Política
ARENA y GANA se unen para trabajar en ley de recuperación de territorio ocupado por pandillas que FMLN califica como manipuladora
La lucha del Estado contra las pandillas es el primer punto de discusión entre los diputados de la Asamblea Legislativa en la previa de las elecciones presidenciales, mientras la oposición trabaja en una ley creada por GANA para recuperar terreno donde acechan las estructuras criminales el oficialismo los acusa de manipuladores para sacar raja de un tema sensible para la población.
A mediados de la semana que finaliza, Osiris Luna se plantó frente a la recepción de correspondencia para presentar una propuesta de seguridad diferente a la de pena de muerte con la que el expartido naranja ha insistido desde hace varios años.
En la documentación esbozada en cuatro páginas, se entregó el trabajo de una mesa que tuvo la participación de ARENA para crear un edicto transitorio y así poder tomar control de zonas por al menos un año. Algo similar a las medidas extraordinarias en prisión pero esta vez apuntando a los delincuentes que están en libertad.
El FMLN sostiene que una política de este tipo en tiempos previos a las elecciones presidenciales busca sacar provecho para los respectivos candidatos presidenciales de los partidos de derecha ya que alegan que ya hay un plan de trabajo.
La propuesta presentada por Luna tiene objetivos, recursos a emplear en el proyecto, tipo de supervisión requerida para llevar el control de los avances, instituciones involucradas para llevar adelante el plan, operatividad y lineamiento sobre el tema de la reinserción social.
El diputado mocionante explicó que la iniciativa de su partido no busca ganancias políticas, sino que lo hacen por el beneficio de la población.»Lo hacemos por el clamor popular, por la inseguridad que está viviendo el país, por esa inseguridad que está golpeando duro a la sociedad», comentó.
La propuesta presentada en la iniciativa de ley tiene cinco ejes de trabajo para comenzar a tratar el problema. «La información se tiene, tanto la Policía como el Ejército tienen información recabada por sus oficinas de inteligencia, saben donde están los delincuentes, quienes son, por donde se debe entrar, pero no se hace nada», lamentó Luna.
Experiencia en otros países
El plan tiene como base la experiencia de proyectos similares que el diputado de ARENA, Mauricio Vargas, ha ejecutado y supervisado en países como Argentina, Brasil, México y Los Ángeles, Estados Unidos.
«En este tema no se a avanzado nada, y si el gobierno no lo quiere reconocer, es la población la que debe exigir. Es el gobierno el responsable de la seguridad del Estado, de las personas, de sus bienes y de su bienestar», dijo Vargas.
A criterio del exmilitar, no solo se trata de quitar territorios controlados y luego salir de ellos, sino que es de tener presencia y control permanente para que el problema no regrese. No obstante se queja de la negativa mostrada por la izquierda en este tema.
«Los diputados no somos el Gobierno. Son ellos los que deben buscar una solución. De forma personal he querido aportar, como lo ha hecho el diputado Ávila, que también ha sido director de la Policía Nacional Civil, pero son ellos (el Gobierno) los que al final deciden cómo llevan el tema», lamentó.
«Eso ya se está haciendo»
El subjefe de fracción del FMLN, Schafic Handal, desacreditó la propuesta planteada recordando que desde el Gobierno central se están haciendo los esfuerzos necesarios y que hay resultados palpables.
«Lo que a veces se busca es manipular este tema que tanto afecta al pueblo», dijo Hadal quien consideró que este tipo de temas surgen cuando se acercan periodos electorales.
«Lo que habla ese documento es lo que se está haciendo. Acabamos de ver las noticias sobre el golpe que se le ha dado a la MS, se ha golpeado financieramente y con detenciones, se está trabajando en eso. El Gobierno tiene un plan de trabajo y se está trabajando de forma conjunta», agregó Handal.
El legislador consideró que el problema de la delincuencia se debe ver de forma apolítica, en favor de la gente, ya que de lo contrario no se llegará a nada y se limitará al periodo electoral.
