Nacionales
Reos en fase de confianza participan en 70 acciones en beneficio de las comunidades salvadoreñas
Más de 1,300 privados de libertad en fase de confianza salen todos los días a desarrollar una diversidad de actividades para beneficio de las comunidades, como parte del Plan Cero Ocio impulsado por el gobierno.
Los reos trabajaban en diferentes labores que van desde el reparto de los paquetes alimentarios a las familias salvadoreñas más afectados ante la emergencia por la pandemia de COVID-19, hasta la construcción de viviendas y sedes policiales.
Los privados de libertad que buscan resarcir el daño causado en el pasado a la sociedad, y se esfuerzan por realizar de la mejor manera las labores asignadas durante su proceso de reinserción en la sociedad.
Cada día los privados de libertad se desplazan a los más de 70 puntos donde desarrollan sus labores como limpieza de ríos y quebradas, fumigación de viviendas, reparación y construcción de pupitres de las escuelas, y mejoramiento de las unidades de salud y hospitales de la red pública, como muestra del trabajo articulado que realizan las diferentes instituciones del Gobierno del Presidente Bukele.
“Este día estamos participando en la mega jornada de fumigación y abatización, en la urbanización Popotlán 1 y 2 en el municipio de Apopa. El objetivo es reducir los riesgos de transmisión de enfermedades. El Gobierno del Presidente Bukele trabaja de forma articulada”, señaló el director general de Centros Penales, Osiris Luna.
El propósito del Plan Cero Ocio es romper el estigma en la población salvadoreña hacia los privados de libertad. Las comunidades solicitan la llegada de los reos en fase de confianza para que trabajen en mejorar su comunidad, además, les ofrecen alimentos en agradecimiento a la ayuda brindada.
Principal
Captan a pareja en actos indebidos cerca de un concurrido centro comercial
Nacionales
Accidente de tránsito en Metapán deja un menor fallecido y tres personas lesionadas
Un menor de edad falleció y al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En el percance estuvieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y un camión, lo que provocó la restricción parcial del paso vehicular en la zona.
Según el reporte oficial, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado su condición de salud.
Judicial
Fiscalía lleva a juicio a 26 imputados por delitos de corrupción en alcaldía de Coatepeque
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.


