Política
Asamblea Legislativa aprueba octava prórroga del régimen de excepción para combatir a las pandillas
El régimen de excepción está vigente desde el 27 de marzo pasado, y fue ampliado con 67 votos a favor por 30 días más con la octava prórroga que aprobó la Asamblea Legislativa, para continuar con el combate de las maras y pandillas a escala nacional.
La ampliación fue solicitada por medio de una iniciativa de ley que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, presentaron al mediodía en la Asamblea.
En conferencia de prensa, Villatoro argumentó que la implementación del estado de excepción ha generado «beneficios irrefutables» en materia de seguridad pública y que la población ya no vive en «zozobra» por el accionar de los grupos delincuenciales.
Asimismo, expresó que, desde el 27 de marzo pasado hasta este martes, 57,568 miembros de maras y pandillas habían sido capturados gracias a la medida constitucional y que de esa cantidad 843 eran cabecillas de las estructuras criminales, que en el 2015 fueron declarados grupos terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También se han realizado en ese periodo 1,862 incautaciones de armas de fuego, 2,276 de vehículos, 13,565 de celulares y ha sido decomisados $1.4 millones en efectivo que estaban en poder de los grupos delincuenciales y que presumiblemente eran producto de las extorsiones.
Según las proyecciones del funcionario, la reducción de la tasa de homicidios al cierre de este año será mayor al 50 % en comparación con el año pasado.
La implementación del régimen de excepción ha sido criticada por las ONG internacionales defensoras de los derechos humanos, pero su actuación fue cuestionada la semana pasada por el presidente de la república, Nayib Bukele, al señalar que solo defienden los derechos de los delincuentes.
El ministro de Seguridad Pública se sumó a los cuestionamientos que hizo el mandatario y señaló que «los organismos internacionales solo velan por los derechos de los criminales» y no de «los salvadoreños honrados».
Agregó que esas ONG «no nos van a venir a dictar lo que los salvadoreños necesitamos» en materia de seguridad pública, por tanto, y no les prestarán «ni un ápice de atención» porque «naturalmente están a favor de los criminales».
El proyecto de ley para la prórroga del régimen de excepción la recibió el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, quien también criticó el accionar de las ONG internacionales defensoras de derechos humanos.
«[Que las ONG] sigan diciendo lo que quieran, pero las decisiones las vamos a tomar nosotros. Las decisiones se van a tomar aquí», sentenció Castro y agregó que la nueva Asamblea Legislativa -con la mayoría de los diputados de la bancada cian- seguirán apoyando las iniciativas de ley que envíe el Ejecutivo a ese Órgano del Estado.
La solicitud para prorrogar por octava ocasión el régimen de excepción fue votada por la noche en la sesión plenaria, con los votos favorables de los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC.
Al igual que en las ocasiones anteriores, los grupos parlamentarios del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo votaron en contra. Esta vez, los diputados del grupo parlamentario de ARENA votaron divididos: algunos no votaron, otros votaron abstención (incluido el jefe de bancada, René Portillo Cuadra) y otros votaron en contra.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