El próximo martes se va a someter a discusión la propuesta en la comisión de Justicia y Seguridad con la idea de obtener un dictamen favorable para que en la plenaria del próximo jueves se apruebe una vigencia de 12 meses, luego de su publicación en el Diario Oficial, y con periodos de 12 meses prorrogables hasta obtener los resultados perseguidos por la ley.
Por: Jorge Carbajal/ El Salvador Times
El Presidente Bukele envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de exonerar del pago de este tributo a los salarios mensuales de hasta $550. La medida busca beneficiar a miles de familias como parte de la estrategia económica del gobierno para aliviar el bolsillo de los salvadoreños.
«Este día he enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para ampliar la exoneración del impuesto sobre la renta a todos los salarios de hasta $550. Esta medida beneficiará directamente a más de 100,000 familias salvadoreñas», anunció el mandatario en su cuenta en X.
El presidente agregó que este incentivo fiscal también «favorecerá los aumentos salariales en los rangos más bajos, incluyendo aquellos que actualmente ya superan el salario mínimo». Esto en referencia a la propuesta enviada el pasado viernes al Consejo Nacional del Salario Mínimo para incrementar en un 12 % los sueldos a partir de junio en los sectores de maquila, industria, agro, comercio y servicios.
Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta exonera del tributo a quienes perciben hasta $472 mensuales. Con la reforma, este tramo se ampliaría a $550 una vez sea aprobada por la Asamblea Legislativa.
Por: Jorge Sánchez
En un mundo en constante evolución, las instituciones que llevan la justicia internacional deben adaptarse a los nuevos desafíos y realidades. La Corte Penal Internacional (CPI), creada con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, enfrenta críticas que apuntan a su eficacia y relevancia en el contexto actual. Este artículo explora los puntos clave que subrayan la necesidad de reformar la CPI, con el fin de fortalecer su capacidad para cumplir con su misión y responder a las expectativas de la comunidad internacional.
Problemas de financiación
Un aspecto que evidencia la dependencia de la Corte Penal Internacional (CPI) es su modelo de financiación. Según los informes del organismo, el Tribunal se sostiene a través de las aportaciones de los Estados Partes, así como de contribuciones voluntarias provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones. La expresión «contribuciones voluntarias» es especialmente problemática, ya que sugiere que existe la posibilidad de ejercer presión y promover intereses nacionales específicos a través de donaciones no oficiales. Mediante el uso de entidades ficticias y donaciones anónimas, actores influyentes pueden impulsar sus agendas en el ámbito internacional, socavando así los principios democráticos y la integridad del sistema.
Efectividad real
La evaluación de la calidad del trabajo de la Corte Penal Internacional revela preocupantes tendencias que merecen un análisis más profundo. Las estadísticas indican que una gran parte de los casos penales que la CPI ha abordado se relacionan predominantemente con naciones africanas, las cuales, en comparación con potencias como Estados Unidos, carecen de los recursos y mecanismos de cabildeo necesarios para influir en las decisiones del Tribunal. Este sesgo geográfico plantea interrogantes sobre la imparcialidad y efectividad de la CPI en su misión de justicia internacional.
Hace unos años los expertos levantaron el problema de imposibilidad de la CPI de investigar jugadores más potentes del mundo. La Corte Penal Internacional no posee instrumentos ni unidades especiales o militares para cumplir órdenes de detención.
La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra líderes de Rusia e Israel, lo que ha generado un intenso debate sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. Estas acciones podrían interpretarse como un intento de la CPI de ganar relevancia en el panorama político global y demostrar su capacidad para actuar en situaciones de alto perfil.
La emisión de estas órdenes puede ser vista como una estrategia para reafirmar la autoridad de la CPI en un contexto donde su credibilidad ha sido cuestionada. Al dirigirse a figuras prominentes en el ámbito internacional, la CPI busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas, independientemente de la influencia política de los países involucrados.
