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SITOJ denuncia a Juez Mario Mira Montes, por violentar derechos en pandemia y ser protegido de Corte Suprema de Justicia


El Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITOJ), por medio de su Secretario General, Roswal Solórzano, brindó fuertes declaraciones sobre la falta de condiciones para aplicar medidas de Bioseguridad para Jueces, empleados y usuarios del Órgano Judicial, ante una total falta de interés por parte de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Destacó a tal efecto, que ya han muerto más de 60 trabajadores del Sistema Judicial a causa del COVID-19, sin embargo las autoridades no han tomado cartas en el asunto por el que son responsables por omisión de la crisis que por contagios se generen en las instalaciones judiciales.
Para el caso, Solórzano se refirió específicamente al Juez Mario Osmín Mira Montes, quien se desempeña como Juez 8º de Instrucción de San Salvador, desde que el 20 de septiembre de 2016 la Corte Plena aprobó de forma ilegal y arbitraria una serie de traslados de jueces a solicitud del Ex Fiscal General Douglas Meléndez y que fueron avaladas por una Comisión Evaluadora de la CSJ, encabezada por el Ex Magistrado de la Sala de lo Constitucional, Edward Sidney Blanco. Antes de esa decisión, el juez Mira Montes, se desempeñaba como titular del Juzgado 1º de Instrucción de Soyapango.
De acuerdo a una ex empleada del Juzgado 1º de Instrucción de Soyapango, que habló con este medio bajo solicitud de reserva de identidad por temor a las represalias, Mario Mira Montes, contaba con amplios señalamientos en el desempeño de ese tribunal, tanto por denuncias de usuarios ante la Sección de Investigación Judicial, como señalamientos ante distintas instancias por acoso laboral y sexual. Por lo que todos sus ex colaboradores se sorprendieron cuando fue nombrado para tomar un cargo judicial en la capital. Sin embargo pudieron descansar de sus conductas despóticas y en algunos casos hasta posiblemente corruptas.
Precisamente, el Secretario de SITOJ, denunció públicamente al Juez Mira Montes, por haber infringido las obligaciones de protección para su personal a cargo durante la Pandemia, a quienes sometió a una exagerada carga laboral, sin los controles de bio seguridad necesarios y sin respetar condiciones de personas que por su edad, o estado de salud eran más vulnerables. Es por este motivo que Solórzano tildó de delincuente a Mira Montes, por considerarlo responsable de la muerte de la Ex Secretara de Actuaciones del Tribunal, falleció por complicaciones derivadas de otros padecimientos agravados por el contagio del Covid-19.
También Solórzano apuntó que la persecución penal iegal, de la que es objeto por su lucha sindical, tiene mucho que ver con los señalamientos efectuados contra el Juez Mira Montes, quien según sus declaraciones sería protegido de la Secretaria General de la CSJ.
Las acusaciones efectuadas por el Secretario General del SITOJ, coinciden con las efectuadas por los abogados de Enrique Rais, que durante el proceso penal del caso que la fiscalía denominó “Rais-Martínez” buscó que se designara a Mario Mira Montes, por ser un juez “a modo” encargado de mantener el proceso a pesar que este es nulo en su totalidad, por derivar de intervenciones que son ilícitas, no solo por haber sido utilizadas prácticamente 16 meses después de su finalización (la Ley de escuchas solamente permite su uso, hasta 6 meses posteriores a la terminación), sino porque fueron autorizadas sobre falsedades en las solicitudes presentadas por el Ex Director del Centro de Escuchas, Sigfrido Campos Crespo y avaladas en “automático” por el Juez 7º de instrucción.
Además, el abogado Hernán Cortez, quien ejerce la defensa del procesado Héctor Francisco Grimaldi en el mismo caso, ha manifestado que el Juez Mira Montes, ocultó por casi 10 meses el Dictamen de Acusación, así como la información sobre qué juez autorizó el criterio de oportunidad para el testigo “sin rostro” clave TROYA, mismo que también ha sido utilizado en otro proceso fraudulento montado por el Ex jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la FGR, Wil Walter Ruiz, en el que solamente le cambia el nombre a clave GRECIA, siendo tan evidente el fraude que el criteriado se contradice en ambas declaraciones.
Nacionales
Conductores protagonizan fuerte accidente en San Vicente

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este mediodía en Tecoluca, departamento de San Vicente, cuando dos vehículos particulares colisionaron en una de las carreteras más transitadas de la zona, según informaron las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para procesar la escena y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.
De manera preliminar, se presume que la excesiva velocidad habría sido una de las causas del percance. Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas o fallecidas.
Nacionales
FOTOS | Pastor interrumpe vela y obliga a sacar ataúd bajo la lluvia

La vela de un motociclista que falleció ayer lunes en un accidente sobre la carretera que de El Rosario conduce a Jujutla, en Ahuachapán, fue interrumpida por el pastor José Alberto Serrano, de la Iglesia Pentecostal Unida en Copinulapa.
De acuerdo con familiares de la víctima, el líder religioso se molestó porque feligreses de otra congregación solicitaron realizar un culto adicional al fallecido dentro del templo. Ante ello, el pastor expresó que “con un culto bastaba” y, en un momento de ira, ordenó suspender la vela.
Los asistentes tuvieron que sacar el ataúd bajo la lluvia y trasladarlo a una vivienda cercana, facilitada por un vecino, mientras cubrían el féretro con sacos. La situación ha generado indignación en la comunidad por la actitud del pastor.
La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada del hecho y acudió al lugar para intervenir.
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Autoridades destruyen más de 10 toneladas de cigarrillos decomisados en el marco del Plan Anticontrabando

El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa combatiendo las estructuras criminales que afectan las finanzas públicas a través del contrabando. Este martes, las autoridades informaron sobre la destrucción de 7,618,040 unidades de cigarrillos, equivalentes a 10.28 toneladas, con un valor aproximado de 2.1 millones de dólares en impuestos, almacenaje y multas.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Jerson Posada; el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga; y el fiscal adjunto para la Defensa de los Intereses del Estado, Jonathan Mata. Posada enfatizó que la acción envía “un mensaje claro y firme: en el nuevo El Salvador el crimen no tiene espacio y la ley se respeta”.
La destrucción de los cigarrillos se llevó a cabo en la planta Geocycle, en Metapán, Santa Ana, mediante un proceso ambientalmente seguro.
Esta medida forma parte del Plan Anticontrabando liderado por la Dirección General de Aduanas, que ha permitido importantes decomisos en puntos fronterizos no habilitados y rutas fiscales.
Según Posada, el comercio ilícito de cigarrillos daña a consumidores, comercios legales e industrias establecidas, además de desestabilizar los mercados y generar competencia desleal. La Dirección General de Aduanas continuará ejecutando operativos en coordinación con la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República para prevenir y combatir el contrabando y otros ilícitos aduaneros.