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VIDEO | José María Tojeira, liga a diputado Rodolfo Paker en masacre de sacerdotes jesuitas y solicita a la FGR pronta investigación
El nombre del abogado y ahora diputado por el partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, sonó por segundo día consecutivo en el juicio que se lleva en España por la muerte de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana Dr. José Simeón Cañas (UCA), hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1984.
En el juicio que se reliza en la Audiencia Nacional de España, y que señala directamente al exministro de Justicia y Seguridad, coronel Inocente Orlando Monterrosa, el padre José María Tojeira, hoy exrector de la UCA, mencionó a Rodolfo Parker como presunto encubridor de la masacre contra los sacerdotes jesuitas al interior del campus universitario.
Tojeira señala al diputado del PDC de haber cometido al menos tres graves delitos como posible encubridor del hecho los cuales serían: Lesa Humanidad (delitos especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización), Complicidad (persona que es responsable penal de un delito o falta pero no por haber sido el autor directo del mismo, sino por haber cooperado a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos, Fraude procesal (el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público) y Obstrucción a la información (aquel que intervine en un proceso como abogado o procurador, con abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones).
“Cuando yo estaba acusando de encubridor al licenciado Parker, él llegó a mi despacho en la rectoría de la universidad, cuando yo ya era rector de la universidad, y me dijo que él no había encubierto” al alto mando de la Fuerza Armada de ese momento, testificó el jueves José María Tojeira.
El exrector de la UCA también mencionó que Rodolfo Parker “me dio unas razones que a mí me confirmaron de que sí había encubierto”, aseguró Tojeira en su declaración bajo juramento, en referencia a las acciones del hoy diputado para proteger al alto mando de la Fuerza Armada para que los miembros del Estado Mayor no fueran llevados a los juzgados por ordenar la masacre de los sacerdotes jesuitas.
José María Tojeira dijo que en ese momento Rodolfo Parker le contó que un teniente de la Comisión de Honor, al final de un interrogatorio, le reveló que el coronel Guillermo Alfredo Benavides le aseguró que tenían luz verde del Estado Mayor para cometer la masacre.
“Entonces él (Rodolfo Parker) se asustó, no tenía acceso al presidente Cristiani y llamó a un cuñado del presidente Cristiani, Roberto Jack, para consultarle y este señor Roberto Jack le dijo: ‘mañana voy a desayunar con el presidente Cristiani, véngase conmigo y le cuenta’”, continuó declarando el padre Tojeira lo que discutieron con el parlamentario del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en ese momento en su oficina.
Esa reunión con el presidente Cristiani se produjo, y el diputado Parker reveló todo lo que sabía de la masacre de los jesuitas, luego el entonces presidente “le dijo: ‘cuénteselo a la Comisión de Honor’. Y me dijo Parker que le había dicho a la Comisión de Honor, pero que la Comisión de Honor había decidido no mencionar esa frase”, continuó testificando José María Tojeira.
El ahora director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) agregó que el diputado Parker se justificó argumentando que “él no había encubierto porque él se lo había dicho a la Comisión (de Honor), pero yo le decía ¿Y por qué no lo decía al juez? Pero ahí ya no me contestó”, acotó José María Tojeira reiterando que dicha conversación revela que Rodolfo Parker encubrió al alto mando de la Fuerza Armada, suficientes razones para iniciar procesos de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el parlamentario.
Esto se suma a la declaración que el pasado miércoles hiciera el teniente Yusshy Mendoza, quien también manifestó que Rodolfo Parker su declaración extrajudicial ante la Comisión de Honor, razones suficientes para que el fiscal general de la República, Raúl Melara, realice una investigación exhaustiva contra el diputado pedecista, creen expertos del derecho en El Salvador.
La derogatoria de la Ley de Amnistía en 2016 por parte de la Sala de lo Constitucional, ha permitido que algunos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra estén siendo conocidos en los tribunales, como es el caso del capitán Álvaro Saravia, acusado de participar en el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero en marzo de 1980. En octubre de 2018 el juez Cuarto de Instrucción solicitó la difusión roja para el capital Saravia.
En su momento Tutela Legal consideró que la fiscalía debió impulsar una investigación para dar con los autores intelectuales y financistas del asesinato de Romero. La entidad lamentó que el ministerio público no ha querido presentar documentación como los archivos de la Comisión de la Verdad y copia de los documentos del proceso civil que enfrentó Saravia en el juicio en Fresno California, Estados Unidos, las cuales allanaron el camino para dar con los autores intelectuales.
Otros testigos que han desfilado con sus testimonios en el juicio fueron los esposo Lucía de Cerna y su esposo Jorge Cerna ante la Audiencia Nacional Española, Lucía dijo que el FBI los tuvo varios días desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, interrogándoles.
Ambos confirmaron que les cuestionaron sobre los hechos que ellos habían visto.
“Ellos querían que dijéramos que nosotros nunca habíamos estado en ese cuarto (frente a la UCA) sino que estábamos ese día y esa noche nosotros estábamos en Soyapango”, dijo Jorge Cerna en el juicio contra el excoronel Montano.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
