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SITOJ denuncia a Juez Mario Mira Montes, por violentar derechos en pandemia y ser protegido de Corte Suprema de Justicia

El Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITOJ), por medio de su Secretario General, Roswal Solórzano, brindó fuertes declaraciones sobre la falta de condiciones para aplicar medidas de Bioseguridad para Jueces, empleados y usuarios del Órgano Judicial, ante una total falta de interés por parte de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Destacó a tal efecto, que ya han muerto más de 60 trabajadores del Sistema Judicial a causa del COVID-19, sin embargo las autoridades no han tomado cartas en el asunto por el que son responsables por omisión de la crisis que por contagios se generen en las instalaciones judiciales.
Para el caso, Solórzano se refirió específicamente al Juez Mario Osmín Mira Montes, quien se desempeña como Juez 8º de Instrucción de San Salvador, desde que el 20 de septiembre de 2016 la Corte Plena aprobó de forma ilegal y arbitraria una serie de traslados de jueces a solicitud del Ex Fiscal General Douglas Meléndez y que fueron avaladas por una Comisión Evaluadora de la CSJ, encabezada por el Ex Magistrado de la Sala de lo Constitucional, Edward Sidney Blanco. Antes de esa decisión, el juez Mira Montes, se desempeñaba como titular del Juzgado 1º de Instrucción de Soyapango.
De acuerdo a una ex empleada del Juzgado 1º de Instrucción de Soyapango, que habló con este medio bajo solicitud de reserva de identidad por temor a las represalias, Mario Mira Montes, contaba con amplios señalamientos en el desempeño de ese tribunal, tanto por denuncias de usuarios ante la Sección de Investigación Judicial, como señalamientos ante distintas instancias por acoso laboral y sexual. Por lo que todos sus ex colaboradores se sorprendieron cuando fue nombrado para tomar un cargo judicial en la capital. Sin embargo pudieron descansar de sus conductas despóticas y en algunos casos hasta posiblemente corruptas.
Precisamente, el Secretario de SITOJ, denunció públicamente al Juez Mira Montes, por haber infringido las obligaciones de protección para su personal a cargo durante la Pandemia, a quienes sometió a una exagerada carga laboral, sin los controles de bio seguridad necesarios y sin respetar condiciones de personas que por su edad, o estado de salud eran más vulnerables. Es por este motivo que Solórzano tildó de delincuente a Mira Montes, por considerarlo responsable de la muerte de la Ex Secretara de Actuaciones del Tribunal, falleció por complicaciones derivadas de otros padecimientos agravados por el contagio del Covid-19.
También Solórzano apuntó que la persecución penal iegal, de la que es objeto por su lucha sindical, tiene mucho que ver con los señalamientos efectuados contra el Juez Mira Montes, quien según sus declaraciones sería protegido de la Secretaria General de la CSJ.
Las acusaciones efectuadas por el Secretario General del SITOJ, coinciden con las efectuadas por los abogados de Enrique Rais, que durante el proceso penal del caso que la fiscalía denominó “Rais-Martínez” buscó que se designara a Mario Mira Montes, por ser un juez “a modo” encargado de mantener el proceso a pesar que este es nulo en su totalidad, por derivar de intervenciones que son ilícitas, no solo por haber sido utilizadas prácticamente 16 meses después de su finalización (la Ley de escuchas solamente permite su uso, hasta 6 meses posteriores a la terminación), sino porque fueron autorizadas sobre falsedades en las solicitudes presentadas por el Ex Director del Centro de Escuchas, Sigfrido Campos Crespo y avaladas en “automático” por el Juez 7º de instrucción.
Además, el abogado Hernán Cortez, quien ejerce la defensa del procesado Héctor Francisco Grimaldi en el mismo caso, ha manifestado que el Juez Mira Montes, ocultó por casi 10 meses el Dictamen de Acusación, así como la información sobre qué juez autorizó el criterio de oportunidad para el testigo “sin rostro” clave TROYA, mismo que también ha sido utilizado en otro proceso fraudulento montado por el Ex jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la FGR, Wil Walter Ruiz, en el que solamente le cambia el nombre a clave GRECIA, siendo tan evidente el fraude que el criteriado se contradice en ambas declaraciones.
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Cuatro sujetos son detenidos por la Policía por conducir en estado de ebriedad
La Policía reportó la detención de cuatro sujetos en diferentes zonas del país, tras ser sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, poniendo en riesgo la seguridad vial y la integridad de terceros.
En Chinameca, San Miguel Oeste, fue arrestado Herberth Antonio Paredes Chávez, quien manejaba con 238° de alcohol y terminó impactando su vehículo contra otro que se encontraba estacionado. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, sobre la 11 calle poniente y 1ª Avenida Norte.
Asimismo, en la calle hacia Río Chiquito, en San Ignacio, Chalatenango Norte, fueron intervenidos José Luis Rivera Chávez, con 91° de alcohol, y Joel de Jesús Vásquez Rivera, quien registró 24° de alcohol.
En Santa Ana Oeste, sobre la calle que conduce del cantón El Coco hacia Chalchuapa, fue detenido Luis Ángel Lemus Barrera, quien manejaba una motocicleta con 101° de alcohol.
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Lorena Peña reaparece en Cuba tras cambios políticos en Honduras
La dirigente del FMLN, Lorena Guadalupe Peña, reapareció públicamente en La Habana, Cuba, donde ofreció un discurso centrado en la “dignidad de las mujeres”.
Su intervención ocurre mientras en El Salvador ella y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, enfrentan una condena civil por enriquecimiento ilícito. La Cámara Primero de lo Civil ordenó que ambas reintegren al Estado 150,762.86 dólares tras no justificar el incremento de su patrimonio. La resolución también inhabilitó a Peña para ejercer cargos públicos durante los próximos diez años.
La reaparición de Peña coincide con el proceso electoral celebrado recientemente en Honduras, país donde, según información difundida en redes sociales, habría recibido asilo político. Peña, junto a otras dos exdirigentes del FMLN, ha sido mencionada en ese contexto debido a que el partido de la presidenta Xiomara Castro no logró mantenerse en el poder, quedando en la tercera posición. Este resultado ha generado nuevas discusiones públicas sobre la situación migratoria de las exdirigentes salvadoreñas y el futuro de su presunto exilio.










