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Ricardo Salazar: Quienes cobren el CESC serán multados hasta con 500 salarios mínimos
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, dijo que desde noviembre pasado ya no se debe cobrar la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), que consistía en un valor del 5 % adicional de los servicios de telecomunicaciones, como la venta de saldos, recargas y paquetes telefónicos.
Salazar reiteró, que las personas que lo hagan serán sancionadas administrativamente con una fuerte multa.
Con base en la Ley de Protección al Consumidor, «los negocios que incurren en este tipo de práctica pueden ser multados con hasta 500 salarios mínimos, de acuerdo con la condición económica y grado de afectación sobre la población, dinero que será cancelado a través de tesorería del Ministerio de Hacienda y, de no ser así, se llevarán los casos ante la Fiscalía General de la República para que les sigan un proceso en los tribunales», expresó.
La participación ciudadana es importante para que estas inspecciones cumplan con su acometido, por lo que el titular de la Defensoría del Consumidor instó a la población para que identifiquen este cobro indebido, el cual puede ser detectado en el momento en que se precise una diferencia entre el valor que debe ser pagado, con el del saldo que se le transfiere al cliente.
Los números para estas denuncias son el 910 o vía WhatsApp: 7860-9704, en el que las personas deben brindar la ubicación del lugar donde se realiza el cobro indebido y los equipos de inspección llegan a esos lugares.
La embajada de Japón en El Salvador anunció en sus redes sociales que está trabajando en un proyecto de vivienda de alquiler llamada “Danchi”, proyecto de vivienda social que fue popular en el país asiático en la década de los años 60 y 70.
Este anuncio lo realizó la embajada durante la visita que recibió de la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
«Visita de cortesía a la ministra Michelle Sol por parte del embajador SANO (Taketoshi). Conversaron sobre el modelo japonés de vivienda de alquiler «Danchi». ¡Ya inició el proyecto para crear la versión salvadoreña de vivienda pública!”, detalló la embajada japonesa.
A pesar de este anuncio se desconocen más detalles del mismo, ya que ni la embajada de Japón ni el Ministerio de Hacienda han publicado sobre ese encuentro en su redes sociales ni páginas web, aparte de lo que anunció la embajada japonesa.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que Rolban Steven Rodríguez, enfrente juicio por los delitos estafa, uso y tenencia de documentos falsos, uso falso de documento de identidad, así como agrupaciones ilícitas.
En la acusación ratificada por la Fiscalía General de la República durante la audiencia preliminar, se detalló que el imputado fue parte de una estructura que entre el 2020 y 2022 alquiló vehículos y posteriormente los vendió con documentos falsos.
La banda utilizaba documentos de identidad de víctimas a quienes se los hurtaban para que los miembros de ese grupo delictivo se hicieran pasar como ellas.
Con los documentos sustraídos procedían a verificar quienes de los integrantes de la banda se parecían a las víctimas para trasladarse a empresas dedicadas a la renta de vehículos.
Cuando ya tenían los automotores en alquiler los llevaban a estacionamientos y los ponían a la venta, cuando aparecían las personas interesadas en adquirirlos, realizaban compraventas falsas con los documentos que habían hurtado.
Los demás miembros de la banda ya el mismo tribunal los había enviado a juicio, entre ellos hay exmiembros de la Policía Nacional Civil.
Un hombre de 65 años, identificado como José del Carmen R. A., fue enviado al penal de Mariona, acusado de intentar asesinar a Elmer Francisco A. F., en la urbanización Montes de San Bartolo V, de Soyapango.
El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, aproximadamente a las 11:23 de la noche, cuando ambos ingerían bebidas alcohólicas. Según la acusación luego de comenzar a discutir en el interior de una vivienda, el imputado sacó un arma blanca con la cual lesionó a la víctima.
Testigos informaron a las autoridades que auxiliaron a la víctima para que fuera trasladado al Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez y una vecina llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que investigara lo ocurrido y ubicara al agresor.
Al imputado lo capturado el siguiente día en horas de la mañana cuando estaba laborando como agente de seguridad privada en el distrito de Panchimalco.
En la resolución de la audiencia inicial, la jueza envió la causa penal al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y ordenó que el acusado siga en prisión mientras dure el proceso penal.
Según la decisión judicial, la víctima estuvo en riesgo inminente de perder la vida a raíz de las lesiones que el imputado le ocasionó.
