Judicial
Rais y Merino sujetos de aplicación ley Magnitsky de los EEUU
Al prófugo Enrique Rais y al dirigente del FMLN, José Luis Merino, podrían aplicarles la Ley Global Magnitsky luego que congresistas estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, le pidieran al presidente Donald Trump que investigue si amerita una sanción por su presunta vinculación con corrupción y crimen organizado.
Los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Eliot Engel dirigieron una carta al presidente Trump en la que solicitan que incluya a un grupo de centroamericanos en la lista Magnitsky, con el objetivo de que sean sancionados por violaciones a los derechos humanos.
Además, piden al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que apliquen a Merino y a Rais la Ley Magnistky, que impone sanciones económicas a personas vinculadas a actos de corrupción en sus países.
Enrique Rais es un exempresario de la basura que se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de un año por delitos de corrupción. José Luis Merino, por su parte, es considerado desde hace muchos años como el hombre fuerte del FMLN, el que maneja los millonarios negocios de ALBA. También ha sido vinculado por congresistas de los Estados Unidos al narcotráfico internacional.
¿En qué consiste la ley que los congresistas estadounidenses han pedido que se les aplique a Enrique Rais y José Luis Merino? La Ley Global Magnitsky fue aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de perseguir a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.
A las personas que les aplican esta ley pasan a formar parte de una lista negra. La ley no limita al tipo de persona que se le aplica: pueden ser ciudadanos comunes, influyentes empresarios y políticos señalados por corrupción en sus propios países.
En un inicio, la ley fue creada para sancionar únicamente a los funcionarios rusos relacionados con la muerte del abogado Serguéi Magnitsky, a quien debe su nombre, quien después de denunciar un fraude fiscal terminó encarcelado y muerto. Pero luego la ley fue reformada.
Ahora permite a los Estados Unidos golpear las fuentes económicas de los sancionados, quienes a partir de su incorporación a la lista negra no pueden tener cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, las personas y empresas estadounidenses están impedidas de hacer negocios con ellos.
Engel y Ros-Lehtinen enumeran en su misiva a Trump a los guatemaltecos Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Luis Alberto Mendizábal; a los salvadoreños José Aquiles Enrique Rais López y José Luis Merino; al hondureño Óscar Ramón Nájera y al mexicano con residencia guatemalteca Remigio Ángel González.
En un documento anexo los congresistas describen las posibles acciones criminales de los individuos, en su mayoría vinculados a la corrupción y al crimen transnacional.
¿Quién es Enrique Rais?
En el documento que los congresistas elaboraron dice que Enrique Rais “es un prominente hombre de negocios salvadoreño” que “fue designado como objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los Papeles de Panamá, según un documento judicial de Florida”.
Además, los congresistas recuerdan que en abril de 2016, “el alguacil alegó que las aeronaves propiedad de Rais muestran amplia evidencia de actividades de tráfico de drogas”.
Enrique Rais se encuentra prófugo de la justicia desde más de un año. Es acusado por delitos de corrupción: comprar jueces, fiscales y otros empleados públicos para dirigir acciones jurídicas a su favor y para atacar a sus adversarios.
Rais ha mantenido un largo pleito jurídico con los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti por la empresa MIDES SEM SA de CV. En su momento fueron socios. Pero luego se distanciaron y comenzaron una serie de demandas judiciales. Diario 1 publicó que Rais se apoderó de MIDES a través de un fraude.
Entre 2013 y 2014, Rais buscó aliados para ejecutar sus planes contra sus enemigos. Uno de ellos fue el entonces fiscal general Luis Martínez. También el fiscal Julio Arriaza, el juez Romeo Aurora Giammattei y peritos de Medicina Legal. Además contrató un equipo de abogados entre los que estaba Luis Peña, Ernesto Gutiérrez y su sobrino Hugo Blanco Rais.
Todos ellos comenzaron a fabricar pruebas contra los canadienses y contra Mario Calderón (a quien acusaba de traición) y su esposa Claudia Herrera. Fue entonces que las acusaciones de Rais prosperaron en la Fiscalía General que dirigía Luis Martínez: a los canadienses se les giró orden de captura. También a Calderón y a su esposa.
Los canadienses también demandaron. Pero, las demandas de estos contra Rais no trascendieron en los tribunales de justicia. Fueron engavetadas.
Eso levantó sospechas. El escándalo se agudizó cuando algunos periódicos, entre ellos Diario1, publicó que el fiscal Luis Martínez había viajado en aviones del empresario Rais. Eso representaba un conflicto de interés. Pero lo grave fue que en algunos de esos viajes iban algunos abogados de Rais y otros jefes fiscales.
A inicios de 2016, el fiscal Douglas Meléndez llegó a dirigir la Fiscalía General. Ahí descubrió que Martínez y Rais habían armado casos contra sus adversarios. Fue entonces que ordenó la captura de ambos y de otros funcionarios que habían participado en esos hechos.
Enrique Rais también está siendo investigado en Suiza por posible lavado de dinero.
¿Quién es José Luis Merino?
“José Luis Merino es un alto miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual viceministro de Relaciones Exteriores para el gobierno de El Salvador. Él y Enrique Rais son copropietarios de la empresa de gestión de residuos, MIDES S.A. de C.V, actualmente atrapada en una disputa multimillonaria”, dice el documento que los congresistas estadounidenses le enviaron a Donald Trump.
San Salvador, 15 de marzo de 2014
José Luis Merino, mimebro de la cúpula del FMLN,
Foto D1: Nelson Dueñas
Luego agrega: “Se cree que Merino tiene vínculos con organizaciones criminales transnacionales. En 2008, funcionarios colombianos informaron que los correos electrónicos en la computadora portátil del comandante asesinado de las FARC, Raúl Reyes, vincularon a Merino a una red de tráfico de armas”.
En julio de 2016, el prominente senador federal del Partido Republicano, Marco Rubio, cuestionó por qué el gobierno norteamericano, en aquel momento encabezado por Barack Obama, no había sancionado a Merino, a quien señaló como lavador de dinero y contrabandista de armas.
El pasado mes de febrero, La Prensa Gráfica publicó que el apoderado legal de Sigfredo Israel Merino, hermano de José Luis Merino, se autovendió un buque a 1 dólar y lo usó para realizar millonarias compras de combustible. El buque, que tiene la capacidad para transportar 18 mil barriles, hizo alrededor de siete transacciones de gasolina valorados cada una entre $18 y $20 millones.
Según informó en esa ocasión La Prensa Gráfica, el barco se encuentra varado en el puerto de La Unión Centroamericana, en la bahía de La Unión, desde el 15 de octubre de 2015. Cuando Merino fue cuestionado por ese caso, este guardó silencio.
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Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
