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Salvadoreño en cuarentena desmiente publicación de un medio escrito nacional
Un ciudadano salvadoreño hizo público su descontente en redes sociales, lo que un medio de comunicación escrito salvadoreño, publicara un articulo en el que se daban a conocer su queja y las de 55 salvadoreños más por el trato recibido por las autoridades del gobierno salvadoreño a su arribo al aeropuerto Monseñor Romero.
El afectado desmiente la publicación que hizo referencia a una demanda de exhibición personal (hábeas corpus) presentada por un abogado ante la Sala de lo Constitucional, para que elimine la restricción del estado de cuarentena ordenada por el presidente Nayib Bukele, para los 56 pasajeros que llegaron el pasado miércoles al país procedentes España y que fueron recluidos en la base de la Segunda Brigada de la Fuerza Aérea.
“Quiero desmentir públicamente esto… Ni yo, ni mi familia hemos autorizado que se presente recurso alguno y tampoco he mencionado las palabras que me citan. Solo hice de conocimiento del público las medidas improvisadas con las que nos recibieron, las cuales han mejorado”, declaró el salvadoreño.
QUIERO DESMENTIR PUBLICAMENTE ESTO… Ni yo, ni mi familia hemos autorizado que se presente recurso alguno y tampoco he mencionado las palabras que me citan.
Solo hice de conocimiento del público las medidas improvisadas con las que nos recibieron, las cuales han mejorado. (+) https://t.co/MQlb58Pt4v— David Pleités (@Pleites_) March 12, 2020
En su queja el afectado no oculta su malestar por el trato que recibió junto a sus familiares y demás viajeros al momento de llegar a la pista de aterrizaje de la base aérea en Comalapa, sin embargo, aclara que siempre estuvo dispuesto a colaborar con los protocolos de sanidad implementados por las autoridades de salud en el país en pro de evitar la llegada del coronavirus.
“Aunque no me parece que compartamos habitación por cuestiones de salud, estoy de acuerdo en cumplir con los plazos y medidas que se nos establezcan, siempre y cuando se nos proporcionen condiciones dignas de seguridad e higiene”.
También aseguró estar consciente de la amenaza mundial de COVID-19 que ya ha cobrado miles de víctimas en más de 108 países y los esfuerzos que realiza el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele.
“Entiendo la situación que estamos pasando en el mundo y lo que se está haciendo en el país para contenerlo… Los tweets expresaban el descontento por la improvisación, hacinamiento y poca higiene en la que estábamos… NO TENGO NADA QUE VER CON ESE RECURSO”, reiteró el salvadoreño sobre la publicación.
En su último tuit el afectado pide al medio que público la noticia y al abogado que presentó dicha demanda en Sala de lo Constitucional, abstenerse de hacerlo, de lo contrario hará uso de las herramientas legales con las que cuenta el país y demandar por daños a su integridad.
“Pido públicamente a quien está emitiendo noticias falsas, que se abstenga de hacerlas, ya que dañan mi integridad y como ciudadano salvadereño, puedo hacer uso de las herramientas legales respectivas. Gracias”.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
