Política
Asamblea Legislativa aprueba octava prórroga del régimen de excepción para combatir a las pandillas
El régimen de excepción está vigente desde el 27 de marzo pasado, y fue ampliado con 67 votos a favor por 30 días más con la octava prórroga que aprobó la Asamblea Legislativa, para continuar con el combate de las maras y pandillas a escala nacional.
La ampliación fue solicitada por medio de una iniciativa de ley que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, presentaron al mediodía en la Asamblea.
En conferencia de prensa, Villatoro argumentó que la implementación del estado de excepción ha generado «beneficios irrefutables» en materia de seguridad pública y que la población ya no vive en «zozobra» por el accionar de los grupos delincuenciales.
Asimismo, expresó que, desde el 27 de marzo pasado hasta este martes, 57,568 miembros de maras y pandillas habían sido capturados gracias a la medida constitucional y que de esa cantidad 843 eran cabecillas de las estructuras criminales, que en el 2015 fueron declarados grupos terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También se han realizado en ese periodo 1,862 incautaciones de armas de fuego, 2,276 de vehículos, 13,565 de celulares y ha sido decomisados $1.4 millones en efectivo que estaban en poder de los grupos delincuenciales y que presumiblemente eran producto de las extorsiones.
Según las proyecciones del funcionario, la reducción de la tasa de homicidios al cierre de este año será mayor al 50 % en comparación con el año pasado.
La implementación del régimen de excepción ha sido criticada por las ONG internacionales defensoras de los derechos humanos, pero su actuación fue cuestionada la semana pasada por el presidente de la república, Nayib Bukele, al señalar que solo defienden los derechos de los delincuentes.
El ministro de Seguridad Pública se sumó a los cuestionamientos que hizo el mandatario y señaló que «los organismos internacionales solo velan por los derechos de los criminales» y no de «los salvadoreños honrados».
Agregó que esas ONG «no nos van a venir a dictar lo que los salvadoreños necesitamos» en materia de seguridad pública, por tanto, y no les prestarán «ni un ápice de atención» porque «naturalmente están a favor de los criminales».
El proyecto de ley para la prórroga del régimen de excepción la recibió el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, quien también criticó el accionar de las ONG internacionales defensoras de derechos humanos.
«[Que las ONG] sigan diciendo lo que quieran, pero las decisiones las vamos a tomar nosotros. Las decisiones se van a tomar aquí», sentenció Castro y agregó que la nueva Asamblea Legislativa -con la mayoría de los diputados de la bancada cian- seguirán apoyando las iniciativas de ley que envíe el Ejecutivo a ese Órgano del Estado.
La solicitud para prorrogar por octava ocasión el régimen de excepción fue votada por la noche en la sesión plenaria, con los votos favorables de los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC.
Al igual que en las ocasiones anteriores, los grupos parlamentarios del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo votaron en contra. Esta vez, los diputados del grupo parlamentario de ARENA votaron divididos: algunos no votaron, otros votaron abstención (incluido el jefe de bancada, René Portillo Cuadra) y otros votaron en contra.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