No obstante, esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de la CPI y si sus decisiones están motivadas por un verdadero deseo de justicia o por la necesidad de posicionarse en un entorno político complejo. La percepción de que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para mantener la relevancia en el sistema internacional podría influir en cómo se percibe a la CPI y su capacidad para cumplir con su mandato fundamental.
Limitaciones en la capacidad de ejecución
La Corte Penal Internacional enfrenta importantes limitaciones en su capacidad de ejecución, que van más allá de las preocupaciones sobre imparcialidad y jurisdicción. Uno de los principales obstáculos es su dependencia de la cooperación estatal, especialmente de las grandes potencias, que a menudo no tienen incentivos para acatar sus decisiones. Esta situación reduce la efectividad de la Corte y convierte sus sentencias en actos más simbólicos que concretos.
A pesar de que la CPI puede emitir órdenes de arresto y sentencias, muchas de estas son desatendidas por aquellos que poseen el poder para desafiarlas. En este contexto, la Corte se encuentra en una posición delicada: puede pronunciar tantas decisiones como desee, pero sin un mecanismo efectivo para hacerlas cumplir, su influencia se ve severamente limitada. Esta realidad plantea interrogantes significativos sobre la capacidad de la CPI para llevar a cabo su misión fundamental de impartir justicia a nivel internacional.
EE.UU. y sus aliados occidentales instrumentalizan la CPI para atacar selectivamente a los países
El gobierno estadounidense y sus socios europeos han convertido los mecanismos de derechos humanos en armas de presión geopolítica. Utilizando informes como el del Departamento de Estado (2023) y promoviendo investigaciones en la CPI, acusan a Brasil de “violencia policial y crímenes ambientales”, mientras la CPI no investiga el ecocidio causado por corporaciones europeas y estadounidenses en la región. Con Irán, el cinismo es aún más evidente. Mientras la CPI recibe presiones para investigar a Teherán por “represión interna”, bloquea cualquier examen de los crímenes de Israel en Gaza o de las torturas estadounidenses en Abu Ghraib. Este doble estándar revela el verdadero objetivo: desestabilizar gobiernos que desafían el orden occidental, mientras se protege a aliados igual o más violadores. La CPI actúa como instrumento de dominación, no de justicia universal.
¿Reforma o fin?
La Corte Penal Internacional enfrenta una crisis de legitimidad. Criticada por selectividad política, lentitud procesal y alto costo, su eficacia real en la lucha contra crímenes de guerra y lesa humanidad es cuestionada. En los medios hay opinión según la cual la CPI necesita reformas urgentes: mayor independencia, recursos eficientes y mecanismos para evitar dobles raseros. Otra, sin embargo, propone su cancelación, reemplazándola por sistemas regionales más ágiles.
Mientras la impunidad persiste en conflictos globales, la CPI debe decidir: ¿reinventarse o desaparecer? Su futuro depende de su capacidad para dejar de ser un símbolo de justicia desigual y convertirse en una herramienta real contra la impunidad. Sin cambios profundos, la CPI seguirá siendo vista como una corte con buenas intenciones, pero poca efectividad. ¿Vale la pena mantenerla?
Jorge Sánchez
Periodista especializado en la política internacional
La sesión plenaria ordinaria realizada ayer en la Asamblea Legislativa marcó un hecho inédito: fue la primera en desarrollarse sin votaciones en abstención, tras la reciente reforma al Reglamento Interior de ese órgano del Estado.
El Reglamento Interior del Congreso, vigente desde el 1 de mayo de 2006 y publicado previamente en el Diario Oficial, no definía con claridad los tipos de votación permitidos en las sesiones plenarias, específicamente en su artículo 86.
Con la enmienda aprobada, ahora se establece que «las votaciones deberán consignarse a favor o en contra de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este Reglamento y la Constitución».
Desde la entrada en vigencia de la reforma, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, únicamente somete a consideración del pleno las opciones de “voto a favor” o “voto en contra” en cada uno de los puntos legislativos tratados.
