Connect with us

Nacionales

SITOJ denuncia a Juez Mario Mira Montes, por violentar derechos en pandemia y ser protegido de Corte Suprema de Justicia

Publicado

el

VIDEO: SITOJ denuncia a Juez Mario Mira Montes

El Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITOJ), por medio de su Secretario General, Roswal Solórzano, brindó fuertes declaraciones sobre la falta de condiciones para aplicar medidas de Bioseguridad para Jueces, empleados y usuarios del Órgano Judicial, ante una total falta de interés por parte de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Destacó a tal efecto, que ya han muerto más de 60 trabajadores del Sistema Judicial a causa del COVID-19, sin embargo las autoridades no han tomado cartas en el asunto por el que son responsables por omisión de la crisis que por contagios se generen en las instalaciones judiciales.

Para el caso, Solórzano se refirió específicamente al Juez Mario Osmín Mira Montes, quien se desempeña como Juez 8º de Instrucción de San Salvador, desde que el 20 de septiembre de 2016 la Corte Plena aprobó de forma ilegal y arbitraria una serie de traslados de jueces a solicitud del Ex Fiscal General Douglas Meléndez y que fueron avaladas por una Comisión Evaluadora de la CSJ, encabezada por el Ex Magistrado de la Sala de lo Constitucional, Edward Sidney Blanco. Antes de esa decisión, el juez Mira Montes, se desempeñaba como titular del Juzgado 1º de Instrucción de Soyapango.

De acuerdo a una ex empleada del Juzgado 1º de Instrucción de Soyapango, que habló con este medio bajo solicitud de reserva de identidad por temor a las represalias, Mario Mira Montes, contaba con amplios señalamientos en el desempeño de ese tribunal, tanto por denuncias de usuarios ante la Sección de Investigación Judicial, como señalamientos ante distintas instancias por acoso laboral y sexual. Por lo que todos sus ex colaboradores se sorprendieron cuando fue nombrado para tomar un cargo judicial en la capital. Sin embargo pudieron descansar de sus conductas despóticas y en algunos casos hasta posiblemente corruptas.

Precisamente, el Secretario de SITOJ, denunció públicamente al Juez Mira Montes, por haber infringido las obligaciones de protección para su personal a cargo durante la Pandemia, a quienes sometió a una exagerada carga laboral, sin los controles de bio seguridad necesarios y sin respetar condiciones de personas que por su edad, o estado de salud eran más vulnerables. Es por este motivo que Solórzano tildó de delincuente a Mira Montes, por considerarlo responsable de la muerte de la Ex Secretara de Actuaciones del Tribunal, falleció por complicaciones derivadas de otros padecimientos agravados por el contagio del Covid-19.

También Solórzano apuntó que la persecución penal iegal, de la que es objeto por su lucha sindical, tiene mucho que ver con los señalamientos efectuados contra el Juez Mira Montes, quien según sus declaraciones sería protegido de la Secretaria General de la CSJ.

Las acusaciones efectuadas por el Secretario General del SITOJ, coinciden con las efectuadas por los abogados de Enrique Rais, que durante el proceso penal del caso que la fiscalía denominó “Rais-Martínez” buscó que se designara a Mario Mira Montes, por ser un juez “a modo” encargado de mantener el proceso a pesar que este es nulo en su totalidad, por derivar de intervenciones que son ilícitas, no solo por haber sido utilizadas prácticamente 16 meses después de su finalización (la Ley de escuchas solamente permite su uso, hasta 6 meses posteriores a la terminación), sino porque fueron autorizadas sobre falsedades en las solicitudes presentadas por el Ex Director del Centro de Escuchas, Sigfrido Campos Crespo y avaladas en “automático” por el Juez 7º de instrucción.

Además, el abogado Hernán Cortez, quien ejerce la defensa del procesado Héctor Francisco Grimaldi en el mismo caso, ha manifestado que el Juez Mira Montes, ocultó por casi 10 meses el Dictamen de Acusación, así como la información sobre qué juez autorizó el criterio de oportunidad para el testigo “sin rostro” clave TROYA, mismo que también ha sido utilizado en otro proceso fraudulento montado por el Ex jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la FGR, Wil Walter Ruiz, en el que solamente le cambia el nombre a clave GRECIA, siendo tan evidente el fraude que el criteriado se contradice en ambas declaraciones.

Judicial

El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión

Publicado

el

En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.

Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.

Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.

También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.

En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.

Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.

En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.

Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.

Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.

Continuar Leyendo

Nacionales

PNC reporta un nuevo día sin homicidios

Publicado

el

El Salvador continúa registrando jornadas sin homicidios durante mayo de 2025. De acuerdo con datos oficiales compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC), el país suma ya 13 días sin muertes violentas en lo que va del mes, incluyendo el miércoles 14 de mayo.

La información fue publicada por la institución policial a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde se detalló que no se reportaron asesinatos en ningún punto del territorio nacional durante la jornada del miércoles.

Los días sin homicidios durante mayo, según el registro oficial, corresponden al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. Además, el país acumula cinco días consecutivos sin hechos violentos letales.

Las autoridades atribuyen estos resultados a los patrullajes permanentes y las acciones coordinadas entre la PNC y la Fuerza Armada, como parte de la estrategia de seguridad implementada en el marco del régimen de excepción. El gobierno ha reiterado que estas medidas han posicionado a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental.

Las cifras forman parte de los reportes diarios que publica la Policía Nacional Civil, como parte del monitoreo del impacto de sus políticas de seguridad y control territorial.

Continuar Leyendo

Internacionales

Pandillero de la MS-13 es detenido en Maryland tras ser buscado por la justicia salvadoreña

Publicado

el

Joel Armando Mejía Benítez, identificado como integrante de la pandilla MS-13, fue arrestado recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore, Maryland. El salvadoreño tenía una notificación roja de Interpol y enfrenta cargos por múltiples delitos cometidos con armas de fuego en El Salvador, además de haber ingresado ilegalmente en varias ocasiones a Estados Unidos.

El arresto de este violento pandillero de la MS-13 es un paso crucial en nuestra misión continua de proteger a nuestras comunidades”, expresó Nikita Baker, directora interina de la Oficina de Campo de ICE en Baltimore.

La trayectoria de Mejía Benítez en territorio estadounidense se remonta a noviembre de 2004, cuando fue detenido por primera vez por la Patrulla Fronteriza en Sullivan City, Texas. Un año después, en diciembre de 2005, un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia. Fue capturado nuevamente en 2006 en el condado de Prince George y deportado a El Salvador el 13 de diciembre de ese año.

Pese a ello, el pandillero regresó a Estados Unidos de forma irregular en una fecha no determinada. El 20 de marzo de 2014, agentes migratorios volvieron a detenerlo en Baltimore y le notificaron la reactivación de la orden de expulsión previamente emitida.

El más reciente arresto se realizó a inicios de este mes. Las autoridades estadounidenses han confirmado que Mejía Benítez no contaba con admisión legal ni permiso de ingreso, por lo que ahora está a la espera de su extradición a El Salvador, donde sería trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte del acuerdo bilateral de repatriación de criminales.

En el marco de una ofensiva migratoria, durante los primeros 100 días del gobierno del expresidente Donald Trump, ICE reportó más de 65,000 detenciones de inmigrantes indocumentados, entre ellos más de 2,000 miembros de estructuras criminales como la MS-13, la pandilla 18 y el grupo venezolano Tren de Aragua.

Continuar Leyendo

Publicidad

Lo Más Leído