000.
La administración municipal emitió un comunicado de prensa el 14 de marzo de 2025, donde se justificó el aumento salarial con la promesa de reducir gastos del concejo anterior para destinar esos fondos a obras y proyectos comunitarios. Se mencionó que el concejo anterior gastaba $28,000 anuales en alimentación y otros costos asociados, mientras que la nueva administración ha eliminado estos gastos, así como el uso de vehículos y combustibles municipales por parte de los funcionarios.
La polémica sobre los aumentos salariales en el concejo municipal de San Miguel Centro continúa generando reacciones entre la ciudadanía y los partidos políticos.
El Consejo Nacional del Partido Político Nuevas Ideas ha decidido expulsar de forma inmediata al alcalde José María Chicas, medida respaldada por su Comité de Ética. La decisión responde a la mala administración del edil y a su inacción frente a problemas urgentes en el municipio, destacando la insatisfactoria gestión del refugio en Ilopango, calificada como inaceptable.
A raíz de esta situación, el partido solicita urgentemente al Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador Este la destitución inmediata de Chicas de su cargo. Nuevas Ideas reitera su compromiso con la transformación de las comunidades y el bienestar de la ciudadanía, subrayando que continuará supervisando que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente y transparente.
Nacionales -deportes
Ley para prevenir dopaje en el deporte garantizará competiciones en igualdad de condiciones
La salud de los deportistas y las prácticas éticas en las distintas disciplinas son un tema prioritario para el Órgano Legislativo.
Por esa razón, los legisladores aprobaron la creación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte nacional.
La normativa está ligada a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador para garantizar el desarrollo de competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las capacidades naturales de los participantes, evitando su adulteración mediante el uso de sustancias o métodos prohibidos.
Las disposiciones plasmadas en la normativa se interpretarán de acuerdo con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje, los estándares internacionales aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), así como cualquier otro reglamento internacional, aplicable en esta materia.
“Estamos aquí para respaldar este esfuerzo con leyes que protejan a nuestros deportistas y promuevan un ambiente de sana competencia. Tener una Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje es crucial para garantizar que nuestros atletas puedan competir de una manera justa, saludable y en igualdad de condiciones”, afirmó la diputada Sharon Salazar.
Agregó que valores como la ética deportiva, la igualdad de condiciones de los atletas y su integridad rigen esta normativa.
Por su parte, el parlamentario Raúl Chamagua destacó la importancia de contar con esta ley, porque El Salvador no tenía regulado el tema del dopaje deportivo, pese a que el país se encuentra suscrito a acuerdos internacionales en este tema y corría el riesgo de ser sancionado.
El legislador señaló que con la nueva ley se protegerá la salud de los atletas, se reafirmará la posición del país en contra de cualquier acción que atente contra la esencia del deporte, se envía un mensaje de cambio y compromiso y sobre todo se fomenta una cultura de prevención.
Organización Nacional Antidopaje de El Salvador
La nueva ley contempla la creación de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ESA) como el máximo órgano técnico nacional con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte nacional.
La ONAD-ESA estará compuesta por un Comité Supervisor; un gerente general; un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia, responsable de conocer los procedimientos sobre el cometimiento de las infracciones a las normas antidopaje y garantizar el debido proceso, así como por una Comisión de Atletas que colaborará en la formulación de políticas de prevención y antidopaje en el deporte.
Esta será una entidad desconcentrada del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), con independencia técnica, administrativa y operativa, con el propósito de promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en torneos o eventos deportivos.
Entre sus principales funciones se encuentran las de prevenir, controlar y sancionar el dopaje a escala nacional, además de emitir los reglamentos internos que considere necesarios para garantizar su correcto funcionamiento; promover la investigación antidopaje y la implementación de programas educativos y campañas de divulgación sobre los peligros de esta práctica negativa que atenta la salud y los valores éticos y morales del deporte.
Violaciones de las normas antidopaje
Entre las violaciones a las normas antidopaje se encuentran la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista; el uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido; así como el evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la toma de muestras.
También se considerará una falta la manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje que haga un deportista u otra persona; además de la posesión de una sustancia o método prohibido del deportista o de su personal de apoyo.
Entre otras de las faltas se incluyen el tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido; la administración, o intento de esto, a un deportista durante o fuera de una competición y cualquier tipo de complicidad o intento de esta.
