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VIDEO | José María Tojeira, liga a diputado Rodolfo Paker en masacre de sacerdotes jesuitas y solicita a la FGR pronta investigación
El nombre del abogado y ahora diputado por el partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, sonó por segundo día consecutivo en el juicio que se lleva en España por la muerte de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana Dr. José Simeón Cañas (UCA), hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1984.
En el juicio que se reliza en la Audiencia Nacional de España, y que señala directamente al exministro de Justicia y Seguridad, coronel Inocente Orlando Monterrosa, el padre José María Tojeira, hoy exrector de la UCA, mencionó a Rodolfo Parker como presunto encubridor de la masacre contra los sacerdotes jesuitas al interior del campus universitario.
Tojeira señala al diputado del PDC de haber cometido al menos tres graves delitos como posible encubridor del hecho los cuales serían: Lesa Humanidad (delitos especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización), Complicidad (persona que es responsable penal de un delito o falta pero no por haber sido el autor directo del mismo, sino por haber cooperado a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos, Fraude procesal (el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público) y Obstrucción a la información (aquel que intervine en un proceso como abogado o procurador, con abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones).
“Cuando yo estaba acusando de encubridor al licenciado Parker, él llegó a mi despacho en la rectoría de la universidad, cuando yo ya era rector de la universidad, y me dijo que él no había encubierto” al alto mando de la Fuerza Armada de ese momento, testificó el jueves José María Tojeira.
El exrector de la UCA también mencionó que Rodolfo Parker “me dio unas razones que a mí me confirmaron de que sí había encubierto”, aseguró Tojeira en su declaración bajo juramento, en referencia a las acciones del hoy diputado para proteger al alto mando de la Fuerza Armada para que los miembros del Estado Mayor no fueran llevados a los juzgados por ordenar la masacre de los sacerdotes jesuitas.
José María Tojeira dijo que en ese momento Rodolfo Parker le contó que un teniente de la Comisión de Honor, al final de un interrogatorio, le reveló que el coronel Guillermo Alfredo Benavides le aseguró que tenían luz verde del Estado Mayor para cometer la masacre.
“Entonces él (Rodolfo Parker) se asustó, no tenía acceso al presidente Cristiani y llamó a un cuñado del presidente Cristiani, Roberto Jack, para consultarle y este señor Roberto Jack le dijo: ‘mañana voy a desayunar con el presidente Cristiani, véngase conmigo y le cuenta’”, continuó declarando el padre Tojeira lo que discutieron con el parlamentario del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en ese momento en su oficina.
Esa reunión con el presidente Cristiani se produjo, y el diputado Parker reveló todo lo que sabía de la masacre de los jesuitas, luego el entonces presidente “le dijo: ‘cuénteselo a la Comisión de Honor’. Y me dijo Parker que le había dicho a la Comisión de Honor, pero que la Comisión de Honor había decidido no mencionar esa frase”, continuó testificando José María Tojeira.
El ahora director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) agregó que el diputado Parker se justificó argumentando que “él no había encubierto porque él se lo había dicho a la Comisión (de Honor), pero yo le decía ¿Y por qué no lo decía al juez? Pero ahí ya no me contestó”, acotó José María Tojeira reiterando que dicha conversación revela que Rodolfo Parker encubrió al alto mando de la Fuerza Armada, suficientes razones para iniciar procesos de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el parlamentario.
Esto se suma a la declaración que el pasado miércoles hiciera el teniente Yusshy Mendoza, quien también manifestó que Rodolfo Parker su declaración extrajudicial ante la Comisión de Honor, razones suficientes para que el fiscal general de la República, Raúl Melara, realice una investigación exhaustiva contra el diputado pedecista, creen expertos del derecho en El Salvador.
La derogatoria de la Ley de Amnistía en 2016 por parte de la Sala de lo Constitucional, ha permitido que algunos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra estén siendo conocidos en los tribunales, como es el caso del capitán Álvaro Saravia, acusado de participar en el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero en marzo de 1980. En octubre de 2018 el juez Cuarto de Instrucción solicitó la difusión roja para el capital Saravia.
En su momento Tutela Legal consideró que la fiscalía debió impulsar una investigación para dar con los autores intelectuales y financistas del asesinato de Romero. La entidad lamentó que el ministerio público no ha querido presentar documentación como los archivos de la Comisión de la Verdad y copia de los documentos del proceso civil que enfrentó Saravia en el juicio en Fresno California, Estados Unidos, las cuales allanaron el camino para dar con los autores intelectuales.
Otros testigos que han desfilado con sus testimonios en el juicio fueron los esposo Lucía de Cerna y su esposo Jorge Cerna ante la Audiencia Nacional Española, Lucía dijo que el FBI los tuvo varios días desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, interrogándoles.
Ambos confirmaron que les cuestionaron sobre los hechos que ellos habían visto.
“Ellos querían que dijéramos que nosotros nunca habíamos estado en ese cuarto (frente a la UCA) sino que estábamos ese día y esa noche nosotros estábamos en Soyapango”, dijo Jorge Cerna en el juicio contra el excoronel Montano.
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, presentó el primer tomo del libro «Historia de la Iglesia en El Salvador», el cual fue trabajado por un grupo de especialistas religiosos.
«Quiero, en primer lugar, agradecerle a Dios que nos permite presentar este libro; para él la gloria y el honor, pero también quiero agradecer a este equipo de especialistas que ha dedicado un buen tiempo, con mucho esfuerzo y la mejor voluntad para llevar adelante esta obra», dijo monseñor.
El libro trata de la antigua diócesis de Guatemala, de los siglos XV y XVII, y forma parte de la conexión que tienen proyectada de la historia de la Iglesia en El Salvador.
Escobar Alas aseguró que habrá varios tomos de este libro e indicó que escribir esta obra era una tarea que la Iglesia católica tenía pendiente en el país y un deseo de sus antecesores.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
