Judicial
¿Qué está ocurriendo en la Fiscalía General de la República?
Un artículo periodístico publicado el pasado 1 de septiembre por Dairo Latino.net pone en tela de juicio un “posible descontrol y orden”, al interior de la Fiscalía General de la República (FGR).
El editorial rubricado por Eduardo Vázquez Bécker, deja entrever sí el actual fiscal general, Raúl Melara, tiene el control total del organismo fiscal que preside o si son sus subalternos y empleados de la institución los que tendrían el “control» de la FGR.
El artículo de Diario Latino.net hace un recuento de caso judiciales que han dejado entrever ciertas anomalías por la supuesta fabricación de pruebas y testimonios fasos de testigos que habrían sido obligados a declarar contra ciertos funcionarios y empresarios salvadores bajo la administración del exfiscal, Douglas Meléndez.
A continuación, el artículo integro de Diario Latino.net.
Han comenzado circular versiones preocupantes sobre lo que está ocurriendo en la Fiscalía General de la República. Muy a pesar nuestro, los vientos que soplan es que al fiscal Raúl Melara cada día se le hace más difícil el control efectivo de la institución. Las perspectivas de que sería un fiscal ecuánime y justo, se han comenzado a desvanecer.
Y es que no puede ser de otra manera, cuando vemos que las toneladas de basura mediática con las que está lleno el ámbito nacional, apenas permiten a los ciudadanos conocer lo que el fiscal Melara está haciendo en defensa de la legalidad tal como se lo prescribe la Constitución de la República. La falta de una versión oficial, clara y firme, sobre lo que se está haciendo en el caso de los fiscales y empleados de la FGR que han sido denunciados por “inventar” juicios, se está convirtiendo en la piedra que impedirá a Raúl Melara entregar una Fiscalía General de la República diferente a la que recibió.
Sabemos que el fiscal tiene sus limitaciones de ley para hablar de los casos judicializados pero ese no es el tema, se trata de que demuestre “con hechos”, que le preocupan las graves denuncias sobre supuestos grupos de poder, organizados por el ex fiscal Douglas Meléndez, para “inventar” procesos penales valiéndose de pruebas falsas u obtenidas ilícitamente.
No es legal que funcionarios a los que la ley faculta para la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, utilicen los recursos del mismo Estado para producir u obtener pruebas ilícitas e inculpar a ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia.
Tampoco es legal que esos funcionarios y empleados que se han puesto al margen de la ley y que han sido denunciados debidamente, permanezcan en sus cargos y desde ahí continúen conociendo de los procesos que ellos mismos han “fabricado”. Eso es, a todas luces, una ilegalidad que debe terminar para salvaguardar la institucionalidad del Estado y particularmente la de la Fiscalía General de la República.
Las denuncias públicas que se han hecho, de cómo el ex fiscal Douglas Meléndez y sus más estrechos colaboradores, construyeron en la FGR una entramada red delincuencial para hacer su campaña de reelección, lo que afortunadamente no ocurrió, son avasalladoras y contundentes, al menos en lo que se refiere a los casos Rais Martínez y corruptela.
El fiscal Melara debe investigar en las declaraciones del exfiscal Meléndez, cuando aseguró que había construido un tablero de ajedrez en que los jueces eran peones que jugaban con las estrategias que él señalaba, Todo juez que no se plegaba a su poder era calificado hasta de terrorista. Estas situaciones deben quedar claras para que tengan validez las acciones del fiscal Melara.
No se trata de cuentos de alcoba o chismes de mercado, las denuncias se han hecho formalmente ante la misma fiscalía y ante jueces jurisdiccionales; ante cortes internacionales y embajadores. Se trata de señalamientos serios sobre hechos y conductas que han herido de muerte a la Fiscalía General de la República.
Qué ha hecho la institución para sancionar a los empleados y fiscales que obligaron a sus compañeros, también fiscales, a mentir sobre hechos que no les constaban y por los cuales hay una treintena de personas procesadas injustamente. El fiscal Melara no puede permanecer indiferente, ni legal ni moralmente.
Cuando una fiscal admite ante un juez que “se equivocó”, que el teléfono que se intervino y que fue utilizado para “montar” el caso contra Enrique Rais, no le pertenecía a este, estamos frente a lo que se conoce “error en el hecho” y “error en la persona”. La confesión judicial de esa fiscal es suficiente para declarar la inmediata de todo lo actuado. Esa sería una buena manera de hacer justicia.
El fiscal debe saber que los elementos que supuestamente se han salido del huacal, que todavía están dentro de la institución y que su pellejo depende del rumbo que tomen los casos señalados; sabe que harán hasta lo imposible por evitar que los jueces resuelvan favorable a los reos a quienes les han “inventado” procesos. Si el fiscal no hace algo para evitar que eso ocurra, estará exponiendo a la FGR a que se rija con la ley de la selva.
La ley es universal y no admite excepciones, por eso, la Justicia debe ser para todos. Cuando esta no es pareja deja de serlo para convertirse simplemente en venganza.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
