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Se suicida el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson
Foto: Cortesía
Este jueves 21 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, se quitó la vida mientras representantes del ministerio público se disponían a solicitar documentos como parte de una diligencia ordenada por el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador.
La FGR dijo que los fiscales que llegaron a las instalaciones de la empresa Centrum S.A. de C.V, escucharon un disparo y cuando ingresaron hallaron muerto a López Davidson.
«El proceso judicial contra López Davidson, representante de la empresa CENTRUM inició en agosto del 2020, durante la administración del exfiscal general Raúl Melara, cuando fue acusado junto con el exministro de Defensa David Munguía Payés y otras personas», publicó la Fiscalía.
Cabe mencionar que el empresario era procesado junto a los exministros de Defensa, David Munguía Payes y Atilio Benítez, por los delitos de peculado, falsedad documental agravada y actos arbitrarios.
Según la Fiscalía, «las investigaciones determinaron que Gustavo López entregó armamento inservible a la Fuerza Armada y como pago recibió más de 4,000 piezas en perfectas condiciones, cuyo destino es desconocido».
Cuando el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, hizo la audiencia inicial. ordenó que el caso pase a la fase de Instrucción y otorgó medidas alternas a la detención para los procesados.
En la etapa de investigación, el Juzgado Quinto de instrucción como diligencia útil ordenó que López Davidson y CENTRUM SA de CV, entregaran documentos clave en este caso.
El ministerio público informó que el empresario pese a esa orden judicial había desobedecido la resolución lo cual era necesario para concluir la etapa preliminar del proceso.
Según la Fiscalía con un contrato de permuta tipo subasta, Munguía Payés y Benítez, favorecieron a Centrum propiedad de Gustavo López Davidson, entregando armas en buen estado a cambio de dos obuses (cañones antiaéreos) que no sirven, causando con esa acción un perjuicio económico de $2,706,472 al Estado.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El modelo penitenciario impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está siendo adoptado por países como Perú, Costa Rica, Ecuador y Honduras, tanto en la administración de cárceles como en la construcción de nuevas instalaciones de alta seguridad, inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
En Ecuador, la cárcel El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, está en proceso de construcción y se espera que esté lista a finales de 2025. Esta prisión, diseñada al estilo de las megaprisiones salvadoreñas, tendrá capacidad para entre 700 y 800 internos de alta peligrosidad, según informó el Diario El Mercurio.
En Perú, la presidenta Dina Boluarte y el ex primer ministro Alberto Otárola manifestaron en marzo de 2024 su interés por replicar este modelo, y recientemente el alcalde de Lima solicitó asesoría técnica a El Salvador para construir una cárcel similar, en respuesta al aumento de la inseguridad.
Costa Rica también anunció la construcción de una megacárcel con capacidad para 5,000 reos, contando con la cooperación técnica salvadoreña, según declaró el ministro de Justicia Gerald Campos.
En Honduras, el gobierno de Roxana Castro implementa módulos de máxima seguridad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, siguiendo el modelo del Cecot.
Expertos en administración pública y seguridad destacan que este modelo ha transformado las cárceles salvadoreñas, con orden, disciplina, tecnología avanzada y programas innovadores como el Plan Cero Ocio, convirtiéndolo en un referente regional para el control efectivo y la rehabilitación en el sistema penitenciario.
